Teresa García Rodríguez
Expediente 141/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 141/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Teresa García Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veinte de febrero de dos mil diecinueve, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta que en el presente juicio de amparo no existen documentos originales ni copias certificadas exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa destruible.
- Principal
Vista; la demanda de amparo promovida por Teresa García Rodríguez, por su propio derecho, contra actos del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (por sus siglas ISSSTEZAC), el secretario en funciones de Juez acuerda: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XIV, en relación el 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Ello es así, en razón que la quejosa hace consistir el acto reclamado en: ". La orden para que se me niegue la entrega del formato a que se refiere el artículo 32 del Reglamento para Pensiones y Pólizas del ISSSTEZAC en su fracción I, identificada como el anexo seis." Y, del contenido íntegro de la demanda de amparo, se desprende que: 1. Teresa García Rodríguez, contrajo matrimonio con Jaime Rivas Rivas, quien laboraba en el sistema de educación media básica, conocida como de telesecundaria. 2. Jaime Rivas Rivas, falleció el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. 3. El ocho de enero de dos mil diecinueve, Teresa García Rodríguez, acudió ante las oficinas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (por sus siglas ISSSTEZAC), a solicitar le fuera entregado el formato para realizar la solicitud de pensión por viudez. 4. La señorita que atendió a Teresa García Rodríguez, en las oficinas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, le informó que no le entregaría el formato en atención a que no tenía derecho a recibir la pensión. 5. Después de realizar diversos trámites, el once de enero de dos mil diecinueve, nuevamente acudió Teresa García Rodríguez, a las oficinas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, a solicitar el formato y nuevamente le fue negada la entrega del documento; lo que ahora constituye el acto reclamado. Ahora bien, es incuestionable que desde el once de enero de dos mil diecinueve, la hoy quejosa Teresa García Rodríguez, tuvo conocimiento de la negativa de expedición del formato para realizar el trámite correspondiente a la pensión por viudez, por parte del personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, que constituye el acto reclamado. Se sostiene que la aquí quejosa tuvo conocimiento del acto que ahora reclama, desde el once de enero de dos mil diecinueve, pues dentro de los antecedentes que narra bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, textualmente señala: ". Fue hasta el día ocho de enero del año dos mil diecinueve, aproximadamente a las catorce horas con treinta minutos, me recibieron una parte de los documentos necesarios para el trámite de la pensión de orfandad. Pero en esta fecha, una vez que me recibieron una parte de los documentos, les pedí que me hicieran favor de entregarme el formato para hacer la solicitud de pensión por viudez, pero la señorita que me estaba atendiendo me dijo que no podía darme ese formato porque no me asistía el derecho para recibir la pensión por viudez. Por eso, acudí el día once de enero a las oficinas del Periódico Oficial del Gobierno del Estado para solicitar me vendieran un ejemplar del decreto en el que publicó el reglamento, pero les dije que quería también los anexos, por si se encontraran en otro suplemento, y me dijeron que el ISSSTEZAC no envió los anexos, que ellos nunca envían los anexos. Entonces lo que hice ese mismo día, fue regresar a las oficinas del ISSSTEZAC a solicitar se me entregara el formato, porque iba a hacer mi solicitud de pensión por viudez, pero me volvieron a decir que no me lo podían dar porque ese documento solo es para el control interno del ISSSTEZAC, y que como ya me habían dicho que yo no tenía derecho a la pensión por viudez .", (que ahora constituye el acto reclamado). Así las cosas, considerando que desde el once de enero de dos mil diecinueve, la aquí quejosa tuvo conocimiento de la negativa de entregarle el formato para la solicitud del trámite de pensión por viudez por parte del personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, a la que afirma la aquí quejosa tiene derecho, que constituye el acto reclamado, según se advierte del contenido de la demanda en estudio; y que la demanda de amparo se presentó el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, para esta última fecha ya había transcurrido en exceso el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo; es decir, veinticuatro días hábiles. Por tanto, la presentación de la demanda, resulta ser notablemente extemporánea, por lo que, se considera que la parte quejosa consintió los citados actos que ahora combate; en términos de la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 202, del tomo XIII, enero de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTIAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Asimismo, es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número IV.3o. J/44, publicada en la página 49, tomo 86-2, febrero mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, de rubro y texto: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Desde el momento en que se decretó el embargo en el juicio seguido en contra de la demandada, quien se ostentó tercero extraño, tuvo pleno conocimiento de dicho embargo por sí y como representante de sus menores hijos, en virtud de haberse entendido con ella la diligencia de emplazamiento a la demandada, resultaron afectados los derechos de los ahora inconformes, quienes debieron combatir el procedimiento dentro del término de quince días a partir de aquél en que conoció la existencia del embargo (artículo 21 de la Ley de Amparo), pero como no lo hicieron, se considera que consintieron no solamente el embargo, sino también los demás actos como son la sentencia de remate y el procedimiento de ejecución de sentencia, al ser éstos una consecuencia legal y forzosa del aseguramiento practicado en el juicio del que derivan los actos reclamados." De igual forma resulta aplicable la tesis, visible en la página doscientos treinta y cinco, XI, junio de mil novecientos noventa y tres, materia común, Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." En las narradas condiciones al actualizarse de modo manifiesto la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 en relación con el numeral 17 ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías promovida Teresa García Rodríguez, por su propio derecho, contra actos del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (por sus siglas ISSSTEZAC), con apoyo en el artículo 13 del propio ordenamiento legal. Ténganse por autorizados a Elia Inguanzo Luevano, Mauricio Chávez Ortiz y Mauricio Adolfo Chavez Inguanzo, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y como lo solicita la quejosa a Diana Laura Patricia Carcaño Sosa, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos; y, como domicilio para tal efecto en calle Miguel Ramos Arizpe número doscientos uno, colonia C.N.O.P. en la ciudad de Zacatecas.
- Principal
CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA LA PARTE QUEJOSA Vista; la demanda de amparo promovida por Teresa García Rodríguez, por su propio derecho, contra actos del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (por sus siglas ISSSTEZAC), el secretario en funciones de Juez acuerda: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XIV, en relación el 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Ello es así, en razón que la quejosa hace consistir el acto reclamado en: ". La orden para que se me niegue la entrega del formato a que se refiere el artículo 32 del Reglamento para Pensiones y Pólizas del ISSSTEZAC en su fracción I, identificada como el anexo seis." Y, del contenido íntegro de la demanda de amparo, se desprende que: 1. Teresa García Rodríguez, contrajo matrimonio con Jaime Rivas Rivas, quien laboraba en el sistema de educación media básica, conocida como de telesecundaria. 2. Jaime Rivas Rivas, falleció el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. 3. El ocho de enero de dos mil diecinueve, Teresa García Rodríguez, acudió ante las oficinas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (por sus siglas ISSSTEZAC), a solicitar le fuera entregado el formato para realizar la solicitud de pensión por viudez. 4. La señorita que atendió a Teresa García Rodríguez, en las oficinas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, le informó que no le entregaría el formato en atención a que no tenía derecho a recibir la pensión. 5. Después de realizar diversos trámites, el once de enero de dos mil diecinueve, nuevamente acudió Teresa García Rodríguez, a las oficinas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, a solicitar el formato y nuevamente le fue negada la entrega del documento; lo que ahora constituye el acto reclamado. Ahora bien, es incuestionable que desde el once de enero de dos mil diecinueve, la hoy quejosa Teresa García Rodríguez, tuvo conocimiento de la negativa de expedición del formato para realizar el trámite correspondiente a la pensión por viudez, por parte del personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, que constituye el acto reclamado. Se sostiene que la aquí quejosa tuvo conocimiento del acto que ahora reclama, desde el once de enero de dos mil diecinueve, pues dentro de los antecedentes que narra bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, textualmente señala: ". Fue hasta el día ocho de enero del año dos mil diecinueve, aproximadamente a las catorce horas con treinta minutos, me recibieron una parte de los documentos necesarios para el trámite de la pensión de orfandad. Pero en esta fecha, una vez que me recibieron una parte de los documentos, les pedí que me hicieran favor de entregarme el formato para hacer la solicitud de pensión por viudez, pero la señorita que me estaba atendiendo me dijo que no podía darme ese formato porque no me asistía el derecho para recibir la pensión por viudez. Por eso, acudí el día once de enero a las oficinas del Periódico Oficial del Gobierno del Estado para solicitar me vendieran un ejemplar del decreto en el que publicó el reglamento, pero les dije que quería también los anexos, por si se encontraran en otro suplemento, y me dijeron que el ISSSTEZAC no envió los anexos, que ellos nunca envían los anexos. Entonces lo que hice ese mismo día, fue regresar a las oficinas del ISSSTEZAC a solicitar se me entregara el formato, porque iba a hacer mi solicitud de pensión por viudez, pero me volvieron a decir que no me lo podían dar porque ese documento solo es para el control interno del ISSSTEZAC, y que como ya me habían dicho que yo no tenía derecho a la pensión por viudez .", (que ahora constituye el acto reclamado). Así las cosas, considerando que desde el once de enero de dos mil diecinueve, la aquí quejosa tuvo conocimiento de la negativa de entregarle el formato para la solicitud del trámite de pensión por viudez por parte del personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, a la que afirma la aquí quejosa tiene derecho, que constituye el acto reclamado, según se advierte del contenido de la demanda en estudio; y que la demanda de amparo se presentó el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, para esta última fecha ya había transcurrido en exceso el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo; es decir, veinticuatro días hábiles. Por tanto, la presentación de la demanda, resulta ser notablemente extemporánea, por lo que, se considera que la parte quejosa consintió los citados actos que ahora combate; en términos de la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 202, del tomo XIII, enero de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTIAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Asimismo, es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número IV.3o. J/44, publicada en la página 49, tomo 86-2, febrero mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, de rubro y texto: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Desde el momento en que se decretó el embargo en el juicio seguido en contra de la demandada, quien se ostentó tercero extraño, tuvo pleno conocimiento de dicho embargo por sí y como representante de sus menores hijos, en virtud de haberse entendido con ella la diligencia de emplazamiento a la demandada, resultaron afectados los derechos de los ahora inconformes, quienes debieron combatir el procedimiento dentro del término de quince días a partir de aquél en que conoció la existencia del embargo (artículo 21 de la Ley de Amparo), pero como no lo hicieron, se considera que consintieron no solamente el embargo, sino también los demás actos como son la sentencia de remate y el procedimiento de ejecución de sentencia, al ser éstos una consecuencia legal y forzosa del aseguramiento practicado en el juicio del que derivan los actos reclamados." De igual forma resulta aplicable la tesis, visible en la página doscientos treinta y cinco, XI, junio de mil novecientos noventa y tres, materia común, Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." En las narradas condiciones al actualizarse de modo manifiesto la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 en relación con el numeral 17 ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías promovida Teresa García Rodríguez, por su propio derecho, contra actos del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (por sus siglas ISSSTEZAC), con apoyo en el artículo 13 del propio ordenamiento legal. Ténganse por autorizados a Elia Inguanzo Luevano, Mauricio Chávez Ortiz y Mauricio Adolfo Chavez Inguanzo, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y como lo solicita la quejosa a Diana Laura Patricia Carcaño Sosa, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos; y, como domicilio para tal efecto en calle Miguel Ramos Arizpe número doscientos uno, colonia C.N.O.P. en la ciudad de Zacatecas.
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