Teresa Francisca Castillo Pérez
Expediente 1584/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1584/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/11/2017
Partes del expediente
- Teresa Francisca Castillo Pérez
Actuaciones
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- Principal
VII.- Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, contra el auto dictado el treinta de octubre de dos mil diecisiete (fojas 24 a 27), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia acorde con su artículo 2°, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el juicio de amparo (Punto Vigésimo Primero, inciso I), en relación con el diverso Segundo, inciso XXI). 2. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.
- Principal
VII.- Vista la razón de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad del actuario judicial adscrito a este juzgado de distrito para notificar personalmente a la quejosa Teresa Francisca Castillo Pérez, el proveído de treinta de octubre actual, por las manifestaciones ahí vertidas. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, glósese a los autos la que se provee para que surta los efectos legales procedentes y, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la quejosa el contenido de la presente determinación, la de treinta de octubre del año en curso y las subsecuentes notificaciones, aun las que tengan el carácter de personales por medio de lista que se fije en este órgano judicial; sin perjuicio de que con posterioridad designe un domicilio en esta ciudad, donde oír y recibir notificaciones de índole personal. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa el presente auto y el diverso de treinta de octubre de dos mil diecisiete. ACUERDO DE TREINTA DE OCTUBRE QUE DICE:Por recibido el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Toluca, Estado de México, mediante el cual rinde informe justificado y remite las constancias con las que pretende acreditar la legalidad de sus actos. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes y para que manifiesten lo que a su interés convenga, agréguese a fin de que surta los efectos legales procedentes. De igual forma, de conformidad en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales que remite la autoridad oficiante, dada su propia y especial naturaleza. Ahora, en el presente juicio la quejosa Teresa Francisca Castillo Pérez, reclama la abstención de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Toluca, Estado de México, de acordar la promoción ingresada en la oficialía de partes de dicha autoridad el trece de junio de dos mil dieciséis, dirigida al expediente 1242/2015 de su índice estadístico; sin embargo de las constancias remitidas por la responsable como complemento a su informe justiciado, se advierte que el treinta de mayo de dos mil diecisiete, la junta responsable emitió un acuerdo en el que se pronunció respecto de la promoción referida anteriormente, pues dio contestación a la misma. A las constancias remitidas por la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Toluca, Estado de México, se les otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del ordinal 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°. Así las cosas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El dispositivo legal en comento dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Ahora, en términos de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce del derecho violado, se restablecerán las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. El quejoso en su demanda de amparo aduce que la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Toluca, Estado de México, no ha dado contestación a la promoción de trece de junio de dos mil dieciséis, mediante la cual dio cumplimiento a lo solicitado por la Junta responsable, esto es, el último domicilio del finado Carlos Lorenzo García y el domicilio de la empresa Ramón Pages, Sociedad Anónima de Capital Variable, así como se fijara fecha para celebrar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución; sin embargo, como complemento a su informe justificado la Presidenta de la Junta Responsable remitió copias certificadas de diversas constancias relativas al expediente laboral 1242/2015 de su índice estadístico, de las cuales se advierte que el treinta de mayo del presente año, emitió pronunciamiento respecto de dicha solicitud. Lo antes narrado evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Toluca, Estado de México, emitió pronunciamiento respecto de la petición presentada por la quejosa Teresa Francisca Castillo Pérez, por conducto de su apoderado legal Alfonso Daniel López Márquez, pues mediante proveído de treinta de mayo anterior, atendió el escrito de mérito, pues señaló hora y día para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, ordenó notificar a las partes y en atención a la información proporcionada por la quejosa giró exhorto a fin de que se provea respecto de la convocatoria de beneficiarios en el lugar visible de la empresa Ramón Pages, Sociedad Anónima de Capital Variable; por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues la omisión reclamada a la fecha ha cesado. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto negativo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho consagrado en nuestra ley fundamental y, por ende, se pronunciara respecto de la solicitud formulada por la parte quejosa, de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia a la solicitante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, con número de registro 168189, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 605 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Materia Común, Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." De la misma manera, sirve de apoyo la jurisprudencia 103 con número de registro 917637, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 81 del Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia 415 con número de registro 917949, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 356 del Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Novena Época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." También la tesis aislada P. CL/97, con número de registro 197367, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Materia Común, Novena Época, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En ese sentido, al configurarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, con número de registro 184572, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno y comuníquese a las partes que la audiencia constitucional prevista para las nueve horas con veinticinco minutos del treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente.
- Principal
IV.- Visto el oficio de cuenta mediante el cual el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, en cumplimiento al requerimiento de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete (foja 217), hace del conocimiento a este Juzgado de Distrito que los planos que ha remitido son absolutamente los únicos con los que cuenta, por lo que se encuentra material y jurídicamente imposibilitado para remitir los planos parcelarios correspondientes a los "Bienes Comunales del Poblado de San Lorenzo Toxico, Municipio de Ixtlahuaca, México", que fuera objeto del juicio agrario 524/2015 del índice estadístico del Tribunal Agrario del Distrito Veinticuatro, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos el comunicado de cuenta para que surta los efectos legales a que haya lugar. En atención a lo anterior, requiérase al citado experto Felipe de Jesús Rojas González, por conducto del Subdirector del Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para que rinda el dictamen correspondiente con las constancias con las que cuenta dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del presente proveído, y una vez hecho lo anterior, cuentan con tres días más para ratificarlo. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá se le impondrá una medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.
- Principal
VIII.- La certificación de cuenta se desprende que la audiencia constitucional se encuentra señalada para celebrarse hoy a las once horas con quince minutos, tal y como quedó ordenado en auto de veintinueve de septiembre de la presente anualidad (fojas 273 a 276); sin embargo, en proveído de nueve de octubre último (fojas 283 a 288), se concedió un plazo de veinte días a la parte quejosa para que se presente en el local que ocupa este órgano jurisdiccional a recoger los edictos ordenados, acredite haberlos entregado para su publicación y exhiba el pago que ampare lo anterior; sin que de autos se advierta que dicho plazo haya fenecido. Asimismo, en el auto en comento se ordenó emplazar a la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación adscrita al Departamento de Investigación del Delito, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, sin que obre en autos la constancia correspondiente, por tanto, no media el plazo de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, por el que se debe dar vista a las partes con constancias remitidas por las autoridades responsables, al rendir el informe justificado correspondiente. En consecuencia, a fin de que se cumplimente lo anterior, y así no transgredir las reglas rectoras del juicio de amparo, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y para su celebración se fijan las nueve horas con cinco minutos del veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Finalmente, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su artículo 2º, agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por medio del cual remite copias certificadas del diverso juicio de amparo, 693/2017-II, de su índice, lo anterior para los efectos legales correspondientes.
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