Teresa de Jesus Cordova Molina

Expediente 286/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
286/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
09/04/2018

Partes del expediente

  • Teresa de Jesus Cordova Molina

Actuaciones

  1. Principal

    ...se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo ...

  2. Principal

    Vista la comparecencia que antecede, de la que se advierte el quejoso ratificó su escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado el doce de marzo de la presente anualidad, en consecuencia, provéase lo conducente. En ese orden de ideas, vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, sin que la parte tercero interesada hubiera hecho efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada con motivo de la suspensión; ante tales circunstancias, se pone a disposición de la parte quejosa el billete de depósito N788893, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., que ampara la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.). Por consecuencia, se le requiere para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este Juzgado, con identificación oficial vigente, a recoger dicho billete, con el apercibimiento que de no hacerlo, una vez que transcurra el término de dos años al que se refiere el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, se procederá a su prescripción, en favor de dicha Tesorería. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa

  3. Principal

    TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPRAECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DEL PROVEÍDO DE QUINCE DEL MES Y AÑO EN CURSO PREVIO AVISO QUE SE DEJO EN SU DOMICILIO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA: Visto el escrito de demanda signado por Teresa De Jesús Córdova Molina, por propio derecho, téngasele solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Agente del Ministerio Público de Litigación y otras. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 286/2018-1, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, son: Judicialización de la carpeta de investigación 12-2016-13071. La citación para que comparezca a las once horas del diez de abril de dos mil dieciocho ante el Juez Penal de Control, para el desahogo de la audiencia inicial, por el delito de abuso de confianza. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretado este último a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que este juzgador considera que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Al respecto, es preciso traer a colación el contenido de los artículos 5, fracción I y 6° de la Ley de Amparo, los cuales establecen: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resienta una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Las citadas disposiciones con el diverso artículo 107, fracción I, Constitucional, conforman el llamado interés jurídico, cuya ausencia en quien ocurre a solicitar la protección constitucional, provoca la causa de improcedencia en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, dicho precepto en lo que interesa dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." De la interpretación sistemática de dichos preceptos legales, en concordancia con el artículo 107, fracción I, Constitucional, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente cuando alguna autoridad emita un acto que no afecte los intereses jurídicos de la parte quejosa, lo que implica que en todo caso, el proceder del órgano de gobierno, para ser examinado a través de la instancia constitucional, requiere como presupuesto, ser susceptible de generar perjuicio al gobernado, esto es, que exista un derecho que pueda resultar violado con el acto reclamado, lo que de no actualizarse en el caso concreto, tendría como consecuencia la improcedencia del amparo al no generarse el perjuicio como requisito indispensable para la procedencia de dicho derecho constitucional. En efecto, conviene precisar que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no referirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación a la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Es así, como se desprende que el ejercicio de la vía constitucional compete a quien perjudique el acto o ley que reclama, por consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, es necesario que haya un perjuicio a la parte quejosa o agraviada. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 293, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 242, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." Así como la jurisprudencia 1a./J.1/2002, también de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, página 15, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA." Pues bien, en el caso particular se advierte que el presente juicio de amparo resulta improcedente respecto del acto consistente en la judicialización de la carpeta de investigación 12-2016-13071 y la citación del aquí quejoso a efecto de que comparezca a las once horas del diez de abril de dos mil dieciocho ante el Juez Penal de Control, para el desahogo de la audiencia inicial para formular la imputación contra el quejoso por el delito de abuso de confianza, en atención a que dichos actos por sí solos no lesionan los derechos fundamentales del quejoso. Por tanto, los actos reclamados ya citados no transgrede los derechos del quejoso. Se afirma lo anterior tomando en consideración que el acuerdo que ordena de conformidad con el artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la citación mencionada, pese a constituir el vínculo para que se lleve a cabo la eventual formulación de la imputación, no ocasiona un perjuicio en la esfera de derechos del quejoso como es el derecho a la libertad o algún otro, pues la judicialización de la carpeta en comento y la citación para llevar a cabo la audiencia inicial no involucra el análisis de los hechos delictuosos o la probable participación del imputado en su comisión, pues simplemente representa un aviso de que aquél debe comparecer ante la autoridad jurisdiccional para la práctica de una diligencia, con motivo de que el Ministerio Público solicitó que se formalice el procedimiento por medio de la intervención judicial. Por lo que ante este panorama no existe un acto tendente de manera inmediata a privar de su libertad al quejoso, ya que en todo caso será hasta que la autoridad judicial, previa solicitud del Ministerio Público, determine librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica. Y si bien, el imputado debe comparecer transitoriamente ante el juez de control, ello no puede considerarse que afecte su libertad personal, en la medida que su comparecencia únicamente busca lograr la celebración de la audiencia inicial, pero no privar de la libertad al imputado, es decir, el auto que ordena la citación a la audiencia inicial, no constituye en sí la resolución que en su caso pudiera restringir su derecho de libertad, pues ésta sería, como ya se destacó, la diversa en la que se determine librar la orden de aprehensión, previa solicitud del Ministerio Público, pero inicialmente queda a voluntad del imputado comparecer o no, quien de no hacerlo entonces se estará a lo que sobre el particular solicite el representante social a la autoridad jurisdiccional, en tanto no se faculta al Juez para que sin la solicitud del Ministerio Público haga cumplir la cita, ya que el artículo 141 del indicado código procesal señala en lo conducente que ".el juez de control, a solicitud del Ministerio Público podrá ordenar:" y alude al citatorio, orden de comparecencia y a la orden de aprehensión. Considerar lo contrario generaría un abuso en la promoción del juicio de amparo indirecto, que a su vez daría origen a la dilatación en la celebración de las etapas que integran el nuevo sistema penal. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis XXVII.3o.49 P (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, ubicada en publicación semanal, de rubro: "AUDIENCIA INICIAL. EL AUTO QUE ORDENA CITAR AL IMPUTADO A SU CELEBRACIÓN ES UN ACTO FUERA DE JUICIO QUE NO OCASIONA A ÉSTE PERJUICIO EN SU ESFERA DE DERECHOS, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Por tanto, al haberse actualizando (sic) en forma notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XII del artículo 61, en relación con la fracción I del numeral 5°, ambos de la Ley de Amparo, resulta procedente decretar el sobreseimiento en el juicio, fuera de audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del ordenamiento en cita, puesto que ni aún con la celebración de la misma podría desvirtuarse con prueba alguna tal hecho jurídico; de ahí que resulta innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 Constitucional, esperar a que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo. No pasa inadvertido para este juzgado, que la causa de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de derechos; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio del quejoso, para oír y recibir notificaciones el ubicado en Boulevard Nuevo Hidalgo número 519, Colonia Puerto de Hierro en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, Hidalgo; y como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la licenciada Anither Uribe Abreo, por contar con el registro de su cédula profesional en el módulo de consulta del Consejo de la Judicatura Federal, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Joan Gilberto Esperilla Hernández, por no contar con el citado registro de su cédula profesional. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento de los promoventes que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. Notifíquese personalmente.

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