Teresa González Flores
Expediente 252/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 21 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 252/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 13/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Teresa González Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Agréguese el comunicado del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo de las constancias que refiere e informa que admitió a trámite el medio de impugnación interpuesto, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el escrito de la albacea del tercero interesado; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídanse a su costa copia certificada de la sentencia definitiva que enuncia y entréguese, previa comparecencia, identificación y toma de razón que de su recibo se deje en autos. Ello porque tales piezas se encuentran en el cuaderno de antecedentes. Por otra parte, sin lugar a proveer de conformidad su solicitud de devolución de instrumento notarial, pues los autos originales del presente juicio se encuentran en el Tribunal de alzada, con motivo del medio de impugnación interpuesto. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el ocurso de la parte quejosa; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el RECURSO DE REVISIÓN contra la sentencia dictada en este asunto; remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que por turno corresponda, así como el escrito de expresión de agravios para la substanciación del referido medio de impugnación, previa formación del cuaderno de antecedentes. Distribúyase entre las partes copia simple del mismo, dejando en esta Secretaría la de la contraria. Se instruye al actuario de la adscripción para que, previo al envío del recurso interpuesto al Tribunal Colegiado respectivo, efectúe las notificaciones necesarias y las vincule al expediente electrónico, para que la superioridad esté en condiciones de consultarlas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma se ordena que, una vez que se tenga información de quién es el Tribunal que conocerá del mismo, se haga disponible este asunto en el sistema aludido. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el oficio con registro 13685, del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual remite el oficio de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; sin mayor pronunciamiento, toda vez que mediante proveído de veintisiete de junio de la presente anualidad, se tuvieron por allegadas las constancias requeridas en autos. Por otra parte, respecto a la razón actuarial con registro 13913, a través de la cual el Actuario adscrito manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la parte tercera interesada la sentencia de veinticuatro de julio del presente año; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de lista la resolución aludida, esta determinación y las subsecuentes. NOTIFÍQUESE, Y POR LISTA A LA TERCERA INTERESADA. LA SENTENCIA DE VEINTICUATRO DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SEÑALA: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 252/2023, promovido por , contra actos del Juez Trigésimo Cuarto Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la autoridad citada por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. El quince de marzo de dos mil veintitrés, previo desahogo, se admitió la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se señaló parte tercera interesada; y, se requirió informe justificado. En auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, se aclaró que la autoridad responsable era el Juez Trigésimo Cuarto Familiar de la Ciudad de México. La representante social de la Federación adscrita no formuló intervención; se tuvo por rendido el informe justificado; se emplazó a la parte tercera interesada; finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza familiar, tramitado ante un Juzgado tramitado ante un Juzgado dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. Además, siendo una sentencia cuya audiencia celebró el Encargado del Despacho, es posible que se resuelva para mantener la actividad ordinaria del órgano jurisdiccional. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 26/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DURANTE EL PERIODO VACACIONAL DEL JUEZ DE DISTRITO. NO REQUIERE AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA RESOLVER LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS CASOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 161 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, PUES LA PROPIA LEY LO FACULTA EXPRESAMENTE PARA HACERLO. El artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación regula el caso específico del funcionamiento de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito en los periodos de vacaciones de los Magistrados y Jueces, y si bien prevé el nombramiento por parte del Consejo de la Judicatura Federal de las personas que deban sustituir a éstos, también establece que entretanto esto ocurre o en caso de que no se hiciese el nombramiento, queden a cargo los secretarios respectivos. Tratándose de los juzgados faculta expresamente al secretario para resolver los juicios de amparo cuyas audiencias constitucionales estén señaladas para los días que los Jueces de Distrito disfruten de vacaciones, a no ser que deban diferirse o suspenderse con arreglo a la ley, lo que obedece a la garantía de justicia pronta y expedita consagrada por el artículo 17 constitucional, de manera que en tal caso el secretario no requiere de autorización del consejo para dictar sentencia y, por tanto, no hay motivo alguno para hacer mención de esta circunstancia." SEGUNDO. Se fijan los actos reclamados, en los términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la siguiente forma: La parte quejosa se ostenta tercera extraña por equiparación al juicio de divorcio 955/2017, del índice del Juez Trigésimo Cuarto Familiar de la Ciudad de México, y reclama particularmente el auto de catorce de junio de dos mil diecisiete, donde se indicó que se le tenía por emplazada y se procedió a realizar el cómputo para dar contestación. La fijación del acto reclamado en los términos anteriores, encuentra justificación en los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en el juicio constitucional, pues los juzgadores de amparo deben examinar en su totalidad los ocursos iniciales y sus aclaraciones para desentrañar la verdadera lesión y, de esa manera, emitir un pronunciamiento congruente e integral. Al respecto se invoca por analogía, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." TERCERO. Existencia. La autoridad responsable aceptó la existencia de los actos reclamados. Lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio de origen; las cuales, por tener el carácter de actuaciones judiciales, tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio antes las cuestiones de fondo, lo aleguen o no las partes, conforme al diverso 62 de la ley de la materia. En el caso, como lo indica la parte tercera interesada, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del ordinal 61 de la normatividad invocada, que dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" En efecto, los numerales 17 y 18 de la legislación precisada establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El artículo 18 de la Ley de la materia prevé dos supuestos para determinar el día en que ha de iniciar el cómputo de quince días para la presentación de la demanda, supuestos que son: a) A partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley, la notificación del acto reclamado; b) A partir de aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De lo anterior se tiene que cuando el quejoso se ostente como tercero extraño y existan elementos objetivos para determinar la fecha que tuvo conocimiento del acto que reclama, deberá situársele en el segundo supuesto para computar el término para la presentación de la demanda de amparo. En la especie, la extemporaneidad del reclamo se acredita con las copias certificadas remitidas por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, del juicio TJ/II-35205/2020 y sus acumulados TJ/III-67307/2021 y TJ/III-36707/2021, documentales que por tener el carácter de actuaciones judiciales, tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; y de las cuales, se advierte que el conocimiento de los actos fue previo a la presentación de la demanda de amparo, como se demostrará a continuación. El tercero extraño a un juicio es aquella persona moral o física distinta de los sujetos de la controversia que se ventila, por lo tanto la idea de tercero extraño es opuesta a la de parte procesal; es decir, es aquella persona que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. El evento primordial que da el carácter de tercero extraño, tanto a la persona que no ha figurado en juicio, como a quien, siendo parte, no fue emplazado o lo fue incorrectamente, es que desconocen las actuaciones del juicio, lo que les impidió acudir al mismo en defensa de sus intereses. Tanto la doctrina como la jurisprudencia utilizan indistintamente la expresión de persona extraña y de tercero extraño al referirse a la procedencia del amparo indirecto previsto en la fracción VI del artículo 107 ya citado; sin embargo, acorde con las interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de persona extraña al juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Como apoyo se cita la jurisprudencia número P./J. 7/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". Así como la diversa 3a./J.44/90, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO. PROCEDE EL JUICIO PROMOVIDO POR UNA PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO NATURAL, SIN NECESIDAD DE AGOTAR RECURSOS ORDINARIOS. Los terceros extraños afectados por determinaciones judiciales dictadas en procedimientos a que son ajenos, no están obligados a agotar recursos ordinarios o medios legales de defensa antes de ocurrir al amparo, en virtud de que el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sujeta al tercero extraño al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, lo que sí hace con las partes del juicio en que se producen los actos reclamados, como lo disponen los incisos a) y b) de la fracción y precepto constitucional citado. El artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, no debe interpretarse como una limitación para el tercero extraño, sino como una posibilidad adicional de que, ante una determinación judicial dictada en un procedimiento en que es tercero, pueda interponer los recursos ordinarios o medios legales de defensa, si ello conviene a sus intereses y resulta, a su juicio, mejor medio para obtener respeto a sus derechos, caso en el cual dispondrá de la acción constitucional contra la resolución que se dicte en el recurso ordinario o medio de defensa intentado, y ello sin perjuicio de su derecho de acudir directamente al juicio de garantías, interpretación que es congruente con el espíritu y texto del artículo 107 constitucional." En el caso, ... se ostenta como tercera extraña equiparada y promueve la demanda de amparo, reclamando sustancialmente el emplazamiento y el auto donde se tuvo por efectuado, aduciendo, en esencia, que no fue notificada del procedimiento natural, lo que provocó su desconocimiento. Sin embargo, de las constancias previamente valoradas del juicio TJ/II-35205/2020 y sus acumulados TJ/III-67307/2021 y TJ/III-36707/2021, se advierte que la parte quejosa tiene conocimiento del proceso de origen por lo menos desde el veintinueve de abril de dos mil veintidós, fecha en la que presentó el escrito donde desahogó la vista que se le dio en el proceso aludido, haciéndose referencia al juicio de divorcio 955/2017, del índice del Juez Trigésimo Cuarto Familiar de la Ciudad de México, la cual fue presentada por su contraria dentro del asunto administrativo. Lo anterior se afirma, pues en el ocurso presentado el veintinueve de abril de dos mil veintidós la accionante de amparo, al contestar el hecho "E" refirió: "Es falso el citado divorcio, bastara que las autoridades vean los peritajes de las firmas que ahí se impusieron para decretarlo y poner a quien corresponda, en el lugar debido.", donde desahogó la vista que se le dio con el escrito inicial de demanda y el proceso instado por ... Para mayor contexto, se observa que el hecho "E" citado consistió en: "E. Por lo que el C. ... promovió en el año 2017 demanda de divorcio incausado ante el Juzgado Trigésimo Cuarto de lo Familiar radicándose bajo el número de expediente .../2017, en el cual se emitió sentencia de divorcio el 5 de septiembre de 2017."; Además, se advierte que en auto de quince de febrero de dos mil veintidós, se ordenó emplazar a la accionante de amparo al proceso, así como correr traslado con la demanda y sus anexos, lo cual ocurrió en la diligencia de treinta y uno de marzo de esa anualidad, como ella misma lo refirió en el escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil veintidós. Ahora, de los documentos con los que se le corrió traslado, se observa lo siguiente: Del escrito inicial que se encuentra transcrito el hecho "E" aludido, al cual dio contestación de forma frontal la accionante de amparo en su ocurso de veintinueve de abril de dos mil veintidós. De los anexos, que obra una copia certificada de la sentencia de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de divorcio 955/2017, del índice del Juzgado Trigésimo Cuarto de lo Familiar de la Ciudad de México. Aunado a que, en la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, que fue notificada de forma personal a la accionante de amparo el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, también hizo relación al fallo dictado en el juicio de divorcio aludido. El cúmulo de esas documentales hace posible afirmar que la quejosa tuvo conocimiento de todos los datos de identificación del procedimiento de origen (número de expediente, tipo de juicio, las partes involucradas y autoridad ante la que se tramita), lo que se patenta con el escrito de veintinueve de abril de dos mil veintidós, donde dio contestación de forma frontal al hecho donde se precisaron los datos del juicio natural, dentro de un asunto administrativo donde se allegó la sentencia definitiva del diverso proceso de divorcio 955/2017. De ahí que, la accionante sí tuvo conocimiento completo del procedimiento natural antes de tener acceso al expediente relativo, pues el hecho de que se pronunciara sobre la demanda donde constaban todos los datos del juicio, permite concluir que era sabedora de éste, respecto del cual se ostenta tercera extraña. Lo cual constituye un conocimiento apto del proceso, para vincularla a los efectos y consecuencias de la controversia, y hacerle exigible solventar las cargas que formal y materialmente corresponde a los enjuiciados. Orienta de apoyo, por sus consideraciones, la jurisprudencia P./J. 6/98 de la Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI). Una nueva reflexión sobre el tema del amparo promovido por las personas extrañas a juicio a que se refiere el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, lleva a este Pleno, por una parte, a reiterar las consideraciones generales de la resolución dictada en el expediente de contradicción de tesis 22/92 y que originó la jurisprudencia 359 (compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y dos), esto es, que quien promueve amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, y que esta violación a los derechos de que el quejoso es titular permite determinar la regla de que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Por otra parte, sin embargo, este Pleno se aparta del criterio de dicha tesis jurisprudencial, en cuanto limitaba la causación de la afectación al extraño a juicio sólo por los actos de ejecución, de donde derivaba que el cómputo del plazo debía comenzar, en todos los casos, a partir de la ejecución. La separación respecto de esta parte de la tesis deriva de su desarmonía con la regla fundamental de la primera parte, así como por la razón de que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, ya el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal, como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; además, si en los casos en que desde el procedimiento se causa perjuicio al quejoso extraño y tiene conocimiento de ello, se tuviera que esperar hasta la ejecución, es claro que se apartaría de la regla prevista en el artículo 21 de la Ley de Amparo, acerca de que el plazo impugnativo debe contarse a partir de que haya tenido conocimiento de tal acto. El cómputo a partir de la ejecución se justifica, por tanto, sólo cuando ésta es la única que agravia al quejoso, o bien, cuando afectándole el procedimiento, tuvo conocimiento del mismo hasta la ejecución." Bajo el contexto referido, puede afirmarse que la accionante conoce plenamente del proceso en su contra, por lo menos desde la fecha en que presentó su escrito ante la autoridad administrativa, esto es, el veintinueve de abril de dos mil veintidós; de modo tal que este es el punto de partida válido para comenzar a computar el término propio de la oportunidad para comparecer a la instancia constitucional. Además, el hecho de que se enterara del juicio natural a través de un diverso proceso administrativo no es causa suficiente para no considerar ese la data aludida como punto de partida, puesto que al resolver la contradicción de tesis 57/2008-PL, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la parte quejosa no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le entere formalmente el acto reclamado para estar en condiciones de solicitar la protección de la Justicia Federal, en razón de que no puede limitársele el acceso a los tribunales federales cuando tiene conocimiento por cualquier otro medio de un acto que le depara perjuicio y, por ende, se encuentra en aptitud de instaurar la vía constitucional. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En esta tesitura, el término de quince días previsto en el artículo 17 de la ley de la materia, para que la peticionaria de amparo promoviera su demanda debe computarse a partir del día siguiente hábil al en que con certeza se puede determinar que tenían conocimiento de los reclamos, esto es, a partir del dos de mayo de dos mil veintidós, feneciendo dicho término el veinte del mismo mes y año; descontándose los días inhábiles correspondientes, conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo. Ahora, del sello fechador estampado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, se advierte que la demanda de amparo se presentó el ocho de marzo de dos mil veintitrés, esto es, después de que feneció el término que la ley confiere a la quejosa para la interposición de su demanda, por lo que se concluye que es notoriamente extemporánea. El consentimiento de mérito, permea sobre todo lo actuado en el juicio de origen ya que deviene lógicamente de la falta de impugnación oportuna; pues no puede soslayarse el conocimiento que tuvo del juicio natural. Por lo anterior, se concluye que el juicio es improcedente, pues de manera notoria, manifiesta e indudable se actualiza el supuesto de extemporaneidad a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, y por ende, se debe SOBRESEER EN EL JUICIO de conformidad con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento. No es obstáculo la admisión de la demanda de garantías, pues ello no impide el análisis de las causales de improcedencia, como la que ahora se advierte, máxime que se acreditó plenamente con las constancias que fueron remitidas en el proceso biinstancial en que se actúa. Asimismo, conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1028, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se sobresee el juicio promovido por ..., contra actos del Juez Trigésimo Cuarto Familiar de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, por las razones indicadas en el diverso último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma electrónicamente el licenciado ..., en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, como encargado del despacho en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; con fundamento en el numeral 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, durante las vacaciones del Juez; asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del precepto citado, hasta hoy veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe."
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