Teresa Fierro Mendoza

Expediente 723/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
723/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • Teresa Fierro Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Acepta competencia. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio proveniente del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, mediante el cual informa que aceptó la competencia declinada a su favor y se avocó al conocimiento del juicio de amparo promovido por la quejosa ********************, mismo que registró bajo el número 1841/2022-4, de su índice; lo anterior para los efectos legales correspondientes. Archivo. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Certificación. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración. El Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal sin número publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en el artículo 20 establece que son susceptibles de destrucción los cuadernos de antecedentes, expedientes varios, comunicaciones oficiales (exhortos, despachos, requisitorias); y duplicados, siempre que se cuente con el original que tengan más de seis meses de haberse concluido. Juicio de amparo. Ahora, en cumplimento al artículo 20, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno de antecedentes relativo a este juicio es susceptible de destrucción, por haberse declarado la incompetencia legal para conocer la demanda de amparo. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al punto Vigésimo Quinto del mencionado acuerdo general. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de octubre de dos mil veintidós. Radicación. Visto el oficio y anexos de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 723/2022-IV. Recepción oficio. Téngase por recibido el oficio 01-1-3-41371/22, proveniente de la Primera Sala Regional Noroeste I, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, al que adjunta: -Original de la demanda de amparo dirigida al Juez de Distrito en turno, en la ciudad de Mexicali, promovida por Teresa Fierro Mendoza. Prevención. En atención al contenido del escrito de demanda, resulta pertinente destacar que es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla en su integridad y si en la misma existiere alguna irregularidad o deficiencia, se mandará prevenir a quien promueve para que cumpla con los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, para que pueda subsanarlas en tiempo. Así, previamente a acordar lo relativo a su admisión o desechamiento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción III, 110 y 114, fracción II, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días hábiles legalmente computado, realice lo siguiente: Aclare ante que órgano jurisdiccional pretende promover su demanda, ya que la misma se encuentra dirigida ante Juez de Distrito en turno, en la ciudad de Mexicali; sin embargo, la Primera Sala Regional Noroeste I, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, mediante oficio la remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad. Indique si es su deseo señalar como autoridad responsable Primera Sala Regional Noroeste I, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, ya que del capítulo de antecedentes de los actos reclamados se advierte que dicha autoridad dictó las sentencias cuya omisión de acatar reclama a las señaladas por las responsables; además, es que a dicha sala es la que le corresponde velar por el cumplimiento de las mismas. Lo anterior, para que esta autoridad judicial, en caso de ser procedente, esté en aptitud jurídica de fijar la litis en el juicio; asimismo las autoridades señaladas como responsables puedan informar si son ciertos o no los actos que particularmente se les reclamen. Sustenta a lo anterior, la tesis I.4o.C. 26 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, febrero de 1992, página 63, con número de registro 220365, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna". Los requerimientos señalados deberán ser aclarados directamente por el promovente, por ser un acto personalísimo y que sólo a él le corresponde. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1.a./J. 50/2014 de la 10ª Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 210, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice lo siguiente "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." En el entendido que, conforme al artículo 261 de la Ley de Amparo, las personas que afirmen hechos falsos ante la autoridad judicial incurren en la comisión de un delito. Copias de traslado. Asimismo, deberá exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes de este juicio, ya que al igual que el escrito inicial de demanda, es un requisito que se debe cumplir en términos de lo dispuesto por los numerales 110 y 114 de la ley de la materia. Apercibimiento. Se apercibe a la quejosa que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos efectuados, será remitida al Juez de Distrito en turno, en la ciudad de Mexicali, para que provea lo que en derecho corresponda; en caso de no cumplir con el segundo punto de la prevención se admitirá la demanda en los términos inicialmente planteados. Señalamiento de autorizado. De tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo en consulta a Nansi Idania Rasgado Aguilar, dado que sí cuenta con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, así como de las constancias glosadas en autos; asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a Iris Aguilasocho Montoya, Sinar Castillo Rasgado, Guadalupe Soberanez Aguilasocho, por así haberlo solicitado expresamente. Domicilio. De la demanda se advierte que la parte quejosa señaló como domicilio el ubicado en calle Cinco de Mayo, número 285, colonia Carbajal, código postal 21370, en Mexicali, Baja California. Así entonces, toda vez que dicho domicilio se encuentran fuera del lugar de residencia de este juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 158, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, en turno, con sede en Mexicali, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda, para que notifique la presente determinación y requiera a la parte quejosa en los términos precisados. Asimismo, deberá requerirle para que en el acto de la notificación, o bien, dentro del término de tres días hábiles legalmente computado, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida que de no hacerlo así, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, las notificaciones subsecuentes, incluyendo las de carácter personal, se efectuarán por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto señale domicilio en esta localidad, en términos del precepto 26, fracción III de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, a prudente arbitrio de este juzgado, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones. Notifíquese vía exhorto a la parte quejosa.

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