Teresa Flores Flores
Expediente 1186/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1186/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Teresa Flores Flores
- Juana Flores Flores
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de diecisiete de enero de dos mil diecinueve: Causa estado auto de desechamiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 27 a 33), en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Juana Flores Flores y Teresa Flores Flores; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido.
- Principal
Causa estado auto de desechamiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 27 a 33), en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Juana Flores Flores y Teresa Flores Flores; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Relevancia documental. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Devolución de documentos. Asimismo, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documentos aportados por las quejosas; con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiéraseles para que dentro del término de noventa días comparezcan a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, los referidos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho: Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho. Se recibe demanda y se ordena registro. Vista la demanda de amparo que promueven Juana Flores Flores y Teresa Flores Flores, contra actos del Juez del Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1186/2018-VII. Desechamiento. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que por indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis 2ª. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro: 186605, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Asimismo, al analizar la expresión manifiesta e indudable, se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J.128/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, Octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro: 188643, de rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." En el caso, en relación con el acto reclamado, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo -aplicados a contrario sensu-, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)" El primero de los artículos transcritos, establece que la improcedencia del juicio de amparo puede sustentarse en alguna disposición legal diversa de las previstas casuísticamente en éste. Por su parte, el segundo artículo, en la fracción transcrita, dispone que el amparo indirecto contra actos dentro del juicio procede limitativamente respecto de aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución o en los Tratados Internacionales suscritos por nuestro país. Lo anterior, implica que una violación procesal que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, así pueda calificarse como exorbitante, no puede ser sujeta al análisis inmediato a través del juicio de amparo indirecto, ya que no produce una afectación material a derechos sustantivos. Como se ve, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que los actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente, revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva; derechos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus consecuencias pueden consumarse en forma efectiva. Ahora bien, debido a que el acto reclamado emana de un juicio sucesorio, resulta pertinente destacar los artículos 1167 a 1172 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, los cuales prevén la tramitación de esos procedimientos, mismos que disponen: "Artículo 1167.- En todo juicio hereditario se formarán cuatro secciones, compuestas de los cuadernos necesarios. Artículo 1168.- La primera sección se llamará "de sucesión", y contendrá, en sus respectivos casos: I.- El testamento o el testimonio de su protocolización; II.- La denuncia del intestado; III.- Las citaciones de los herederos y la convocación de los que se crean con derecho a la herencia; IV.- Las actas de las juntas relativas a nombramiento y remoción de albaceas, declaración de herederos, albaceas o interventores, y el reconocimiento de derechos hereditarios; V.- Los incidentes que se promuevan sobre nombramiento de tutores; VI.- Testimonio de las sentencias que se pronuncien sobre validez del testamento, capacidad legal para heredar, preferencia de derechos y calidad de herederos. Artículo 1169.- La segunda sección se llamará "de inventarios", y contendrá, en sus casos: I.- La solicitud en que se pida la licencia para formación de inventarios, si no estuviere ya concedida, o el escrito acompañando éstos; II.- Los inventarios provisionales y los definitivos; III.- Los avalúos; IV.- Los incidentes y las resoluciones relativas a los mismos; V.- El auto aprobatorio del inventario y avalúo. Artículo 1170.- La tercera sección se llamará "de administración", y contendrá: I.- Todo lo relativo a la administración, tanto de los interventores, como de los albaceas; II.- Las cuentas, su glosa y calificación; III.- Los comprobantes de pago de las contribuciones y cargas hereditarias que se causen; IV.- La resolución o resoluciones que aprueben las cuentas. Artículo 1171.- La cuarta sección se llamará "de partición", y contendrá: I.- El proyecto de partición; II.- Los incidentes que sobre él se promuevan; III.- Los arreglos relativos; IV.- Las sentencias; V.- La aplicación de los bienes. Artículo 1172.- Si durante la tramitación de un intestado, apareciere un testamento o se comprobare la existencia de un juicio testamentario, se dejará sin efecto aquél, para tramitarse sólo la testamentaría." Conforme con los artículos transcritos, el juicio sucesorio es de naturaleza especial y está constituido por cuatro etapas, por lo cual, el amparo indirecto procede limitativamente contra la resolución conclusiva de cada una de las tres primeras fases, al generar efectos de imposible reparación por su emisión, momento en que podrán reclamarse también las violaciones procesales relacionadas con cada una de dichas etapas. Asimismo, del capítulo III, Título X, Libro Segundo, del citado código procesal se desprenden "reglas especiales para el juicio intestado". De los artículos 1198, 1199 y 1200 del mencionado ordenamiento legal se advierte que, una vez radicado un juicio sucesorio intestamentario, el juez del conocimiento deberá citar a una primera junta, la cual estará sujeta a las reglas siguientes: a) A dicha junta se citará a los presuntos herederos que aparecieren de la denuncia o a sus representantes legítimos, así como también al Ministerio Público. b) Si los presuntos herederos residen en el lugar del juicio, la junta se verificará dentro de los ocho días que sigan a la fecha del auto; si residen fuera, el Juez señalará un término prudente, atendidas las distancias. c) Si en dicha junta, acreditaren debidamente los presuntos herederos su derecho hereditario, el Juez los declarará herederos en la forma y porciones a que tuvieren derecho, y se procederá al nombramiento de un albacea provisional, conforme a los artículos 2969 a 2976 del Código Civil, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 1208. Ahora, con independencia de lo anterior, de los artículos 1202 al 1207 del código adjetivo en cita, resulta la obligación del juez de la causa de citar a una segunda junta, en la cual resolverá en definitiva acerca: a) De la declaración de herederos; y, b) La elección o nombramiento de albacea definitivo. En el caso concreto, del análisis integral a la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La resolución de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, dictada dentro de la sección primera "de sucesión", deducida del expediente 535/2012, relativo al juicio intestamentario a bienes de Lucino Flores Mocencahua y/o Lucino Flores Mosencahua y/o Lucino Flores Mosencahuatzi y/o Lucino Flores Montzecanhuantzi y/o Lucino Flores Motzencahuantzi y/o Lucino Flores Mozencahuantzi, denunciada por Ma. Isabel Flores Rodríguez y/o María Isabel Flores Rodríguez y/o Isabel Flores Rodríguez y/o Isabel Flores de Flores y/o Ma. Isabel Flores de Flores y/o María Isabel Flores de Flores y/o Isabel Flores Galicia en su carácter de cónyuge supérstite, en la cual se resolvió la primera junta de herederos, designando como albacea provisional a Rufino Flores Flores y/o Miguel Flores Flores. Ahora bien, de la narración de los antecedentes, las impetrantes del amparo narraron, bajo protesta de decir verdad, que el acto reclamado fue dictado en la primera sección, llamada "de sucesión". En ese sentido, se concluye que el acto aquí reclamado no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino únicamente derechos adjetivos que pueden ser reparados al dictarse resolución definitiva en la sección primera del juicio sucesorio intestamentario 535/2012. Lo anterior es así, porque el hecho de que se haya designado a Rufino Flores Flores y/o Miguel Flores Flores como albacea provisional en la "primera sección" en el aludido sucesorio, no es impugnable en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo, es decir, contra la resolución que ponga fin a la sección correspondiente, ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución correspondiente; por lo que resulta inconcuso que no se viola algún derecho sustantivo de las promoventes del amparo, sino únicamente genera una violación procesal, y en todo caso podrán alegar la contravención a las leyes que regulan el procedimiento sucesorio de que se duelen cuando recurran la resolución conclusiva de la etapa respectiva. Tampoco pasa inadvertido que en el acto reclamado por la parte quejosa se reconocieron los derechos hereditarios de diversas personas, entre ellas las aquí quejosas; y que dichas impetrantes se quejan, además de la designación del albacea provisional, de que el juez responsable omitió reconocer los derechos hereditarios de Isabel Flores Rodríguez, en su calidad de cónyuge supérstite (quien falleció durante la tramitación del juicio sucesorio de donde emana el acto reclamado). Sin embargo, la decisión de tales cuestiones por parte de la autoridad responsable, es decir, la declaración de herederos y el nombramiento de albacea, son de naturaleza provisional, ya que ambos tópicos serán resueltos en definitiva cuando se lleve a cabo la segunda junta que prevén los artículos 1202 al 1207 del Código de Procedimientos Civiles de esta entidad federativa; de tal suerte que las violaciones procesales de que se duelen las quejosas podrán ser reclamadas cuando impugnen, en su caso, la resolución definitiva con que concluya la primera sección denominada "de sucesión". De ahí que, se considera, no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional, establecido en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis I.3º.C.439 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1546, Tomo XIX, Enero de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro: 182385, que establece: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo." De igual manera, resulta aplicable la jurisprudencia VI.3o. J/20, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 789, Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro: 194833, de rubro y texto siguiente: "SUCESIONES, VIOLACIONES PROCESALES. Como en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución especial correspondiente, las infracciones de tipo procesal cometidas durante el trámite de la sección de reconocimiento o de declaración de herederos, que no impidan la continuación del procedimiento respectivo, son impugnables por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin a dicha sección, toda vez que de atacarse de manera inmediata, sin esperar al dictado de aquélla, el amparo indirecto resultaría improcedente, atento a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, a contrario sensu." En consecuencia, por las razones expuestas, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA origen del presente juicio. Domicilio para oír y recibir notificaciones, y autorizados. Por otro lado, en términos del artículo 12 de la ley de la materia se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala para tales efectos, teniéndose como autorizada en términos amplios a Grisel Rodríguez Netzahual, toda vez que cuenta con Cédula Profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitan días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Supresión de datos Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la inclusión de sus datos personales en la publicación de las actuaciones y resolución que se emitan en este asunto. Lo anterior, sin perjuicio que conforme al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, modificado el doce de diciembre de dos mil siete, aun cuando no ejerzan la oposición de que se trate, en la versión pública de la resolución que se dicte, no se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la referida supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Luis Enrique Osogobio Barón, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
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