Teresa de Jesús Avendaño Espinoza

Expediente 837/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
837/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Teresa de Jesús Avendaño Espinoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio del Magistrado Presidente de la Sala Regional del Surestes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; mediante el cual informa las gestiones que ha realizado para dar cumplimiento a la sentencia dictada en autos, esto es: I. En determinación de catorce de noviembre del año en curso, declaró precluido el derecho procesal del Encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Oficina de Representación en el Estado de Oaxaca y del Director Normativo de Prestaciones Económicas Sociales y Culturales, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, toda vez que no cumplieron dentro del plazo otorgado de tres días con la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, emitida en el juicio contencioso administrativo federal********************; lo anterior al haber realizado los requerimientos respectivos, por lo que impuso las multas de apremio que dispone la ley. II. Asimismo requirió al Subdelegado de Prestaciones de la ahora denominada Oficina de Representación en el Estado de Oaxaca, de ese Instituto, para que en el plazo de tres días, cumpla íntegramente con la sentencia definitiva y firme de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, apercibido que de no hacerlo, se le impondría multa. En atención a lo informado por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, téngasele en vías de cumplimiento del fallo protector. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de la materia, requiérase a la autoridad oficiante, para que una vez que transcurran los términos que concedió en el auto de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, informe el resultado del mismo, o en su caso, lo que determinó proveer al respecto. Asimismo, dígase que de no cumplir o informar el impedimento legal o material que tenga para ello, se hará efectivo en su contra el apercibimiento con que se le conminó en autos. Bajo ese contexto, con fundamento en el artículo 192 párrafos segundo y tercero de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire, requiérase al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, para que -dentro del ámbito de sus atribuciones- en el plazo de tres días contados legalmente, justifique haber dado cumplimiento al fallo protector o en su defecto las gestiones que ha realizado para cumplir con ello, esto es: - Los actos que ha realizado para cumplir en sus términos la de la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, emitida en el juicio contencioso administrativo federal ********************, del índice de la aludida Sala. Hágasele saber a las autoridades responsables, que el cumplimiento de la sentencia de amparo, es de orden público e insuspendible; por lo que, cualquier omisión o falta de impulso, que retarde el cumplimiento, va en contra de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo; de ahí que, las autoridades responsables que cuentan con intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento de conformidad con lo establecido en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo. Por tanto, se apercibe que de no cumplir o informar el impedimento legal o material para ello, con fundamento en el artículo 192, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cien días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto en el cual se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al siguiente de su publicación, equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos cero centavos ($10,374.00) moneda nacional; atendiendo al valor de ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos ($103.74), moneda nacional, conforme a la publicación de diez de enero de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En el entendido que, de continuar siendo omiso a los requerimientos formulados en el presente juicio, se continuará con el trámite previsto en el numeral 192, párrafo segundo, de la ley de la materia, esto es, la apertura del incidente de inejecución de sentencia y remisión de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, quien de estimarlo necesario, provea sobre la separación inmediata de su respectivo cargo y su consignación al Juez de Distrito que corresponda, por desobediencia a un mandato legítimo de la autoridad, en términos del normativo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Al respecto, sirve de apoyo la Jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Se autoriza al secretario de la adscripción a firmar los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Con motivo del paro nacional de labores realizado por parte del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo indicado en la certificación de cuenta, se declararon inhábiles los días correspondientes del dieciséis al veintisiete de octubre del presente año; en el entendido que subsistirá la validez de aquellas actuaciones y diligencias que se hubieren celebrado los días dieciséis y diecisiete del citado mes y año; por tanto, se suspendieron términos y plazos procesales durante dicho periodo. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas para ello hayan interpuesto recurso de revisión contra la sentencia emitida en este juicio, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; no obstante estar debidamente notificadas para ello; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia, para todos los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 párrafos segundo y tercero de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que -dentro del ámbito de sus atribuciones- en el plazo de tres días, contados legalmente, justifiquen haber dado cumplimiento al fallo protector, en su defecto comuniquen las medidas que adopten con tal finalidad, o el impedimento legal que tengan para hacerlo. Reiterándoles que los efectos por los cuales se concedió a la parte quejosa el amparo, son los siguientes: "- La Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, realice todas las acciones necesarias para lograr el total cumplimiento del fallo anulatorio, siguiendo puntualmente el procedimiento establecido en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo que implica que requiera mediante mecanismos eficaces a la autoridad demandada, así como a su superior jerárquico y les imponga los apercibimientos y multas que correspondan, incluso dar vista al órgano de control interno y adoptar las medidas necesarias a fin de vencer la contumacia de la autoridad demandada y lograr el cabal cumplimiento de la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós; y, - El Encargado de la Delegación Estatal en Oaxaca y Subdelegación de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal en Oaxaca, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, acrediten a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el cumplimiento -en sus términos- de la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, emitida en el juicio contencioso administrativo federal********************.". Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que el informe que rindan deberán acompañarlo con copias certificadas de las constancias que acrediten fehacientemente su cumplimiento; así como que las podrán enviar por correo electrónico 9jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Con el apercibimiento que de no cumplir o informar el impedimento legal o material para ello, con fundamento en el artículo 192, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá -a cada una- multa de cien días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto en el cual se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al siguiente de su publicación, equivalente a diez mil trecientos setenta y cuatro pesos, cero centavos ($10,374.00) moneda nacional, atendiendo al valor de ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos ($103.74) moneda nacional. Asimismo, se continuará con el trámite previsto en el numeral 192, párrafo segundo, de la ley de la materia, esto es, la apertura del incidente de inejecución de sentencia y remisión de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, quien de estimarlo necesario, provea sobre la separación inmediata de su respectivo cargo y su consignación al Juez de Distrito que corresponda, por desobediencia a un mandato legítimo de la autoridad, en términos del normativo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Al respecto, sirve de apoyo la Jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se autoriza a la persona Secretario y/o Actuario de la adscripción a firmar los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    La Jueza, acuerda: Se tiene por hecha la relación que antecede, la que deberá tomarse en cuenta al momento de emitir la resolución correspondiente. Enseguida, se abre el periodo probatorio, en el que el Secretario da cuenta con la documental que adjuntó la parte quejosa a su demanda de amparo, así como la instrumental de actuaciones y la presunsional legal y humana; por otra parte, se hace relación de las diversas documentales que la autoridad responsable Magistrado Presidente de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, remitió como apoyo a su informe justificado, consistentes en copia certificada del expediente ********************, de su índice. La Jueza, acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas documentales antes citadas, las que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. Sobre las pruebas instrumental de actuaciones y la presunsional legal y humana, esta juzgadora tomara en consideración la totalidad de las actuaciones del presente juicio de amparo y deducirá las presunciones que en su favor se aprecien. Cerrado el período probatorio y abierto el de alegatos. El Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. La Jueza, acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para tal efecto; por lo que se ordena cerrar este periodo. Cerrado el período de alegatos, y al no haber diligencia pendiente de desahogo, la Jueza da por concluida la audiencia constitucional, de la cual se levanta el acta correspondiente, y se dicta la siguiente resolución. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 837/2023; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y recibido en esa misma fecha en este órgano jurisdiccional, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que se precisaran más adelante. SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados y manifestó como derechos fundamentales violados los previstos en los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Radicación de la demanda. Por auto de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, este órgano de control constitucional radicó la demanda de amparo con el número 837/2023, y se admitió a trámite la misma, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción -emplazada el veintiuno de agosto de este año (foja 22), quien no formuló pedimento. CUARTO. Cita para audiencia. Seguida la secuela procesal, el día de hoy, tuvo verificativo la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia Legal. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 párrafo primero y relativos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016, del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, por tener ejecución en el ámbito territorial en que este tribunal federal ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y derivado del análisis de la demanda de amparo se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: A la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. La omisión en realizar acciones necesarias para hacer cumplir en sus términos la sentencia dictada en el juicio de nulidad ********************, de su índice. Al Delegado Estatal en Oaxaca y Subdelegación de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal en Oaxaca, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado en Oaxaca. La omisión de cumplir con los efectos de la sentencia definitiva de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el juicio contencioso administrativo federal ********************. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al rendir su informe justificado manifestó que no es cierto el acto reclamado (fojas 26 y 27). Sin embargo, de las copias certificadas del expediente ********************, a las que en el considerando anterior se les otorgó el valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia la existencia de los actos reclamados; por lo que, debe desvirtuarse dicha negativa y tenerse por cierto el acto que le reclama la parte quejosa. Por su parte, las diversas autoridades responsables Delegado o Encargado de la Delegación Estatal Oaxaca y Encargado o Titular de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, omitieron rendir sus informes justificados, no obstante haber quedado notificadas para tal efecto el desde el veinticuatro de agosto del año en curso (fojas 23 y 24). Por tanto, con fundamento en el artículo 117, última parte del cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto atribuido a las citadas responsables. Presunción que se encuentra corroborada con el contenido de las aludidas constancias, de las que se desprende que en el multicitado juicio de nulidad la referida responsable, no ha dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, ni informado las gestiones realizadas para tal fin. CUARTO. Causas de improcedencia. Las partes no hicieron valer causa de improcedencia, ni este órgano jurisdiccional advierte de oficio la actualización de alguna; por lo que, resulta procedente pronunciarse sobre el tema de fondo. QUINTO. Transcripción innecesaria. La parte quejosa expresó en su escrito de demanda los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales deben tenerse por reproducidos sin que sea necesaria su trascripción, dado que tal circunstancia no deja en estado de indefensión a la parte peticionaria, pues ello no incide en el cumplimiento de los principios de exhaustividad y congruencia en el dictado de las sentencias, aunado a que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que obligue a actuar en tal sentido. SEXTO. Análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado consistente, en la omisión de ejecutar la sentencia atribuida a la Sala Regional del Sureste del Tribunal federal de justicia administrativa, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. La parte quejosa sostiene que, la Sala responsable no ha emitido las acciones legales inmediatas y seguidas con la finalidad de que la autoridad demandada cumpla con la sentencia dictada en el juicio de nulidad; lo anterior, en su concepto, transgrede el artículo 17 de la Constitución Federal. Al respecto, el artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte que interesa establece: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.]. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. [.].". Del artículo transcrito se advierte la obligación de toda autoridad encargada de administrar justicia de cumplir con los tres objetivos esenciales que debe reunir dicha impartición, a saber: pronta, completa e imparcial. En ese orden, el legislador debe garantizar en las leyes, los medios necesarios para que se garantice, entre otros, la plena ejecución de las sentencias de los tribunales, a través plazos generales, razonables y objetivos, a los cuales tienen que sujetarse tanto la autoridad como las partes en los procesos jurisdiccionales. Los plazos aludidos, como se dijo, deben ser generales, esto es, comunes a los mismos procedimientos y a todos los sujetos que se sitúen en la misma categoría de parte; razonables, es decir, plazos prudentes para el adecuado actuar de la autoridad y el ejercicio del derecho de defensa de las partes; y objetivos, delimitándose en la ley correspondiente a efecto de impedir que quede al arbitrio de las partes o de la autoridad extender los tiempos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones procedimentales. Así lo ha sostenido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en la página 438, del Tomo XXII, julio de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, de rubro: "JUSTICIA PRONTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. OBLIGACIÓN DEL LEGISLADOR PARA GARANTIZARLA". En suma, el ejercicio de la función jurisdiccional comprende las potestades esenciales siguientes: el conocimiento de la controversia planteada; su dilucidación a través de una sentencia firme; y la obtención plena del cumplimiento de lo decidido; de modo que constituyen ejes inseparables del ejercicio de esa potestad la determinación adoptada en el caso concreto y la facultad para hacer cumplir lo resuelto, mediante el empleo de los mecanismos razonables y necesarios que estime pertinentes el juzgador. De esa forma, la sentencia que resuelva que alguna autoridad se apartó del orden legal se entenderá cumplida hasta en tanto se repare ese quebrantamiento, a fin de tener por plenamente salvaguardado el derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva. El referido derecho fundamental también se reconoce en el ámbito internacional de los derechos humanos, en específico, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala: "1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.- 2. Los Estados Partes se comprometen: [.] c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso". Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado que: El proceso debe tender a la materialización de la protección del derecho reconocido en el pronunciamiento judicial mediante la aplicación idónea de dicho pronunciamiento." Por tanto, "la efectividad de las sentencias depende de su ejecución. Esto último, debido a que una sentencia con carácter de cosa juzgada otorga certeza sobre el derecho o controversia discutida en el caso concreto y, por ende, tiene como uno de sus efectos, la obligatoriedad o necesidad de cumplimiento. Lo contrario supone la negación misma del derecho involucrado." En consonancia con lo anterior, los artículos 52 y 58 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, señalan, en lo que aquí interesa, lo siguiente: "ARTÍCULO 52. [.] Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, conforme a lo dispuesto en la fracción IV, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses tratándose del Juicio Ordinario o un mes tratándose del Juicio Sumario de conformidad con lo previsto en el artículo 58-14 de la presente Ley, contados a partir de que la sentencia quede firme." "ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento". De los referidos artículos se advierte que, la autoridad demandada deberá cumplir con la sentencia en un plazo de cuatro meses tratándose del juicio ordinario y en un mes cuando se trate del juicio sumario; una vez vencidos dichos plazos el Tribunal podrá actuar de oficio o a petición de parte de la manera siguiente: - La Sala requerirá a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días sobre el cumplimiento de la sentencia; concluido dicho término determinará si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia. - Para el caso, que la Sala determine que hubo incumplimiento injustificado impondrá a la autoridad demandada una multa, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado; asimismo, la requerirá para que en el término de tres días cumpla con la sentencia, con el apercibimiento de nuevas multas, lo que también se le hará del conocimiento al superior jerárquico, para que esta última autoridad dentro del plazo de tres días obligue a la demandada a cumplir la sentencia. En este punto es importante señalar que la intervención del superior jerárquico no se limita a comunicar a la autoridad demandada que está obligada a cumplir con la sentencia, sino que dicho superior jerárquico debe hacer uso de todas sus facultades legales y reglamentarias a fin de lograr su cumplimiento. - Concluido dicho plazo (tres días), si aún persiste el incumplimiento por parte de la autoridad demandada, la Sala podrá requerir al superior jerárquico de ésta para que, en el plazo de tres días la obligue a cumplir con la sentencia. - Hecho lo anterior, la Sala pondrá en conocimiento a la Contraloría interna correspondiente, los hechos, a fin de que ésta determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. En el caso, de las constancias remitidas por la Sala responsable, se aprecia lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado en la oficialía de partes de la Sala responsable el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, la ahora quejosa ********************, por su propio derecho demandó la nulidad de la resolución de negativa ficta recaída a su escrito presentado el trece de junio de dos mil diecinueve, emitido por el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios sociales Para los Trabajadores del Estado. 2. El veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia definitiva en el juicio de nulidad, promovido por ********************, en la que se declaró la nulidad de la resolución de negativa ficta recaída a su escrito presentado el trece de junio de dos mil diecinueve (fojas 27 a 39). 3. El tres de abril de dos mil veintitrés, la Sala responsable ante el incumplimiento de la autoridad demandada en el juicio de origen, inició de oficio el procedimiento previsto en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que ordenó requerir a la autoridad demandada, para que en el término de tres días cumpliera con la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, emitida en el juicio ********************, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondría una multa (foja 44). 5. Mediante auto de once de abril de dos mil veintitrés, determinó no ha lugar a tener por promovida la queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia presentada el tres de abril del año en curso (foja 51). 6. El uno de agosto de dos mil veintitrés, la Sala responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado el tres de abril del año que transcurre, por lo que impuso a la autoridad demandada una medida de apremio, y en virtud de que persistía el incumplimiento requirió nuevamente al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, para que dentro del término de tres días obligue a cumplir sin demora a la autoridad demandada la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós (fojas 56 y 57). De lo narrado, por una parte, se aprecia que la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, emana de un procedimiento de naturaleza ordinaria, por lo que el plazo para cumplirla es de cuatro meses. Y por otra, se evidencia que el actuar de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juáre, Oaxaca, en el procedimiento de ejecución de la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el juicio contencioso administrativo ********************, ha vulnerado el contenido del artículo 17 Constitucional. Esto es así, pues no ha realizado requerimientos constantes, a efecto de lograr el exacto cumplimiento de sus determinaciones. En efecto, de las constancias reseñadas se deduce que de la fecha en que quedó firme la sentencia dictada en el referido juicio de nulidad -veintiocho de septiembre de dos mil veintidós- a la fecha de la admisión de la demanda génesis del presente juicio -diecisiete de agosto de dos mil veintitrés- trascurrió aproximadamente once meses, y únicamente emitió acuerdos (tres de abril y uno de agosto del año en curso) por los que requirió a la autoridad demanda diera el correspondiente cumplimiento. En ese sentido se desprende que la actuación de la Sala responsable ha sido pasiva, ya que desde el dictado de la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, hasta el tres de abril de dos mil veintitrés, inició oficiosamente el procedimiento previsto en el artículo 58, primer párrafo, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, donde requirió a la demandada para que en el plazo de tres días diera cumplimiento a la sentencia dictada en el referido juicio contencioso administrativo. Lo que evidencia que las determinaciones que ha emitido la Sala responsable han resultado insuficientes, dado que resultaron ineficaces para hacer cumplir la sentencia de nulidad; además, que su conducta pasiva ha contribuido a que la demanda no haya dado cumplimiento a la sentencia que dictó en el aludido controvertido administrativo. En consecuencia, se acredita que la Sala responsable no ha realizado las gestiones necesarias para obtener la plena ejecución de la sentencia que dictó en el juicio de nulidad ********************, soslayando que la garantía contenida en el párrafo sexto del artículo 17 constitucional, lo que se traduce en que todas aquellas autoridades y órganos que formal y materialmente ejercen jurisdicción obtengan plena ejecución de sus resoluciones, garantizando al gobernado, que los sujetos vinculados a su acatamiento y las autoridades que lo emiten deben cumplir forzosamente con dicha obligación. Todo lo anterior, pone de manifiesto que la Sala responsable no ha obtenido la plena ejecución de la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, que dictó en el referido juicio administrativo, a pesar de que en auto de uno de agosto del año en curso, precisó a la autoridad demandada que debía dar cabal cumplimento a aquélla en el plazo de tres días. En ese orden de ideas, lo procedente es CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, a la quejosa ********************, contra el acto reclamado a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. SÉPTIMO. Análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, consistente en la omisión de cumplir con la sentencia dictada en el juicio de nulidad atribuido al Encargado de la Delegación estatal en Oaxaca y Subdelegación de Prestaciones económicas de la delegación estatal en oaxaca, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Sobre este aspecto, la quejosa sostiene que las autoridades demandadas no han cumplido con prontitud y cabalidad la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, emitida en el juicio contencioso administrativo federal ********************, del índice de la Sala responsable, lo que impide que tenga acceso a una justicia pronta y expedita, tal como lo señala el artículo 17 de la Constitución Federal. Lo anterior, es fundado. En efecto, como lo sostiene la quejosa las autoridades responsables Encargado de la Delegación Estatal en Oaxaca y Subdelegación de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal en Oaxaca, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, no han cumplido con la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, emitida en el juicio contencioso administrativo federal ********************, del índice de la Sala responsable. Lo anterior en razón a que, las aludidas autoridades hasta este momento procesal no ha cumplido, sin motivo justificado, con dichas resoluciones, lo que transgrede el artículo 17 de la Constitución Federal. En esa línea, lo procedente es CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a la quejosa ********************, para el efecto de que a partir del día siguiente de la notificación del auto en que cause ejecutoria esta sentencia: - La Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, realice todas las acciones necesarias para lograr el total cumplimiento del fallo anulatorio, siguiendo puntualmente el procedimiento establecido en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo que implica que requiera mediante mecanismos eficaces a la autoridad demandada, así como a su superior jerárquico y les imponga los apercibimientos y multas que correspondan, incluso dar vista al órgano de control interno y adoptar las medidas necesarias a fin de vencer la contumacia de la autoridad demandada y lograr el cabal cumplimiento de la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós; y, - El Encargado de la Delegación Estatal en Oaxaca y Subdelegación de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal en Oaxaca, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, acrediten a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el cumplimiento -en sus términos- de la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, emitida en el juicio contencioso administrativo federal ********************. Lo anterior, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos indebidamente afectados, en términos de lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, debiendo exhibir las constancias con las que acrediten tal circunstancia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis cuyo rubro es: "SENTENCIAS. SU CUMPLIMIENTO ES INELUDIBLE". Finalmente, se habilita a la Secretaria para firmar los oficios que deriven de la presente sentencia. Por lo antes expuesto y fundado se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, por los motivos precisados en los considerandos SEXTO y SÉPTIMO de este fallo.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de cinco de septiembre del año en curso, se dio vista a las partes con el informe justificado del Magistrado Presidente de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; por lo que, el plazo de ocho días establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se impongan del mismo transcurre del ocho al veintiuno de septiembre del año en curso. Diferimiento Anticipado. Para dar margen a lo anterior, con fundamento en los artículos 17 Constitucional, así como 115 y 124, de la Ley de Amparo, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las once horas con un minuto del dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON ONCE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE ESTE AÑO, para que tenga verificativo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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