Teresa de Jesús Rodríguez García
Expediente 49/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 49/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Teresa de Jesús Rodríguez García
Actuaciones
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, catorce de julio de dos mil veintitrés. Téngase al Tribunal Unitario Agrario Distrito 51, con residencia en esta ciudad, acusando recibo del oficio 6201/2023, por el que se le devolvió el expediente *** en dos tomos; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Macario Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, catorce de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído del dieciséis de marzo pasado, causó estado el proveído del veintitrés de febrero del año en curso. En consecuencia, devuélvase al Tribunal Unitario Agrario Distrito 51, el expediente 143/2018, constante de dos tomos. Se solicita el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Macario Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta y las actuaciones de este expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la legislación aplicable, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de veintitrés de febrero pasado, por medio del cual se desechó la demanda promovida por ***, por derecho propio. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2° de la legislación citada, en relación con el diverso 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la normativa de la materia, se declara que el mencionado acuerdo, ha causado estado. En consecuencia, toda vez que la determinación de que se trata no requiere ejecución material, en su oportunidad archívese el expediente como concluido. En las relatadas condiciones, en términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que no es de relevancia documental. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), y colóquese en la carátula de este cuaderno la tarjeta informativa correspondiente. Finalmente, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días legalmente computado, comparezca al local de este juzgado a recuperar los documentos que exhibió en original, previa toma de razón que de ello se deje en autos, apercibido que de no hacerlo así, serán destruidos. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de María del Cielo Mata Ramírez, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, seis de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 214/2023, orden 310/2023, que se envió a efecto de notificar a la quejosa ***, el acuerdo del veintitrés de febrero pasado; dése de baja de la estadística en el Sistema Integral de Expedientes Electrónico (S.I.S.E.), sin que resulte necesario acusar recibo, toda vez que éste se generó al momento de remitir la comunicación vía electrónica. Ahora bien, dada a la imposibilidad que tuvo el actuario judicial del juzgado de referencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágase la notificación del citado auto, el presente acuerdo, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, por medio de lista que se deberá fijar en los estrados de este juzgado. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de María del Cielo Mata Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe. En cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo que precede, se notifica a la parte quejosa la determinación del veintitrés de febrero de este año, que dice: "Iguala de la Independencia, Guerrero, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, que contiene inserto el acuerdo de incompetencia planteado por el oficiante para conocer de la demanda de amparo 19/2023, mismo que remite en un tomo, así como una copia de traslado, y dos tomos de pruebas, con los que se ordena formar los cuadernos respectivos, promovido por ***, por derecho propio, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 51 en esta ciudad; realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE) bajo el número 49/2023-IV. En consecuencia, se acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento de la demanda, acúsese de recibo. Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la quejosa reclama esencialmente la sentencia del veintisiete de octubre de dos mil veintidós dictada en el expediente ***, en la que la autoridad responsable declaró carecer de competencia por razón de materia para resolver dicho asunto. De lo anterior, se colige que dicha determinación no constituye una sentencia definitiva dado que no resuelve el fondo de la litis principal; tampoco es una resolución que le ponga fin al juicio, pues no se concreta a determinar la incompetencia y a ordenar el archivo del asunto, dejando a salvo los derechos de la parte actora en el juicio primigenio, sino que establece que deben remitirse los autos a la autoridad a favor de la cual se finca la competencia. Luego, no se está ante un acto susceptible de ser reclamado a través del juicio de amparo directo, como pudiera pensarse, ni cobra aplicación la jurisprudencia, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo II, Agosto de 2016, página 1211, registro digital 2012320, de rubro: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA INCOMPETENCIA DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA CONOCER DE UN ASUNTO Y ORDENA SU ARCHIVO, DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DEL ACTOR PARA QUE LOS HAGA VALER EN LA VÍA Y FORMA QUE ESTIME PERTINENTES." Corolario de lo anterior, la resolución constituye un acto intraprocesal respecto del cual el juicio de amparo indirecto es improcedente. En efecto, en el caso se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la ley de la materia, pues es necesario efectuar el complemento relativo con otras disposiciones, debiéndose acudir para ello únicamente a la propia Ley de Amparo o la Constitución Federal, de ahí que en la especie se haya invocado el segundo de los arábigos de referencia; asimismo, que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en salas es obligatoria para los plenos de circuito, tribunales unitarios y colegiados de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales, y la emitida por los Plenos de Circuito es obligatoria para los órganos en mención, que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. Ahora, en una cuestión de competencia están involucradas al menos dos autoridades, y cada una de ellas puede determinar si acepta o rechaza la competencia que le fue planteada por la otra; y el hecho de que el numeral 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo no lo determine así, no significa que sea posible impugnar cada una de las decisiones que las autoridades van tomando en el trámite de esas cuestiones, porque ello implicaría asumir una interpretación que no es congruente con los principios rectores del juicio de amparo contenidos en la Carta Magna, ni así tampoco con uno de los fines que previó el legislador en la reforma en materia de amparo, que tiene que ver, precisamente, con la necesidad de no obstaculizar el desarrollo de los procedimientos ordinarios. Luego, en la cuestión de competencia por declinatoria, cuando la autoridad correspondiente considera que, efectivamente, no es competente, emitirá una declaratoria. No obstante, la declaratoria o la solicitud en uno u otro caso, no constituyen aún determinaciones susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, ya que ello se estaría supeditando a un acto cuya afectación no se ha materializado, porque las decisiones mediante las cuales una autoridad declina competencia a favor de otra, o requiere a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto, no tiene como consecuencia forzosa la aceptación de la competencia, sea por declinatoria o inhibitoria, como en el caso acontece, porque bien podría darse el caso de que se rechace aquélla y será hasta en ese momento cuando se produzca una afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. En ese contexto, será hasta ese momento cuando la incidencia en los derechos de los gobernados cobre una especial relevancia, con independencia de que la incompetencia sea por razón de la vía, del fuero, de la materia o del territorio, ya que si bien alguna de ellas podría traer como consecuencia que un procedimiento o juicio se tramite no sólo por una autoridad incompetente sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde; la afectación personal y directa que representa una cuestión competencial, en los términos indicados, se produce precisamente cuando tales actos en los que se determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, sean aquellos en los que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria) y no antes. En consecuencia, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta o bien la rechace y no antes. Por tanto, si la resolución combatida solamente dirime una cuestión de competencia por declinatoria, y no resuelve de manera definitiva la cuestión competencial, no le afecta personal y directa a la esfera de derechos del promovente. Lo anterior, toda vez que la sentencia del veintisiete de octubre de dos mil veintidós dictada en el expediente de origen, en la que la autoridad responsable oficiosamente declaró carecer de competencia, no puso fin al juicio, tan es así que no ordenó el archivo del asunto; por ello, se trata de una resolución intraprocesal que no causa perjuicio hasta que la autoridad receptora manifieste si acepta o no la competencia declinada. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2009721, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, agosto 2015, tomo I, visible a página 5, del rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRILDE 2013)". Por lo anterior, resulta clara la causa de improcedencia aludida; en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo. Por otro lado, toda vez que la quejosa ***, señala como domicilio ubicado en ***, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano de control, le notifique el presente proveído, asimismo, la requiera para que en el acto de la diligencia, o bien, dentro del plazo de tres días, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, apercibiéndolo que de no hacerlo, con apoyo en el citado numeral, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano de control. Hecho que sea lo anterior, devuelva la comunicación de que se trata, con las constancias que acredite su cumplimiento. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica y por exhorto a la quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Sergio Cisneros Cid, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe."
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