Teresa del Carmen Ramírez Vasquez
Expediente 134/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 134/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Teresa del Carmen Ramírez Vasquez
Actuaciones
- Principal
EN ESAT FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE LA RESOLUCION QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, uno de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días, que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el promovente hubiera recurrido la resolución de catorce de febrero del presente año, a través del cual se desechó la demanda de amparo indirecto; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 2º ibídem, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad archívese este asunto como concluido. Así, de conformidad con la fracción I, del capítulo relativo a "EXPEDIENTES QUE CORRESPONDE CLASIFICAR COMO DEPURABLES O DESTRUIBLES POR LOS JUZGADOS DE DISTRITO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO" del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además a juicio de este órgano jurisdiccional no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Por otra parte, con fundamento en el artículo Décimo Primero, párrafo tercero del Acuerdo antes invocado, requiérase a la parte promovente para el caso de haber aportado documentos en el presente juicio, acuda al local de este juzgado de Distrito dentro un plazo de noventa días a recogerlos, apercibida que de no hacerlo podrían ser destruidos con el presente expediente.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE LA RESOLUCIÓN QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, catorce de febrero de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Téngase por recibido el escrito de demanda de amparo signado por Teresa del Carmen Ramírez Vásquez, por propio derecho contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz; fórmese juicio de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 134/2019-II, que es el que le correspondió. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador de amparo la obligación de revisar, ante todo, el escrito de demanda y, en el caso de que encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, a desecharla de plano. Ahora, del escrito de demanda de amparo, se advierte que la promovente señala como actos reclamados los siguientes: 1. La resolución de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, dictada en el incidente de reducción de pensión alimenticia promovido por Fernando Ramírez Ríos, dentro de los autos del proceso ordinario civil 2411/2010, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, en la cual, se determinó procedente dicho incidente y se declaró que había cesado la obligación del actor incidentista, de dar alimentos a su hija Teresa del Carmen Ramírez Vásquez (aquí parte promovente). 2. La notificación efectuada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, a la aquí promovente, por medio del cual, se le hace de su conocimiento que se radicó el incidente de reducción de pensión, dentro del juicio ordinario civil 2410/2011 del índice del Juzgado responsable. Una vez precisados los actos que se pretenden impugnar en esta vía, debe señalar que, no ha lugar a dar trámite a la demanda de amparo, puesto que habrá de desecharse de plano, al advertirse la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, cuya observancia es de oficio, atenta su naturaleza de orden público. En efecto, el suscrito estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relacionada con el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impone el acatamiento al principio de definitividad en el juicio de amparo, tratándose de resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; numerales que establecen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan,." "Artículo. 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; ." Como puede advertirse, el señalado motivo de improcedencia descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues siendo el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que a este sólo pueda acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, y que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, pues en esto estriba precisamente el aludido principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual debió acatar la accionante del amparo previamente a la promoción del juicio de amparo. En ese orden de ideas, del precepto legal transcrito, para que se actualice tal causa de improcedencia, se advierten las siguientes hipótesis: a) Que se trate de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo. b) Que respecto de las mismas la ley conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. c) No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, cuando el juicio de amparo sea promovido por persona extraña al juicio del que derivan los actos reclamados. d) Igualmente, no existe obligación de agotar dichos recursos, si el acto reclamado importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Sentado lo anterior, en relación con el acto reclamado precisado en el punto uno, es decir, la resolución de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, dictada en el incidente de reducción de pensión alimenticia instado por Fernando Ramírez Ríos, dentro del proceso civil 2411/2010 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, que declaró haber cesado la obligación del citado actor incidental, de darle alimentos a su hija Teresa del Carmen Ramírez Vásquez (aquí parte promovente); al respecto, se tiene que los artículos 509, 510, 511 y 512 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, establecen lo siguiente: ARTICULO 509 El recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Son apelables las sentencias, los autos que resuelven un incidente y los autos que causan daño irreparable en la sentencia. ARTICULO 510 Pueden apelar: el litigante, si creyere haber recibido algún agravio; los terceros que hayan salido al juicio y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; pero el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas, si puede hacerlo. ARTICULO 511 La parte que venció puede adherirse a la apelación interpuesta al notificársele su admisión, o dentro de las veinticuatro horas siguientes a esa notificación. En este caso la adhesión al recurso sigue la suerte de éste. ARTICULO 512 La apelación debe interponerse por escrito o verbalmente en el acto de notificarse, ante el Juez que pronunció la resolución; cuando sea por escrito, dentro de cinco días si se tratare de sentencia, o dentro de tres si fuere auto. De tales normas se obtiene que procede recurso de apelación en contra de la resolución que resuelva un incidente; y al efecto dispone que puede interponerlo el interesado a quien le perjudique la resolución judicial, por escrito o verbalmente en el acto de notificación, ante el Juez que pronunció la resolución, cuando sea por escrito, dentro de cinco días si se tratare de sentencia, o dentro de tres días si fuere auto, sin que por lo demás se advierta que el aludido media de defensa sea optativo. En ese tenor, es evidente que en términos del citado artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, existe la posibilidad de promover en contra de la resolución que resolvió el incidente de reducción de la pensión alimenticia, el recurso de apelación, como medio ordinario de defensa a través del cual se puede revocar, modificar o nulificar dicho acto. Por tanto, sí el acto en análisis fue emitido en un incidente que declaró haber cesado la obligación del citado actor incidental, de darle alimentos a su hija Teresa del Carmen Ramírez Vásquez (aquí parte promovente), dictada por el Juez Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, dentro del proceso 2411/2010, es inconcuso que previo a instar este juicio biinstancial, era menester que la parte quejosa agotara el medio ordinario de defensa que prevé el código procesal de la entidad, es decir, el recurso de apelación regulado en numeral 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, consultable en la página 2377, Tomo 3, Libro V, Febrero de 2012, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE OBSERVARSE AUN TRATÁNDOSE DE ACTOS QUE TENGAN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, COMO EN EL CASO DE LA RESOLUCIÓN QUE DECIDE SOBRE LA CONVIVENCIA DEL MENOR CON UNO DE SUS PROGENITORES. El hecho de que la resolución que decreta un régimen provisional de convivencia del menor con uno de sus progenitores sea de ejecución irreparable, no exime al otro de interponer el recurso procedente en su contra, puesto que la característica de irreparabilidad del acto no está comprendida entre las excepciones al principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, previstas por los artículos 107, fracciones III, IV y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracciones XII, XIII y XV, de la Ley de Amparo. Esta situación, en alguna medida, se refuerza, incluso, con el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 41/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, agosto de 2001, página 101, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES.", puesto que apreciada dicha tesis en sentido contrario, implica la obligación de cumplir con el citado principio cuando el acto de índole familiar sea de ejecución irreparable." En consecuencia, si la solicitante del amparo no promovió el recurso de apelación, no se encuentra en aptitud de acudir al juicio de amparo, habida cuenta que al tener el carácter de demandada incidentista en el aludido incidente de reducción de pensión alimenticia instado dentro de los autos del proceso ordinario civil 2411/2010 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, se encontraba sujeta a los medios de impugnación que prevé el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Por lo anterior, se insiste, previo a instar el presente juicio constitucional debió agotarse el aludido medio de impugnación de conformidad con los referidos ordenamientos legales, pues de no hacerlo así, el amparo que se promueva resulta improcedente, conforme a lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se desecha de plano la demanda de mérito, respecto del acto reclamado ya precisado, esto es, la resolución de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, dictada en el referido incidente de reducción de pensión alimenticia, por su notoria y manifiesta improcedencia, de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la referida legislación. En otro aspecto, respecto del diverso acto reclamado, expuesto en el segundo punto, consistente en la notificación de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, dirigido a la aquí quejosa, a través de la cual se hizo de su conocimiento el inicio del incidente respectivo, dentro del juicio ordinario civil 2410/2011, del índice del Juzgado responsable; el suscrito considera que contra dicho acto es improcedente el juicio de amparo promovido por Teresa del Carmen Ramírez Vásquez, dado que previo a la instauración del juicio de amparo, procedía agotar el incidente de nulidad de actuaciones previsto por los numerales 54 y 55 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz; preceptos legales que a la letra dicen: "ARTICULO 54 La parte que haya dado lugar a la nulidad de actuaciones, no podrá invocarla. La nulidad establecida en beneficio de una de las partes no puede ser invocada por la otra." "ARTICULO 55 Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el Capítulo V del Título Segundo, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviere legítimamente hecha. La nulidad de una actuación debe de reclamarse en la actuación subsecuente en que haya intervenido el interesado en solicitar la nulidad, pues de lo contrario, aquélla queda revalidada de pleno derecho; con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento. La tramitación de los incidentes de nulidad no suspenderá el curso de los juicios." Así las cosas, la solicitante de amparo antes de acudir a este juicio constitucional, debió agotar en contra del acto reclamado que se precisa en párrafos previos, el incidente de nulidad de actuaciones a que se refieren los artículos 54 y 55 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Lo anterior, en virtud que, la notificación que tilda de ilegal, es impugnable mediante un medio ordinario de defensa, el cual se encuentra expresamente contemplado por la legislación aplicable al caso y, por ende, su observancia no puede quedar supeditada a la voluntad de las partes. Por tanto, en aras del principio de definitividad que rige la materia, debió atacar el acto de molestia referido, vía incidente de nulidad de actuaciones en términos de los artículos 54 y 55 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz; medio de defensa que la hoy inconforme, estuvo en aptitud legal de hacer valer en el incidente de donde emana la citada determinación reclamada; de tal forma que al no haberlo agotado antes de acudir al juicio de amparo, se dejó de observar el principio de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 447, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 297, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS.- El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo" Asimismo, apoya al punto, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, visible en la página 902, tomo XV, Mayo de 2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De ahí que se considere que, respecto del segundo de los actos mencionados el juicio de amparo resulta notoria, manifiesta e indudablemente improcedente, por actualizarse la hipótesis prevista en el citado artículo 61, fracción XVIII de la Ley de la materia. En consecuencia, se desecha de plano la demanda de mérito, respecto del acto reclamado ya precisado, esto es, la notificación de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, por su notoria y manifiesta improcedencia, de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la referida legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional". Lo anterior, ya que no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción previstos en el párrafo segundo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que los actos reclamados no lo constituyen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento penal, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército. Tampoco se está ante una orden de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, o resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos. Mucho menos se promovió el presente asunto contra actos relativos a una orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Tampoco se advierte que los actos reclamados se traten del auto de vinculación a proceso y que la quejosa se trate de persona extraña al procedimiento, pues es parte demandada en el incidente del cual emana el acto reclamado. Respecto del tema de tercera extraña, es menester precisar que no le asiste ese carácter, habida cuenta que es parte actora en el juicio ordinario civil 2410/2011, del índice del Juzgado responsable; sin que sea válido el argumento que hace la promovente, en el sentido de que inicialmente el juicio ordinario civil lo promovió su progenitora a su nombre, y que ahora es mayor de edad; sin embargo, contrario a lo que refiere, no se trata de distintas partes, pues sigue siendo actora en dicho juicio, de ahí que no le asiste el carácter de tercera extraña por equiparación. Aunado a que, la procedencia del recurso de apelación previsto en el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz y demás relativo, y del diverso de nulidad de notificaciones previsto en los artículos 54 y 55 de dicha codificación, delimitan las reglas para resolverse y la forma de substanciación, por lo que la legislación aplicable no requiere interpretación adicional alguna. Por lo que se evidencia que no se está en presencia de alguna de las hipótesis de excepción establecidas por los citados preceptos legales. De ahí que, en la especie, los actos reclamados no se encuentran en un caso de excepción para que exima a la parte promovente de respetar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno relativo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado, cerrado o manifestar quien lo ocupe que no conoce al quejoso o a sus autorizados, se realizarán las notificaciones que tengan el carácter de personales, por lista, previo acuerdo que al efecto se emita, de conformidad con el precepto 27 fracción III inciso a) de la multicitada ley; y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a Cayetano Flores González y Hugo Melchor Gómez Pérez, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación y únicamente para oír y recibir notificaciones a las restantes personas, por así solicitarlo expresamente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Hágase del conocimiento de la parte promovente, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias.
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