Teresa González González y Otros.

Expediente 1411/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1411/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
08/11/2022

Partes del expediente

  • Teresa González González y Otros.
  • Teresa González González

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ocho de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio remitido vía interconexión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez. Atento a sus contenido, téngase a la autoridad oficiante acusando recibo de los autos originales del juicio de amparo que dio origen al presente cuaderno de antecedentes, e informa que se avocó al conocimiento del presente asunto dentro del juicio de amparo ***, de su índice. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se declinó la competencia para conocer; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de octubre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. 2. Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1411/2022-1-A. INCOMPETENCIA Ahora, este Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, es legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, conviene trascribir el contenido de los artículos 107, fracción VII, Constitucional y 37 de la Ley de Amparo, que en materia de competencia por razón de territorio, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del contenido de los citados preceptos se desprenden tres hipótesis en torno a la competencia territorial de los jueces de distrito, respecto del conocimiento de un juicio de amparo, las que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: a) La primera, dispone que cuando conforme a las prescripciones de la ley de la materia sean competentes los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución. b) La segunda, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces, cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, esto es, el que haya prevenido en el conocimiento del asunto, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Estas tres reglas permiten determinar a qué juez de distrito le corresponde la competencia para conocer de un determinado asunto, atendiendo al hecho de que el acto requiera o no una ejecución material, lo que se traduce en competencia territorial, pero en atención a los efectos de ejecución material del acto reclamado o la inejecución material del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 3a. XLIX/93, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA". Así, para determinar la competencia en el caso concreto, hay que atender estos aspectos: i. Primero, verificar si el acto reclamado tiene o no ejecución material. ii. Segundo, de ser afirmativo lo anterior, el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. iii. Tercero, si el acto no requiere ejecución material, atender al lugar donde se haya presentado la demanda. En la especie, el acto reclamado se hace consistir esencialmente en la resolución de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, emitida en el toca número ***, dictada por la responsable 1. Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en la que confirmó el auto de diez de marzo de dos mil veintidós, emitido por la diversa responsable 2. Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, en el cual decretó la acumulación del expediente ***, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a Bienes y el ***, referente al Juicio Ordinario Civil de Nulidad de Escritura. De lo anterior, se desprende que los juicios de origen se encuentran radicados ante el Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas; lo que circunscribe a las partes a la jurisdicción de esa ciudad, para la prosecución de aquellos, por lo que se pone de manifiesto que, las posibles consecuencias, se materializarían en aquella demarcación territorial. Por ende, el estudio de su constitucionalidad compete al Juez de Distrito del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, en la especie Tonalá, Chiapas. Por consiguiente, de conformidad con el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia para seguir conociendo del presente asunto y resolverlo, se surte a favor de un Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, habida cuenta que es dentro del territorio en el que ejercen competencia dichos órganos de control constitucional en donde el acto reclamado habrá de tener ejecución. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis sustentada por la Sala Auxiliar, del rubro siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO." Así también, el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro textualmente dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCION EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS." De igual forma, es aplicable el criterio también sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCION EN DONDE HAYA DE EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO." En tales condiciones, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir los autos del juicio de amparo en que se actúa, y copias de la demanda de amparo (no se exhibieron copias de los anexos), al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, en turno; a quien se considera competente para conocer del asunto, dado que como se adelantó, el lugar donde deba tener ejecución el acto, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, se encuentra dentro de los límites territoriales donde aquel Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, a saber, en Tonalá, Chiapas. Finalmente, solicítese a dicho Juzgado Federal el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la aceptación o no de la competencia planteada; fórmese cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizado en términos amplios a *** ya que cuentan con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; y, en términos del numeral 24, párrafo segundo, de la norma jurídica invocada, como autorizado para oír y recibir notificaciones a la diversa persona que refiere, por así haberlo solicitado expresamente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). En consecuencia se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del referido Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentran a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

  3. Principal

    Síntesis: CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de octubre de dos mil veintidós. COMPETENCIA Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, glósese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, por el cual, remite el acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo ***, de su índice, promovido por ***, en el que determinó declararse incompetente para conocer de dicho expediente, así como original del aludido sumario y copias de la demanda de amparo. Con apoyo en los artículos 35, 37 y 38, de la Ley de Amparo, este juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese de recibo ADMISIÓN Ahora, vista la demanda promovida por ***; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108 y 112, de la ley de la materia, se admite la misma, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Presidente Constitucional de los Estado Unidos Mexicanos, con sede en Ciudad de México. 2. Secretario de Gobernación, con sede en Ciudad de México. 3. Secretario de Salud, con sede en Ciudad de México. 4. Secretario de Hacienda y Crédito Público, con sede en Ciudad de México. 5. Secretaría de Bienestar, con sede en Ciudad de México. 6. Secretario de la Función Pública, con sede en Ciudad de México. 7. Secretaria de Trabajo y Prevención Social, con sede en Ciudad de México. 8. Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, con sede en Ciudad de México. 9. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con sede en Ciudad de México. 10. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con sede en Ciudad de México. 11. Director General del Diario Oficial de la Federación, con sede en Ciudad de México. 12. Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Ciudad de México. 13. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, con residencia de esta ciudad. 14. Secretario de Salud en el Estado de Chiapas, con residencia de esta ciudad. 15. Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, con sede en Ciudad de México. Es pertinente precisar que si bien, la parte quejosa solo señaló como autoridad responsable al Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 Constitucional, el poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso general, que se divide en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores, por lo que, es pertinente realizar la separación respectiva. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1412/2022-1-B. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se da la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con veintiséis minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Hágase del conocimiento de las partes, que se estima innecesario emitir oficios a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, toda vez que tal determinación no tiene la trascendencia de una notificación personal, la cual es equiparable a una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a) número de registro 2002576]. De igual forma, comuníquese a las partes que en términos de lo dispuesto por el artículo 123 de la Ley de Amparo, las pruebas y alegatos pueden presentarse por escrito, por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien físicamente en la Oficialía de Partes Común, instalada en las instalaciones que ocupa el Palacio de Justicia Federal, ubicadas en boulevard Ángel Albino Corzo, número 2641 colonia Las Palmas, de esta ciudad, y que solamente podrán hacer alegatos en forma verbal tratándose de los supuestos previstos en el artículo 124, segundo párrafo, de la ley de la materia. Asimismo, infórmeseles que la audiencia constitucional es pública, y para el caso de que alguna de las partes requiera estar presente en su celebración (lo cual no resulta indispensable para su celebración), deberá informarlo por escrito a este órgano jurisdiccional con la oportunidad debida, para el efecto de que en caso de ser procedente, se programe la videoconferencia respectiva, en términos de lo dispuesto por el artículo 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; o bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, podrá ingresar al micrositio "Servicios jurisdiccionales" que estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, a fin de agendar una cita y generar un Código QR; en el entendido que para tal efecto, deberá cumplir los lineamientos establecidos en el artículo 7 del citado Acuerdo General, y traer consigo identificación oficial vigente con fotografía y copia de la misma; lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Atendiendo los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita informe justificado a las autoridades responsables, que deberán rendir dentro del plazo de quince días contados a partir de la notificación de este proveído, el cual deberán remitir refiriéndose al número de oficio en el que se les comunique la presente determinación, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, es decir, del acto reclamado, por lo que se apercibe a las autoridades responsables que, en caso de no remitir sus informes justificados en los términos precisados se les impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización en términos de lo que establece la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, así como los artículos 237, fracción I, 259 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Además, deberán: a) Manifestar si son ciertos o no los actos reclamados, en el entendido de que la aceptación de la existencia del mismo no implica la admisión de su inconstitucionalidad. b) Informar a este juzgado de Distrito si la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo que pueda tener relación con el presente asunto y, en el supuesto de que así sea, señale a qué órgano correspondió conocer del mismo. c) Hacer saber a este órgano jurisdiccional sobre la cesación de efectos de los actos reclamados o la existencia de alguna otra causa de improcedencia o sobreseimiento en el presente juicio, remitiendo al efecto las constancias conducentes, en acatamiento a lo ordenado en el artículo 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Lo anterior, aún durante la tramitación del juicio, si sobreviniera la causa con posterioridad. d) En caso de remitir constancias que justifiquen el acto reclamado y éstas consistan en documentación o información con el carácter de reservada o confidencial deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado, especificando en el empaquetado que se trata de "información reservada" o "confidencial", ello como parte de las obligaciones que deben vigilarse en términos de los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Apercíbase a las autoridades responsables que, en caso de no cumplir cabalmente en los términos y la forma indicados con la totalidad de los requerimientos formulados en los incisos a), b), c) y d) antes precisados, se les impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización en términos de lo que establece la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, así como los artículos 64, 237, fracción I, 251, 259 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Ahora, en virtud de la contingencia sanitaria decretada con motivo del virus denominado SARS-COVID-19, y a efecto de poder mitigar su propagación, se hace saber a las responsables que pueden hacer uso de manera extraordinaria de las herramientas tecnológicas a su alcance, pudiendo privilegiar el envío de promociones, oficios e informes al correo oficial de este órgano jurisdiccional 7jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx, o bien, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TERCERO INTERESADO Toda vez que aún no se encuentra integrada la litis constitucional, se reserva proveer lo que en derecho corresponda respecto a la parte tercero interesada y su respectivo emplazamiento, en tanto obren en autos los informes justificados que rindan las autoridades responsables. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Toda vez que la parte quejosa tiene su domicilio fuera de la jurisdicción de este juzgado; esto es ***, de conformidad con lo establecido en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, y con las medidas de protección a la salud de su personal, se sirva ordenar a quien corresponda le notifique a la parte promovente, la presente determinación. Asimismo, le requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, ya que de no hacerlo las que surjan dentro del procedimiento se les harán por lista de acuerdos, aún las de carácter personal, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para ese fin. En la inteligencia de que para la práctica de la diligencia encomendada podrá constituirse en diversos horarios, pudiendo ser estos en días y horas inhábiles, a fin de practicar la diligencia respectiva, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de ley de la materia. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en términos amplios a *** y ***, y en los restringidos a la diversa persona en atención a que no cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en el entendido que una vez que cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). En consecuencia se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. APERCIBIMIENTO Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe al quejoso que de señalar incorrectamente la denominación de las autoridades responsables; tendrá como efecto previa vista que se le otorgue, declarar su inexistencia, continuándose con el trámite del juicio, sin perjuicio de que con posterioridad pueda precisar su denominación correcta. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento al artículo 2, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", utilizando los medios electrónicos disponibles en el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

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