Teresa del Carmen Vázquez Rosado

Expediente 333/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
333/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
01/04/2022

Partes del expediente

  • Teresa del Carmen Vázquez Rosado

Actuaciones

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, UNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación que antecede, se advierte que el termino de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído emitido el dieciséis de marzo del año en curso, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo intentada por la quejosa Teresa del Carmen Vázquez Rosado, transcurrió del veinticinco al treinta y uno de marzo del actual, sin que haya interpuesto el recurso de queja que prevé el artículo 97, de la citada Ley; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegraran materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto la parte quejosa no presentó ni exhibió documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto, con la demanda de cuenta se tiene a Teresa del Carmen Vázquez Rosado, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, que estima violatorio del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 333/2022-3. DESECHAMIENTO En la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de derechos fundamentales, el Juez de Amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la Jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. En ese sentido, de acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es la omisión de acordar el escrito presentado ante la responsable el veinticinco de enero de dos mil veintidós, en el cual solicita fecha y hora para que tenga verificativo el requerimiento de pago en el expediente laboral 49/2016, de su índice. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". En ese contexto, después de analizar la demanda de amparo este órgano jurisdiccional advierte que, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causa prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, interpretado en sentido contrario, que a la letra dicen: En efecto el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal preceptúa: "El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; " En ese sentido, debemos entender que para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación como aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y los tratados internacionales. Las referidas disposiciones recogen las bases previstas para el juicio de amparo contenidas en el artículo 107 fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto este sólo procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales del hombre. Por otra parte, los actos intraprocesales que no reúnen estas características por sí mismos no afectan a los gobernados, puesto que sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá interponer los medios de defensa conducentes. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, conforme al artículo 107 de la Ley de Amparo, ahora ya se define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, en la nueva ley en cita, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió antaño, sino que, en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una cuestión jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. En el caso, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa, señala como acto reclamado: la omisión de acordar el escrito presentado ante la responsable el veinticinco de enero de dos mil veintidós, en el cual solicita fecha y hora para que tenga verificativo el requerimiento de pago en el expediente laboral 49/2016, de su índice. Ahora bien, el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, establece lo siguiente: "Artículo 838. El Tribunal dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." Luego, de la lectura del citado precepto legal, tenemos que la autoridad laboral cuenta con el término de cuarenta y ocho horas, para proveer las promociones presentadas por las partes. En el caso particular, si la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que el veinticinco de enero de dos mil veintidós, presentó su escrito ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, residente en la ciudad, tenemos entonces que el plazo con el que contaba la autoridad responsable para la contestación del citado escrito es de cuarenta y ocho horas, (del siete y ocho de febrero del presente año, en virtud que la citada autoridad responsable mediante oficios TCYA/AMP/606/2022 y TCYA/AMP/754/2022 informó que ante la creciente propagación del virus COVID 19, se suspendieron la labores de dicho órgano del veinticuatro de enero al cuatro de febrero del año actual). De ahí que para quien aquí provee, considera que la autoridad responsable no ha incurrido en responsabilidad, pues se insiste, que no existe una abierta dilación que haga procedente el juicio de amparo indirecto, ello en virtud de que para que se considere de ese modo, tendrían que transcurrir más de cuarenta y cinco días naturales computados desde la fecha en que venza el plazo que tenía la autoridad para emitir el pronunciamiento respectivo, consideración que se toma respecto a la jurisprudencia 2a./J. 33/2019, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para mayor precisión, se muestran los calendarios siguientes: ENERO 2022 Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 (inicia suspensión de labores en la junta responsable) 25 Presentó escrito 26 27 28 29 30 31 FEBRERO 2022 Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 1 2 3 4 (concluye suspensión de labores en la junta responsable) 5 6 7 Empiezan a corren las 48 horas 8 Terminan las 48 horas 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 MARZO 2022 Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Presentó demanda de amparo 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Fenece termino de 45 días naturales 26 27 28 29 30 31 En ese contexto, si el plazo para pronunciarse respecto a la contestación del escrito concluyó el ocho de febrero del año en curso, y tomando en consideración que la demanda de amparo fue presentada el diez de los actuales, es evidente que no han transcurrido los cuarenta y cinco días naturales que refiere la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (del ocho de febrero de dos mil veintidós al diez de marzo del año en curso), pues por el contrario, cuando la demanda de amparo fue presentada, únicamente habían transcurrido treinta días naturales, máxime, que es del conocimiento de esta autoridad, que la responsable mediante oficios TCYA/AMP/606/2022 y TCYA/AMP/754/2022 informó que ante la creciente propagación del virus COVID 19, se suspendieron la labores de dicho órgano del veinticuatro de enero al cuatro de febrero del año actual. Se afirma lo anterior, en razón que de la sesión pública ordinaria de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el nueve de enero de dos mil diecinueve, en relación a la contradicción de tesis 294/2018, se determinó que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra pendiente de ser publicada, en la cual se concluyó que el juicio de amparo indirecto es procedente contra las dilaciones, si ya transcurrieron más de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en la que se concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o diligenciarse los actos procesales respectivos. Máxime que el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el recurso de queja 186/2021, deducido del juicio de amparo 807/2021-IX, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en la ciudad, declaró infundada la misma, al señalar que era correcto que el Titular de ese órgano jurisdiccional, haya basado su determinación en esos criterios, pues la Sala no hizo distinción entre un proveído dictado en el procedimiento o en ejecución, pues fue preciso en establecer que el juicio de amparo indirecto procede contra dilaciones excesivas en el dictado de "proveídos" o "en la realización de cualquiera otra diligencia", y el hecho de que haya analizado el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, ello fue con el objeto de establecer un término prudente, no así para decretar que el supuesto de excepción sólo se actualice contra actos dictados dentro del procedimiento. Por lo tanto, si entre la fecha en que el Tribunal responsable debió proveer respecto al escrito cuya omisión se reclama, a la diversa en que se promovió juicio de amparo indirecto, no transcurrió el término de cuarenta y cinco días naturales que señala el arábigo en cita, entonces, es correcto afirmar que no existe una abierta dilación en la etapa de ejecución y, por consiguiente, afectación alguna al derecho de justicia pronta y expedita que prevé el artículo 17 constitucional. Sin que con esta determinación se le restrinja su derecho a que se le expida una justicia pronta y expedita contenido en el artículo 17 constitucional, pues de subsistir la omisión de proveer su petición y haber transcurrido el plazo en comento, está en aptitud de promover nuevo juicio de amparo. Lo cual se invoca como un hecho notorio para el suscrito juzgador, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral, la cual puede ser consultable en la página del portal del Seminario Judicial de la Federación, ya que la citada página es un medio que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, permitiendo realizar consultas de diversas tesis y jurisprudencias resueltos en el mismo. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 10, Libro 55, junio de 2018, Tomo I, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente". Consecuentemente, si el acto reclamado no satisface las condiciones para que sea considerado como un acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, ya que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en sus derechos públicos subjetivos, sino que en todo caso, la violación de derechos produce únicamente efectos formales dentro del procedimiento. Luego entonces, el juicio de amparo indirecto debe considerarse improcedente, por no actualizarse el caso de excepción a que se hace referencia. Es aplicable al caso por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1643, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Materias Común, Laboral, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En tales circunstancia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, con relación a la fracción V del numeral 107, interpretado en sentido contrario, con apoyo en el ordinal 113, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por Teresa del Carmen Vázquez Rosado, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en la ciudad. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la Jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2 del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y toda vez que del contenido de la demanda se desprende que la parte quejosa tiene el carácter de actor en el juicio laboral de donde deviene el acto reclamado, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona; pues solo el segundo párrafo del citado numeral, exige que se acredite la calidad de licenciado en derecho en las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Ahora, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Por último, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se les invita a las partes para lo siguiente: De estimarlo conveniente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante el cual remite copia certificada del proveído de dieciséis de los actuales, dictado en el expediente laboral 158/2004 de su índice, del que se obtiene que tuvo al aquí quejoso Isidro Arellano Gómez, legalmente reinstalado al servicio del Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco, desde el doce de noviembre de dos mil veintiuno, para tal efecto, requirió a dicha entidad pública, para que en el plazo de diez días hábiles, exhiba las documentales con las cuales acredite haber reinstalado al referido quejoso, con las condiciones descritas en el acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, así como la hoja de alta ante el Instituto de Seguridad Social, para lo cual deberá expedir el nombramiento que corresponda, previo apercibimiento de multa. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes y se tiene a al autoridad responsable en vías de cumplimiento. Notifíquese.

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