Teresa de Jesús León Romo
Expediente 603/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 603/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Teresa de Jesús León Romo
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual acusa recibo del oficio 13227/2023, e informa que se avocó el conocimiento del asunto. En tal virtud, hágase del conocimiento de las partes, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual acusa de recibo de la determinación de veintitrés de mayo de actual, en la que no se aceptó la competencia planteada por el oficiante, dictada en el presente juicio de amparo; además, informa que en cuanto tenga los originales del juicio de amparo y los traslados exhibidos por la parte quejosa, acordará lo conducente. Por tanto, se toma conocimiento de lo expuesto para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida del Secretario que autoriza, José Alberto Joo Moreno, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio número 12241/2023, signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, al que adjuntó el juicio de amparo 777/2023-VII-J de su índice, formado con motivo de la demanda promovida por Teresa de Jesús León Romo, en su calidad de Síndica Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Huixtla, Chiapas, contra actos de la Sala de Revisión del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas, residente en Tuxtla Gutiérrez. Acúsese recibo vía interconexión, por lo que se autoriza al actuario de la adscripción que corresponda, firmar electrónicamente el mismo e incorporar el acuse que se obtenga de dicho envío al expediente electrónico. ANOTACIONES. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de control electrónico de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 603/2023. NO SE ACEPTA COMPETENCIA Del acuerdo de quince de mayo de dos mil veintitrés, dictado por el juzgado oficiante, se advierte que declaró carecer de competencia para conocer del asunto, bajo el argumento que los actos que la parte quejosa reclama, tienen ejecución material, en la ciudad de Huixtla, Chiapas, en virtud que de la narración de los antecedentes del acto reclamado se desprende que la parte quejosa reclama la resolución de once de abril de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de revisión RR/050-B/2023. Al respecto, debe decirse, de manera respetuosa, que quien provee no comparte el criterio sostenido por el Juzgado declinante por dos cuestiones, una es incertidumbre de dónde se va a ejecutar materialmente el acto reclamado; y la naturaleza del acto que se reclama. Para sustentar lo concerniente a la ejecución material del acto reclamado, debe precisarse que el artículo 37 de la Ley de Amparo señala lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Dicho numeral contempla la reglas de competencia por territorio y generales, para fijar la competencia de un Juez de Distrito, cuando el acto reclamado es materialmente ejecutable, en el que deba, trate, se esté o se haya ejecutado, bien cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue realizándose en otro o bien cuando no se requiere ejecución material del acto reclamado, conocerá el juez en cuya jurisdicción se presente el libelo. Como ya se mencionó, el juez declinante estimó carecer de competencia, al estimar que la resolución reclamada tiene como efectos de ejecución, la devolución de los pagos en exceso, al contribuyente "Pollo Granjero, Sociedad Anónima de Capital Variable", con sede en la ciudad de Huixtla, Chiapas; sin embargo, debe precisarse que la autoridad responsable tiene su residencia en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, así también, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, en el apartado del tercero interesado, señala a Jorge Alfonso Díaz Mandujano, en su calidad de apoderado legal de la empresa Pollo Granjero, Sociedad Anónima de Capital Variable, con domicilio en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; lo cual genera dudas respecto en dónde se va a materializar la ejecución del acto reclamado. Así también, de la narrativa realizada en el apartado de antecedentes del acto reclamado, se corrobora que la parte quejosa señalo como autoridad responsable Sala de Revisión del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas, que este emitió la resolución reclamada de once de abril de dos mil veintitrés, misma que modifica la diversa emitida por el Juez de Jurisdicción Administrativo del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas, en la cual asevera se declara la nulidad para efectos del oficio PM/TM/161/2019 de doce de agosto de dos mil diecinueve, emitido por la ahora parte quejosa; por tanto, podría tratarse de una sentencia de segunda instancia. Lo anterior se precisa, porque de resultar el acto reclamado con naturaleza de una sentencia definitiva, lo que procedería es declinar la competencia al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Pues de acuerdo a lo establecido en los artículos 170, Fracción I, de la Ley de Amparo, y 38, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la competencia de los Tribunales Colegiado de Circuito, se encuentra establecida con base en los siguientes supuestos: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; (.)" A lo anteriormente expuesto, se establece que la competencia para conocer de un juicio de amparo en que se reclama sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin a un juicio, dictadas por tribunales jurisdiccionales, administrativos o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellas, o que cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del directo quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, entendiendo por sentencia definitiva o laudos, los que deciden el juicio en lo principal; corresponde conocer del amparo directo en su contra a los Tribunales Colegiados de Circuito. Hipótesis que pudiera actualizarse en el caso concreto, pues como se mencionó, el acto reclamado es una sentencia emitida por la Sala que al parecer resuelve el fondo del juicio contencioso administrativo, por ende, puede resultar impugnable por medio de amparo directo del que corresponde conocer a un Tribunal Colegiado de Circuito. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Seminario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2010104, que dice (lo subrayado es propio): "PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA. La interpretación armónica de la disposición citada con la fracción I del propio precepto, revela que la suma de esas porciones normativas configura un sistema que regula las hipótesis de procedencia del juicio de amparo directo de manera integral: la fracción I contempla su viabilidad tanto contra resoluciones evidentemente desfavorables al gobernado, como contra aquellas en apariencia favorables pero que lo agravian; mientras que la fracción II instaura una regla excepcional para controvertir los fallos con los que el quejoso vio plenamente satisfecha su pretensión en el juicio contencioso administrativo, o bien, los que le acarrearon el máximo beneficio que podía obtener. Sobre esta base hermenéutica, el artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo no viola el derecho de acceso a la justicia, toda vez que los requisitos procesales que enlista no resultan impeditivos ni obstaculizadores de aquél pues, por un lado, ninguna porción de las sentencias de los tribunales de lo contencioso administrativo queda eximida injustificadamente del control de su constitucionalidad, en tanto las decisiones que engendran algún perjuicio al gobernado, aunque le sean favorables en determinado aspecto, son atacables con apoyo en la mencionada fracción I, siempre que su promoción pueda derivar en un mayor beneficio que el alcanzado con la sentencia reclamada y, por otro, es adecuado sujetar la procedencia del juicio de amparo directo a que la autoridad demandada en el juicio de origen también interponga contra la resolución reclamada el recurso de revisión previsto en el artículo 104, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunado a que éste resulte procedente y fundado, en virtud de que mientras subsista la sentencia favorable al particular, éste no puede obtener más provecho que el conseguido con aquélla, pero cuando se le deja insubsistente permite la intervención de los órganos del Poder Judicial de la Federación para examinar, de manera inmediata al recurso de revisión, los planteamientos de constitucionalidad del quejoso y resolver finalmente la problemática del asunto. En consecuencia, debe preferirse esta interpretación conforme con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sobre una interpretación literal de la fracción II del artículo 170 de la Ley de Amparo, la cual ocasionaría la colisión de su contenido con los derechos indicados." Así como la diversa jurisprudencia, visible en el Seminario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Décima Época, registro digital 2009826, que ilustra lo siguiente (lo subrayado es propio): "AMPARO DIRECTO. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE AMPARO RESPETA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Si se parte de la concepción de "resolución favorable" que para efectos del dispositivo citado ha establecido esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se entiende que la procedencia del juicio de amparo directo se condicione a que la autoridad demandada interponga el recurso de revisión contencioso administrativo y éste sea admitido, ya que si a través de esa resolución favorable se ha resuelto de manera absoluta la pretensión de la parte actora, quien ha obtenido el máximo beneficio, impidiendo que la autoridad emita un nuevo acto con idéntico sentido de afectación que el declarado nulo, la promoción del amparo tendría como único objeto permitir, en caso de que la situación producida por la sentencia favorable se vea afectada al estimarse procedente y fundado dicho recurso, que pueda examinarse en el amparo la constitucionalidad de las normas aplicadas en tanto de ello podría derivarse el beneficio relativo a su inaplicación, impidiéndose, además, la promoción excesiva de juicios de amparo. En este sentido, la fracción II del artículo 170 de la Ley de Amparo respeta el derecho de acceso a la justicia reconocido en el segundo párrafo del numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que de actualizarse el supuesto de sentencia favorable el particular, que en principio no veía afectado su interés jurídico, podrá promover el juicio de amparo directo con la limitación relativa a los conceptos de violación que pueden plantearse y sujetándose a las condiciones previstas respecto de la revisión fiscal, que se explican en las razones apuntadas, pero en todo caso que se considere no actualizado ese supuesto, tiene el derecho de promover el juicio de amparo en términos de la fracción I del artículo 170 mencionado, en el que podrá hacer valer tanto cuestiones de legalidad, como de constitucionalidad de las normas generales aplicadas, lo que demuestra que la acción de amparo en ningún caso le está vedada, salvo que con su promoción ya no pueda obtener ningún beneficio." Conforme a lo anterior, y al existir incertidumbre respecto al lugar donde se materializará la ejecución del acto reclamado, y no contar con datos objetivos que desprendan con certeza la naturaleza de la resolución reclamada, pues podría tratarse de una sentencia definitiva que resuelve el fondo del juicio contencioso administrativo, se considera, con todo respeto, que el juez declinante debió recabar las constancias necesarias para determinar con claridad las reglas que fijan la competencia, en el caso concreto, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo; así como cerciorarse de la naturaleza del acto reclamado, para desvirtuar si se trata de una sentencia; lo anterior a fin de tener elementos suficientes para declinar la competencia planteada. En consecuencia, este Juzgado de Distrito no acepta la competencia planteada para conocer del presente juicio, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de once de abril de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de revisión RR/050-B/2023, del índice Sala de Revisión del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas, residente en Tuxtla Gutiérrez. En ese orden de ideas, devuélvase el juicio de amparo 777/2023 al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, a efecto de que esté en condiciones de proveer lo conducente, solicitándole de la manera más atenta que remita vía electrónica, el acuse de recibo correspondiente e informe la determinación que se sirva emitir. Finalmente, fórmese el cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Cúmplase. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida del Secretario que autoriza, José Alberto Joo Moreno, quien certifica que la demanda que dio origen a este acuerdo y el presente proveído se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe
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