Teresa Gutierrez Jaramillo
Expediente 532/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 532/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 15/08/2016
Partes del expediente
- Teresa Gutierrez Jaramillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Toluca, Estado de México; quince de agosto de dos mil dieciséis. El estado procesal del presente juicio de amparo, evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. Este expediente es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo General Conjunto referido), pues se sobreseyó en este asunto. 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/2966/2016, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; trece de julio de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió la sentencia dictada el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, por la cual se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal. Las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Emmanuel Ramírez Gómora, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 532/2016-III; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veinte de abril de dos mil dieciséis (foja 2), en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Mariana Gabriela Martínez García, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto que a continuación se mencionan: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: a) Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. IV. ACTOS RECLAMADOS: Señalo como actos reclamados de las Autoridades Responsables respectivamente. 4.1. El acuerdo de fecha 22 de marzo de 2016 dictado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, como responsables de no acordar de conformidad el escrito de aclaraciones al escrito inicial de demanda así como las pruebas contenidas en el mismo; que esta parte quiso hacer valer, aún y cuando el mismo fue presentado dentro del término legalmente establecido por la Ley del Trabajo de Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México. Como se advierte de esta sinopsis se reclama, la violación al derecho de mi testado a la correcta impartición de justicia, lo cual afecta el sentido de todo el procedimiento, pues éste se configura por una serie de actos y etapas concatenadas o unidas entre sí, que se van desarrollando una tras otra en forma lógica y sistematizada para la consecución de un resultado, además de que en materia de términos y plazos la ley citada es muy clara. Conforme a lo anterior y apreciado el proceso constitucional en análisis, en función del procedimiento ordinario laboral, debe decirse que las Autoridades Responsables pertenecientes al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México han faltado a la garantía de administración de justicia eficaz y pronta por razón de no haber acordado de conformidad el escrito aclaratorio de la demanda inicial aún y cuando el mismo fue presentado dentro de los plazos legalmente establecidos por la ley de la materia y de esta forma se encuentra entorpeciendo y desfavoreciendo el juicio seguido por mi instado en contra del Ayuntamiento demandado." SEGUNDO. Derechos humanos violados. La quejosa estimó violados los derechos humanos protegidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 2). TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Recibida la demanda en este Juzgado de Distrito a quien por razón de turno tocó su conocimiento, se radicó con el juicio de amparo indirecto 532/2016-III, previa su aclaración (foja 21), por auto de cuatro de mayo de dos mil dieciséis (foja 27), se admitió, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó emplazar al tercero interesado Ayuntamiento de Huixquilucan, Estado de México; se dio al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención que por ley le compete y se fijó hora y día para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37 párrafo primero y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclaman actos emitidos dentro de juicio, por un Tribunal Laboral con residencia dentro de la jurisdicción donde este juzgado de Distrito ejerce su competencia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador al momento de dictar resolución se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por la quejosa, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de amparo e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se advierte que la quejosa reclama: - El acuerdo de veintidós de marzo de dos mil dieciséis, dictado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en el expediente laboral 190/2006, mediante el cual admite la demanda laboral planteada por la actora, aquí quejosa, sin tener por hecha su aclaración, bajo el argumento de que el escrito por el que la citada actora realizó la misma, fue presentado fuera del término que le fue concedido para tal efecto TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México (foja 35), al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le reclama. Certeza que se corrobora con las constancias que acompañó como complemento a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del expediente laboral 190/2016, a las cuales por ser documentos públicos se les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria acorde con el numeral 2° de la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. De las constancias que obran en autos, se desprende que: 1. Teresa Gutiérrez Jaramillo demandó en la vía laboral al Ayuntamiento de Huixquilucan, Estado de México, el pago de diversas prestaciones, el cual se radicó con el número 190/2016, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. 2. Por auto de ocho de febrero de dos mil dieciséis, el Tribunal responsable bajo el argumento de que la actora, aquí quejosa omitió precisar las prestaciones que demandaba con los numerales 9, 10 y 11, así como las que mencionaba en el capítulo de hechos bajo los números 2(ii) y 2(iv), de igual manera, el nombre completo de la C. Romina la cual refirió en el hecho III, segundo párrafo, así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar del despido que arguyó, requirió a la parte actora, aquí quejosa, para que en el término de tres días hábiles, hiciera las precisiones correspondientes, apercibiéndola que en caso de no hacerlo, se tendría por ratificada su demanda y estaría al resultado del laudo (foja 64). 3. El veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, se notificó a la actora aquí quejosa el auto de ocho de febrero de dos mil dieciséis. 4. Mediante escrito presentado ante el Tribunal responsable el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, ante el Tribunal responsable, la hoy quejosa Mariana Gabriela Martínez García, pretendió dar cumplimiento al auto de ocho de febrero de dos mil dieciséis (foja 67). 5. Por auto de veintidós de marzo de dos mil dieciséis, el Tribunal responsable admitió la demanda concediéndole un término de diez días al Ayuntamiento demandado, para que diera contestación a la demanda; asimismo, en relación a la aclaración de demanda formulada por la actora, no acordó favorable la misma, bajo el argumento de que el momento procesal había fenecido (foja 146). Determinación que constituye el acto reclamado en el presente sumario constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede el análisis de las causales de improcedencia alegadas por las partes, o advertidas de oficio por el suscrito, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, este juzgador estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto 107, fracción V, interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que indican: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de garantías cuando se reclamen actos dentro de juicio que sean de imposible reparación. A su vez, el citado dispositivo señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Adminiculado con lo anterior, nuestro máximo tribunal ha determinado que para la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos de imposible, respecto de afectación de derechos sustantivos hace procedente el juicio de amparo, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; por lo que de no actualizarse ese supuestos, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 170, 171 y 172, fracción III, de la Ley de Amparo. De lo expuesto, se advierte que, el criterio general es que los actos tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata, y no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, ya que los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el que resulte afectado obtiene sentencia a su favor. En efecto, debe hacerse notar que no todas las violaciones dan lugar al amparo indirecto, porque las violaciones procesales o adjetivas son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia o laudo definitivo. Ello es así, ya que los numerales 170, 171 y 172, fracción III, en relación con la fracción XII, del último dispositivo citado, todos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales establecen la procedencia de impugnación de violaciones procesales al combatir la sentencia definitiva, dispositivos que establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley; II. Haya sido falsamente representado en el juicio de que se trate; III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; IV. Se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado; V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; VI. No se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley; V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. [.]" En efecto, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, sólo si sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos de los gobernados que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de las garantías individuales, que no podrían ser reparados a través del amparo directo. Sentado lo anterior, como se adelantó, la quejosa Mariana Gabriela Martínez García acude a la instancia constitucional reclamando el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil dieciséis, dictado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en el expediente laboral 190/2006, mediante el cual admite la demanda laboral planteada por la actora, aquí quejosa, sin tener por hecha su aclaración, bajo el argumento de que el escrito por el que la citada actora realizó la misma, fue presentado fuera del término que le fue concedido para tal efecto. De lo que se aprecia que la determinación combatida en esta vía, fue dictada dentro del procedimiento laboral de origen, el cual se encuentra en trámite y en el que la quejosa es parte actora. Luego entonces la determinación reclamada no atenta directamente contra sus derechos fundamentales, contenidos en la Carta Magna o tratados internacionales en materia de derechos humanos en que el Estado Mexicano es parte, por lo que no tiene una ejecución irreparable. En efecto, si bien, el acto reclamado podría producir afectación a la parte quejosa, lo cierto es que la Ley de Amparo prevé como regla general que en caso de un fallo contrario a sus intereses, puede combatir el acto en el juicio de garantías en vía directa, en términos de lo establecido en los artículos 171 y 172 de la Ley de Amparo, que prevén que se consideran violadas las leyes del procedimiento y afectan los derechos del quejoso cuando se cite de forma contraria a la ley; y en casos análogos. De lo anterior se concluye, que el auto recurrido está considerado como violaciones procesales, puesto que al momento en que se dicte el laudo, éste le puede ser favorable sin que esas violaciones que reclama le lleguen a afectar y en caso contrario, dicha afectación la podrá alegar al momento de recurrir dicha resolución, o en su caso, la afectación de sus derechos sustantivos podrían ser reparados en el amparo directo que en su caso promueva la quejosa contra el laudo definitivo que se dicte, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170, en relación con el 172, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Ello es así, ya que en la actual Ley de Amparo, ya no rigen las condiciones relativas a violaciones procesales consideradas como de grado predominante o superior, dada la connotación que el legislador aportó respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación". Así lo estableció el máximo Tribunal de Justicia de la Nación en la jurisprudencia por contradicción de tesis, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, página 39, que preceptúa: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. De ahí que el acto reclamado se traduzca en una violación procesal, que sólo produce una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Ley de Amparo vigente, que es el ordenamiento reglamentario de los artículos 103 y 107 constitucionales, y por tanto, la que debe atenderse, por fijar expresamente lo que debe entenderse por actos de imposible reparación; y cuya jurisprudencia no es aplicable al caso concreto en términos del artículo Sexto Transitorio del Decreto que reforma la Ley de Amparo, publicado el dos de abril de dos mil trece, por oponerse a lo establecido expresamente en la ley aplicable. Sirve de apoyo la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada el dos de mayo de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. No pasa inadvertido que la jurisprudencia 2ª/J.55/2002, prevea la procedencia del amparo contra un desechamiento parcial, pues este juzgador observa que el criterio resulta inaplicable conforme a la nueva interpretación que ha realizado nuestro Alto Tribunal de la Ley de Amparo, toda vez que como en el propio criterio se cita, tal violación es adjetiva, contra lo cual no procede el amparo en la actualidad. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento del juicio en términos de la fracción V, del artículo 62 de la Ley de la Materia. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Mariana Gabriela Martínez García, en contra de las autoridades y los actos precisados en los considerandos segundo y tercero de esta ejecutoria, por las consideraciones expuestas en el considerando quinto de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; uno de junio de dos mil dieciséis. La certificación precedente evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse a las diez horas con veinticinco minutos, como se ordenó en proveído de cuatro del mes pasado; sin embargo, no existe constancia con la cual se acredite que el tercero interesado Ayuntamiento Constitucional de Huixquilucan, Estado de México, haya sido notificado de la radicación del presente juicio de amparo, a fin de estar en posibilidad de hacer valer los derechos que le confiere la Ley de Amparo. Lo anterior, pues no existe constancia de notificación del oficio 21558/2016. Aunado a ello, aun no transcurre el plazo de ocho días referido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por la Presidenta por sí y en representación del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. En tales condiciones, a fin de que se cumplimente lo anterior, con fundamento en el numeral 116 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y para su celebración, se fijan las once horas con veinticinco minutos del veintitrés de junio de dos mil dieciséis. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Israel Díaz Reyna, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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