Teresa de Jesús Robles Caballero

Expediente 215/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
215/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
05/04/2018

Partes del expediente

  • Teresa de Jesús Robles Caballero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cinco de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como ninguna de las partes recurrió dentro del término legal el auto de doce de marzo de dos mil dieciocho, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio (fojas 54 a 57), se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quince de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el ocurso signado por la peticionaria de amparo *********; como lo solicita la promovente, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la ley en la materia, expídanse las copias certificadas a que hace referencia, teniéndose por autorizadas para recibirlas a las personas que designa, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos, haciendo de su conocimiento que para tal efecto deberán acudir a este juzgado preferentemente dentro del horario de diez a trece horas, en día hábil. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; doce de marzo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibida y se ordena agregar a los autos la comunicación signada por la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, a través del Magistrado Presidente, con residencia en esta ciudad, mediante la cual remite copia certificada del laudo de ocho de marzo de dos mil dieciocho, dictado en el expediente ********************, de su índice, promovido por la aquí quejosa ********************contra el********************. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, de dictar laudo en el expediente laboral ********************, de su índice. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, Junio de 1999, página 38, con número de registro 193758, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, la quejosa se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, domiciliada en esta ciudad, en dictar el proyecto en forma de laudo en el expediente laboral ********************. Ahora, de las constancias remitidas por la responsable en el oficio de cuenta, se advierte que el ocho de marzo del año en curso, dictó laudo en la controversia laboral de origen; es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda, la junta responsable subsanó la omisión que se le reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión de la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, en dictar el laudo en el expediente laboral ********************, de su estadística, han cesado en sus efectos, quedando insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, con registro 197367, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, lo conducente es SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. No obsta a la anterior determinación, el hecho de que con esta fecha se esté teniendo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable y, por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido del mismo, en la medida que, el plazo que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del referido informe y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causa de improcedencia que se invoca, pues el ocho de marzo del año que transcurre, el tribunal responsable emitió laudo dentro del expediente ********************. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de febrero de dos mil dieciocho. ADMISIÓN Con fundamento en los artículos 107, 108 y 112, de la ley de la materia, se admite la demanda de amparo promovida por *************, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado. Ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 215/2018-V. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin tramitarse el incidente de suspensión relativo, por no haberse solicitado expresamente. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITA Con fundamento en el artículo 5 fracción IV de la Ley de Amparo, se da la intervención legal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. No habrá necesidad de emitir oficios a las autoridades responsables, para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tiene la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2ª./J.176/2012 (10ª) número de registro 2002576]. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Se requiere a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del término de quince días contado a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, es decir, del acto reclamado y sus antecedentes, con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo, apercibida que en caso de omisión, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, esto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, en relación con el 238, ambos de la ley de la materia. Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de actualizarse la cesación de efectos de los actos reclamados, o bien que ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, que arroja la cantidad de $2,418.00 (dos mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. TERCEROS INTERESADOS La parte quejosa señala tercero interesado al *************; en consecuencia, con apoyo en el artículo 26, fracción II, inciso b, de la Ley de Amparo, mediante el oficio correspondiente, hágase saber la interposición de este juicio de amparo al citado ayuntamiento, a quien le recae el carácter de tercero interesado, remitiéndole para tal efecto copia de la demanda, para que se apersone en este juicio, si así conviene a su interés. Por otra parte, se comisiona al actuario judicial adscrito a este juzgado para que emplace al tercero interesado *************, con domicilio ubicado en ****************** de esta ciudad, haciéndole saber la promoción de este juicio de amparo y le entregue copia de la demanda, para que se apersone en este juicio si así conviene a su interés. Asimismo, se requiere a los terceros interesados mencionados para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, señalen domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, ya que de no hacerlo así, las que surjan dentro del procedimiento se harán por lista de acuerdos, aun las de carácter personal de conformidad con el 27, fracción II, de la Ley de Amparo. PRUEBAS De conformidad con los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza la prueba documental que anexa al escrito de demanda, así como la presuncional legal y humana, sin perjuicio de hacer relación de ellas el día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Respecto al ofrecimiento de la prueba instrumental de actuaciones consistente en las constancias que integran el juicio laboral *********; dígase a la quejosa que no ha lugar acordar favorable su petición, en virtud de que dicha probanza es inherente al informe justificado que en su caso enviará la autoridad responsable. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en esta ciudad, y como autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, ya que pese a que no cuentan con su cédula en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, al ser la parte trabajadora la que promueve este juicio, no se hace necesaria tal situación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Como lo solicita la promovente, con fundamento en los artículos 1, 6, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; publíquese su nombre y datos personales en la sentencia respectiva. Por otra parte, hágase saber a las demás partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado y al tercero interesado *************; mediante oficio a la autoridad responsable y al tercero interesado *************.

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