Teresa de Gracia Del Rosario Gómez
Expediente 262/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 262/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/04/2021
Partes del expediente
- Teresa de Gracia Del Rosario Gómez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto de quince de abril de dos mil veintiuno que desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, el diverso arábigo 8.1.2 numeral 4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, quince de abril de dos mil veintiuno. REGISTRO Visto el escrito de demanda promovida por *********fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 262/2021-IV-A. DESECHAMIENTO. Ahora del análisis íntegro al escrito de demanda se advierte que ***************, con el carácter de víctima en el procedimiento de origen, en la instancia constitucional reclama del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Texcoco y otra autoridad, lo siguiente: a) El auto de dos de septiembre de dos mil veinte, dictado en el toca 147/2020, del índice del Tribunal responsable, que admitió a trámite el recurso de revisión extraordinaria hecho valer por *************y por el que también se ordenó notificar por estrados al hoy quejoso. b) La notificación de tres de octubre de dos mil veinte, del auto referido en el inciso que precede. c) La sentencia dictada el dos de octubre de dos mil veinte, en autos del toca 147/2020, del índice del Tribunal responsable, que resolvió el recurso de revisión extraordinaria hecho valer por Teresa de Garcia del Rosario Gómez. d) La notificación de dos de octubre de dos mil veinte, de la sentencia referida en el inciso anterior inmediato. Hecha tal precisión, respecto del citado acto reclamado, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Del precepto legal antes transcrito, se observa que la regla a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, es que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. Es decir, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses existe el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Ello, dado que de ser omisos a tales consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio constitucional. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio constitucional, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". Así también, apoya a lo anterior la jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional". En el caso, conviene establecer que aun cuando la quejosa reclama tanto el auto de dos de septiembre de dos mil veinte, así como la resolución de dos de octubre de esa anualidad, ambos emitidos en el toca de apelación 147/2020, formado con motivo del recurso de revisión extraordinaria que interpuso Teresa de Garcia del Rosario Gómez, el acto reclamado destacado lo constituye en sí, la forma en que se efectuaron las notificaciones de las resoluciones reclamadas, puesto que así se desprende de los conceptos de violación que hizo valer el ahora quejoso en la demanda de amparo que se acuerda. Bajo esa premisa, a la óptica de quien esto resuelve, la parte quejosa podía obtener la nulificación de las notificaciones que reclama, a través del incidente de nulidad de notificaciones, prevista en el artículo 108 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, abrogada pero aplicable al caso concreto, mismo que establece: "Artículo 108. Las notificaciones serán nulas siempre que causen indefensión; cuando exista error en la identidad de la persona notificada; la resolución haya sido notificada en forma incompleta; no haya constancia de la fecha de la notificación o de la entrega de la copia; falte alguna de las firmas requeridas en la notificación; exista disconformidad entre el original y la copia recibida por el interesado; y en cualquier otro caso que haya dejado sin defensa al inculpado." De la porción normativa transcrita, se desprende que la parte quejosa puso controvertir la manera en que le fueron realizadas las notificaciones de que se duele, a través el incidente de nulidad de notificaciones, previamente a acudir al juicio de amparo; por lo que, al no haber agotado el principio de defenitividad, es que se actualiza la causa de improcedencia del juicio, referida en líneas que anteceden. Máxime que el acto que se reclama, no se encuentra en alguna de las excepciones contempladas en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, ya que el acto reclamado no encuadra en alguna de las hipótesis contenidas en los incisos a), b), c) y d), que prevé la fracción en comento. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por tanto, se procede a desechar de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, que nos ocupa promovida por ***********. DOMICILIO Ahora, la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado fuera de la residencia de este Juzgado, esto es, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México; no obstante a ello, se advierte que proporcionó usuarios electrónicos; por tanto, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, fracción II, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del amparista los usuarios electrónicos *********, angelvargas, osvaldofrr y acastrog"; mismos que se autorizan para la consulta del expediente electrónico. AUTORIZADOS. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. MEDIO DE COMUNICACIÓN ALTERNO En ese orden, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2002 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como "medio de comunicación alterno" (no procesal), el correo electrónico que para tal efecto proporciona (notificaciones@aa-abogados.mx) y número telefónico 55 29 22 68 77. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) En diverso aspecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, se exhorta a la parte quejosa para que si es su deseo y atendiendo a las posibilidades con que cuente haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE En caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7°, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. NORMATIVIDAD APLICABLE En términos del Acuerdo General 2/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el treinta de junio de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020.
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