TERESA GARCÍA ORTEGA y Otros.

Expediente 1738/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1738/2014
Año
2014
Actuaciones
6
Última actuación
17/02/2015

Partes del expediente

  • TERESA GARCÍA ORTEGA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Del estado procesal que guardan estos autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de sobreseimiento dictado en este asunto. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que a la fecha no se cuente con los acuses de recibo de los oficios dirigidos a las autoridades señaladas como responsables, con el que se ordenó notificarles el auto de sobreseimiento dictado en este juicio, pues debido al sentido de dicha resolución se considera que no afecta directamente los actos que se le atribuyen, para que esté legitimada para interponer recurso de revisión, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Por lo que, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletoriamente aplicado, se declara que HA CAUSADO ESTADO el auto de sobreseimiento conclusor de este juicio de amparo, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Finalmente, al resultar innecesario conservar las constancias relativas a la causa penal 150/2014 que el Juez Primero de Primera Instancia, con sede en Misantla, Veracruz, allegó al rendir su informe justificado, devuélvansele; solicitándole el acuse de recibo correspondiente.

  2. Principal

    Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez Primero de Primera Instancia, con residencia en Misantla, Veracruz, mediante el cual remite copia certificada de la resolución de uno de enero del año en curso, dictada en la causa penal 150/2014 de su índice, instruida en contra de la quejosa Teresa García Ortega, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores, cometido en agravio del patrimonio de Petra Dionicio Pazos. PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del análisis de las constancias recibidas se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA La disposición legal aludida prevé: "El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.)". De acuerdo con el precepto transcrito, el cambio de situación jurídica que genera la improcedencia del juicio de amparo, se produce por regla general cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución en el procedimiento de que se trate, que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento, de modo que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte inconstitucional. HECHOS En el caso, los actos reclamados se hicieron consistir en la orden de aprehensión girada en contra de la parte quejosa y su ejecución. Del oficio de cuenta y constancias allegadas, se advierte que el uno de enero del año en curso, el juez responsable dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de la quejosa, en la causa penal 150/2014 del índice de su adscripción, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores, cometido en agravio del patrimonio de Petra Dionicio Pazos. CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye respetuosamente que ha ocurrido un cambio de situación jurídica, ya que el acto reclamado en este juicio de amparo lo constituyó la orden de aprehensión dictada en contra de la parte quejosa; sin embargo, al vencimiento del término constitucional se dictó auto de libertad a favor de Teresa García Ortega en el proceso penal 150/2014 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en Misantla, Veracruz, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores, cometido en agravio del patrimonio de Petra Dionicio Pazos, por lo que, de haberla habido, quedaron consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden privativa de libertad reclamada, al no poder analizar su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica, por lo que se actualiza la causal de improcedencia analizada. Tienen aplicación al caso, las tesis siguientes: "Época: Novena Registro: 171841 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Agosto de 2007 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 95/2007 Página: 50 CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR.Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos. "No. Registro: 169410 Jurisprudencia Materia(s): Penal Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, Junio de 2008 Tesis: 1a./J. 17/2008 Página: 270 "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada son el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS "EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." En consecuencia, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y dejar sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente conforme con el artículo 2º de la Ley de Amparo, entréguese copia autorizada de este proveído a la parte que lo solicite y esté legitimada para ello.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO QUE SEÑALA LO SIGUIENTE Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez Primero de Primera Instancia, con residencia en Misantla, Veracruz, mediante el cual remite copia certificada de la resolución de uno de enero del año en curso, dictada en la causa penal 150/2014 de su índice, instruida en contra de la quejosa Teresa García Ortega, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores, cometido en agravio del patrimonio de Petra Dionicio Pazos. PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del análisis de las constancias recibidas se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA La disposición legal aludida prevé: "El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.)". De acuerdo con el precepto transcrito, el cambio de situación jurídica que genera la improcedencia del juicio de amparo, se produce por regla general cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución en el procedimiento de que se trate, que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento, de modo que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte inconstitucional. HECHOS En el caso, los actos reclamados se hicieron consistir en la orden de aprehensión girada en contra de la parte quejosa y su ejecución. Del oficio de cuenta y constancias allegadas, se advierte que el uno de enero del año en curso, el juez responsable dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de la quejosa, en la causa penal 150/2014 del índice de su adscripción, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores, cometido en agravio del patrimonio de Petra Dionicio Pazos. CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye respetuosamente que ha ocurrido un cambio de situación jurídica, ya que el acto reclamado en este juicio de amparo lo constituyó la orden de aprehensión dictada en contra de la parte quejosa; sin embargo, al vencimiento del término constitucional se dictó auto de libertad a favor de Teresa García Ortega en el proceso penal 150/2014 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en Misantla, Veracruz, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores, cometido en agravio del patrimonio de Petra Dionicio Pazos, por lo que, de haberla habido, quedaron consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden privativa de libertad reclamada, al no poder analizar su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica, por lo que se actualiza la causal de improcedencia analizada. Tienen aplicación al caso, las tesis siguientes: "Época: Novena Registro: 171841 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Agosto de 2007 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 95/2007 Página: 50 CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR.Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos. "No. Registro: 169410 Jurisprudencia Materia(s): Penal Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, Junio de 2008 Tesis: 1a./J. 17/2008 Página: 270 "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada son el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS "EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." En consecuencia, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y dejar sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente conforme con el artículo 2º de la Ley de Amparo, entréguese copia autorizada de este proveído a la parte que lo solicite y esté legitimada para ello.

  4. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en Misantla, Veracruz, a través del cual remiten copia certificada de las constancias requeridas en autos; en consecuencia, tómense en cuenta al momento de resolver este asunto de conformidad con los artículos 75 y 124 de la Ley de Amparo.

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