Teresa Gómez Rasgado

Expediente 331/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
331/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
10/07/2023

Partes del expediente

  • Teresa Gómez Rasgado

Actuaciones

  1. Principal

    Vistas las certificaciones secretariales de cuenta, así como el estado de autos, dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, dentro del plazo ... se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. .. archívese este asunto como totalmente concluido. .. Notifíquese; por lista a la parte quejosa como se encuentra ordenado en proveído de veintiuno de junio del año en curso.*

  2. Principal

    RADICACIÓN DE LA DEMANDA Con la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Notario Público número ciento nueve con residencia en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 331/2023 y dese de alta en el sistema correspondiente. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. Ahora, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, previo a realizar el estudio correspondiente es necesario establecer que el acuerdo inicial, excepcionalmente es el momento oportuno para determinar si se actualiza, respecto de la autoridad o autoridades a quienes se atribuye el acto reclamado, el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, cuando se actualice el supuesto de que exista la certeza y plena convicción de que pese a admitirse la demanda y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una conclusión diversa. Con motivo de lo anterior, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juzgador para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia opere en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no es factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. ... ".Reclamamos del Notario Público responsable, mencionado en el punto III que antecede, su negativa infundada a otorgarnos la escritura pública de adjudicación por herencia respectiva, a pesar de que obra en su poder el expediente número 023/2021, relativo al Juicio Intestamentario de la Sucesión Legitima del extinto Jorge Gómez Orozco, concubino de la primera y padre del segundo de los quejosos, respectivamente..." Acto que se atribuye al Notario Público número ciento nueve con residencia en El Espinal, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Sin embargo, el suscrito Juzgador considera que la demanda en estudio se debe desechar por notoriamente improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, fracción I, y 5, fracción II de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Para demostrar lo anterior, es preciso puntualizar los conceptos de autoridad responsable, acto de autoridad y la clasificación teórica de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación; a partir de las cuales se entiende a plenitud la conformación de un acto de autoridad y sus diferencias con los actos de particulares. ...En ese tenor, el concepto de autoridad para efectos del amparo excluye los actos de particulares, siempre y cuando no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos, en términos de la fracción II, del artículo 5º, de la Ley de Amparo, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste resulta improcedente. Ahora, en relación con esta distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, tiene injerencia y relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación que, como se dijo líneas arriba, también se debe tener en cuenta para demostrar plenamente que los actos reclamados en el presente juicio no son de autoridad. Sobre el particular, se tiene que las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias; de tal manera que dentro de este tipo de relaciones se encuentran, verbigracia, las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación surgen entre desiguales y son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, reguladas por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan, a manera de ejemplo, el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos. Este último tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello la Carta Magna establece una serie de derechos fundamentales y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad. En lo que aquí interesa, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, los que se conceptualizan por la propia porción normativa, como aquéllos mediante los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, siempre que las funciones del particular equiparado a autoridad responsable estén determinadas por una norma general. De tal suerte, que aun cuando los particulares dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, no será procedente el juicio de amparo si el acto o la omisión no se actualizan en el contexto de funciones que tengan encomendadas por alguna norma general. En el caso en concreto, del contenido de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa se duele, como ya se precisó, de la negativa de otorgar la escritura pública de adjudicación por herencia, en el expediente número 023/2021, del índice del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Juchitán, Oaxaca, relativo al juicio intestamentario de la sucesión legitima del extinto Jorge Gómez Orozco; acto que atribuye al Notario Público número ciento nueve con residencia en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Por otra parte, el artículo 860 al 862 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, dispone: "Artículo 860.- No habiéndose presentado oposición o habiendo sido resuelta la que se hubiere formulado, el juez resolverá sobre el proyecto y dictará sentencia de adjudicación, mandando entregar a cada interesado los bienes que le hubieren sido aplicados, con los títulos de propiedad, después de ponerse en ellos por el secretario una nota en que se haga constar la adjudicación. Artículo 861.- La adjudicación de bienes hereditarios se otorgará con las formalidades que para su venta y por su cuantía exija la ley. El notario ante quien se otorgare la escritura será designado por el albacea. Artículo 862.- La escritura de partición, cuando haya lugar a su otorgamiento, deberá contener, además de los requisitos legales: I. Los nombres, medidas y linderos de los predios adjudicados, con expresión de la parte que cada heredero adjudicatario tenga obligación de devolver si el precio de la cosa excede al de su porción o de recibir si falta; II. La garantía especial que para la devolución del exceso constituya el heredero en el caso de la fracción que precede; III. La enumeración de los muebles o cantidades repartidas; IV. Noticia de la entrega de los títulos de las propiedades adjudicadas o repartidas; V. Expresión de las cantidades que algún heredero quede reconociendo a otro, y de la garantía que se haya constituido; VI. La firma de todos los interesados". De lo anterior se obtiene, que en los procedimientos sucesorios, cuando se adjudica un bien, el Juez ordena al notario público que otorgue la escritura pública con las formalidades que por su cuantía la ley exige para su venta; asimismo, cuando el juzgador ordena una escritura derivada de la partición de bienes, dicho fedatario público debe imponer en tal documento las inserciones que se establecen en las fracciones a que alude dicho numeral. Sobre esa base, la actuación del notario público en el proceso de adjudicación en un juicio sucesorio no puede ser considerada como un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo indirecto, porque él no ordena tales actos, sino lo realiza como auxiliar de la justicia local en cumplimiento a un fallo judicial, por lo que no emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, sino que su acto es eminentemente de carácter declarativo porque quien ordenó la adjudicación a nombre de determinado heredero es el juez de primera instancia responsable, por lo que no reúne las cualidades que para ser considerada autoridad responsable exige el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, no basta que el notario goce de fe pública conforme a la ley del notariado y que pueda protocolizar un acto de adjudicación, porque el acto de privación lo realiza la autoridad judicial. En cambio, el notario solamente tiene fe pública pero no realiza actos equivalentes a los de autoridad porque no tiene facultad para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Esto es, la objetiva posibilidad legalmente prevista de que un ente del gobierno o un particular puedan ser considerados como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, deriva de la naturaleza y características propias del acto que emiten u omiten, pues no sólo debe tener las cualidades específicas ya señaladas de unilateralidad, y obligatoriedad, sino que también deben trascender o impactar en la esfera jurídica del gobernado, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas o fácticas, siempre que esa posibilidad para el particular derive de una expresa facultad conferida por normas generales. En esas condiciones, aunque el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que para los efectos de la propia ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la citada fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, también lo es que en el presente asunto, el notario público señalado como autoridad responsable, no se encuentra en ese supuesto, ya que el acto que se le atribuye es la negativa de otorgar la escritura pública de adjudicación por herencia, en el expediente número 023/2021, del índice del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Juchitán, Oaxaca, lo que implica que únicamente dará fe del acto de adjudicación, con lo cual dará la forma de escritura pública a ese acto, para efecto de su inscripción; pero no actúa por sí y ante sí, de manera unilateral, para afectar la esfera jurídica de los quejosos. ... Desechamiento de la demanda En las relatadas consideraciones, es evidente que en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación en los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, este último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo; por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 113, de la legislación en cita, se desecha de plano la demanda de amparo. AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona por así solicitarlo. DOMICILIO Se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa, la lista de acuerdos que se fija en los estrados de este Juzgado de conformidad con los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, regulan tales notificaciones; por consiguiente, por ser esa la voluntad de la quejosa y estar ajustadas a derecho, como lo pide, las notificaciones que le correspondan en el presente asunto, aún las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones personales que deban realizarse a las partes en este juicio, en términos del artículo 21 de la ley de la materia. EXHORTACIÓN AL JUICIO EN LÍNEA En otro aspecto, en términos de los artículos 251, 257 y 263 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo", se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación electrónica desde el Portal de Servicios en Línea y, de ser posible, proporcionen formas expeditas de contacto como teléfonos, correo electrónico, entre otros, a fin de entablar comunicaciones no procesales; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. INTEGRACIÓN DE PROMOCIONES QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUCIÓN EFECTIVA DEL EXPEDIENTE En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que conforme a la tutela judicial pronta y efectiva, así como al debido proceso, contenido en los artículos 112 y 124, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 62, del Código Federal de Procedimientos Civiles; se determina que las promociones que presenten las partes, autoridades auxiliares y tribunales relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del expediente ni constituyan determinaciones judiciales que deba emitir este juzgado, con excepción de las que por disposición expresa de ley deban darse vista a las partes, se glosarán en el expediente y, en términos del referido artículo 62 del citado ordenamiento, el Secretario hará constar la hora y el día en que se presentó el oficio o escrito, considerando, desde este momento, realizadas las manifestaciones respectivas, quedando las partes en aptitud de imponerse de ellas. Este criterio tiene como objeto evitar dilaciones procesales excesivas e innecesarias en estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 17 constitucional y que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes, a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Lo anterior, con el fin de garantizar el cumplimiento de las determinaciones de manera pronta y expedita, en acatamiento la obligación de este órgano judicial prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En otro aspecto, de conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se faculta al secretario de este juzgado en turno para que firme de manera electrónica los oficios y comunicaciones oficiales que se emitan en cumplimiento a lo ordenado en este proveído y de las subsecuentes actuaciones dictadas en el presente asunto durante el citado periodo, o bien, en caso de que así se requiera lo haga de manera autógrafa, previa validación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) por parte del suscrito. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En atención a lo establecido en el artículo 3°, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones que hayan sido presentadas de manera física, para su debida integración en el expediente electrónico y, únicamente deberán imprimirse los documentos digitales e incorporarse al expediente físico lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación, por lo que se instruye al Secretario de Juzgado, al actuario judicial, al oficial judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, que llevan el trámite de este expediente, a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en el presente asunto, así como la digitalización, de las promociones documentos, diligencias y notificaciones que obren en el mismo en los términos ya indicados. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese; por lista a la parte quejosa como se encuentra ordenado en este proveído.*

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