Teresa de Jesús Allala Peinado

Expediente 159/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 18 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
159/2019
Año
2019
Actuaciones
18
Última actuación
25/10/2019

Partes del expediente

  • Teresa de Jesús Allala Peinado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. Estado procesal de autos Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término otorgado a la parte quejosa, sin que hubiera realizado manifestación alguna respecto a la vista que se le otorgó en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, para los efectos del artículo 201, fracciones I y II de la Ley de Amparo. Se declara consentida la determinación del fallo. En consecuencia, se tiene a la parte quejosa por conforme con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Se ordena archivo material. Como fue ordenado en auto de veinticuatro de septiembre del año en curso, con apoyo en el artículo 214 de la citada Ley, interpretado a contrario sensu, una vez que se encuentre debidamente integrado, se ordena remitir físicamente el presente juicio de amparo, al archivo definitivo de este Juzgado, para su debido resguardo. Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, a treinta de septiembre de dos mil diecinueve, atento a lo manifestado en la razón anterior, publico por lista el proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, para conocimiento del quejoso Víctor Manuel Madueño Félix; como lo previene el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo vigente, que a en lo conducente dice: Mazatlán, Sinaloa, veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. I. Relación del estado procesal de autos y efectivo apercibimiento. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a las partes en proveído de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve , para que desahogaran la vista sobre el cumplimiento que afirmó dar la autoridad responsable. En consecuencia, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo y con base en las documentales existentes en el presente sumario. II. Efectos del fallo protector. En sentencia de nueve de julio de dos mil diecinueve , se concedió la protección constitucional, la cual causó ejecutoria el cinco de agosto del año en curso , para los siguientes efectos: 1. Deje insubsistente la resolución de siete de febrero de dos mil diecinueve. 2. En su lugar, emita otra en la que motive debidamente lo relativo al incidente de planilla de liquidación de pensiones alimenticias, tomando en consideración que el quejoso se encuentra privado de su libertad desde junio de dos mil catorce. III. Actos realizados por la autoridad responsable tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. De la constancia remitida por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, a la cual se le concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que realizó lo siguiente: Mediante oficio 207/2019 y anexo , el Juez de Primera Instancia, con sede en Cosalá, Sinaloa, comunicó que por resolución de quince de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el incidente de planilla de liquidación de pensiones alimenticias adeudadas por Víctor Manuel Madueño Félix promovido por Martha Susana Aragón Navarro, en cumplimento a la resolución de amparo y valorando la circunstancia de que el quejoso se encuentra recluido dentro del Centro Penitenciario "El Castillo" ubicado en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, de acuerdo con las constancias procesales que obran dentro del juicio de origen, consistentes en actuaciones de la causa penal 58/2014, en la que fue condenado a una pena de prisión de siete años por la comisión de delitos contra la salud. Destacó que el quejoso Víctor Manuel Madueño Félix, fue debidamente notificado de la existencia del procedimiento incidental de liquidación de la planilla de pensiones alimenticias adeudadas a las acreedoras Martha Susana Aragón Navarro y Ana Victoria Madueño Aragon, sin que hubiese comparecido por conducto de representante legal alguno a hacer valer los derecho que hubiesen podido corresponderles dentro de la misma, lo anterior a pesar de que resulta ser un derecho que pudo hacer valer por medio de un representante legal que en su caso defendiese su postura en defensa dentro de la causa incidental de referencia, por lo que a juicio de ese juzgado el hecho de que éste se encontrara interno dentro del centro penitenciario antes aludido en ningún momento resultaba ser un obstáculo para haberse defendido de las prestaciones que le estaban siendo reclamadas por las actoras incidentales y de las cuales fue debida y oportunamente notificado. En aplicación del principio de adquisición, precisó que en atención a las constancias procesales que resultar ser ponderables para emitir la resolución, ese tribunal arribó a la conclusión de que la condición en que se encontraba el reo incidental Víctor Manuel Madueño Félix en el momento en que se emitió por ese mismo juzgado la resolución de fecha siete de febrero del año en curso y aún hasta la fecha en que se pronuncia la de quince de agosto de dos mil diecinueve, pues no se tiene constancia en autos de que esa circunstancia haya cambiado jurídicamente, en ningún momento resulta ser una excluyente total o definitiva para aquel en cuanto a eximirlo del cumplimiento de la obligación alimentaria que tenía para con las actoras incidentales Martha Susana Aragón Navarro y Ana Victoria Madueño Aragón, conclusión a la cual arribó en mérito de que resulta ser de explorado derecho que las obligaciones alimentarias para con los menores de edad resultan ser de interés público en el cual se encuentra involucrado un derecho supremo en favor de los menores de edad y en su caso de los cónyuges que demuestren el derecho de percibir dicha obligación por parte del deudor alimentario. Que si bien es cierto que Victor Manuel Madueño Félix al encontrarse recluido dentro de un centro penitenciario por la comisión de un delito y sentenciado en forma definitiva a una pena de prisión de siete años, dicha circunstancia obvia y jurídicamente le imposibilita para los efectos de realizar una actividad laboral que en consecuencia le genere una remuneración económica, sin que ello sea una condición excluyente de la responsabilidad familiar que le genera el parentesco con las acreedoras alimentistas incidentales mismas que por esa misma condición les genera un derecho preferencial respecto de la obligación que tiene con ellas el reo incidental. Que por disposición expresa señalada dentro de las codificación civil vigente en el Estado, en la fecha de presentación de la demanda que motivó esa causa (cuatro de noviembre de dos mil ocho) dentro del capítulo II del título VI y de manera concreta en su artículo 320 que refiera las causa de cesación de la obligación de dar alimentos, en ningún momento señala la circunstancia de que si el deudor se encuentra recluido penitenciariamente por la comisión de un ilícito se le excluye o le cesa la obligación de otorgar una pensión alimenticia a la cual está obligado a otorgar, hipótesis normativa que es correlativa al numeral 227 del Código Familiar vigente actualmente en nuestra entidad. Indica que la legislación civil vigente en el tiempo de inicio de este procedimiento en su artículo 315 y la legislación familiar vigente en su numeral 225, establecen de manera expresa la disposición de que en materia alimenticia existe la posibilidad legal sin que se vulneren derechos de pedir aseguramiento de bienes para garantizar el pago de pensiones alimenticias adeudadas dentro de un procedimiento de dicha naturaleza jurídica, sin que en ningún momento se indique de manera evidente o expresa que la reclusión penitenciaria del deudor alimentista por comisión de un ilícito penal sea una excluyente en el cumplimiento de dicha responsabilidad. De ahí que cumpliendo con las exigencias legales que se requieren en cuanto a su cumplimiento, resolvió: "PRIMERO.- En cumplimiento de la Sentencia de Amparo pronunciada por el Ciudadano Juez Décimo de Distrito en el Estado, con fecha 09 nueve de Julio del presente año dentro del expediente número 159/2019, se dicta la presente SENTENCIA INTERLOCUTORIA, la cual en consecuencia se ordena remitir en copia |debidamente certificada a dicha superioridad para los efectos legales a que haya lugar. SEGUNDO.- Se aprueba planilla de liquidación de pensiones alimenticias adeudadas, PROMOVIDA EN VIA INCEDENTAL POR MARTHA SUSANA ARAGÓN NAVARRO y ANA VICTORIA MADUEÑO ARAGON en contra de VICTOR MANUEL MADUEÑO FELIX, que corresponde a partir del mes de Noviembre del 2014 dos mil catorce al mes de diciembre del 2017 dos mil diecisiete. TERCERO.- En consecuencia, se decreta ejecución por la cantidad de $84,456.00 (OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), que corresponde del mes de Noviembre del año 2014 dos mil catorce al mes de Diciembre del año 2017 dos mil diecisiete. CUARTO.- Se ordena requerir al deudor Víctor Manuel Madueño Félix, por sí mismo o por conducto de su apoderada legal Licenciada TERESA DE JESUS ALLALA PEINADO, en el domicilio procesal ubicado en calle Benito Juárez número 14, Colonia Centro de esta ciudad, para que dentro del término de 5 cinco días contados a partir de la notificación del presente proveído, cumpla con la presente resolución; apercibido que de no hacerlo dentro del término establecido, sin previo requerimiento se autorizara el embargo de bienes de su propiedad que garanticen el pago del numerario al que ha sido condenado de conformidad con lo dispuesto por los artículos 490 y 491 del Código de Procedimientos Civiles vigente para esta entidad federativa. QUINTO.- No ha lugar a hacer condenación en costas por no encontrarnos en ninguno de los supuestos que establece el artículo 141 del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado." IV. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. De la anterior relación, se aprecia que la autoridad responsable obligada, atendió a los efectos de la sentencia de amparo; de ahí, que lo procedente es tener por cumplido el referido fallo protector al no advertirse exceso o defecto en su cumplimiento. Lo anterior, considerando que las obligaciones enunciadas en líneas previas fueron acatadas por la autoridad responsable, toda vez que, se dejó insubsistente la resolución de siete de febrero de dos mil diecinueve; y, en su lugar emitió otra en la que motivó debidamente lo relativo al incidente de planilla de liquidación de pensiones alimenticias, tomando en consideración que el quejoso se encuentra privado de su libertad desde junio de dos mil catorce, por lo que, como se precisó el fallo protector ha quedado cumplido. V. Orden de archivo. Con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente. VI. Orden de depuración o destrucción. En cumplimiento al Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos XX y XXI, en el que se establecen los lineamientos para depuración y destrucción de los juicios de amparo se considera que el presente expediente es susceptible de depuración, bajo los lineamientos precisados en la fracción IV del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General en cita, toda vez que se concedió el amparo de la Justicia Federal. VII. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. VIII. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. IX. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. X. Devolución de documentos. De conformidad con el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. XI. Devolución de constancias. Ahora, por resultar innecesaria la retención de las constancias allegadas al presente juicio de amparo, remítanse a su lugar de origen, es decir, al Juez de Primera Instancia, con sede en Cosalá, Sinaloa, las cuales constan en dos cuadernos auxiliares por separado. XII. Vista a las partes. Dese vista a las partes por el término de quince días, para los efectos que establece el artículo 201, fracciones I y II, de la Ley de Amparo; en el entendido que una vez que transcurra el mismo, sin manifestación alguna, ésta determinación se tendrá por consentida y con base en el dispositivo 214 de la ley de la materia, se remitirá materialmente este juicio al archivo definitivo como asunto concluido. Notifíquese en términos de Ley.

  3. Principal

    Notifíquese en términos de Ley.

  4. Incidental

    Mazatlán, Sinaloa, veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Orden de archivo. Vista la certificación que antecede, y atento al estado procesal de autos, se ordena archivar los cuadernos del incidente de suspensión en los que se actúa, tomando en consideración que se declaró concluido el expediente principal relativo. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados del Distrito, en sus artículos XX y XXI, en el que se establecen los lineamientos para depuración y destrucción de los juicios de amparo, se considera que el original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, en acatamiento al punto Tercero del artículo Vigésimo Primero, del acuerdo general invocado, dado que se negó la suspensión provisional y definitiva, respecto del acto reclamado y el duplicado, se considera susceptible de destrucción, en el término de seis meses, en atención a la fracción III, del artículo Vigésimo del referido acuerdo. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto, citado en el párrafo que antecede. Devolución de documentos. Conforme al capítulo Primero, punto Segundo, fracción XVIII, del multicitado Acuerdo General Conjunto, se hace constar que ninguna de las partes allegó documentos originales a la incidencia en que se actúa. Notifíquese.

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