Teresa Hernández Díaz

Expediente 38/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
38/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
14/02/2023

Partes del expediente

  • Teresa Hernández Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a catorce de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley invocada, para interponer recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda, sin que la impetrante hubiese ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se desechó la demanda de amparo. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    (aviso) notificación por lista a la quejosa.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. RADICACIÓNVista; la demanda de amparo promovida por Teresa Hernández Díaz, por propio derecho, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, por violación a los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 38/2********************23, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la ley de la materia, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 188643 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Octubre de 2****************************************1 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 128/2****************************************1 Página: 8********************3 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 1********************5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa". Ahora bien, de la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "De la autoridad señalada como responsable C.JUEZ OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO EN MATERIA FAMILIAR DE ESTA CIUDAD, le reclamo la ILEGAL DE NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO realizado en mi perjuicio para ser llamada al Juicio Ordinario Civil Número Civil 1485/2********************22-II, del índice de dicho Juzgado de lo Familiar, toda vez que dicha diligencia se realizó de manera ILEGAL CON UNA PERSONA FICTICIA EN UN DOMICILIO INEXISTENT, y sin cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Procesal Civil, VULNERANDO en mi perjuicio mis Derechos Humanos consagrados al Debido Proceso y mi garantía de Audiencia previstos en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, así como lo dispuesto por el artículo 8.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, toda vez que se me deja sin defensa y en estado de indefensión dentro del juicio natural." Asimismo, en el capítulo de antecedentes preciso: "2.Derivado de lo anterior, pedí un permiso en mi trabajo y acudí al día siguiente 18 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, al juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, donde una vez que acredite mi personalidad y previa identificación, me presentaron el expediente 1485/2********************22-II, el cual obra en el archivo de dicho juzgado, por lo que al revisarlo vi que me estaban demandando un Juicio de divorcio en mi contra, pero lo sorprendente de esto fue que el último acuerdo dentro dicho expediente, era de fecha 16 de enero del presente año, en donde decía que no di contestación a la demanda en cuestión." En el caso, esta juzgadora federal advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Cabe destacar que dentro del cuerpo de principios fundamentales que rigen este medio de control constitucional, existe el denominado principio de definitividad consagrado en las fracciones III, inciso a) y IV del artículo 1********************7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio en comento se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui generis, de invalidar los actos de la autoridad, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por consiguiente, si existiera la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desnaturalizaría la índole jurídica del segundo, al considerarlo como un medio común de defensa, toda vez que si el amparo es el arma jurídica suprema de que dispone la persona para proteger sus derechos fundamentales contra la actuación inconstitucional e ilegal de la autoridad del Estado, si su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales, es lógico que, antes de intentarlo, se deduzcan por el interesado todos aquellos medios comunes u ordinarios de impugnación del acto reclamado que sólo se ataca directamente, en su origen, en sí mismo, por nuestra institución controladora, cuando la legislación que lo norma no brinda al afectado ningún medio legal de reparación, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio, como puede ser la hipótesis contemplada en la fracción VII, del artículo 1********************7 de nuestra Carta Magna, o bien que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Puntualizado lo anterior, se precisa que el acto reclamado es: La notificación y emplazamiento en el juicio ordinario civil 1485/2********************22 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar. Ahora bien, para el estudio del presente juicio también es necesario precisar que para efectos del juicio de amparo existen dos tipos de terceros extraños a juicio, esto es, en estricto sentido y por equiparación. Por tercero extraño a juicio en estricto sentido es la persona física o moral que no figura en el juicio o en el procedimiento (del que emana el acto reclamado) como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer totalmente las actuaciones relativas. Y por tercero extraño a juicio por equiparación es la persona que promueve juicio de amparo por no haber sido emplazada al juicio o por haber sido citada en forma distinta de la prevenida en la ley, lo que ocasiona el desconocimiento total del juicio. Así, dicho tercero es el sujeto que formando parte de la controversia de la que emana el acto reclamado, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. En el caso, se precisa que a la parte quejosa le reviste el carácter de tercera extraña por equiparación ya que es parte de la relación jurídico procesal del juicio ordinario civil 1485/2********************22 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, de donde nace el acto reclamado. A lo anterior es aplicable la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página setecientos veinte, tomo I, segunda parte-2, enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO, CONCEPTO DE. En opinión de este Tribunal Colegiado, si bien la persona extraña a juicio es aquélla que no es parte en ningún procedimiento judicial, también se equipara a ella, la que siendo demandada, alegue no haber sido emplazada legalmente." Ahora, tomando en consideración lo anterior, de donde se desprende que la promovente Teresa Hernández Díaz, es parte formal en el juicio ordinario civil 1485/2********************22, válidamente se concluye que se encuentra en aptitud de combatir la ilegalidad de la notificación y/o del emplazamiento, debido a que dicho juicio aún se encuentra en trámite, esa circunstancia vuelve procedente la tramitación del incidente de nulidad de actuaciones previo a la acción constitucional, y si no se agota, no se satisface el principio de definitividad que determina la procedencia del juicio de amparo. Lo que de suyo hace que con tal incidente ordinario, se hubiere podido nulificar la notificación y las subsecuentes actuaciones. Así, si el acto que se impugna pudo tener algún remedio ante la autoridad responsable mediante la interposición de un incidente ordinario y ese remedio no fue seguido por el aquí quejoso, es inconcuso que el juicio de amparo promovido resulta improcedente, al no respetarse el principio de definitividad. Lo anterior, así pues de sus antecedentes manifiesta bajo protesta de decir verdad, que acudió el dieciocho de enero de dos mil veintitrés al Juzgado responsable, y que al imponerse de los autos del juicio ordinario civil 1485/2********************22, entre otras cosas e percató que la última actuación fue el proveído de dieciséis de enero del presente año, en la que le tuvieron por no contestada la demanda, por lo que es inconcuso que el juicio ordinario civil de origen se encuentra en trámite, esto es, aun no se dicta sentencia, por lo que es evidente que antes de acudir al juicio de amparo, la peticionaria del amparo debió agotar el incidente de nulidad y de esa manera estar en posibilidad de obtener su nulidad a fin de ser oída y vencida, todo esto, teniendo en cuenta que en el juicio de amparo debe cumplirse con el principio de definitividad, y si no lo hizo así, hace improcedente el presente juicio constitucional. Lo anterior, pues se insiste, aún no se dicta sentencia definitiva en dicho juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia VI.2o. J/343, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 55, del Tomo 84, del mes de Diciembre de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO SEÑALADO COMO ACTO RECLAMADO. SOBRESEIMIENTO CUANDO EL JUICIO ORIGINARIO NO HA CONCLUIDO Y EL QUEJOSO ES PARTE EN ÉSTE. Si bien es cierto, que cuando el amparo se pide precisamente para impugnar la falta de emplazamiento o la ilegalidad del mismo no es procedente sobreseer con base en que existen recursos ordinarios que no se hicieron valer, dado que el hecho de que el quejoso manifieste que no ha sido oído en juicio hace patente la imposibilidad de intentar esos medios de defensa ordinarios; este criterio, que inclusive ha sido sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es aplicable cuando las constancias de autos permiten advertir, por un lado, que el juicio generador del acto reclamado aún no ha concluido por sentencia definitiva, y por el otro, que el recurrente aparece como demandado en el mismo, de manera que al existir la relación procesal entre actor y demandado, y de que puede intervenir en el procedimiento, por sí o por medio de su representante legal, el afectado con el emplazamiento defectuoso antes de acudir al juicio de garantías tiene que agotar el medio de defensa que le concede el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, es decir, promover el incidente de nulidad de actuaciones a partir de esa notificación, y de esa manera estar en posibilidad de obtener su nulidad a fin de ser oído y vencido, todo esto, teniendo en cuenta que en el juicio de amparo debe cumplirse con el principio de definitividad; caso distinto sería que además de alegarse ilegalidad en el emplazamiento, ya se hubiera dictado sentencia ejecutoriada, pues en esa hipótesis el afectado no hubiera podido comparecer al juicio por no haber sido citado en términos de ley, en estas circunstancias sí procedería el amparo indirecto sin necesidad de agotar previamente los medios de defensa previstos por la ley." Además, en el caso particular no opera excepción alguna al principio de definitividad a que alude el numeral y fracción antes mencionado, pues el asunto que nos ocupa no se refiere ningún acto de autoridad que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni tener el quejoso, el carácter de persona extraña al juicio, pues es parte del mismo, lo que le permite comparecer ante el juez responsable para ejercer una defensa respecto del acto que reclama. Asimismo, el acto reclamado tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. En esa tesitura, al no haberse agotado el principio de definitividad, rector del juicio constitucional, mediante la interposición del recurso correspondiente, por parte de la promovente del presente juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto de lo aquí reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 986 sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 678, Tomo VI, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 1********************3 y 1********************7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En razón de lo expuesto y con apoyo en los artículos 113, en relación con la fracción XVIII del artículo 61, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA por ser notoria e indudable su improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por la promovente en su escrito de demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que tienen registrada sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta; ACCESO Y CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De igual forma, se le autoriza el acceso electrónico al presente asunto, y para tal efecto, se comisiona a la Analista Jurídico SISE, para que realice el trámite correspondiente para que la parte quejosa pueda tener acceso y consultar vía internet el expediente electrónico de este juicio de amparo con el usuario: ****************************************; significándosele que a partir del día de hoy se encuentra habilitada para tal efecto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico, asimismo, que todas las constancias y documentos del expediente físico deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico, por lo cual, éste únicamente contendrá las promociones físicamente recibidas y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. RESERVA DE INFORMACIÓN Este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales y sensibles, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. EXHORTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · 3,372 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano