Teresa Díaz Cerón

Expediente 182/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 18 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
182/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
21/08/2023

Partes del expediente

  • Teresa Díaz Cerón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 182/202, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio y anexo de cuenta signado por la Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele cumpliendo el requerimiento efectuado mediante proveído de dieciséis de agosto del año en curso, que la quejosa ******************** ha comparecido dentro de los autos del proceso penal ******************** instruido en su contra. Ahora, visto el estado de autos se advierte que en proveído de dieciséis de agosto del año en curso, causó ejecutoria la sentencia dictada en autos, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, ordenándose el archivo del presente asunto como totalmente concluido; y se reservó acordar lo conducente respecto del presente expediente y de los cuadernos incidentales derivados del mismo, en relación a lo previsto en el artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, hasta en tanto el Juez responsable informara lo relativo a la obligación de la aquí quejosa de comparecer en el proceso penal 190/2022, lo cual ya aconteció. En esas condiciones, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data dieciséis de marzo de dos mil veintitrés (fojas 29 a 33 del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, toda vez que del incidente de suspensión relativo a este asunto se advierte que la quejosa ******************** exhibió el billete de depósito ********************a fin de que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva, y la citada peticionaria de amparo dio cumplimiento con los requisitos impuestos en el auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés, esto es: a) Exhibió el billete de depósito ********************por la cantidad de ******************** mismo que sirvió para garantizar que no se sustrajeran de la acción de la justicia (fojas 10 a 16). Ahora, respecto del segundo de los requisitos impuestos en la referida suspensión definitiva, relativo a la obligación de la quejosa de comparecer ante la autoridad responsable que, en su caso, lo reclamara, y en atención a que la Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, informó mediante oficio de cuenta 846/2023-C que la aquí quejosa ha comparecido dentro de los autos del proceso penal ******************** instruido en su contra. En consecuencia, requiérasele a efecto de que comparezcan al local de este Juzgado Federal, a fin de que le sea devuelto el citado billete de depósito; lo cual deberán hacer dentro del plazo de dos años, contados a partir de la legal notificación del presente proveído. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el citado plazo de dos años, contados a partir de la notificación del presente proveído, se declarara prescrito el billete y se hará efectivo a favor de la Tesorería de la Federación, con fundamento en los artículos 50 y 51 de la Ley de Tesorería. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio y anexo de cuenta signado por la Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele cumpliendo el requerimiento efectuado mediante proveído de dieciséis de agosto del año en curso, que la quejosa ******************** ha comparecido dentro de los autos del proceso penal ******************** instruido en su contra. Ahora, visto el estado de autos se advierte que en proveído de dieciséis de agosto del año en curso, causó ejecutoria la sentencia dictada en autos, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, ordenándose el archivo del presente asunto como totalmente concluido; y se reservó acordar lo conducente respecto del presente expediente y de los cuadernos incidentales derivados del mismo, en relación a lo previsto en el artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, hasta en tanto el Juez responsable informara lo relativo a la obligación de la aquí quejosa de comparecer en el proceso penal 190/2022, lo cual ya aconteció. En esas condiciones, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data dieciséis de marzo de dos mil veintitrés (fojas 29 a 33 del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, toda vez que del incidente de suspensión relativo a este asunto se advierte que la quejosa ******************** exhibió el billete de depósito ********************a fin de que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva, y la citada peticionaria de amparo dio cumplimiento con los requisitos impuestos en el auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés, esto es: a) Exhibió el billete de depósito ********************por la cantidad de ******************** mismo que sirvió para garantizar que no se sustrajeran de la acción de la justicia (fojas 10 a 16). Ahora, respecto del segundo de los requisitos impuestos en la referida suspensión definitiva, relativo a la obligación de la quejosa de comparecer ante la autoridad responsable que, en su caso, lo reclamara, y en atención a que la Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, informó mediante oficio de cuenta 846/2023-C que la aquí quejosa ha comparecido dentro de los autos del proceso penal ******************** instruido en su contra. En consecuencia, requiérasele a efecto de que comparezcan al local de este Juzgado Federal, a fin de que le sea devuelto el citado billete de depósito; lo cual deberán hacer dentro del plazo de dos años, contados a partir de la legal notificación del presente proveído. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el citado plazo de dos años, contados a partir de la notificación del presente proveído, se declarara prescrito el billete y se hará efectivo a favor de la Tesorería de la Federación, con fundamento en los artículos 50 y 51 de la Ley de Tesorería. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Ahora toda vez que del incidente de suspensión se advierte que mediante resolución incidental de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, se concedió la suspensión definitiva y se solicitaron las siguientes medidas de efectividad y seguridad: ". a) La suspensión concedida surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el quejoso no otorga garantía dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo a disposición de este Juzgado de Distrito por la cantidad de $3,112.00 (tres mil ciento doce pesos 00/100 Moneda Nacional) en cualquiera de las formas establecidas por la ley, la que se fija discrecionalmente atendiendo a que se desconoce la situación económica real de la parte quejosa. b) Asimismo, para que siga surtiendo efectos la medida cautelar aquí decretada, además de la garantía antes señalada, en términos de lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley de Amparo vigente, se impone la obligación a la parte quejosa de comparecer ante el Juez de Control adscrito a la Sala "D" de Proceso y Procedimiento Penal Oral en Veracruz, Veracruz, tantas y cuantas veces este lo requiera; en el entendido que en caso de no hacerlo así, dejará de surtir efectos la suspensión concedida, quedando expeditas las facultades de las autoridades responsables para ejecutar el acto reclamado y se hará efectiva la garantía que haya otorgado la parte quejosa a favor del erario federal." En atención al primer requisito la parte quejosa, exhibió el billete de depósito N950948, por la cantidad de $3,112.00 (tres mil ciento doce pesos con 00/100 moneda nacional); sin embargo respecto al segundo de los requisitos exigido no obra constancia de que se diera cumplimiento con lo requerido. En términos del artículo 166, fracción II de la Ley de Amparo, se estima procedente requerir al Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral Sala "D" del XVII Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, informe si la aquí quejosa compareció ante él, a efecto de dar cumplimiento a uno de los requisitos impuestos al otorgar la suspensión definitiva, debiendo remitir copia certificada de las constancias relativas, apercibido que de no cumplir en tiempo y forma con lo requerido, se le impondrá multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con el artículo 260, fracción I de la Ley de Amparo. En esas condiciones, se reserva de proveer lo conducente, respecto del presente expediente y del cuaderno incidental derivados del mismo, en relación a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, relativo a la transferencia, digitalización, conservación y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, hasta en tanto el Juez responsable informe lo conducente. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 182/2023 promovido por Teresa Díaz Cerón. RESULTANDO PRIMERO. Demanda y turno. Por escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad el seis de marzo de dos mil veintitrés y turnado el siete de marzo siguiente a este órgano jurisdiccional, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 3-11). SEGUNDO. Trámite. Por auto de ocho de marzo siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; dar la intervención que compete al fiscal de la Federación adscrito; requerir a la autoridad responsable su informe justificado y, emplazar al presente juicio a la tercera interesada (fojas 12-17). Se agregó en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 30) y, se emplazó personalmente a la tercera interesada (foja 75 frente y vuelta). Integrado el asunto, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 96-97) la cual se llevó a cabo en el horario y día señalados Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por la vía, pues se reclama el auto de vinculación a proceso emitido en un proceso penal, susceptible de afectar el derecho fundamental de libertad personal de la quejosa, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, pues el acto reclamado tiene ejecución material en la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que consiste en: El auto de vinculación de catorce de febrero de dos mil veintitrés, dictado contra la quejosa en el proceso penal 190/2022 por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, en Veracruz, Veracruz, por su participación probable en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de lesiones dolosas, en agravio de Indra Luz Uscanga Santiago (Determinación que fue notificada personalmente a la quejosa el mismo día de su emisión, según se observa del registro audiovisual respectivo -foja 70-). Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto atribuido al Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, en Veracruz, Veracruz, en razón que al rendir su informe justificado reconoció la existencia de la resolución reclamada (foja 30). Lo que se corrobora, en razón que dicha autoridad remitió el registro audiovisual compulsado en un disco DVD que contiene la aludida determinación (foja 70) medio de prueba que en términos de los artículos 129, 188, 197, 202, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, cuenta con pleno valor probatorio, por tratarse de un audiovisual en formato DVD, considerado descubrimiento de la ciencia. Lo anterior acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente y, con apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, no se advierte motivo de improcedencia del juicio ni las partes señalan que se actualice alguno; por tanto, se pasa al estudio de los conceptos de violación, los que se omite reproducir al ser innecesario hacerlo y no exigirlo precepto legal alguno. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Regularidad constitucional del acto reclamado. En la especie, se califican de infundados los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa. Lo que impone negar la protección constitucional solicitada, por las razones que a continuación se darán. PREMISAS NORMATIVAS A título de premisas que servirán para dar solución al problema jurídico planteado, se esboza lo siguiente. En primer lugar, debe decirse que el auto de vinculación a proceso se encuentra regulado en el artículo 19 de la Constitución Federal, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho. Dicho dispositivo establece lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal. Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades." De la lectura del aludido dispositivo se revela que la reforma constitucional da cuenta de la desaparición del auto de formal prisión, para dar paso al citado auto de vinculación a proceso, el cual implica un cambio estructural en el estándar probatorio para su dictado. De la interpretación del primer párrafo del artículo 19, en relación con los diversos 16, tercer párrafo y 20, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho, es dable considerar que el Constituyente reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal. Lo anterior, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Luego, sobre las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por el Ministerio Público y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de garantía a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio (publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación -artículo 20 Constitucional-). Así, partiendo de la base de que en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y, que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es así que en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues conforme a la fracción III del inciso A del artículo 20 constitucional (reformado) para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. Circunstancia diversa a la que acontece en el sistema mixto-tradicional o predominantemente inquisitorio, puesto que en la investigación realizada por el Ministerio Público en la etapa de averiguación previa, se exigen elementos de convicción que sean suficientes para que, desde esa etapa procesal se acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal del inculpado, razón por la cual tales medios de prueba, de reunir todos los requisitos legales, desde ese momento tendrán valor demostrativo de los hechos que se pretenden acreditar; esto es, en este sistema se actualiza el principio de permanencia de la prueba, pues el valor probatorio que se adquiere en esta etapa, perdura por todo el proceso. Sobre ese nuevo marco constitucional, se puede concluir que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, dentro del sistema penal acusatorio, el Juez de Control únicamente debe analizar y resolver con base en los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso haga referencia el Ministerio Público, o bien, con los que se desahoguen en esa audiencia. Además, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) que se lee: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." (El subrayado se realiza en esta sentencia) Asimismo, a efecto de identificar los requisitos que se deben verificar en el dictado del auto de vinculación a proceso, resulta pertinente transcribir el contenido del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Aunado a lo anterior, debe agregarse que, como todo acto de autoridad, el auto de vinculación a proceso además de ajustarse a las premisas legales anteriores, también debe cumplir con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. De tales preceptos se desprende que para el dictado de un auto de esa naturaleza deben cumplirse tanto requisitos de forma como de fondo y, que se enumeran así: a). Requisitos de forma: 1. Emitido por escrito y por autoridad judicial competente. 2. Dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el imputado sea puesto a disposición de la autoridad judicial (plazo que se puede duplicar a petición de éste o su defensor). 3. Se haya formulado imputación. 4. El imputado haya rendido su declaración o haya manifestado su deseo de no declarar. 5. Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. 6. Expresar el hecho delictuoso que se imputa; las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. b). Requisitos de fondo: 1. En los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos razonables que establezcan la comisión de un hecho que la ley señale como delito. 2. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Las anteriores consideraciones encuentran respaldo, por identidad jurídica sustancial, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 que se lee: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." Es así que se llega a la conclusión que para dictar un auto de vinculación a proceso, como ya se dijo, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, pues lo relevante para su dictado, es la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación, puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. De ahí que el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad) sino que se debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Hasta aquí las anteriores premisas. ANTECEDENTES Para apreciar con claridad la resolución reclamada, se relatan los siguientes antecedentes de la misma, obtenidos de las documentales y del registro audiovisual en formato DVD enviados por la autoridad responsable, a saber: 1). A las 09:43:10 del catorce de febrero de dos mil veintitrés, el juez de control declaró el comienzo de la audiencia inicial y solicitó a los partes su individualización, quienes intervinieron en el siguiente orden: las fiscales del Ministerio Público Olán García Elías y Mariel Chiunti Guzmán; la víctima Indra Luz Uscanga Santiago; el asesor jurídico de la víctima, Alberto de Jesús Flores Martínez; la investigada Teresa Díaz Cerón; asimismo, el juez de control verificó que conociera sus derechos constitucionales; el defensor particular que ésta nombró, licenciado Carlos Alfonso Carrillo Abaunza, quien luego de su designación, aceptó y protestó el cargo conferido, previamente de haber exhibido su cédula profesional con folio 7735590, expedida por la Secretaría de Educación Pública, que lo acredita como licenciado en derecho, de la cual se registró su imagen; individualización y designación de defensor que concluyó a las 09:51. 2). A las 09:51:45, luego de que el juez concedió el uso de la voz a la fiscalía, ésta formuló imputación contra la investigada, donde citó los hechos con los cuales, a su criterio, se respalda la misma y respecto del hecho que la ley señala como el delito de lesiones dolosas, concluyendo a las 09:55:30. 3). A las 09:55:34 el juez preguntó a la imputada si le habían quedado claros los hechos atribuidos a su persona o si necesitaba alguna aclaración o precisión, pudiendo consultar ello con su abogado; a lo que a las 09:56:25 aquélla refirió que le habían quedado claros los hechos atribuidos. 4). A las 09:56:40 el juez preguntó a la imputada si deseaba declarar, a lo que ésta manifestó que no deseaba hacerlo. 5). Así, a las 09:57:30 previo uso de la voz que le concedió el juez de control, la fiscalía inició la solicitud formal de vinculación a proceso de la imputada respecto del delito de lesiones dolosas, para lo cual citó los hechos y datos de prueba con los cuales, a su criterio, se respalda ésta; concluyendo la exposición de todo ello a las 10:04:50. 6). 10:06 el juez preguntó a la imputada en qué término deseaba se resolviera su situación jurídica; quien, luego de consultarlo con su abogado, a las 10:07:15 eligió que ésta se resolviera en ese momento. 7). Entre las 10:07:28 y las 10:16:29 en ejercicio del derecho contradicción, se llevó a cabo el debate de las partes sobre la solicitud de vinculación a proceso. 8). Cerrado el debate, a partir de las 10:16:29, el juez de control resolvió la situación jurídica de la imputada, decretando al final de su exposición AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO en su contra, respecto del delito de lesiones dolosas -Esta determinación constituye el acto reclamado en este juicio de amparo-. SUBSUNCIÓN En la especie, se acreditan a cabalidad los requisitos de forma y fondo que se exigen para el dictado del auto de vinculación a proceso que se reclama, como a continuación se verá. a) FORMA 1) Que se emita por escrito y por autoridad judicial competente. Dentro de las constancias que obran en el expediente, se advierte la copia auténtica de la resolución de catorce de febrero de dos mil veintitrés, en la que el Juez de Control responsable dictó el referido auto de vinculación a proceso (fojas 67-68). Lo que además se constata con la reproducción del disco de la videograbación de la audiencia respectiva ante la mencionada autoridad (foja 70) con lo que también se cumple lo previsto en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que si bien se prevé que los autos y las sentencias del órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente, no menos cierto es que también dispone que deberán constar por escrito, después de su emisión oral, entre otras determinaciones, la de vinculación a proceso. En relación con la competencia de la autoridad judicial responsable, se destaca que dicha responsable es competente para conocer y resolver sobre el hecho puesto de su conocimiento por parte de la representación social, conforme lo dispuesto por los artículos 116 de la Constitución Federal, 55, 56, de la constitución veracruzana, 133, fracción I, 134, 315, 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 47, fracción I, 48, fracción I, 50, 161, 186 y 187, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz; tomando en consideración que citó que los hechos motivo de esa causa, sucedieron en la localidad La Laguna, del municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, donde aquélla ejerce su jurisdicción. Con lo que se satisface dicho requisito. 2. Se dicte dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el imputado sea puesto a disposición de la autoridad judicial, plazo que se puede duplicar únicamente a petición del imputado o su defensor. Tal requisito se desprende del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder de setenta y dos horas, salvo que el imputado solicite que el plazo se prorrogue, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso. En el caso, se tiene que el catorce de febrero de dos mil veintitrés (a partir de las 09:43 horas) se desahogó una audiencia donde la imputada eligió que su situación jurídica se resolviera ese mismo día, esto es, dentro de las setenta y dos horas. Luego, en la misma audiencia inicial, el propio catorce de febrero (a partir de las 10:16:29 horas) el juez responsable determinó vincular a proceso a la imputada respecto del hecho que la ley señala como el ilícito de lesiones dolosas. Con lo anterior se aprecia que sí se cumplió con el plazo constitucional dentro del cual se dictó el auto de vinculación a proceso, puesto que luego de que la imputada se presentó en libertad ante la autoridad judicial el catorce de febrero de dos mil veintitrés, al haber sido citada, su situación jurídica se resolvió el mismo día, es decir, sin exceder el plazo de setenta y dos horas elegido por aquélla para hacerlo. 3. Se haya formulado imputación. Conforme al artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la formulación de la imputación se traduce en la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de Control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. En la reproducción del registro audiovisual (entre las 09:51:45 y las 09:55:30 del catorce de febrero de dos mil veintitrés) se desprende que en la audiencia inicial el Ministerio Público formuló imputación contra la hoy quejosa por su intervención probable en los hechos determinados por la ley como el delito de lesiones dolosas. 4. Que el imputado haya rendido su declaración o haya manifestado su deseo de no declarar. En la reproducción del registro audiovisual se desprende que en la audiencia inicial de catorce de febrero del año en curso la imputada decidió guardar silencio en ese acto. 5. Se dicte por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, con la posibilidad de que el juez les otorgue una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. Este requisito se encuentra satisfecho por virtud de que el Juez responsable, al dictar contra la ahora quejosa el auto de vinculación a proceso, por su probable intervención en la comisión de los hechos que la ley señala como el delito de lesiones dolosas, previsto y sancionado por los artículos 136 y 137, fracción II, en relación con el 21, párrafo segundo y 37, todos del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz, en agravio de Indra Luz Uscanga Santiago, lo realizó considerando únicamente los hechos expuestos por la fiscalía al momento de solicitar la vinculación a proceso. 6. Se expresen tanto el hecho delictuoso que se imputa, como las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. En el caso concreto, se advierte que el juez responsable, al momento de emitir el auto de vinculación a proceso, luego de que el Ministerio Público formuló imputación y solicitó su vinculación a proceso contra la aquí quejosa, clasificó jurídicamente los hechos en el delito de lesiones dolosas, donde además expuso con claridad las circunstancias tiempo, lugar y modo de su comisión, como se aprecia tanto de la videograbación como de su transcripción por escrito. Por todo lo anterior, se considera que se cumplieron a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos de forma exigidos para el dictado del auto de vinculación a proceso reclamado, contrario a lo sostenido por la quejosa en sus conceptos de violación, en el sentido de que no se respetaron en su perjuicio las formalidades esenciales del procedimiento, de allí que sean infundados sus motivos de disenso en ese aspecto. b) FONDO 1. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. En el caso, se aprecia que el juez de control acertadamente consideró los antecedentes de la investigación que le expuso el Ministerio Público y, con los mismos consideró que se advertían datos que establecían que se cometió el hecho que la ley señala como el delito de lesiones dolosas, previsto y sancionado por los artículos 136 y 137, fracción II, en relación con el 21, párrafo segundo y 37, todos del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz. Lo que realizó considerando los siguientes datos de prueba reseñados por la fiscalía: a). Denuncia ministerial de la víctima Indra Luz Uscanga Santiago, quien refirió que aproximadamente a las ocho horas del tres de febrero de dos mil veintidós, cuando se encontraba barriendo enfrente de su casa ubicada en calle Insurgentes, en Medellín de Bravo, Veracruz, salió la señora Teresa Díaz Cerón con un rastrillo y le empezó a echar basura enfrente, diciéndole que si se creía mucho y que la dejara pasar, momento en que dicha persona la jaló del cabello y como hay una zanja se cayó al piso, ya en el suelo dicha persona le dio puñetazo en la cara, por lo que trató de defenderse metiendo sus piernas, al tiempo que un menor de edad al parecer hijo de dicha persona la agarró del cuello y la empezó a ahorcar, que al observar los vecinos la situación, le dijeron a su agresora que la soltara, pero ésta hizo caso omiso y la mordió en un dedo de su mano derecha, lesionándola. b). Ocho placas fotográficas exhibidas por la denunciante de la lesión en su mano derecha. c). Certificado médico elaborado por el perito forense Francisco Delgado, quien hizo constar que la denunciante presentó una herida por mordida humana en la palma del dedo pulgar de su mano derecha, con pérdida traumática de la uña; concluyendo el experto que dicha lesión no pone en peligro la vida y tarda en sanar más de quince días, a reserva de su evolución. d). Entrevista de Ana Cristina Lara Torralba, quien manifestó haber presenciado los hechos en que la imputada agredió a la denunciante. e). Dictamen 4826/2022 elaborado por el perito Alfredo Franco Cruz, quien realizó inspección fotográfica del lugar de los hechos. Tales datos de prueba, como lo dijo el juez responsable y, con lo que se comulga, permiten establecer que: aproximadamente a las ocho horas del tres de febrero de dos mil veintidós (circunstancia de tiempo) sobre la calle Insurgentes, lote 2, manzana 37, localidad La Laguna, en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz (circunstancia de lugar) la investigada jaló del cabello y mordió en el dedo pulgar de su mano derecha a Indra Luz Uscanga Santiago, ocasionándole lesiones (circunstancias de modo). También se advierte que, acertadamente, el juez de control responsable explicó que esos hechos tenían la apariencia del delito de lesiones dolosas, previsto y sancionado por los artículos 136 y 137, fracción II, en relación con el 21, párrafo segundo y 37, todos del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz, pues de los datos de prueba se desprendía que la imputada mordió a la denunciante en el dedo pulgar de su mano derecha, causándole una lesión que no pone en peligro su vida y tarda en sanar más de quince días, a reserva de su evolución. 2. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. De la misma forma, el juez de control estableció que los mismos datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, hacen patente la posibilidad o probabilidad de que la imputada, por sí misma, cometió los hechos que se consideran delictuosos. Conclusión a la que llegó, luego de tomar en consideración el señalamiento directo realizado por la denunciante Indra Luz Uscanga Santiago, concatenado con la entrevista de la testigo presencial Ana Cristina Lara Torralba, quien ubica a la imputada como la persona que agredió a aquélla y le causó una lesión en el dedo pulgar de su mano derecha. Material de convicción que se considera apto e idóneo para demostrar que, como acertadamente lo consideró la autoridad responsable, existe la probabilidad que la imputada cometió por sí misma los hechos que la ley considera como el delito de lesiones dolosas. También fue acertado que la autoridad responsable ubicara la participación de la imputada en la hipótesis que señala el numeral 37, del Código Penal de la entidad, es decir, como autora material y a título de dolo, así como que no se advertía alguna causa de justificación de su conducta o excluyente de delito. Finalmente, se estima que, contrario a lo sostenido por la parte quejosa, como quedó evidenciado en esta sentencia, la Fiscalía aportó una serie de datos de prueba que constituyen indicios razonables que apuntan a que la imputada, probablemente, cometió por sí misma el ilícito atribuido, sin que resulte necesario que el Ministerio Público demuestre, en esta fase procesal, la plena certeza de que se ha cometido un delito y la plena responsabilidad de aquélla, dado que ese ejercicio sólo es exigible para el dictado de una sentencia. Así, en el presente caso, los datos de prueba que la Fiscalía integró a la carpeta de investigación, como bien lo afirmó el juez de control, se estiman suficientes y adecuados para poner en evidencia la probabilidad de que la imputada cometió el delito atribuido, a título de dolo, sin que pueda ser materia de análisis en el juicio de amparo cuestionar la validez. CONCLUSIÓN De todo lo cual es evidente que la resolución reclamada por la quejosa cumple con los requisitos de fundamentación y motivación que en esta parte debe contener ese tipo de actos de autoridad (auto de vinculación a proceso). No está de más dejar en claro que para motivar el auto de vinculación a proceso reclamado, como bien lo sostuvo la autoridad responsable, sólo se requieren datos que acrediten la existencia de un hecho con apariencia de delito, sin que se exija para ese momento procesal, que se encuentren acreditados los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal, como ocurría en el sistema tradicional, además que en términos del artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el asunto se encuentra aún en la etapa de investigación, en donde en el estándar probatorio es flexible y no rígido. Lo que además encuentra respaldo en la tesis XV.3o.6 P (10a.) que se lee: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. Para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema procesal penal acusatorio y oral, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales mayormente enfocados al causalismo, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, dado que lo relevante para el dictado de ese acto procesal no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. Por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), sino que debe partirse de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por el ser humano para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Sin embargo, cuando se advierta una causa de exclusión del delito, el Juez debe declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan, tal como lo prevé el artículo 17 del Código Penal Federal, al disponer que las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento; mientras que si es alegada por la defensa, para su verificación, es necesario atender a que se impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que se haga valer, por implicar una afirmación que corresponde probar a quien la sostiene patente y plenamente." Además, se advierte que para resolver como lo hizo, la autoridad responsable, de forma correcta, atendió exclusivamente a los datos de investigación que le refirió el Ministerio Público en la audiencia inicial, de los que consideró que se establecía que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y existía la probabilidad de que la imputada lo cometió; aquí sirve de apoyo la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/10 (10a.) de contenido: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE GARANTÍA, EL TRIBUNAL DE APELACIÓN, LOS JUECES DE DISTRITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL MOMENTO DE DICTARLO O ANALIZARLO, ÚNICAMENTE DEBEN ATENDER A LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN QUE REFIERA EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AUDIENCIA RELATIVA Y A LAS PRUEBAS QUE SE DESAHOGUEN EN ELLA, SIEMPRE QUE NO SE ESTÉ EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme al nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, para el dictado del auto de vinculación a proceso sólo debe atenderse a los datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo cual debe atenderse por el Juez de Garantía y, en su caso, analizarse por el tribunal de apelación, los Jueces de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, esto es, aquella determinación debe dictarse y/o analizarse únicamente con base en los datos de investigación que refiera el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahoguen en ella, siempre que no se esté en alguno de los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan, como lo son, la etapa preliminar, el reconocimiento de personas, la declaración ministerial del imputado y el anticipo de prueba, previstos en los artículos 262, 298 y 267 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, respectivamente." De modo tal que, en las relatadas circunstancias, el auto de vinculación a proceso reclamado no transgrede los derechos fundamentales del quejoso contenido en los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Federal que reconocen los principios de pro homine, de debido proceso y de presunción de inocencia. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia II.2o.P. J/20 de rubro: "DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE." Por tanto, al no advertirse algún vicio de inconstitucionalidad en el acto reclamado que deba declararse de oficio, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por la parte quejosa. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales contenidos en la presente sentencia, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Teresa Díaz Cerón, contra el acto reclamado y por la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.

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