Teresa Gómez Chávez y/o Teresa Gámez Chávez
Expediente 604/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 604/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 15/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Teresa Gómez Chávez y/o Teresa Gámez Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en el que manifiesta lo siguiente: "por auto del doce de febrero de la presente anualidad, reservó acordar lo procedente respecto de la demanda de amparo respectiva, hasta en tanto se encontrara debidamente integrado el presente expediente, y que una vez que se pronuncie sobre su admisión se le hará de su conocimiento". Por tanto, agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes y estése en espera de la información que proporcione el referido tribunal respecto al sentido del pronunciamiento que tome respecto a la demanda que dio origen a este cuaderno; lo anterior, a fin de estar en condiciones de proveer lo que en derecho corresponda sobre el archivo de este expediente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo de la demanda de amparo promovida por Teresa Gómez Chávez y/o Teresa Gámez Chávez, por conducto de su apoderada jurídica Gabriela Patricia Lemus Salgado, que dio origen al expediente en que se actúa, virtud a la incompetencia planteada por este juzgado; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Atento a lo anterior, solicítese atentamente al referido tribunal que, de no tener inconveniente, sea tan amable de informar el sentido del pronunciamiento que tome respecto a la demanda que dio origen a este cuaderno; lo anterior, a fin de estar en condiciones de proveer lo que en derecho corresponda sobre el archivo de este expediente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEÍDO...Cumple con prevención. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito presentado por Gabriela Patricia Lemus Salgado apoderada jurídica de Teresa Gómez Chávez y/o Teresa Gámez Chávez, carácter que se le reconoce en virtud de las documentales que exhibe en copia certificada; en atención a su contenido, se le tiene cumpliendo con la prevención formulada en proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, pues exhibe el instrumento con el que acredita la personalidad con la que comparece al presente juicio de amparo. Ahora, vista nuevamente la demanda de amparo promovida por Teresa Gómez Chávez y/o Teresa Gámez Chávez, por conducto de su apoderada jurídica Gabriela Patricia Lemus Salgado, contra el acto que reclama del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el cual hace consistir en lo siguiente: La resolución de siete de septiembre de dos mil veinte, dictada por el magistrado responsable dentro del toca III-3/2020, que confirma el auto de seis de agosto del año en curso, dictado por el juez de origen, en el que negó la admisión del recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva de veintidós de junio de dos mil veinte, emitida dentro del juicio ordinario civil 44/2019, que sobre nulidad de escritura promovió Roberto Gámez Chávez frente a Teresa Gómez Chávez y/o Teresa Gámez Chávez -aquí quejosa-. Sin que sea necesario registrarla en el libro de gobierno ni en el sistema integral de seguimiento de expedientes, dado que ello se hizo con anterioridad bajo el número II-604/2020. Atento a lo anterior, este juzgado estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión, por razón de la instancia o vía intentada por la parte quejosa, por los razonamientos siguientes: Los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, disponen: El artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a). Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior". Asimismo, el precepto 170, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley". De la interpretación funcional (teleológica) y sistemática (sentido estricto) de estos preceptos se obtiene que la competencia para conocer de una demanda de amparo se determina por varias circunstancias; a saber: La instancia o vía intentada por la parte quejosa (amparo indirecto y directo). En caso del amparo directo, conforme a lo que establece el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano competente es un tribunal colegiado. La materia (civil, penal, laboral y administrativa). En el amparo directo, la materia para conocer de un amparo está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el particular específico en el ordinal 37, fracción I, inciso b), de la citada ley. El territorio, regulado por el artículo 34, de la Ley de Amparo. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 1a. II/92, cuyo contenido es el siguiente: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto". Por su parte, la jurisprudencia 1a./J. 97/2008, sustentada por la Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 50, tomo XXVIII, diciembre de 2008, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, establece lo siguiente: "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA). Conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, en relación con las fracciones V y VI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el amparo directo procede contra las resoluciones dictadas por los tribunales judiciales que pongan fin al juicio y respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan modificarse o revocarse; asimismo, los artículos 44 y 46 de la Ley citada señalan que puede promoverse amparo contra resoluciones que pongan fin al juicio, precisando que éstas son las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan algún recurso ordinario. En congruencia con lo anterior, se concluye que la determinación que desecha o declara infundado el recurso de denegada apelación y deja firme el desechamiento de la apelación intentada contra una sentencia definitiva constituye una resolución que pone fin al juicio y, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo, pues al dejar intocada la sentencia de primera instancia que resolvió el fondo de la controversia, necesariamente se da por concluido el juicio, además de que tanto los artículos 307 y 308 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, como los diversos 435 a 442 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal que aluden al indicado recurso, no prevén algún medio de defensa en su contra". De lo anterior, se obtiene que la determinación que desecha o declara infundado el recurso de denegada apelación y deja firme el desechamiento de la apelación intentada contra una sentencia definitiva, constituye una resolución que pone fin al juicio y, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo, pues al dejar intocada la sentencia de primera instancia que resolvió el fondo de la controversia, necesariamente se da por concluido el juicio. Ahora, como quedó precisado con antelación, el acto reclamado se hizo consistir en la resolución de siete de septiembre de dos mil veinte, que confirma el auto dictado por el juez de origen, en el que negó la admisión del recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva emitida dentro del juicio ordinario civil 44/2019, con lo cual queda intacto el fallo pronunciado en el juicio subyacente. Por tal motivo, se considera respetuosamente que en atención a lo establecido en la jurisprudencia 1a./J. 97/2008, sustentada por la Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, transcrita con antelación, el acto del que se duele la parte quejosa constituiría una resolución que pone fin al juicio y, por tanto, en su contra procedería el juicio de amparo directo. Ello, toda vez que con la determinación dictada por el magistrado responsable se deja intocada la determinación dictada por el juez primario en la que se denegó la admisión del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, con lo cual se considera, que tal determinación se da por concluido el juicio. En consecuencia, esta potestad federal considera respetuosamente que carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, en virtud de que se reclama la resolución de siete de septiembre de dos mil veinte que pone fin al juicio ordinario civil 44/2019. De esta forma, se estima que su impugnación debe formularse en la vía del amparo directo, establecida en los dispositivos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170, fracción I, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el numeral 47 de la Ley de Amparo, remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, para que tenga a bien determinar si, conforme a lo precisado en el presente auto, el asunto en comento es de su competencia y, en su caso, se sirva acusar el recibo correspondiente. Con copia de las constancias que integran el expediente en que se actúa, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se autoriza al secretario firmar los oficios relativos al presente asunto. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el término de cinco días concedido a la parte quejosa para que cumpla con la prevención formulada en acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, transcurre del catorce al veintiuno de los actuales, prevención planteada en los términos siguientes: ÚNICO. Acredite la personalidad con la cual se ostenta, a saber, apoderada jurídica de Teresa Gómez Chávez y/o Teresa Gámez Chávez, exhibiendo un documento idóneo y suficiente para tal efecto Ahora, del contenido del escrito con el que se da cuenta, Gabriela Patricia Lemus Salgado manifiesta que es apoderada jurídica de Teresa Gómez Chávez y/o Teresa Gámez Chávez, lo que pretende acreditar con el poder para pleitos y cobranzas que exhibe; sin embargo, se advierte que el poder que adjunta fue otorgado el dieciséis de octubre de dos mil veinte, mientras que la demanda de amparo se presentó el veinticuatro de septiembre del año en curso, esto es, el poder exhibido revelaría que fue voluntad de Teresa Gómez Chávez y/o Teresa Gámez Chávez otorgar un mandato en favor de Gabriela Patricia Lemus Salgado en forma posterior a que esta última realizó el acto procesal de presentación de la demanda de amparo. En atención a ello este órgano jurisdiccional advierte que no se satisface el presupuesto procesal relacionado con la legitimación de las partes, dado que el poder exhibido mediante escrito de dieciséis de los actuales es posterior a la presentación de la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 91/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO ES DABLE TENERLA POR ACREDITADA, CONFORME AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL PODER FUE OTORGADO CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Al ser la representación, en sentido general, un fenómeno jurídico que implica que una persona llamada representante realice actos jurídicos en nombre de otra llamada representado, en forma tal que el acto surte efectos directamente en la esfera jurídica de este último, como si hubiera sido realizado por él, y partiendo de la consideración de que el derecho atribuye efectos jurídicos a la voluntad humana en la medida en que ésta es exteriorizada y se propone fines lícitos, que constituyen intereses jurídicamente tutelados, debe concluirse que no puede tenerse por acreditada la personalidad del representante, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, con un poder general o carta poder otorgados con posterioridad a la presentación de la demanda, pues dicha representación surte sus efectos precisamente a partir de la fecha en que se otorgó". Por tanto, no puede tenerse por cumplida la prevención formulada el veintinueve de septiembre pasado, empero y vista la certificación de cuenta hágase del conocimiento de la parte quejosa que aún cuenta con un día para cumplir con dicha prevención, lo anterior, porque el escrito de cuenta lo presentó ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad el veinte de octubre actual y el mismo día fue turnado a la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, es decir, en el día cuatro de los cinco que le fueron otorgados para dar cumplimiento a lo requerido. Apercibida que de no hacerlo, se hará efectivo el apercibimiento decretado en el auto de prevención, es decir, se tendrá como no presentada la demanda que se atiende, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 106/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión de este proveído para que sea agregado al expediente físico
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