Teresa Gallegos Caballero
Expediente 480/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 32 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 480/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 26/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Teresa Gallegos Caballero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el proveído de veintinueve de julio de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que interpusiera recurso de revisión en su contra; consecuentemente... se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia...archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte...resulta procedente decretar que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseído fuera de audiencia el presente juicio de amparo, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto después del VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO y pasados noventa días de la citada fecha. En relación a los cuadernos incidentales...el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto con posterioridad al VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO. Asimismo...resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción al existir el original del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, y pasados treinta días de dicho plazo; por tanto, agréguese copia certificada de este proveído a los cuadernos incidentales. ... Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa, mediante oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional y a las autoridades responsables.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el acto que en esta vía reclama la finada quejosa Teresa Gallegos Caballero, se hace consistir en: "El acto reclamado consiste en indebidos e ilícitos descuentos y/o retenciones al pago de la pensión jubilatoria de los signantes como parte quejosa, resultando que los suscritos nos encontramos jubilados y obtuvimos una pensión por vejez a través del Instituto señalado como autoridad responsable, quien realiza los descuentos de las pensiones sin fundamento legal y para mayor lesividad contrario a normas sociales protectoras en materia de seguridad social que prohíbe expresamente el embargo o retención de la pensión, siendo un derecho fundamental irrenunciable que garantiza la subsistencia de los quejosos." Ahora, la autoridad responsable Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Veracruz Norte, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, de su lectura íntegra se desprende la existencia de los descuentos reclamados, lo que incluso se constata con las constancias que fueron remitidas a este juzgado, ya que cuentan con sello digital y cadena de caracteres generada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). ... En el caso, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: ... En principio, es necesario precisar que de la interpretación en conjunto de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo única y exclusivamente procede contra actos de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución. ... Aunado a lo anterior, cabe precisar que, el Máximo Tribunal del País ha establecido que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. ... En ese contexto, el juicio de amparo, es improcedente contra actos de particulares, o contra actos que aun siendo emitidos por una autoridad, no afectan por sí y ante sí, ni de manera unilateral crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados; de lo que se sigue, haciendo una interpretación en sentido contrario, que para analizar la procedencia del juicio, debe atenderse a la naturaleza del acto para determinar si goza de los atributos antes mencionados. Expuesta la anterior premisa legal, en el caso, la extinta quejosa Teresa Gallegos Caballero, reclama del Instituto Mexicano de Seguridad Social los descuentos y retenciones realizados al pago de su pensión jubilatoria identificados con las claves "312 Fondo de Ayuda Sindical Por Defun","322 Cred Jub-Pen" y "351 ISR Retenido", realizado a su pensión jubilatoria por créditos que no fueron otorgados por dicho instituto. Ahora, la autoridad Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Veracruz Norte, con residencia en esta ciudad, al rendir el informe justificado señaló que la parte quejosa se encuentra haciendo uso de su derecho en las cláusulas 141 bis y 142 del Contrato Colectivo del Trabajo que rige en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que solicitó créditos financieros y créditos a casa comerciales para compra de muebles. Asimismo, refiere que la impetrante de amparo el tres de enero de dos mil diecinueve, realizo trato comercial con la entidad financiera denominada Financiera Maestra, Sociedad Anónima de Capital Variable, SOFOM, E.N.R, por un crédito financiero de $296,703.58 (doscientos noventa y seis mil setecientos tres pesos con cincuenta y ocho centavos) y agrega que la ahora difunda acordó con la persona moral citada, que las amortizaciones se realizarían a través de descuentos en su pensión mensual. Además indicó que, ante ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social, únicamente se constituía como intermediario entre los prestadores de servicio o casas comerciales y la extinta jubilada Teresa Gallegos Caballero, aquí quejosa, con sustento jurídico precisamente en las cláusulas 141 bis y 142 del Contrato Colectivo del Trabajo, celebrado entre el mencionado instituto y el Sindicato de Trabajadores del Seguro Social. Por lo que, destaca la responsable, no se encontraban ante un acto de autoridad, ya que el acto que se le reclamaba al Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Veracruz Norte, se dio en un plano de coordinación, y no en uno de subordinación, por lo que correspondía a los tribunales del trabajo competentes dirimir esa controversia. En ese tenor, es claro que, en la especie, tal dependencia no actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo, y por ello, los descuentos reclamados no son combatibles a través del juicio constitucional, sino que se está en presencia de reclamos que tienen que ver con la relación que existe entre la fallecida quejosa como ex trabajadora -jubilada al momento de la presentación de la demanda de amparo- y la señalada como responsable en su carácter del ente que se encarga del pago de la pensión jubilatoria. De modo que, el ente que fue señalado como responsable, sólo actúa en función del pago de las pensiones, y por ello se encuentra en un plano de igualdad con la parte quejosa, sin la posibilidad de actuar con imperio, al tratarse de una relación de coordinación y entrar en el ámbito del derecho laboral como lo refiere la autoridad señalada como responsable al rendir su informe justificado. Además, de las documéntelas que remitió la autoridad responsable junto con su informe justificado, se advierte que la ahora finada quejosa realizó trato comercial con la entidad financiera denominada Financiera Maestra, Sociedad Anónima de Capital Variable, SOFOM, E.N.R, acordando con ella que las amortizaciones generadas con motivo de ese crédito, se haría a través de descuentos en su pensión mensual, como se observa de los recibos que obran agregados en autos y que corresponden a los pagos de la pensión por jubilación efectuados a la fallecida quejosa. Por ello, debe decirse que el instituto no actuó en forma unilateral o por vía de consecuencia y no ejecutó actos de imperio, pues no impuso su decisión al margen de la voluntad de la quejosa, lo que excluye la unilateralidad del acto, característica primordial del acto de autoridad materia del juicio de amparo. Tampoco se advierte que el actuar de la autoridad señalada como responsable sea coercitivo, en la medida que no se utiliza la infraestructura del Estado para someter la voluntad de la pensionada a través de medios represivos o inhibitorios, para que se cumpla la decisión. Bajo tales supuestos, los descuentos realizados, no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, por más que repercutan en la pensión de la solicitante de la protección constitucional, pues carecen del atributo de unilateralidad y coercitividad; de ahí que, al no estar ante actos de autoridad para efectos del amparo, es que se actualiza la causa de improcedencia antes invocada. No se desatiende que el derecho a percibir la pensión es irrenunciable y, por tanto, imprescriptible, sin embargo, en el caso no se está ante alguno de los supuestos de renuncia o pérdida de derecho a percibir pensión, sino sólo ante el consentimiento expreso al ser la extinta quejosa, quien dio la instrucción para la realización del cobro. Sin que la causa de improcedencia analizada inmiscuya aspectos de fondo de la problemática constitucional planteada, pues no se aborda la legalidad de la instrucción dada por la parte quejosa para la realización de los descuentos cuestionados; aspecto que además no es controvertido por la peticionaria del amparo. En efecto, al tratarse de actos realizados por sujetos situados en un plano de coordinación dado que deriva de un acuerdo de voluntades, es una circunstancia que no puede remediarse a través del juicio de amparo, pues aun cuando el descuento pueda calificarse de unilateral, arbitrario o ilegal, no constituye un acto de autoridad, al estar ausente el elemento fundamental que caracteriza a éstos y que sitúa al afectado en un plano de subordinación. Sin que dicho razonamiento implique dejar en estado de indefensión a la fallecida quejosa, porque tiene a su alcance los tribunales del orden común en la vía correspondiente, laboral, civil o mercantil, dependiendo de la naturaleza del contrato de origen, a fin de poder solucionar la cuestión relativa al descuento en su pensión jubilatoria. Es decir, está en condiciones de acudir a los tribunales del orden común para dirimir el conflicto relativo al descuento, en donde podrá solicitar a la empresa con quien contrajo el crédito o la deuda, reestructurar o renegociar los pagos, lo cual podrá hacerlo a través de un convenio o reclamar la nulidad del contrato de crédito que estipula un porcentaje o descuento al salario; y una vez resuelto por el Tribunal común del Estado, en su caso, atacarlo a través del juicio de amparo respectivo. ... Además, si se tiene en cuenta que los multicitados descuentos no revisten el carácter de una determinación adoptada por sí y ante sí, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, que llevara a cabo unilateralmente, sin la participación de la voluntad de la afectada, sino, como se anticipó, es derivado de una obligación que ésta misma asumió frente a una tercera, a nombre y por el cual aquélla efectuó las referidas disminuciones salariales, cuestión que pone de manifiesto que los descuentos reclamados no se traducen en una decisión autoritaria, sino que son resultado de la autorización que debió conceder a la empresa financiera, aquí tercera interesada Financiera Maestra, Sociedad Anónima de Capital Variable, SOFOM, E.N.R, por lo que se insiste, los descuentos reclamados no son actos de autoridad, sino que se trata de gestiones o diligencias realizadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social únicamente en su calidad de patrón. De ahí, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, esta última fracción aplicada contrario sensu y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo. ... No está por demás señalar que el suscrito adoptó el mismo criterio al resolver el juicio de amparo 478/2021, en el que se analizó un supuesto similar al del presente asunto, pues incluso emana de la misma separación de autos, el cual fue recurrido por la parte quejosa, tocando conocer del recurso de revisión al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, quien lo radicó con el número de amparo en revisión 6/2022, y en su momento procesal correspondiente, confirmó el sobreseimiento decretado en el mencionado expediente. En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. De igual manera, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. ... Finalmente, no escapa de la atención para quien esto provee, como quedo señalado en el presente proveído, el deceso de la aquí quejosa, lo que se corrobora con el acta de defunción número 971, de fecha trece de septiembre de dos mil veintiuno, expedida por la Dirección General del Registro Civil de Martínez de la Torre, Veracruz; sin embargo, tal circunstancia no resulta un impedimento para la actualización de la causa de improcedencia ya señalada, pues como quedo expuesto, los descuentos no representan un acto de autoridad; asimismo, tampoco se deja en estado de indefensión al beneficiario de la hoy occisa, dado que al haber sido notificado del presente asunto, se encuentra en condiciones de acudir ante los tribunales ordinarios a ejercer la acción que a su derecho estime conveniente. Notifíquese eléctricamente a la parte quejosa, personalmente a la moral tercera interesada, por lista a José Luis Ávila Sánchez, mediante oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional y a la autoridad responsable.
- Principal
(.) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA EL ACUERDO DE VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS: "(.) Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el acto que en esta vía reclama la finada quejosa Teresa Gallegos Caballero, se hace consistir en: "El acto reclamado consiste en indebidos e ilícitos descuentos y/o retenciones al pago de la pensión jubilatoria de los signantes como parte quejosa, resultando que los suscritos nos encontramos jubilados y obtuvimos una pensión por vejez a través del Instituto señalado como autoridad responsable, quien realiza los descuentos de las pensiones sin fundamento legal y para mayor lesividad contrario a normas sociales protectoras en materia de seguridad social que prohíbe expresamente el embargo o retención de la pensión, siendo un derecho fundamental irrenunciable que garantiza la subsistencia de los quejosos." Ahora, la autoridad responsable Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Veracruz Norte, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, de su lectura íntegra se desprende la existencia de los descuentos reclamados, lo que incluso se constata con las constancias que fueron remitidas a este juzgado, ya que cuentan con sello digital y cadena de caracteres generada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). ... En el caso, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: ... En principio, es necesario precisar que de la interpretación en conjunto de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo única y exclusivamente procede contra actos de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución. ... Aunado a lo anterior, cabe precisar que, el Máximo Tribunal del País ha establecido que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. ... En ese contexto, el juicio de amparo, es improcedente contra actos de particulares, o contra actos que aun siendo emitidos por una autoridad, no afectan por sí y ante sí, ni de manera unilateral crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados; de lo que se sigue, haciendo una interpretación en sentido contrario, que para analizar la procedencia del juicio, debe atenderse a la naturaleza del acto para determinar si goza de los atributos antes mencionados. Expuesta la anterior premisa legal, en el caso, la extinta quejosa Teresa Gallegos Caballero, reclama del Instituto Mexicano de Seguridad Social los descuentos y retenciones realizados al pago de su pensión jubilatoria identificados con las claves "312 Fondo de Ayuda Sindical Por Defun","322 Cred Jub-Pen" y "351 ISR Retenido", realizado a su pensión jubilatoria por créditos que no fueron otorgados por dicho instituto. Ahora, la autoridad Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Veracruz Norte, con residencia en esta ciudad, al rendir el informe justificado señaló que la parte quejosa se encuentra haciendo uso de su derecho en las cláusulas 141 bis y 142 del Contrato Colectivo del Trabajo que rige en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que solicitó créditos financieros y créditos a casa comerciales para compra de muebles. Asimismo, refiere que la impetrante de amparo el tres de enero de dos mil diecinueve, realizo trato comercial con la entidad financiera denominada Financiera Maestra, Sociedad Anónima de Capital Variable, SOFOM, E.N.R, por un crédito financiero de $296,703.58 (doscientos noventa y seis mil setecientos tres pesos con cincuenta y ocho centavos) y agrega que la ahora difunda acordó con la persona moral citada, que las amortizaciones se realizarían a través de descuentos en su pensión mensual. Además indicó que, ante ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social, únicamente se constituía como intermediario entre los prestadores de servicio o casas comerciales y la extinta jubilada Teresa Gallegos Caballero, aquí quejosa, con sustento jurídico precisamente en las cláusulas 141 bis y 142 del Contrato Colectivo del Trabajo, celebrado entre el mencionado instituto y el Sindicato de Trabajadores del Seguro Social. Por lo que, destaca la responsable, no se encontraban ante un acto de autoridad, ya que el acto que se le reclamaba al Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Veracruz Norte, se dio en un plano de coordinación, y no en uno de subordinación, por lo que correspondía a los tribunales del trabajo competentes dirimir esa controversia. En ese tenor, es claro que, en la especie, tal dependencia no actúa como autoridad para efectos del juicio de amparo, y por ello, los descuentos reclamados no son combatibles a través del juicio constitucional, sino que se está en presencia de reclamos que tienen que ver con la relación que existe entre la fallecida quejosa como ex trabajadora -jubilada al momento de la presentación de la demanda de amparo- y la señalada como responsable en su carácter del ente que se encarga del pago de la pensión jubilatoria. De modo que, el ente que fue señalado como responsable, sólo actúa en función del pago de las pensiones, y por ello se encuentra en un plano de igualdad con la parte quejosa, sin la posibilidad de actuar con imperio, al tratarse de una relación de coordinación y entrar en el ámbito del derecho laboral como lo refiere la autoridad señalada como responsable al rendir su informe justificado. Además, de las documéntelas que remitió la autoridad responsable junto con su informe justificado, se advierte que la ahora finada quejosa realizó trato comercial con la entidad financiera denominada Financiera Maestra, Sociedad Anónima de Capital Variable, SOFOM, E.N.R, acordando con ella que las amortizaciones generadas con motivo de ese crédito, se haría a través de descuentos en su pensión mensual, como se observa de los recibos que obran agregados en autos y que corresponden a los pagos de la pensión por jubilación efectuados a la fallecida quejosa. Por ello, debe decirse que el instituto no actuó en forma unilateral o por vía de consecuencia y no ejecutó actos de imperio, pues no impuso su decisión al margen de la voluntad de la quejosa, lo que excluye la unilateralidad del acto, característica primordial del acto de autoridad materia del juicio de amparo. Tampoco se advierte que el actuar de la autoridad señalada como responsable sea coercitivo, en la medida que no se utiliza la infraestructura del Estado para someter la voluntad de la pensionada a través de medios represivos o inhibitorios, para que se cumpla la decisión. Bajo tales supuestos, los descuentos realizados, no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, por más que repercutan en la pensión de la solicitante de la protección constitucional, pues carecen del atributo de unilateralidad y coercitividad; de ahí que, al no estar ante actos de autoridad para efectos del amparo, es que se actualiza la causa de improcedencia antes invocada. No se desatiende que el derecho a percibir la pensión es irrenunciable y, por tanto, imprescriptible, sin embargo, en el caso no se está ante alguno de los supuestos de renuncia o pérdida de derecho a percibir pensión, sino sólo ante el consentimiento expreso al ser la extinta quejosa, quien dio la instrucción para la realización del cobro. Sin que la causa de improcedencia analizada inmiscuya aspectos de fondo de la problemática constitucional planteada, pues no se aborda la legalidad de la instrucción dada por la parte quejosa para la realización de los descuentos cuestionados; aspecto que además no es controvertido por la peticionaria del amparo. En efecto, al tratarse de actos realizados por sujetos situados en un plano de coordinación dado que deriva de un acuerdo de voluntades, es una circunstancia que no puede remediarse a través del juicio de amparo, pues aun cuando el descuento pueda calificarse de unilateral, arbitrario o ilegal, no constituye un acto de autoridad, al estar ausente el elemento fundamental que caracteriza a éstos y que sitúa al afectado en un plano de subordinación. Sin que dicho razonamiento implique dejar en estado de indefensión a la fallecida quejosa, porque tiene a su alcance los tribunales del orden común en la vía correspondiente, laboral, civil o mercantil, dependiendo de la naturaleza del contrato de origen, a fin de poder solucionar la cuestión relativa al descuento en su pensión jubilatoria. Es decir, está en condiciones de acudir a los tribunales del orden común para dirimir el conflicto relativo al descuento, en donde podrá solicitar a la empresa con quien contrajo el crédito o la deuda, reestructurar o renegociar los pagos, lo cual podrá hacerlo a través de un convenio o reclamar la nulidad del contrato de crédito que estipula un porcentaje o descuento al salario; y una vez resuelto por el Tribunal común del Estado, en su caso, atacarlo a través del juicio de amparo respectivo. ... Además, si se tiene en cuenta que los multicitados descuentos no revisten el carácter de una determinación adoptada por sí y ante sí, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, que llevara a cabo unilateralmente, sin la participación de la voluntad de la afectada, sino, como se anticipó, es derivado de una obligación que ésta misma asumió frente a una tercera, a nombre y por el cual aquélla efectuó las referidas disminuciones salariales, cuestión que pone de manifiesto que los descuentos reclamados no se traducen en una decisión autoritaria, sino que son resultado de la autorización que debió conceder a la empresa financiera, aquí tercera interesada Financiera Maestra, Sociedad Anónima de Capital Variable, SOFOM, E.N.R, por lo que se insiste, los descuentos reclamados no son actos de autoridad, sino que se trata de gestiones o diligencias realizadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social únicamente en su calidad de patrón. De ahí, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, esta última fracción aplicada contrario sensu y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo. ... No está por demás señalar que el suscrito adoptó el mismo criterio al resolver el juicio de amparo 478/2021, en el que se analizó un supuesto similar al del presente asunto, pues incluso emana de la misma separación de autos, el cual fue recurrido por la parte quejosa, tocando conocer del recurso de revisión al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, quien lo radicó con el número de amparo en revisión 6/2022, y en su momento procesal correspondiente, confirmó el sobreseimiento decretado en el mencionado expediente. En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. De igual manera, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. ... Finalmente, no escapa de la atención para quien esto provee, como quedo señalado en el presente proveído, el deceso de la aquí quejosa, lo que se corrobora con el acta de defunción número 971, de fecha trece de septiembre de dos mil veintiuno, expedida por la Dirección General del Registro Civil de Martínez de la Torre, Veracruz; sin embargo, tal circunstancia no resulta un impedimento para la actualización de la causa de improcedencia ya señalada, pues como quedo expuesto, los descuentos no representan un acto de autoridad; asimismo, tampoco se deja en estado de indefensión al beneficiario de la hoy occisa, dado que al haber sido notificado del presente asunto, se encuentra en condiciones de acudir ante los tribunales ordinarios a ejercer la acción que a su derecho estime conveniente..."
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que aún no obra agregada en autos, ni en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la constancia de notificación del oficio 24971/2021 librado en auto de diecinueve de noviembre del año pasado, a través del cual, se hace del conocimiento de la autoridad responsable Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Veracruz Norte, con residencia en esta ciudad, el cambio de titular de este Juzgado. Por tanto, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que se difiere y, en su lugar, se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma. En mérito de lo anterior, se ordena reexpedir el oficio 24971/2021... Notifíquese por lista de acuerdos a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable.
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