Teresa de Jesús Ramos Chacón

Expediente 1266/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1266/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
22/09/2023

Partes del expediente

  • Teresa de Jesús Ramos Chacón

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de lo que se advierte que trascurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes se inconformaran contra la determinación de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia HA QUEDADO FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido de la sentencia pronunciada, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, pues se ubica en la hipótesis establecida en su artículo 20, fracción II, por ser un asunto sobreseído fuera de audiencia; además, a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que no se formó el incidente de suspensión relativo, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 20 del Acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos originales exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo.

  2. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa: Visto, el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, por medio del cual rinde su informe justificado, además exhibe copias certificadas de diversas documentales relativas al expediente laboral ****. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, glósense a los autos el oficio de cuenta y anexos. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Por su parte, con fundamento en los ordinales 119, y 123, de la ley de la materia, se tiene por admitidas las documentales que adjunta, las que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica, y que serán valoradas en líneas que preceden, las cuales se agregan al presente juicio al haberse presentado físicamente, sin perjuicio de obrar digitalizadas en el expediente electrónico. En ese tenor, se aprecia que se encuentran las documentales suficientes para resolver el presente asunto. Ahora, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual no es jurídicamente factible establecer si el acto reclamado es constitucional o no; es decir, la improcedencia impide que se dirima la controversia constitucional, por exigirlo así alguna de las causas, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal del país, la que se analiza en forma preferente de acuerdo con el artículo 62, de la ley en cita. En ese orden de ideas, respecto del acto reclamado por la parte quejosa consistente en la omisión de acordar el escrito de once de enero de dos mil veintitrés, en autos del juicio laboral ****, del índice de la responsable, en el que solicitó emitir auto de requerimiento de pago y embargo a la parte demandada; se estima que el presente juicio constitucional es improcedente y debe sobreseerse en el mismo, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, hipótesis que se acreditará en párrafos subsecuentes. En esas condiciones, debe decirse que de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del mismo, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella en ella. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de obtener el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, se tiene que, para que se actualice la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: a) De un acto positivo de autoridad que se estime lesivo de garantías, o bien, de uno negativo u omisivo que indebidamente haya dejado de realizar la autoridad y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) De un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y c) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de su garantía constitucional violada; o bien, una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Al efecto, cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, con registro 197367, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Ahora, la impetrante del amparo reclamó del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, la omisión de acordar el escrito de once de enero de dos mil veintitrés, en autos del juicio laboral ****, en el que solicitó emitir auto de requerimiento de pago y embargo a la parte demandada. En tesitura, del examen de las documentales exhibidas por la autoridad responsable de mérito, a las que de conformidad con el artículo 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio pues se tratan de actuaciones emitidas en el ejercicio de sus funciones; se obtiene que el veinticuatro de agosto del año en curso, acordó lo conducente respecto del escrito de once de enero de dos mil veintitrés, pues al efecto dictó auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma y requirió a la parte demandada en el juicio laboral ****, Instituto de Salud, responsable del Hospital Regional "Rafael Pascasio Gamboa", el pago actualizado en cumplimiento al laudo de veinticinco de junio de dos mil dieciocho y en su caso ordenó el embargo de bienes suficientes para garantizar dicho pago. De lo antes expuesto, se considera que el acto reclamado a que se refiere la parte solicitante de amparo ha cesado en sus efectos, pues el mismo se hizo consistir en la omisión de acordar el escrito de once de enero de dos mil veintitrés, en autos del juicio laboral ****, en el que solicitó emitir auto de requerimiento de pago y embargo a la parte demandada, empero, fue subsanado con la actuación de la autoridad responsable, es decir, con el acuerdo de veinticuatro de agosto del año en curso, en el que proveyó lo conducente respecto de su pretensión. Así, resulta inconcuso que el acto que la parte quejosa reclamó en esta vía, cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de producirlos, restituyéndose a dichos inconformes en el goce de sus garantías violadas, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideraron violados. Encuentra sustento la anterior determinación, en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, junio de 1999, Novena Época, con registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así como la diversa sostenida por dicha Sala, visible en la página 210, febrero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, registro 196820, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En esas condiciones, es inconcuso que en el presente asunto se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo establecido por la fracción V del numeral 63, del ordenamiento legal antes invocado, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO, respecto al acto aquí analizado, reclamado a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad. Las jurisprudencias invocadas y que apoyaron los razonamientos expuestos en esta resolución, fueron integradas conforme a la Ley de Amparo abrogada, pero de acuerdo al artículo sexto transitorio de la ley en la materia vigente, las mismas son aplicables al particular al no oponerse con esta última. Sin que obste a lo anterior, el hecho que no se haya otorgado a las partes la vista a que refiere el artículo 117, de la Ley de Amparo, para que tengan conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable; sin embargo, se procedió a sobreseer en el presente juicio, tomando en consideración que el motivo de la vista a que se refiere el numeral invocado, es para el efecto de dar oportunidad a las partes de desvirtuar los argumentos expuestos en el mismo y, en la especie, quedó desvirtuado precisamente lo que expuso la responsable en su informe (cesación del acto). Finalmente, se ordena dejar sin efectos la hora y fecha de la audiencia constitucional de este juicio de amparo señalada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, ELECTRÓNICAMENTE A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.

  3. Principal

    Visto, el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, por medio del cual rinde su informe justificado, además exhibe copias certificadas de diversas documentales relativas al expediente laboral ****. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, glósense a los autos el oficio de cuenta y anexos. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Por su parte, con fundamento en los ordinales 119, y 123, de la ley de la materia, se tiene por admitidas las documentales que adjunta, las que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica, y que serán valoradas en líneas que preceden, las cuales se agregan al presente juicio al haberse presentado físicamente, sin perjuicio de obrar digitalizadas en el expediente electrónico. En ese tenor, se aprecia que se encuentran las documentales suficientes para resolver el presente asunto. Ahora, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual no es jurídicamente factible establecer si el acto reclamado es constitucional o no; es decir, la improcedencia impide que se dirima la controversia constitucional, por exigirlo así alguna de las causas, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal del país, la que se analiza en forma preferente de acuerdo con el artículo 62, de la ley en cita. En ese orden de ideas, respecto del acto reclamado por la parte quejosa consistente en la omisión de acordar el escrito de once de enero de dos mil veintitrés, en autos del juicio laboral ****, del índice de la responsable, en el que solicitó emitir auto de requerimiento de pago y embargo a la parte demandada; se estima que el presente juicio constitucional es improcedente y debe sobreseerse en el mismo, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, hipótesis que se acreditará en párrafos subsecuentes. En esas condiciones, debe decirse que de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del mismo, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella en ella. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de obtener el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, se tiene que, para que se actualice la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: a) De un acto positivo de autoridad que se estime lesivo de garantías, o bien, de uno negativo u omisivo que indebidamente haya dejado de realizar la autoridad y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) De un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y c) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de su garantía constitucional violada; o bien, una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Al efecto, cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, con registro 197367, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Ahora, la impetrante del amparo reclamó del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, la omisión de acordar el escrito de once de enero de dos mil veintitrés, en autos del juicio laboral ****, en el que solicitó emitir auto de requerimiento de pago y embargo a la parte demandada. En tesitura, del examen de las documentales exhibidas por la autoridad responsable de mérito, a las que de conformidad con el artículo 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio pues se tratan de actuaciones emitidas en el ejercicio de sus funciones; se obtiene que el veinticuatro de agosto del año en curso, acordó lo conducente respecto del escrito de once de enero de dos mil veintitrés, pues al efecto dictó auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma y requirió a la parte demandada en el juicio laboral ****, Instituto de Salud, responsable del Hospital Regional "Rafael Pascasio Gamboa", el pago actualizado en cumplimiento al laudo de veinticinco de junio de dos mil dieciocho y en su caso ordenó el embargo de bienes suficientes para garantizar dicho pago. De lo antes expuesto, se considera que el acto reclamado a que se refiere la parte solicitante de amparo ha cesado en sus efectos, pues el mismo se hizo consistir en la omisión de acordar el escrito de once de enero de dos mil veintitrés, en autos del juicio laboral ****, en el que solicitó emitir auto de requerimiento de pago y embargo a la parte demandada, empero, fue subsanado con la actuación de la autoridad responsable, es decir, con el acuerdo de veinticuatro de agosto del año en curso, en el que proveyó lo conducente respecto de su pretensión. Así, resulta inconcuso que el acto que la parte quejosa reclamó en esta vía, cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de producirlos, restituyéndose a dichos inconformes en el goce de sus garantías violadas, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideraron violados. Encuentra sustento la anterior determinación, en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, junio de 1999, Novena Época, con registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así como la diversa sostenida por dicha Sala, visible en la página 210, febrero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, registro 196820, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En esas condiciones, es inconcuso que en el presente asunto se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo establecido por la fracción V del numeral 63, del ordenamiento legal antes invocado, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO, respecto al acto aquí analizado, reclamado a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad. Las jurisprudencias invocadas y que apoyaron los razonamientos expuestos en esta resolución, fueron integradas conforme a la Ley de Amparo abrogada, pero de acuerdo al artículo sexto transitorio de la ley en la materia vigente, las mismas son aplicables al particular al no oponerse con esta última. Sin que obste a lo anterior, el hecho que no se haya otorgado a las partes la vista a que refiere el artículo 117, de la Ley de Amparo, para que tengan conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable; sin embargo, se procedió a sobreseer en el presente juicio, tomando en consideración que el motivo de la vista a que se refiere el numeral invocado, es para el efecto de dar oportunidad a las partes de desvirtuar los argumentos expuestos en el mismo y, en la especie, quedó desvirtuado precisamente lo que expuso la responsable en su informe (cesación del acto). Finalmente, se ordena dejar sin efectos la hora y fecha de la audiencia constitucional de este juicio de amparo señalada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, ELECTRÓNICAMENTE A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quince de agosto de dos mil veintitrés. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante oficio ********************el Secretario de Movilidad y Transporte, con sede en esta ciudad, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio, que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, al quejoso ******************** Al efecto, se acuerda: Tomando en consideración que mediante acuerdo de dos de agosto del año en curso, se dio vista a las partes, con las constancias remitidas por la citada autoridad, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surtiera efectos la legal notificación del citado proveído, manifestaran lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, este órgano de control constitucional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Dicho acuerdo se notificó a las partes y sin pronunciamiento al respecto de ninguna de las partes; en consecuencia, este juzgado procede a resolver si la ejecutoria dictada en este juicio, fue o no totalmente cumplida. Bajo ese contexto, del examen de las documentales exhibidas por la autoridad responsable ordenadora, las que de conformidad con el artículo 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio; en contraposición con la ejecutoria emitida en el presente juicio se obtiene: ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Efectos de la ejecutoria de amparo Actos realizados en cumplimiento (.) Conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que las autoridades responsables Secretario de Movilidad y Transporte y Director de Concesiones y Autorizaciones de la citada secretaria, con sede en esta ciudad, realicen lo siguiente: Una vez que quede firme la presente sentencia, dentro del término de diez días, deberán pronunciarse respecto al resultado de la solicitud de concesión en la modalidad de taxi y se lo haga de su conocimiento al quejoso, dentro del expediente ******************** sin que ello implique soslayar la realización de la sesión pública a que refiere los artículos 47, 50 quater y demás relativo de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas, sino que de considerarse procedente la solicitud el quejoso sea incluido en la lista de contendientes para ser beneficiario de una concesión. Por oficio ********************de uno de agosto de dos mil veintitrés, la autoridad responsable informó que el veintiséis de junio del mismo año, notificó a la parte quejosa, el oficio ********************, de cuatro de marzo de dos mil veintitrés, en el que se pronunció respecto a la solicitud de concesión en la modalidad de taxi, del que se advierten los siguientes pronunciamientos: Que le hizo de su conocimiento que para estar en aptitud de otorgar concesiones deberá realizar un estudio técnico de factibilidad para detectar de manera oportuna las necesidades de transporte que se vayan presentando y se justifique el establecimiento de nuevos servicios o las modificaciones necesarias. Que atendiendo a los resultados de los estudios técnicos de factibilidad determinará la procedencia, hará la publicación de una convocatoria precisando el tipo de servicio, adscripción, modalidad y número de concesiones a otorgar, a fin de enterar a los interesados que tengan la documentación legal y administrativa actualizada. Que en continuidad, dará a conocer el Dictamen para que en el desarrollo de la sesión emitan su opinión que se asentará en el acta que al respecto se elabore. Que una vez que la Secretaría reciba el acta de sesión del Comité Constitutivo con la opinión favorable; emitirá la resolución que será publicada en el Periódico Oficial, y que se otorgarán atendiendo preferentemente al orden cronológico de la presentación de la solicitud. Que no ha emitido convocatoria de concesionamiento en la modalidad pasajeros tipo taxi en municipio de Comitán, Chiapas, por lo que deberá estar atento a la Convocatoria correspondiente. De lo anterior, este órgano de control constitucional advierte que el Secretario de Movilidad y Transporte, con sede en esta ciudad, no atendió cabalmente los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo decretada en autos. Para llegar a tal afirmación, conviene recordar que el promovente de derechos fundamentales ocurrió ante este órgano de control constitucional reclamando el siguiente acto: La omisión de dar continuidad al trámite de la solicitud de concesión de transporte público en la modalidad de taxi para el municipio de Comitán de Domínguez, Chiapas, radicado con el número ********************. Bajo ese contexto, es indispensable acotar que los efectos de la concesión de la ejecutoria de amparo pronunciada en este expediente fueron para que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: " (.) deberán pronunciarse respecto al resultado de la solicitud de concesión en la modalidad de taxi y se lo haga de su conocimiento al quejoso, dentro del expediente ********************; sin que ello implique soslayar la realización de la sesión pública a que refiere los artículos 47, 50 quater y demás relativo de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas, sino que de considerarse procedente la solicitud el quejoso sea incluido en la lista de contendientes para ser beneficiario de una concesión. (.)" Ahora bien, de la narrativa expuesta en el comunicado adjunto por la autoridad responsable, se advierte que si bien la autoridad responsable se pronunció respecto a la solicitud de concesión en la modalidad de taxi y se lo hizo de conocimiento al quejoso, sin embargo, se aprecia que la autoridad oficiante comunicó al quejoso, -de manera genérica-, solo los requisitos y supuestos en los que dicha Secretaría convoca a los interesados a la participación en los concurso de otorgamiento de concesiones de transporte público en la modalidad taxi, con base en la necesidad del sector y el procedimiento que lleva para emitir dictamen. Lo cierto es que, la autoridad responsable con tal respuesta a la solicitud, no emite pronunciamiento respecto al resultado de la solicitud de concesión en la modalidad de taxi al quejoso motivo del expediente ********************. Ello se evidencia, porque de ningún modo explica la situación que guarda el expediente número ********************, de su índice como el seguimiento dado al procedimiento administrativo formado con motivo a solicitud del promovente de amparo ********************, para obtener la aludida concesión de transporte público en la modalidad de taxi, lo cual fue el objeto de la concesión de amparo en el presente juicio de derechos fundamentales, en los términos indicados en los efectos transcritos con antelación; es decir, no existe pronunciamiento respecto al resultado de la solicitud de concesión en la modalidad de taxi al quejoso motivo del expediente ********************, de su índice. De ahí que resulte evidente que la constancia exhibida no va encaminada al cumplimiento del fallo protector -conforme a sus lineamientos-, sino que se limita a esgrimir requisitos de participación y selección de los vencedores en las convocatorias que son publicadas cunado el sector así lo requiere. Bajo las circunstancias apuntadas en líneas anteriores, es preciso establecer que la autoridad responsable, NO HA CUMPLIDO LA SENTENCIA EJECUTORIADA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En consecuencia, REQUIÉRASE NUEVAMENTE al Secretario de Movilidad y Transporte y al Director de Concesiones y Autorizaciones de la citada secretaria, con sede en esta ciudad, para que, dentro del término no mayor de CINCO DÍAS contado a partir de que sea notificado del presente proveído, se sirvan dar el correcto cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ajustándose a los lineamientos establecidos en ésta y lo determinado en el presente acuerdo. Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término señalado, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. Además, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el expediente se remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito, para dar inicio al trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de sus puestos y sus respectivas consignaciones. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Norma Gipsy Villanueva Trejo, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 11,092 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano