Teresa de Jesus Dzib Mejia
Expediente 184/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 184/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Teresa de Jesus Dzib Mejia
Actuaciones
- Principal
V.- Vista la certificación que antecede, conforme así lo permiten las cargas de trabajo debido a las condiciones de limitación de recursos humanos disponibles y la restricción de horario, imperantes circunstancias impuestas con las que funcionan actualmente los órganos jurisdiccionales federales, y advirtiéndose que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese recurrido el auto de veinticuatro de marzo del año en curso, mediante el cual este Juzgado DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Teresa de Jesús Dzib Mejía; por tanto, con fundamento en el precepto 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2 de la Ley de la materia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, previstos por los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; toda vez que en el presente expediente se desechó la demanda de amparo promovida, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción, después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del citado acuerdo. Toda vez que de autos se advierte que existe glosado un documento en original exhibido por la parte quejosa, con su escrito inicial de demanda; en tal virtud, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de NOVENTA DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos legales la notificación de este proveído, acuda a este Órgano Jurisdiccional a recoger los documentos exhibidos en el presente juicio de garantías, previa identificación a satisfacción de este Juzgado y constancia de su recibo que se deje en autos para tal efecto, así como, previa copia certificada que de los documentos a devolver se deje en este expediente, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, dicha documentación será destruida junto con el expediente, conforme a lo establecido en párrafos precedentes. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
- Principal
V.- Con esta fecha se notifica la parte quejosa el auto de veinticuatro de marzo del año en curso, que en lo conducente dice: Vista la demanda de amparo de cuenta en la que Teresa de Jesús Dzib Mejía, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Procurador Fiscal del Estado, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 184/2021-V-A. Ahora bien, antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. En el presente asunto, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que en esencia la parte promovente reclama: ".La resolución RR-01/2021 de fecha tres de febrero de dos mil veintiuno, expedida por la ahora autoridad responsable, mediante la cual determina improcedente el recurso de revocación interpuesto por la suscrita, toda vez que afirma que la autoridad de la cual me adolezco no me determina un crédito fiscal." Por ello, en primer término, conviene precisar que los actos que se analizan en el presente juicio de amparo, tienen naturaleza administrativa, pues se reprocha a una autoridad distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en contra de los cuales procede un medio ordinario de defensa legal, específicamente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. Efectivamente, el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; [.]." Por su parte, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de la Materia, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]." Sobre esta base normativa, es menester desatacar que la naturaleza del juicio de amparo, conforme a la legislación aplicable al caso, es la de un procedimiento de control constitucional, por lo que su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales se encuentran imbíbitos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional con el propósito de que previo a la interposición del juicio de amparo, se agoten todos los medios de defensa ordinarios procedentes, evitando así, que por otro lado la interposición del juicio de amparo tenga el efecto pernicioso de obstaculizar la tramitación de aquéllos, hasta su culminación con el dictado de una resolución firme e incontrovertible; fortaleciendo, por otro lado, el ejercicio de las facultades que corresponden a las demás autoridades para resolver sobre las situaciones que se les presenten y generando certidumbre en el ordenamiento jurídico. Lo anterior, básicamente, porque se estima que el juicio de derechos fundamentales es un medio extraordinario de defensa, que sólo procede cuando se han intentado antes (agotado) los medios ordinarios. De lo contrario, se actualizará la causa de improcedencia conocida como inobservancia al principio de definitividad. Sin embargo, de esas mismas normas se advierten las siguientes excepciones a ese principio respecto de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo: A. Actos que carezcan de fundamentación. B. Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. C. Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable contemple su existencia. D. Exista juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, independientemente de que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo, siempre y cuando conforme a las leyes que los rijan: D1) No se suspendan los efectos de esos actos, ni de oficio ni mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso. D2) Sí suspendan los efectos del acto, ya sea de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal, pero cuando esa suspensión: D2.1) No tiene los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo. D2.2) Exija mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva. D2.3) Establezca un plazo mayor que el que establece la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional. En efecto, tal principio de definitividad no es irrestricto, pues cuenta con diversas excepciones que derivan de la propia norma constitucional, así como de la reglamentaria, entre otras, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal. Las que deben prevalecer sobre la referida regla general. Particularmente, el Máximo Tribunal del País ha sostenido que cuando en la demanda de amparo únicamente se aduzcan violaciones directas a la Constitución, no es obligatorio para el afectado hacer valer recurso ordinario alguno, por lo que se surte una salvedad al principio de definitividad; en cambio, cuando además de aquéllas, se impugnen violaciones indirectas a la Constitución (de legalidad), no hay razón para estimar que no deba agotarse el recurso ordinario, pues de lo contrario, imperaría el arbitrio del quejoso, quien por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. Consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial sin número, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 175-180, Tercera Parte, Página 119, Registro 237480, que incluso fue citada por el juez federal en el acuerdo recurrido y que es del tenor siguiente: RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. Sentado lo anterior, en el caso a estudio -como ya se adelantó- se actualiza la referida causa de improcedencia, toda vez que contra el acto de autoridadades administrativas, como lo es el que precisamente reclama la parte quejosa consistente en la resolución RR-01/2021 de tres de febrero del año en curso, mediante la cual la autoridad responsable determinó improcedente el recurso de revocación interpuesto por la quejosa, pues afirmó que la autoridad de la cual se adolece, no le determinó un crédito fiscal, es evidente que dicho acto es susceptible de ser controvertido en términos del artículo 187, fracción II, del Código de Justicia Administrativa1, tal como la misma autoridad lo precisó y consta en la determinación que anexó la quejosa a su escrito de demanda. Con este marco jurídico, se establece que en el caso, el acto reclamado constituye una determinación, que fue dictada por una autoridad estatal fuera de un procedimiento administrativo, en la que se determinó improcedente el recurso de revocación, por lo que constituye una resolución dictada por una autoridad distinta de tribunales judiciales respecto de la cual se actualiza la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, motivo por el cual debió agotarse el juicio contencioso administrativo en esa instancia. Pues de conformidad con lo previsto en los artículos 13, primero párrafo, 161 y 187, fracción II, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, dichos actos reclamados son susceptibles de ser modificados, revocados o nulificados a través del juicio de nulidad. Para demostrar lo anterior, es necesario traer a colación dichos preceptos legales que establecen lo siguiente: "Artículo 13. Las disposiciones de este Título son aplicables a la actuación de los particulares ante la Administración Pública del Estado o los Municipios, así como a los actos a través de los cuales se desenvuelve la función administrativa." "Artículo 187. El Tribunal es competente para dirimir las controversias que se susciten entre administración pública estatal y municipal, y los particulares; por lo que conocerá de los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos, resoluciones definitivas y procedimientos que se indican a continuación: "Artículo 187. El Tribunal es competente para dirimir las controversias que se susciten entre administración pública estatal y municipal, y los particulares; por lo que conocerá de los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos, resoluciones definitivas y procedimientos que se indican a continuación: [.] II. Las que se dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o orales.". [.] II. Las que se dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales.". "Artículo 161. La sentencia definitiva podrá: I. Reconocer la validez de la resolución impugnada; II. Declarar la nulidad de la resolución impugnada. III. Siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, del artículo 160 de este Código, el Tribunal declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución; en los demás casos, cuando corresponda a la pretensión deducida, también podrá indicar los términos conforme a los cuales deberá dictar su resolución la autoridad administrativa. En los casos en que la sentencia implique una modificación a la cuantía de la resolución administrativa impugnada, la Sala competente deberá precisar, el monto, el alcance y los términos de la misma para su cumplimiento. Tratándose de sanciones, cuando dicho Tribunal aprecie que la sanción es excesiva porque no se motivó adecuadamente o no se dieron los hechos agravantes de la sanción, deberá reducir el importe de la sanción apreciando libremente las circunstancias que dieron lugar a la misma. IV. Declarar la nulidad de la resolución impugnada y además: a) Reconocer al demandante la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación correlativa. b) Otorgar o restituir al demandante en el goce de los derechos afectados. c) Declarar la nulidad del acto o resolución administrativa de carácter general, caso en que cesarán los efectos de los actos de ejecución que afectan al demandante, inclusive el primer acto de aplicación que hubiese impugnado. La declaración de nulidad no tendrá otros efectos para el demandante, salvo lo previsto por las leyes de la materia de que se trate. d) Reconocer la existencia de un derecho subjetivo y condenar al ente público estatal o municipal al pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos. Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, conforme a lo dispuesto en la fracción III, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses, contado a partir de que la sentencia quede firme. Si el cumplimiento de la sentencia entraña el ejercicio o el goce de un derecho por parte del demandante, transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que la autoridad hubiere cumplido con la sentencia, el beneficiario del fallo tendrá derecho a una indemnización que la Sala que haya conocido del asunto determinará, atendiendo el tiempo transcurrido hasta el total cumplimiento del fallo y los perjuicios que la omisión hubiere ocasionado, sin menoscabo de lo establecido en el artículo 167 de este Código. El ejercicio de dicho derecho se tramitará vía incidental. Cuando para el cumplimiento de la sentencia, sea necesario solicitar información o realizar algún acto de la autoridad administrativa en otra entidad federativa, o en el extranjero, se suspenderá el plazo a que se refiere el párrafo anterior, entre el momento en que se pida la información o en que se solicite realizar el acto correspondiente y la fecha en que se proporcione dicha información o se realice el acto. Transcurridos los plazos establecidos en este precepto, sin que se haya dictado la resolución definitiva, precluirá el derecho de la autoridad para emitirla salvo en los casos en que el particular, con motivo de la sentencia, tenga derecho a una resolución definitiva que le confiera una prestación, le reconozca un derecho o le abra la posibilidad de obtenerlo. En el caso de que se interponga recurso, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia. La sentencia se pronunciará sobre la indemnización o pago de costas, solicitados por las partes, cuando se adecue a los supuestos del artículo 105 de este Código.". De lo dispuesto en dichos artículos se advierte que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, conocerá de los juicios contenciosos administrativos que se promuevan contra actos administrativos que se dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales; pudiendo reconocer la validez, decretar la nulidad lisa y llana o declarar una nulidad para efectos de los actos combatidos. Tan es así, que en la resolución que se impugna por esta vía constitucional, y la cual exhibe la quejosa con su escrito de demanda, la autoridad responsable determinó en su resolutivo tercero lo siguiente: ". TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 124 del Código Fiscal del Estado de Quintana Roo vigente, se hace del conocimiento a la recurrente que de acuerdo a lo establecido por el artículo 118, fracción I, inciso a), del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, podrá impugnar esta resolución ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, a través del Juicio Contencioso Administrativo, dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de ésta resolución." Por consiguiente, si contra el acto reclamado en el presente juicio de amparo que combate la parte quejosa procede el juicio contencioso administrativo que se promueva ante el referido Tribunal de Justicia Administrativa de esta entidad federativa, el cual puede modificar el actuar de la autoridad responsable; y, en consecuencia, la promovente podría obtener la reparación de los derechos que estima conculcados, es incuestionable que se satisface la diversa exigencia contemplada en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Máxime, que la legislación que rige la suspensión dentro del juicio de que se trata, suspende los actos de molestia sin exigir mayores requisitos que los consignados en la Ley de Amparo, pues, el artículo 134 del Código de Justicia Administrativa para el Estado de Quintana Roo establece que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por la actora o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes:"a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables en el Estado. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable; En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía; c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme, y d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia definitiva; b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado; c) El Magistrado deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud, y d) El Magistrado requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, el Magistrado podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad." Por su parte, sobre la suspensión de los actos de molestia, la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso." "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. Artículo 133. La suspensión, en su caso, quedará sin efecto si el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo. No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cuando puedan afectarse derechos que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la contragarantía." "Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía. Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aún cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional." Ahora bien, al efectuar un examen comparativo entre los preceptos legales transcritos de las leyes invocadas, se aprecia claramente que en el caso, el Código de Justicia Administrativa para el Estado de Quintana Roo, que rige la tramitación del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la misma entidad federativa, no impone mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para suspender los efectos de los actos reclamados y con los mismos alcances que los que prevé esta misma legislación, por lo que, indudablemente se actualiza la causa de improcedencia invocada, ya que, previo a la promoción de la demanda que nos ocupa, la parte quejosa debió agotar el juicio contencioso administrativo ante el citado Tribunal de Justicia Administrativa, cuyo resultado puede conducir a la modificación, revocación o nulidad de los actos que se combaten en esta instancia constitucional. Al respecto, es aplicable por las razones que la integran, la Jurisprudencia 2a./J. 130/2013 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1446, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, Décima Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. En ese orden de ideas, es claro que el acto reclamado, encuadra dentro de los actos administrativos que debe conocer el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, a través del juicio de nulidad, tal como lo refiere expresamente el artículo 187, fracción II, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo; ya que el mismo fue dictado en agravio de la directa moral quejosa. Lo anterior se afirma en razón de que los artículos 1, 101, 102, 118 y 187, fracciones II y XI, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, disponen lo siguiente: "Artículo 1. Las disposiciones de este Código son de orden e interés público, y tiene por objeto establecer las disposiciones relativas a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Estatal y Municipal centralizada frente a particulares, el procedimiento contencioso administrativo para dirimir controversias entre particulares y éstas, así como establecer la organización y el funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. [.]" "Artículo 101. El juicio contencioso administrativo, procede contra las controversias a que refiere el artículo 1112 de la Constitución Local, así como las señaladas en el artículo 187 de este Código. "Artículo 111. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, tendrá a su cargo: I. Dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y municipal y los particulares, derivados de: a) Los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública del Estado o de los Ayuntamientos dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales; b) Los juicios en contra de los actos administrativos de la Administración Pública Paraestatal del Estado o los Municipios, cuando actúen con el carácter de autoridades; c) Los juicios en contra de las resoluciones definitivas dictadas por la Administración Pública del Estado o de los Ayuntamientos en las que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije ésta en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación, nieguen la devolución de un ingreso indebidamente percibido o cualesquiera otras que causen agravio en materia fiscal; d) Los juicios en contra de la falta de contestación de las mismas autoridades, dentro de un término de Artículo 102. Son partes en el juicio contencioso administrativo: I. El demandante. Tendrán ese carácter: a) El particular, y b) En el caso del juicio de lesividad, la autoridad. II. El demandado. Tendrán ese carácter: a) La autoridad omisa o la que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto, resolución o actuación de carácter administrativo o fiscal impugnados, o a la que se le atribuya el silencio administrativo, y [.]" "Artículo 118. El plazo para interponer la demanda será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al accionante de la resolución o acuerdo que reclame, o al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos, cuando no exista notificación legal.[.]" "Artículo 187. El Tribunal es competente para dirimir las controversias que se susciten entre administración pública estatal y municipal, y los particulares; por lo que conocerá de los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos, resoluciones definitivas y procedimientos que se indican a continuación: [.] II. Las que se dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales; III. De la Administración Pública Paraestatal del Estado o los Municipios, cuando actúen con el carácter de autoridades; Para los efectos de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa. [.] treinta días naturales, a las promociones presentadas ante ellas por los particulares, a menos que las leyes y reglamentos fijen otros plazos o la naturaleza del asunto lo requiera; e) Los juicios en contra de resoluciones de negativa ficta en materia fiscal, que se configurarán transcurridos cuatro meses a partir de la recepción por parte de las autoridades demandadas competentes de la última promoción presentada por el o los demandantes, a menos que las leyes fiscales fijen otros plazos; f) Los juicios en que se demande la resolución de afirmativa ficta, cuando lo establezcan expresamente las disposiciones legales aplicables y en los plazos en que éstas lo determinen; g) Los juicios en que se impugne la negativa de la autoridad a certificar la configuración de la afirmativa ficta, cuando así lo establezcan las leyes, y h) Los juicios que promuevan las autoridades para que sean nulificadas las resoluciones fiscales favorables a las personas físicas o morales y que causen una lesión a la Hacienda Pública del Estado o de los Ayuntamientos; II. Imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; III. Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales; IV. Aprobar, modificar o dejar sin efectos la jurisprudencia y tesis relevantes que se deriven de las sentencias del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, y V. Las demás atribuciones que expresamente se señalen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución, su ley orgánica y demás disposiciones aplicables." De lo antes transcrito, se advierte que el Código de Justicia Administrativa en comento, tiene por objeto: i) Establecer las disposiciones relativas a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Estatal y Municipal centralizada frente a particulares, ii) Establecer el procedimiento contencioso administrativo para dirimir controversias entre particulares y éstas, y iii) Establecer la organización y el funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. Asimismo, se advierte que el juicio contencioso administrativo, procede contra los actos precisados en el artículo 187 del mismo código, entre las cuales destaca la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, para dirimir las controversias que se susciten entre administración pública estatal y las personas morales, y conocer de los juicios que se promuevan en i) contra de los actos administrativos, ii) resoluciones definitivas y iii) procedimientos, que se dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales. Y también se aprecia que se explica lo que se considera resolución definitiva, siendo aquéllas las resoluciones que se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa; lo que ha sido interpretado por el máximo tribunal como el producto final o la voluntad definitiva de la administración pública, que suele ser de dos formas: a) como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, y b) como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. En ese orden de ideas, se advierte que el juicio contencioso administrativo previsto en el Código de Justicia Administrativa del Estado, es procedente -en términos de la fracción II del artículo 187 del Código en consulta-, en contra de los i) actos administrativos, ii) resoluciones definitivas y iii) procedimientos. Ahora bien, como se adelantó, hay excepciones al principio de definitividad para agotar el juicio contencioso administrativo previsto en el Código de Justicia Administrativa del Estado antes de acudir al juicio de amparo, y que para evidenciarlo, se tiene que el acto reclamado en la demanda no se encuentran en ninguno de los siguientes supuestos: a) Violaciones directas a la Constitución. En el caso, no se advierte alguna la violación directa a la Constitución Federal, por lo que tampoco se actualiza la excepción que previene el segundo párrafo del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Ello, en virtud de que en contra de las determinaciones adoptadas por la autoridad responsable emisora de los actos reclamados, puede controvertirse su legalidad, ubicándose de esta forma fuera de las condiciones necesarias para actualizar la citada excepción. Por tanto, se llega a la conclusión que el acto que reclamó la parte quejosa en el presente juicio constitucional, no es de naturaleza definitiva para efectos del juicio de amparo, y Orienta lo anterior, la tesis 2a. X/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el registro IUS 184733, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, febrero de 2003, página 336, de rubro: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 'RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS. ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL." por tanto, no es un acto que en este momento le permita promover la vía constitucional. b) Falta de fundamentación No se actualiza la falta de fundamentación del acto reclamado que actualice una causa de excepción al principio de definitividad, porque de la lectura de los anexos remitidos por la quejosa se advierte que la autoridad responsable cita los preceptos legales en que sustentó su determinación. Lo que pone de manifiesto, que la quejosa ya conoce de los fundamentos legales en que descansa la determinación y que el acto reclamado no adolezca de fundamentación. De tal manera, que al dar cumplimiento a esos tópicos y obtener elementos veraces que permiten apreciar que la parte quejosa debió agotar el principio de definitividad, lo cual no genera afectación a derechos fundamentales en su esfera jurídica, constituyen razones suficientes que abonan a considerar, que se actualiza sin lugar a dudas la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, máxime que las causas de improcedencia deben estudiarse por el juzgador aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establecen los artículos 113 y 62 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XX, en relación con el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el que indica en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a los Licenciados Héctor Hernán Pérez Rivero y Saúl Alonso Ávila Tehosol, por haber acreditado el registro de sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito; y términos restringidos del citado numeral a Héctor Gabriel Pérez Rodríguez, Charles Albert Rublee Insignares, Miguel José Ancona Ancona, Pablo Jesús Alcocer Mejía y Guadalupe de la Rosa Sifuentes, hasta en tanto acrediten el registro de su cédula en dicho sistema. De conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que de ser posible y en consideración a las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen con la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea" utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Finalmente, con fundamento en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
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