Teresa de Jesús Camacho Piña

Expediente 845/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
845/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
11/11/2022

Partes del expediente

  • Teresa de Jesús Camacho Piña
  • José Julio Gilberto Becerra Moreno Gerente comercial del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Certificación de archivo.

  2. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, el proveído de VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, que en resumen dice: León, Guanajuato, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. I. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Auto causa estado. De la certificación que antecede se advierte que no fue impugnado dentro del plazo legal el auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós en el que se desechó la demanda de amparo; por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se desechó la demanda, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. III. Se dejan a disposición documentos. Finalmente, de autos se advierte que se encuentran documentos de la quejosa, por lo que se le requiere para que acuda a este juzgado dentro de un plazo de noventa días a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación.Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Se hace constar que la presente foja corresponde a la última del acuerdo dictado el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, en el expediente 845/2022. Doy fe.

  3. Principal

    León, Guanajuato, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. I. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Auto causa estado. De la certificación que antecede se advierte que no fue impugnado dentro del plazo legal el auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós en el que se desechó la demanda de amparo; por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se desechó la demanda, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. III. Se dejan a disposición documentos. Finalmente, de autos se advierte que se encuentran documentos de la quejosa, por lo que se le requiere para que acuda a este juzgado dentro de un plazo de noventa días a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Se hace constar que la presente foja corresponde a la última del acuerdo dictado el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, en el expediente 845/2022. Doy fe.

  4. Principal

    Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: I. Quejosa desahoga prevención. Agréguese el escrito de cuenta signado por la quejosa mediante el cual cumple la prevención formulada en auto de doce de agosto de dos mil veintidós; al respecto se provee: PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como cuestión inicial, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario precisar que de la lectura integra de la demanda y del escrito aclaratorio, se desprende que consiste en: a) El cobro de $****, realizado a la quejosa por concepto de servicio de agua potable respecto del domicilio ubicado en C**** de León, de esta ciudad. La orden emitida de realizar el corte de agua potable en el domicilio ubicado en ***, de esta ciudad y su ejecución. Actos que atribuye al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de esta ciudad, así como al Gerente Comercial y al jefe de facturación y cobranza de dicho organismo. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se desecha la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato y otras. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia.1 En el caso se materializa la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo; toda vez que el acto reclamado, no deriva de una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular. En el caso como se apuntó, se reclama el cobro de $***/100 moneda nacional), realizado a la quejosa por concepto de servicio de agua potable; así como la orden emitida de realizar el corte de agua potable en el domicilio ubicado en ***, de esta ciudad y su ejecución. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 9/2000, sostuvo que la prestación del servicio de agua potable se lleva a cabo mediante la celebración de un contrato administrativo de suministro y de adhesión entre los particulares y un organismo público descentralizado; por lo que concluyó que la relación jurídica existente entre estos era de coordinación voluntaria y de correspondencia entre el interés del prestador del servicio del vital líquido y el particular. El anterior criterio, se hizo presente en la jurisprudencia P./J. 92/2001, consultable en la página 693, Tomo XIV, Julio de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR. Al constituir el suministro de agua potable la prestación de un servicio público por el Estado como medio para la realización de un fin, que es el interés general y que se lleva a cabo mediante la celebración de un contrato administrativo de adhesión, en el que se estipulan las obligaciones y contraprestaciones entre las partes, donde el prestador de servicios y el beneficiario adquieren derechos y obligaciones recíprocos, bajo condiciones que fija el proveedor, la relación jurídica existente entre el prestador y el usuario del servicio no corresponde a la que supone la garantía consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, a la existente entre una autoridad y un gobernado, sino a la de coordinación voluntaria y de correspondencia entre el interés del prestador del servicio de suministro de agua y el particular, y aun cuando la prestación del mencionado servicio público está sujeta a una contraprestación, consistente en el pago de una cantidad de dinero proporcional al servicio recibido, cuando aquél no se cubre, dará lugar a que el prestador del mismo ejerza la facultad legal de suspenderlo, acto que, al ser consecuencia del incumplimiento, no exige que deba cumplirse con la garantía de legalidad a que se refiere el artículo 16 de la propia Constitución Federal, pues la suspensión del servicio no es un acto de autoridad que deba estar fundado y motivado, sino que resulta del ejercicio de una facultad que se ejerce cuando se surte el incumplimiento del contrato. En estas condiciones, resulta inconcuso que el ejercicio de la facultad del prestador de servicios para suspender el suministro de agua potable a los usuarios, previo apercibimiento en los casos de falta de pago, o cuando se comprueben derivaciones no autorizadas o un uso distinto al convenido, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, no implica que se prive al usuario de la vida, de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, pues lo que acontece es una consecuencia lógica y jurídica del incumplimiento de un contrato de suministro de agua; de ahí que el prestador del servicio no tenga que acudir a los tribunales para exigir el cumplimiento del contrato, ya que, por regla general, en este tipo de relaciones jurídicas de adhesión se establece que si no se cubre el pago por el servicio, éste se suspenderá, previa oportunidad de cumplimiento de pago por el usuario, cuando se le aperciba de que se encuentra en los casos de suspensión. Además, si bien la falta de pago o la desviación, o uso indebido del agua, traen como consecuencia la suspensión del servicio, ello no se puede equiparar a la hipótesis de hacerse justicia por propia mano o de ejercer violencia para reclamar un derecho, prohibida en el numeral 17 de la Carta Magna, toda vez que dicha suspensión deriva del incumplimiento del contrato de suministro y adhesión y encuentra su fundamento en la ley relativa a la que esté sujeto." Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la quejosa el veinticuatro de junio de dos mil dieciocho, celebró un contrato de arrendamiento con *** respecto al departamento ubicado en ***, de esta ciudad, obligándose conforme a la cláusula quinta de ese contrato al pago de los servicios de energía eléctrica, agua, mantenimiento y cualquier otro servicio. Que en el mes de diciembre de dos mil dieciocho, le fue dejado un estado de cuenta expedido por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, por la cantidad de $***/100 M.N.); por lo que acudió ante el Juzgado Administrativo Municipal de esta ciudad, a promover demanda de nulidad e inexistencia del acto impugnado respecto a ese cobro, siendo que el veintinueve de junio de dos mil veinte, se dictó sentencia declarándose procedente su acción y declarándose nulo el cobro de esa cantidad, con la salvedad de que se hiciera la cuantificación correcta por el consumo, sentencia que aduce no se acató. Que las autoridades nuevamente pretenden cobrarle el adeudo nulificado, pues ello lo infiere dado que ha estado cubriendo sus consumos mensualmente; que acudió ante las oficinas del organismo señalado como responsable y que le fue informado que si no hacía el pago requerido le iban a cortar el suministro de agua, lo que aconteció el cuatro de agosto actual. Así, el acto reclamado por la quejosa se deriva directamente del contrato celebrado entre su arrendadora con la autoridad que señaló como responsable, por lo cual se reitera no deviene de un actuar que constriña a un acto unilateral y obligatorio, puesto que las partes intervinientes en dicha relación contractual son quienes se obligaron al cumplimiento de obligaciones y prestaciones reciprocas. Al caso, resulta aplicable la Tesis: VIII.2o.P.A.30 A (10a.), consultable en la página 2199, Tomo III, Libro 48, Noviembre de 2017, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2015674, cuyo rubro y texto establecen: "SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN-MATAMOROS, COAHUILA. AL REALIZAR EL COBRO DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA, CON FUNDAMENTO EN EL DECRETO POR EL QUE SE CREÓ, NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Cuando el organismo operador mencionado realiza el cobro de los derechos por los servicios que presta, con fundamento en los artículos segundo y décimo quinto del Decreto No. 301 por el que se creó, publicado en el Periódico Oficial Número 70 del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza el 31 de agosto de 1993, no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, ya que no actúa en una relación de supra a subordinación, pues sus actos derivan de un contrato comercial o de adhesión celebrado con un particular, donde el clausulado se rige por la voluntad de las partes. Así, el acto de aplicación de los preceptos señalados está vinculado con la autoridad que emitió los recibos de pago, derivados directamente de dicho contrato; de ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en los artículos 1o., fracción I, 5o., fracción II y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo." Por consiguiente, no puede estimarse que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León así como al Gerente Comercial, así como al jefe de facturación y cobranza de dicho organismo, sean particulares que efectúan actos equivalentes a los de las autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, porque la relación que entablan con el beneficiario del servicio que el primero de ellos presta, no denota una característica de supra a subordinación. Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito al resolver el recurso de queja administrativa 236/2019, donde se estudió el corte de suministro de agua potable derivado entre la quejosa y la moral que señaló como responsable, determinándose que aquél derivó del incumplimiento a un contrato de carácter privado relativo al suministro de agua, que podía dar lugar, en su caso, a su recisión, mas no podía ser considerado como un acto de autoridad, en la medida en que las partes suscribieron el citado acuerdo de voluntades en un plano de coordinación. Motivo por el cual, se actualiza la causa de improcedencia apuntada y la demanda de amparo resulta improcedente; por tal motivo, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de la Materia, se desecha la demanda de amparo. Notifíquese personalmente.

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