Teresa Hernández Camacho

Expediente 359/2020 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
359/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
04/03/2021

Partes del expediente

  • Teresa Hernández Camacho

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, enviado de manera electrónica por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, a efecto de que se acuerde lo correspondiente, en relación con el acto reclamado consistente en la resolución de veinte de julio de dos mil veinte, emitida por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, dentro del toca civil 420/2019, que confirmó la sentencia definitiva de dos de julio de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 499/2016. Ahora bien, dado que el asunto referido se envió de manera directa a este Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito; previa copia certificada que obre en autos, remítase el oficio de cuenta, con sus anexos, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Noveno Circuito, para que le asigne el número de juicio de amparo directo que corresponda, y lo devuelva a este órgano colegiado.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Visto lo de cuenta, se provee lo siguiente:Agréguese a sus autos para que surta los efectos legales correspondientes el oficio de cuenta, mediante el cual, se acusa recibo del diverso oficio 4920/2020, así como de las constancias que se enviaron, e informa que ese órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Teresa Hernández Camacho. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, archívese este asunto como concluido. Finalmente, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Visto lo de cuenta, se advierte que el proveído de doce de noviembre de dos mil veinte, en el que la presidencia de este órgano colegiado declaró la legal incompetencia de este tribunal, para conocer del escrito de demanda de amparo directo promovido por Teresa Hernández Camacho, en razón de que los actos reclamados consisten en el ilegal emplazamiento a juicio practicado dentro del juicio ordinario civil 499/2016, así como las actuaciones practicadas y la ejecución, todas en el citado juicio ordinario, le fue notificado por lista el diecinueve de noviembre del siguiente; por tanto, el plazo de tres días establecido en el párrafo segundo del artículo 104 de la Ley de Amparo, ha transcurrido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la propia ley, se declara que ha causado estado el citado proveído. Por tanto, en cumplimiento al proveído de doce de noviembre del año en curso, remítase al Juez de distrito en el Estado de Hidalgo en turno, la demanda de amparo, junto con sus anexos, para que acuerde lo que en derecho proceda. Solicítese el acuse de recibo correspondiente.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Fórmese y regístrese expediente impreso y electrónico con el número de juicio de amparo directo D.C. 359/2020. Acúsese recibo a la autoridad oficiante. Del análisis integro de la demanda de amparo promovida por Teresa Hernández Camacho, se advierte que señala como actos reclamados los siguientes: IV. ACTOS RECLAMADOS. DE LA PRIMERA SALA CIVIL Y FAMILIAR DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO, SE RECLAMA LA SENTENCIA DE FECHA 20 DE JULIO DE 2020, DICTADA DENTRO DEL TOCA CIVIL NUM. 420/2019, RELATIVA AL JUICIO ORDINARIO CIVIL, PROMOVIDO POR JORGE FRANCISCO SORIANO MARTÍNEZ, EN CONTRA DE CÉSAR SÁNCHEZ RUÍZ Y EN CONTRA DE LA SUSCRITA, ESTA RESOLUCIÓN SE RECLAMA HASTA ESTE MOMENTO RPOCESAL EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 170, DE LA LEY DE AMPARO. DE LA C. JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE PACHUCA, HGO., RECLAMO EL ILEGAL EMPLAZAMIENTO A JUICIO, PRÁCTICADO DENTRO DEL EXPEDIENTE NÚMERO 499/2016, YA QUE NO FUI BUSCADA EN MI DOMICILIO ANTES MENCIONADO, A FIN DE QUE SE PRACTICARA EL EMPLAZAMIENTO A JUICIO, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN ADJETIVA CIVIL, VIGENTE EN EL ESTADO, YA QUE LA SUSCRITA, TIENE VIVIENDO EN DICHO DOMICILIO, DESDE HACE YA VARIOS AÑOS, Y NUNCA ME HE AUSENTADO DE DICHO DOMICILIO, SALVO EN PERIODOS VACACIONALES Y POR PERIODOS CORTOS DE DÍAS, EN VIRTUD DE LO CUAL, LAS DIVERSAS O SUSPUESTAS BUSQUEDAS EFECTUADAS A MI PERSONA, DIERON LUGAR A UN EMPLAZAMIENTO DISTINTO, AL QUE PREVE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIETOS CIVILES VIGENTE EN EL ESTADO, YA QUE LA SUCRITA, VIVE EN EL DOMICILIO ANTES MENCIONADO, CAUSANDOME UN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL HABERME PRIVADO DEL DERECHO QUE TENÍA DE CONTESTAR LA DEMANDA INSTAURADA EN MI CONTRA, OFRECER PRUEBAS, ALEGATOS Y AGOTAR LOS RECURSOS QUE ME PERMITE LA LEY, DENTRO DE ESE PROCEDIMIENTO., ASIMISMO RECLAMO LA ILEGALIDAD DE TODAS LAS ACTUACIONES PRACTICADAS DENTRO DEL JUICIO ORDANARIO CIVIL, EN EL QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO A LAS FROMALIDADES ESCENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, RAZÓN POR LA CUAL, SE RECLAMA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA DICTADA DENTRO DEL MULTIMENCIONADO JUICIO ORDINARIO CIVIL Y QUE FUE CONFIRMADA EN SEGUNDA INSTANCIA. (.)". Lo anterior pone en evidencia que, la quejosa además de inconformarse con la sentencia de veinte de julio de dos mil veinte, también señaló el ilegal emplazamiento, así como las actuaciones practicadas y la ejecución de la resolución; sin embargo, contra estos actos no procede el juicio de amparo directo. Esto es así ya que, el artículo 107, fracciones III, inciso a), V, inciso d), y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Articulo 107.- Las controversias de que habla el arti´culo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetara´n a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo so´lo procederá´ en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este arti´culo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá´ decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijara´ los términos precisos en que deberá´ pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá´ presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinara´ la forma y términos en que deberá´ promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será´ exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; (...) V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá´ ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (...)" Por su parte, los artículos 34 y 170, fracción I, 171 párrafo primero, y 172, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: "Arti´culo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. (.)" "Arti´culo 170. El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá´ por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el arti´culo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, so´lo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; [...] "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. (.)" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley; (.)" Por último el arti´culo 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone: "Arti´culo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I.- De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento (...)" De los citados preceptos se arriba al conocimiento que el juicio de amparo se tramitara´ en la vía directa ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, cuando se reclamen: a).- Sentencias definitivas. b).- Laudos. c).- Resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por éstas las que sin decirlo en lo principal lo dan por concluido. Es por ello que, cuando la quejosa alega el ilegal emplazamiento que supuestamente le fue practicado, motivo por el cuál le impidió tener conocimiento oportuno de la existencia del juicio y así poder defender sus intereses, debe ser reclamado en amparo indirecto, para que esté en aptitud de acreditar que el citado emplazamiento se realizó en forma distinta o contraria de la prevenida por la ley; teniendo la calidad de tercero extraño por equiparación. Lo anterior es así, pues la quejosa tiene la posibilidad de aportar ante el Juez de Distrito, en la audiencia constitucional, las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento o que tal llamamiento se hizo contraviniendo lo dispuesto por la ley al respecto; pues en la vía directa, aquella se encontraría imposibilitada en rendir pruebas, ya que le estaría vedado y lógicamente en el expediente formado por la responsable, no existiría ninguna constancia favorable al impetrante, por no haber comparecido. En consecuencia, al reclamar la quejosa, tanto el emplazamiento, las actuaciones y la ejecución de la sentencia de primera instancia; es inconcuso que se equipara a un tercero extraño a juicio y, por tanto, es evidente la incompetencia legal de este órgano colegiado, dado que en el caso, la demanda de amparo debe ser conocida por un Juez de Distrito. En estas condiciones, por las razones apuntadas, al equipararse la quejosa a una persona extraña al juicio ordinario civil, corresponde a un Juez de Distrito avocarse al estudio de la presente demanda de amparo, en términos de lo dispuesto por los preceptos constitucionales y legales invocados con anterioridad. Entonces, se reitera, considerando que el acto que se reclama intrínsecamente en la demanda de garantías, es el no haber sido oído ni vencido en el juicio natural, lo que impidió que se formara la relación procesal, se estima que la autoridad competente para el estudio del mencionado acto reclamado es el Juez de Distrito correspondiente, quien tendrá a su cargo la encomienda de verificar la cuestión destacada en el párrafo anterior, al momento de resolver el juicio de amparo indirecto respectivo. En ese contexto, con fundamento en el artículo 45 de la ley de la materia, la Presidencia de este tribunal federal declara su legal incompetencia para conocer del presente juicio de amparo promovido por Teresa Hernández Camacho, únicamente en relación con los actos reclamados consistentes en el ilegal emplazamiento a juicio practicado dentro del juicio ordinario civil 499/2016, así como las actuaciones practicadas y la ejecución de la resolución, todas realizadas en el citado juicio ordinario civil. Consecuentemente, remítase la demanda de amparo con los anexos de cuenta, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado Hidalgo, quien deberá turnarla al Juez de Distrito que corresponda, a fin de que se avoque al conocimiento de dicho asunto. Además, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Cabe precisar, que aun cuando este tribunal colegiado sí es competente para conocer del otro acto reclamado, esto es, de la resolución dictada el veinte de julio de dos mil veinte, dictada por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, donde se confirmó sentencia definitiva de dos de julio de dos mil nueve, emitida por la Juez Primero Civil de Pachuca, Hidalgo, en la cual se resolvió que Jorge Francisco Soriano Martínez, sí acreditó la procedencia de la acción reivindicatoria que hizo valer, y el demandado César Sánchez Ruíz no acreditó la procedencia de las excepciones que opuso, en tanto que Teresa Hernández Camacho, no dio contestación a la demanda incoada en contra siguiéndose el juicio ordinario civil en rebeldía; por el momento no es factible abordar su estudio, ya que la existencia de dicha sentencia y la posibilidad del análisis de su constitucionalidad, depende de lo que resuelva el Juez de Distrito en relación con los diversos actos reclamados, sobre los cuales este órgano previamente se declaró legalmente incompetente. Esto es, al actualizarse una jurisdicción escalonada la competencia sólo se declina a favor del juez de Distrito que corresponda, respecto de los actos reclamados consistentes en el ilegal emplazamiento a juicio practicado dentro del expediente 499/2016, así como las actuaciones practicadas y la ejecución de la resolución, todas realizadas en el juicio ordinario civil en comento, puesto que este tribunal conserva su competencia para resolver respecto de la sentencia también combatida, lo cual se hará hasta en tanto se decida lo atinente al acto reclamado aludido en primer término; de ahí que, una vez que cause ejecutoria la resolución que dicte el juez federal, deberá comunicarlo de inmediato a este tribunal colegiado y, en su caso, escindir la demanda y remitirá el expediente a este órgano, a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Noveno Circuito, para que se asuma la competencia y resuelva lo pertinente respecto de la sentencia reclamada. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el que indica, y por autorizadas para tales efectos a las personas que menciona. Conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información, en relación a los artículos 5 y 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la entonces Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, vigente únicamente en cuanto hace a datos personales y archivo, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva; se hace del conocimiento de las partes vinculadas con el presente asunto que, de conformidad con el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información que tiene bajo su resguardo este órgano colegiado, es pública, con las salvedades expresamente establecidas quedando regulado el presente asunto con las disposiciones contenidas en dicha ley.

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