Teresa de Jesús Chávez Gómez

Expediente 1173/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1173/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
26/12/2018

Partes del expediente

  • Teresa de Jesús Chávez Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    1. Estado de autos. Visto el cómputo que antecede realizado por el Secretario, del que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de siete de diciembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 2. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. 3. Destrucción. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además no tiene relevancia documental para su conservación. 4. Transferencia. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    1. Recepción. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, por medio del cual devuelve los autos del juicio de amparo 1173/2018 del índice de este juzgado y remite copia certificada de la resolución dictada el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, en el recurso de queja 233/2018, en el que declaró fundado el recurso interpuesto en contra del proveído de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho; en consecuencia, acúsese recibo correspondiente, glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del mencionado medio de impugnación y hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. 2. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la lectura de la demanda se advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu del mismo ordenamiento. Por actos de imposible reparación debemos entender aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera, esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se pueden reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el juicio queden reparadas en la sentencia que llegue a pronunciarse. Conforme a lo anterior, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen; esto es, dichos actos solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. En el presente asunto el acto reclamado lo constituye la resolución interlocutoria de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, dictada por la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, en el toca 389-B-2C01/2018, por la cual confirmó el auto de once de junio del año en curso, dictado por el Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, por el cual declaró improcedente la excepción de litispendencia opuesta por la ahora quejosa, en los autos del juicio ordinario civil 903/2017. Ahora, de la lectura de la demanda de amparo presentada por Teresa de Jesús Chávez Gómez, se advierte que el nueve de noviembre de dos mil diecisiete, Guillermo Benjamín y María Luisa, ambos de apellidos Córdova Chanona, así como Samuel Francisco Córdova López, promovieron en juicio ordinario civil en ejercicio de la acción real reivindicatoria contra de la ahora quejosa, demanda que fue admitida por auto de diez de noviembre de dos mil diecisiete, por el Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, con sede en esta ciudad. Que por escrito de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, la quejosa se apersonó a juicio, contestó la demanda, ofreció pruebas, reconvino a los actores y opuso, entre otras, la excepción de litispendencia; que por auto de once de enero de dos mil dieciocho, el juez de origen tuvo por presentados a los actores y demandados reconvenidos desahogando en tiempo y forma la vista respecto de la excepción de litispendencia opuesta por la quejosa. Asimismo, mediante proveído de uno de junio de dos mil dieciocho, el juez natural ordenó turnar los autos del expediente 903/2017, para el dictado de la resolución interlocutoria relativa a la excepción de litispendencia propuesta, por lo que el once del mes y año en mención, resolvió el incidente planteado, declarando improcedente la excepción de litispendencia. Que inconforme con lo anterior, el veinte de junio de dos mil dieciocho, la quejosa interpuso recurso de apelación, misma que fue resuelta mediante sentencia interlocutoria de veintitrés de agosto del año en curso, por la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, en el toca 389-B-2C01/2018, en la cual confirmó la interlocutoria combatida. Esa determinación constituye el acto reclamado. Como puede verse, el acto que hoy reclama la quejosa no le causa un perjuicio de forma inmediata, pues, el juicio, de cualquier modo se desarrollará en todas sus etapas y la parte demandada, ahora quejosa, tendrá la oportunidad de defenderse y lograr obtener fallo favorable a sus intereses, quedando dicha violación insubsistente, de otro modo, el perjuicio sólo se producirá en el momento en que se dicte la sentencia definitiva y ésta resulte contraria a los intereses de la quejosa en función de dicha violación, pudiendo recurrir dicha sentencia, así como la violación procesal antes aludida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IV.2o.C.J/2 (10a.) sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito. Por tanto, el acto que se reclama en esta vía constitucional no se encuentra contemplado en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 107, de la Ley de Amparo para la procedencia de la acción constitucional indirecta, por no causarse un gravamen de imposible reparación a la quejosa, ya que éste sólo se producirá en el momento en que se dicte la sentencia que resuelva en definitiva el fondo del juicio natural y ésta resulte contraria a los intereses de la impetrante de amparo, en función de dicha violación. De igual manera, es aplicable al caso la jurisprudencia 1ª./J.108/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así las cosas, al dejarse establecido que el acto reclamado no se encuentra contemplado en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 107 de la ley reglamentaria para la procedencia de la acción constitucional indirecta, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo; y en tal virtud, con apoyo en el artículo 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la presente demanda. 3. Domicilio y autorizados para notificaciones. En proveído de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, se acordó lo conducente. 4. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 5. Reproducción electrónica y entrega de copias. En proveído de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, se acordó lo relativo. 6. Expediente electrónico. En proveído de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, se acordó lo conducente. 7. Devolución de documentos. Se deja de proveer al respecto, toda vez que mediante proveído de veinticinco de septiembre, se proveyó al respecto. 8. Promociones sin incidencia en tramitación. En proveído de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, se acordó lo conducente.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA PARTE QUEJOSA "...Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la lectura de la demanda se advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu del mismo ordenamiento. Por actos de imposible reparación debemos entender aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera, esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se pueden reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el juicio queden reparadas en la sentencia que llegue a pronunciarse. Conforme a lo anterior, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen; esto es, dichos actos solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. En el presente asunto el acto reclamado lo constituye la resolución interlocutoria de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, dictada por la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, en el toca 389-B-2C01/2018, por la cual confirmó el auto de once de junio del año en curso, dictado por el Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, por el cual declaró improcedente la excepción de litispendencia opuesta por la ahora quejosa, en los autos del juicio ordinario civil 903/2017. Ahora, de la lectura de la demanda de amparo presentada por Teresa de Jesús Chávez Gómez, se advierte que el nueve de noviembre de dos mil diecisiete, Guillermo Benjamín y María Luisa, ambos de apellidos Córdova Chanona, así como Samuel Francisco Córdova López, promovieron en juicio ordinario civil en ejercicio de la acción real reivindicatoria contra de la ahora quejosa, demanda que fue admitida por auto de diez de noviembre de dos mil diecisiete, por el Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, con sede en esta ciudad. Que por escrito de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, la quejosa se apersonó a juicio, contestó la demanda, ofreció pruebas, reconvino a los actores y opuso, entre otras, la excepción de litispendencia; que por auto de once de enero de dos mil dieciocho, el juez de origen tuvo por presentados a los actores y demandados reconvenidos desahogando en tiempo y forma la vista respecto de la excepción de litispendencia opuesta por la quejosa. Asimismo, mediante proveído de uno de junio de dos mil dieciocho, el juez natural ordenó turnar los autos del expediente 903/2017, para el dictado de la resolución interlocutoria relativa a la excepción de litispendencia propuesta, por lo que el once del mes y año en mención, resolvió el incidente planteado, declarando improcedente la excepción de litispendencia. Que inconforme con lo anterior, el veinte de junio de dos mil dieciocho, la quejosa interpuso recurso de apelación, misma que fue resuelta mediante sentencia interlocutoria de veintitrés de agosto del año en curso, por la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, en el toca 389-B-2C01/2018, en la cual confirmó la interlocutoria combatida. Esa determinación constituye el acto reclamado. Como puede verse, el acto que hoy reclama la quejosa no le causa un perjuicio de forma inmediata, pues, el juicio, de cualquier modo se desarrollará en todas sus etapas y la parte demandada, ahora quejosa, tendrá la oportunidad de defenderse y lograr obtener fallo favorable a sus intereses, quedando dicha violación insubsistente, de otro modo, el perjuicio sólo se producirá en el momento en que se dicte la sentencia definitiva y ésta resulte contraria a los intereses de la quejosa en función de dicha violación, pudiendo recurrir dicha sentencia, así como la violación procesal antes aludida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IV.2o.C.J/2 (10a.) sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito. Por tanto, el acto que se reclama en esta vía constitucional no se encuentra contemplado en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 107, de la Ley de Amparo para la procedencia de la acción constitucional indirecta, por no causarse un gravamen de imposible reparación a la quejosa, ya que éste sólo se producirá en el momento en que se dicte la sentencia que resuelva en definitiva el fondo del juicio natural y ésta resulte contraria a los intereses de la impetrante de amparo, en función de dicha violación. De igual manera, es aplicable al caso la jurisprudencia 1ª./J.108/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así las cosas, al dejarse establecido que el acto reclamado no se encuentra contemplado en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 107 de la ley reglamentaria para la procedencia de la acción constitucional indirecta, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo; y en tal virtud, con apoyo en el artículo 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la presente demanda.

  4. Principal

    1. Promoción. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa Teresa de Jesús Chávez Gómez, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo; al respecto, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, tramítese el recurso de queja hecho valer y remítanse de inmediato al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en turno, residente en esta ciudad, el original y copia del escrito de agravios, así como el original del presente juicio, para los efectos legales correspondientes. 1.1 Instrucción. Se instruye al Secretario para que bajo su más estricta responsabilidad, remita el escrito de cuenta y los anexos relativos, así como, los autos del presente juicio debidamente integrado, foliado, rubricado y entresellado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en turno, residente en esta ciudad, para la substanciación del recurso correspondiente. 1.2 Antecedentes de recurso. Asimismo, comuníquese a la Superioridad que en el presente juicio no se ha interpuesto diverso recurso. 1.3 Informe. De igual manera, ríndase informe con justificación sobre la materia de la queja, manifestando que es cierto el acto que recurre la parte quejosa, pues este juzgado dictó el proveído de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho.

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