Teresa Hedey Contreras Tellez
Expediente 353/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 353/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 07/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Teresa Hedey Contreras Tellez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Lo anterior, comuníquese a las partes, glósese el cuaderno incidental y en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Del incidente de suspensión: Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo Octavo, artículo 20, fracción II inciso a), del Acuerdo General antes mencionado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original. Con apoyo en el Capítulo Octavo Artículo 21, inciso C), del citado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, toda vez que, tanto la suspensión provisional como definitiva se determinó negarlas. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que, se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Devolución documentos originales: Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el trece de marzo de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Teresa Hedey Contreras Tellez solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Congreso y Gobernador del Estado de Morelos, Ayuntamiento de Temixco, Morelos y su Dirección de Catastro. Acto reclamado. ".la promulgación, aprobación y expedición de la Leyes de Ingresos del Municipio de Temixco, Morelos, para los ejercicios fiscales de, 2012, 2013 y 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Publicadas en el Periódico Oficial...se reclaman la promulgación, aprobación y expedición del Decreto que contempla las tablas de valores Unitarios de Terrenos y de Construcción. .el requerimiento de pago del impuesto predial así como su cálculo indebido." SEGUNDO. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 353/2020, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 primer párrafo y 107 de la Ley de Amparo; 1° fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que el acto reclamado se atribuye a autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de entrar al estudio de la certeza del acto reclamado, es menester precisarlo, en términos de lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad la demanda. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis número VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de privada de veinticinco de marzo del año en curso, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo, y del análisis tanto de aquélla como de las constancias que obran en autos, a fin de advertir la verdadera intención de la parte quejosa y resolver de forma congruente y completa la litis, se desprende que en esencia se reclama: - La aprobación, expedición y promulgación de las leyes de ingresos del Municipio de Temixco, Morelos, para los ejercicios fiscales del 2012 al 2019, en específico el apartado relativo al impuesto predial, así como las tablas de valores Unitarios respectivas. - El cobro del impuesto predial respecto al inmueble ubicado en Privada Tula, Edificio H, departamento 01, Unidad Habitacional Campo Verde, Municipio de Temixco, Morelos. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Ahora bien, de acuerdo con la técnica que rige al juicio, en toda sentencia de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para que, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, ya que al no ser ciertos los actos combatidos, es innecesario ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causal de improcedencia, o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tenga la seguridad de que los actos reclamados son ciertos, y así, estar en posibilidad de analizar causales de improcedencia y de no actualizarse alguna, estudiar el fondo del asunto. Tiene aplicación a lo precedente, la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, del tomo 76, abril de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." En ese sentido se tiene que las autoridades señaladas como responsables Ayuntamiento de Temixco, Morelos y su Dirección de Catastro, al rendir el informe justificado, negaron la existencia del acto que se le atribuye, sin que la parte quejosa hubiese hecho manifestación alguna al respecto, ni aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa; por lo que procede decretar el sobreseimiento del presente juicio por lo que hace al acto reclamado, en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;...". Sobre el particular, resulta aplicable el criterio sustentado en la jurisprudencia número 1002, visible en la página 1621, de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Por su parte, el Congreso y Gobernador del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, al rendir el informe justificado, aceptaron la existencia del acto que se les atribuye. Además, dicha certeza se corrobora con la existencia de los ordenamientos legales reclamados, ello en razón de que dichas autoridades concurrieron al proceso y formación legislativa de los mismos, lo que se acredita plenamente de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2°de la Ley de Amparo y, por similitud de razón, con la tesis número V.2°.214 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XVI, Febrero de 1995, página 208, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados, que aparece bajo el rubro siguiente: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA." De igual forma sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J.65/2000, visible en la página 260, Tomo XII, Agosto de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." QUINTO. Procedencia del juicio. Previo al estudio de los conceptos de violación que vierte la parte quejosa, lo aleguen o no las partes, resulta necesario analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio oficioso, acorde a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así este órgano de control constitucional de oficio advierte, que por cuanto hace a los actos reclamados por el peticionario de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con la fracción I, del ordinal 5, de la Ley de Amparo, que son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." En efecto, en principio, debe decirse que hay cierto tipo de leyes cuyas consecuencias no se producen inmediatamente, es decir, que con su sola expedición no se genera afectación alguna en las situaciones jurídicas en que operen, sino que se requiere de un acto de aplicación posterior a su nacimiento, que imponga a los gobernados o los haga observar los mandatos legales. Estas leyes se denominan heteroaplicativas, porque su mera existencia es intrascendente para producir efecto alguno en la situación que va a afectar. En cambio, existen otras leyes que no necesitan de un acto de aplicación posterior para producir sus efectos en las situaciones para las que están destinadas a operar, sino que su sola promulgación conlleva la obligatoriedad efectiva y actual para las personas o categoría de personas, cuya situación regulan. A estas leyes se les denomina autoaplicativas. Por consiguiente, la ley tiene el carácter de heteroaplicativa, cuando desde el inicio de su vigencia el gobernado no se encuentra en la situación prevista por la norma, sino que ésta exige para aquél, que se encuentre obligado a hacer o dejar de hacer algo, es decir, requiere de un acto de autoridad posterior de aplicación, con la consecuente afectación en su esfera jurídica, esto es, de la realización de un acto concreto de aplicación, ya sea que éste provenga de la actividad estatal o que emane de la voluntad del particular, como acontece en el presente caso, ya que la actualización de las normas que la quejosa reclama, requieren de un acto concreto de aplicación por parte de la autoridad para la procedencia del juicio bi-instancial. Por ello, en el caso concreto, se estima actualizada la causa de improcedencia invocada, toda vez que, contrario a las manifestaciones hechas por el quejoso en su demanda de amparo, en el sentido de que se le realizó el requerimiento de pago del impuesto predial por parte del Ayuntamiento de Temixco, Morelos y su Dirección de Catastro; sin embargo, no se advierte en autos, documental que acredite tal situación, como sería el requerimiento de pago o el inicio del procedimiento administrativo de ejecución, y tampoco la existencia del pago de las contribuciones reclamadas, para estimar entonces la existencia del acto concreto de aplicación. Ello aunado al hecho que no se advierte de forma alguna, que las autoridades ejecutoras, al momento de rendir su informe justificado, hubiesen llevado acabo la aplicación de los ordinales tildados de inconstitucionales a través del cobro respectivo, ya que las mismas negaron el acto reclamado, pues refieren, que no cuentan con registro alguno en relación al cobro del impuesto reclamados en relación al inmueble que refiere la quejosa; sin que la parte quejosa hubiese hecho manifestación alguna al respecto o en su caso hubiese ofrecido probanza para desvirtuar lo afirmado por las responsables. Además, tampoco era dable requerirla para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo por cuanto hace a una diversa autoridad (Tesorería Municipal de Temixco, Morelos), pues no debe perderse de vista que en términos del numeral 111, fracción II, de la Ley de Amparo, la procedencia de dicha figura aplica cuando el quejoso tiene conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con el inicialmente planteado; sin embargo, tal conocimiento no derivó de los informes justificados rendidos por las diversas autoridades municipales, sino el propio promovente tuvo conocimiento de que la Tesorería Municipal era la encargada de la ejecución del impuesto predial, tan es así, que del escrito inicial de demanda, se advierte que anexó copia simple del pago por dicha contribución respecto al año dos mil once, de ahí que no sea dable eximirlo de su omisión y otorgarle un nuevo plazo para reclamarle a una autoridad que tuvo conocimiento sobre la participación en la ejecución del impuesto predial que por esta vía prendió combatir. Por lo anterior, y toda vez que la parte quejosa no acreditó en su perjuicio el acto de aplicación de los preceptos tildados de inconstitucionales; es decir, que hubiese realizado el pago de las contribuciones en ellos contenidas, para que en su caso tales preceptos normativos afectaran su esfera jurídica o en su defecto el requerimiento de los mismos, ya que conforme a lo informado por las autoridades responsables no cuentan con registro alguno en relación al cobro del impuesto predial relativo al inmueble señalado por el quejoso; por ello, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo antes considerado, la jurisprudencia aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 103, Tomo IX, Febrero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." Así como la tesis consultable en la página 1205, Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 191475, que señala: "LEY HETEROAPLICATIVA. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS ANTE JUEZ DE DISTRITO, SI NO EXISTE EL ACTO DE APLICACIÓN. En el juicio de amparo existen dos vertientes para establecer el momento oportuno para reclamar la inconstitucionalidad de una ley; primero, cuando se trata de una ley autoaplicativa y segundo, cuando se refiere a una ley heteroaplicativa. Para distinguir el instante en que una u otra pueden ser impugnadas se debe atender al concepto de individualización incondicionada, esto es, determinar si los efectos de la disposición legal reclamada ocurren en forma condicionada o incondicionada. La condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización. De esta forma, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualiza condición alguna, se está en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones que impone la ley no surgen en forma automática (con su sola entrada en vigor), sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se está frente a una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada. Consecuentemente, si no existe el hecho que actualice la condición para que una ley heteroaplicativa sea reclamable mediante el juicio de amparo indirecto, es evidente su improcedencia." No está de más decir que las causas de improcedencia y de sobreseimiento contenidas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos sustantivos reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, consultable en la página mil ciento sesenta y siete, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, Fracción I, 61, 63, 119, 124, 217 y demás relativos a la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se Sobresee en el juicio de amparo promovido por Teresa Hedey Contreras Tellez, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se le notifica la determinación de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, a la parte quejosa, así como de sus autorizados, por medio de lista que se fija en el exterior de la sede del Poder Judicial Federal, Delegación Morelos, por la situación de pandemia que se vive actualmente, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el trece de marzo de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Teresa Hedey Contreras Tellez solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Congreso y Gobernador del Estado de Morelos, Ayuntamiento de Temixco, Morelos y su Dirección de Catastro. Acto reclamado. ".la promulgación, aprobación y expedición de la Leyes de Ingresos del Municipio de Temixco, Morelos, para los ejercicios fiscales de, 2012, 2013 y 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Publicadas en el Periódico Oficial...se reclaman la promulgación, aprobación y expedición del Decreto que contempla las tablas de valores Unitarios de Terrenos y de Construcción. .el requerimiento de pago del impuesto predial así como su cálculo indebido." SEGUNDO. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 353/2020, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 primer párrafo y 107 de la Ley de Amparo; 1° fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que el acto reclamado se atribuye a autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de entrar al estudio de la certeza del acto reclamado, es menester precisarlo, en términos de lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad la demanda. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis número VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de privada de veinticinco de marzo del año en curso, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo, y del análisis tanto de aquélla como de las constancias que obran en autos, a fin de advertir la verdadera intención de la parte quejosa y resolver de forma congruente y completa la litis, se desprende que en esencia se reclama: - La aprobación, expedición y promulgación de las leyes de ingresos del Municipio de Temixco, Morelos, para los ejercicios fiscales del 2012 al 2019, en específico el apartado relativo al impuesto predial, así como las tablas de valores Unitarios respectivas. - El cobro del impuesto predial respecto al inmueble ubicado en Privada Tula, Edificio H, departamento 01, Unidad Habitacional Campo Verde, Municipio de Temixco, Morelos. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Ahora bien, de acuerdo con la técnica que rige al juicio, en toda sentencia de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para que, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, ya que al no ser ciertos los actos combatidos, es innecesario ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causal de improcedencia, o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tenga la seguridad de que los actos reclamados son ciertos, y así, estar en posibilidad de analizar causales de improcedencia y de no actualizarse alguna, estudiar el fondo del asunto. Tiene aplicación a lo precedente, la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, del tomo 76, abril de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." En ese sentido se tiene que las autoridades señaladas como responsables Ayuntamiento de Temixco, Morelos y su Dirección de Catastro, al rendir el informe justificado, negaron la existencia del acto que se le atribuye, sin que la parte quejosa hubiese hecho manifestación alguna al respecto, ni aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa; por lo que procede decretar el sobreseimiento del presente juicio por lo que hace al acto reclamado, en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;...". Sobre el particular, resulta aplicable el criterio sustentado en la jurisprudencia número 1002, visible en la página 1621, de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Por su parte, el Congreso y Gobernador del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, al rendir el informe justificado, aceptaron la existencia del acto que se les atribuye. Además, dicha certeza se corrobora con la existencia de los ordenamientos legales reclamados, ello en razón de que dichas autoridades concurrieron al proceso y formación legislativa de los mismos, lo que se acredita plenamente de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2°de la Ley de Amparo y, por similitud de razón, con la tesis número V.2°.214 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XVI, Febrero de 1995, página 208, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados, que aparece bajo el rubro siguiente: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA." De igual forma sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J.65/2000, visible en la página 260, Tomo XII, Agosto de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." QUINTO. Procedencia del juicio. Previo al estudio de los conceptos de violación que vierte la parte quejosa, lo aleguen o no las partes, resulta necesario analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio oficioso, acorde a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así este órgano de control constitucional de oficio advierte, que por cuanto hace a los actos reclamados por el peticionario de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con la fracción I, del ordinal 5, de la Ley de Amparo, que son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." En efecto, en principio, debe decirse que hay cierto tipo de leyes cuyas consecuencias no se producen inmediatamente, es decir, que con su sola expedición no se genera afectación alguna en las situaciones jurídicas en que operen, sino que se requiere de un acto de aplicación posterior a su nacimiento, que imponga a los gobernados o los haga observar los mandatos legales. Estas leyes se denominan heteroaplicativas, porque su mera existencia es intrascendente para producir efecto alguno en la situación que va a afectar. En cambio, existen otras leyes que no necesitan de un acto de aplicación posterior para producir sus efectos en las situaciones para las que están destinadas a operar, sino que su sola promulgación conlleva la obligatoriedad efectiva y actual para las personas o categoría de personas, cuya situación regulan. A estas leyes se les denomina autoaplicativas. Por consiguiente, la ley tiene el carácter de heteroaplicativa, cuando desde el inicio de su vigencia el gobernado no se encuentra en la situación prevista por la norma, sino que ésta exige para aquél, que se encuentre obligado a hacer o dejar de hacer algo, es decir, requiere de un acto de autoridad posterior de aplicación, con la consecuente afectación en su esfera jurídica, esto es, de la realización de un acto concreto de aplicación, ya sea que éste provenga de la actividad estatal o que emane de la voluntad del particular, como acontece en el presente caso, ya que la actualización de las normas que la quejosa reclama, requieren de un acto concreto de aplicación por parte de la autoridad para la procedencia del juicio bi-instancial. Por ello, en el caso concreto, se estima actualizada la causa de improcedencia invocada, toda vez que, contrario a las manifestaciones hechas por el quejoso en su demanda de amparo, en el sentido de que se le realizó el requerimiento de pago del impuesto predial por parte del Ayuntamiento de Temixco, Morelos y su Dirección de Catastro; sin embargo, no se advierte en autos, documental que acredite tal situación, como sería el requerimiento de pago o el inicio del procedimiento administrativo de ejecución, y tampoco la existencia del pago de las contribuciones reclamadas, para estimar entonces la existencia del acto concreto de aplicación. Ello aunado al hecho que no se advierte de forma alguna, que las autoridades ejecutoras, al momento de rendir su informe justificado, hubiesen llevado acabo la aplicación de los ordinales tildados de inconstitucionales a través del cobro respectivo, ya que las mismas negaron el acto reclamado, pues refieren, que no cuentan con registro alguno en relación al cobro del impuesto reclamados en relación al inmueble que refiere la quejosa; sin que la parte quejosa hubiese hecho manifestación alguna al respecto o en su caso hubiese ofrecido probanza para desvirtuar lo afirmado por las responsables. Además, tampoco era dable requerirla para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo por cuanto hace a una diversa autoridad (Tesorería Municipal de Temixco, Morelos), pues no debe perderse de vista que en términos del numeral 111, fracción II, de la Ley de Amparo, la procedencia de dicha figura aplica cuando el quejoso tiene conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con el inicialmente planteado; sin embargo, tal conocimiento no derivó de los informes justificados rendidos por las diversas autoridades municipales, sino el propio promovente tuvo conocimiento de que la Tesorería Municipal era la encargada de la ejecución del impuesto predial, tan es así, que del escrito inicial de demanda, se advierte que anexó copia simple del pago por dicha contribución respecto al año dos mil once, de ahí que no sea dable eximirlo de su omisión y otorgarle un nuevo plazo para reclamarle a una autoridad que tuvo conocimiento sobre la participación en la ejecución del impuesto predial que por esta vía prendió combatir. Por lo anterior, y toda vez que la parte quejosa no acreditó en su perjuicio el acto de aplicación de los preceptos tildados de inconstitucionales; es decir, que hubiese realizado el pago de las contribuciones en ellos contenidas, para que en su caso tales preceptos normativos afectaran su esfera jurídica o en su defecto el requerimiento de los mismos, ya que conforme a lo informado por las autoridades responsables no cuentan con registro alguno en relación al cobro del impuesto predial relativo al inmueble señalado por el quejoso; por ello, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo antes considerado, la jurisprudencia aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 103, Tomo IX, Febrero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." ... No está de más decir que las causas de improcedencia y de sobreseimiento contenidas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos sustantivos reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. ... Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, Fracción I, 61, 63, 119, 124, 217 y demás relativos a la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se Sobresee en el juicio de amparo promovido por Teresa Hedey Contreras Tellez, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el Delegado de la responsable Director de Predial y Catastro del Ayuntamiento de Temixco, Morelos; mediante el cual en cumplimiento al proveído de veintitrés de marzo del año en curso, manifiesta haber rendido el informe justificado, por lo que adjunta acuse de recibo del informe justificado. De lo anterior, y después de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado federal, se advierte que dicho oficio se encuentra escaneado con otro informe justificado, rendido por el Síndico Municipal y representante del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, dentro del juicio citado al rubro, sin que haya pronunciamiento al respecto en proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno; por tanto, para efectos de evitar mayores dilaciones en el presente asunto, se provee lo subsecuente con el acuse que adjunta al escrito de cuenta y lo que obra en el Sistema de mérito, en los siguientes términos: Agréguese a los autos el informe justificado que rinde la Directora del Predial y Catastro del Ayuntamiento de Temixco, Morelos; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe para que se imponga de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone y con fundamento en el ordinal 28 de la Ley de la Materia, se tiene por señalado el domicilio que indica. También, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tiene por ofrecidas a favor de la autoridad de mérito las pruebas documentales que anexa, mismas que se desahogaran por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes
- Teresa García Justo1238/2023
- Teresa García Justo1435/2021
- Teresa García Justo210/2022
- Teresa García Justo1208/2022
- Teresa García Justo1633/2023
- Teresa García Reza312/2021
- Teresa Hernandez Espinosa2977/2014
- Teresa Linares Serrano1390/2016
- Teresa Mendoza Morales105/2015
- Teresa Obispo Sanchez2098/2014
- Teresa Obispo Sánchez1814/2018
- Teresa Peña Rodriguez176/2018