Teresa Cruz Mejía
Expediente 484/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 484/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Teresa Cruz Mejía
- Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de julio de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Recepción de escrito. Agréguese a los autos el escrito presentado por la parte quejosa, atento a su contenido, dígasele que no ha lugar a proveer conforme a su petición, en razón de que el artículo 102 de la ley de la materia, no debe interpretarse en el sentido que pretende, puesto que dicha disposición si bien faculta al suscrito a suspender el procedimiento cuando alguna de las partes interpongan recurso de queja, en los casos en que las resoluciones que se dicten durante la tramitación del juicio (amparo indirecto) que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar un perjuicio no reparable y que dichas resoluciones influyan en el dictado de la sentencia, entre otros supuestos, ello no se refiere a suspender el acto que se reclame en la instancia constitucional, sino a las resoluciones que se dicten en el juicio de amparo, una vez admitida la demanda, lo que en el caso no acontece. Por tanto, en relación a la pretensión de la quejosa en torno a suspender los actos derivados del procedimiento de origen, hágase de su conocimiento que no es factible decretar dicha suspensión; esto, toda vez que la medida suspensiva que en su caso se adopte tiene como condición la admisión a trámite del juicio de garantías; en esa tesitura, la medida decretada tiene como efecto interrumpir transitoriamente la ejecución del acto reclamado, hasta en tanto se dicte sentencia ejecutoria. En relación a lo anterior, como se advierte del auto decretado el cinco de junio de la presente anualidad, se desechó de plano su demanda, recurriéndose ésta determinación por la parte quejosa, remitiéndose dicho recurso al Tribunal de Alzada correspondiente, quien admitió a trámite el mismo; lo cual no implica que en tanto se resuelve este último, este juzgador deba proveer sobre la suspensión del acto reclamado, puesto que esta medida se encuentra condicionada a la vida del juicio constitucional. Tiene aplicación a lo anterior la tesis II.4º.C.7 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Tomo IV, página: 2321, materia Común, de la Décima Época, con número de registro 2015987, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SU PRONUNCIAMIENTO ESTÁ CONDICIONADO A LA VIDA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si bien es verdad que del texto del artículo 113 de la Ley de Amparo, en contraste con el diverso numeral 145 de la ley abrogada, se advierte que el legislador suprimió la parte final de este último, donde señalaba que cuando del examen al escrito de demanda se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia debía desecharse de plano: "...sin suspender el acto reclamado"; sin embargo, dicha supresión en su redacción actual, no significa permisión en cuanto a que al desechar de plano la demanda, sea factible proveer sobre la solicitud de la suspensión del acto reclamado, ya que no debe soslayarse que la figura de la suspensión en el juicio de amparo se ha concebido como una cuestión accesoria de aquél, esto es, la medida cautelar tiene como conditio sine qua non, la admisión a trámite de la solicitud de amparo, puesto que sus efectos consisten en interrumpir transitoriamente la ejecución del acto reclamado, hasta en tanto se dicte sentencia ejecutoria. De lo anterior se concluye que aunque la determinación de desechamiento de una demanda de amparo por motivo manifiesto e indudable, se encuentre sub júdice, en su caso, por virtud de su impugnación mediante el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley citada, ello no implica que en tanto se resuelve este último, el Juez de Distrito deba proveer sobre la suspensión del acto reclamado, puesto que esta medida se encuentra condicionada a la vida del juicio constitucional, lo cual no se actualiza cuando la demanda fue desechada de plano." NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de junio de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Colegiado acusa recibo. Agréguese el oficio procedente del Tribunal de alzada, a través del cual hace del conocimiento que se admitió a trámite el recurso de queja promovido por la parte quejosa contra el auto de cinco de junio de dos mil dieciocho, que desechó la demanda de amparo (fojas 24 a 33), registrándolo como la queja civil número 95/2018. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de junio de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Recurso de queja. Agréguese a los autos el ocurso presentado por la parte quejosa, mediante el cual interponen recurso de queja en contra del proveído del cinco de junio (fojas 24 a 33), en el que este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, y para los efectos de la tramitación del medio de impugnación hecho valer por la parte quejosa, remítase de inmediato copia debidamente certificada de las constancias que integran el presente cuaderno, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en Turno, con residencia en esta ciudad, así como el escrito original de expresión de agravios emitido por la recurrente y una copia de este para el Agente del Ministerio Público adscrito a ese Tribunal de alzada, para el ulterior trámite del medio de impugnación de que se trata. Ríndase el informe justificado adjuntando las constancias que se estimaron necesarias para la tramitación del recurso de queja en mención. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En cinco de junio de dos mil dieciocho, la secretaria da cuenta con un escrito de demanda registrado con el número 9388, dentro del juicio de amparo 484/2018. Conste.Morelia, Michoacán, cinco de junio de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 484/2018, con la demanda de amparo promovida por Teresa Cruz Mejía, en contra de la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito de demanda; se precisa que los actos reclamados en esta instancia constitucional son: El auto de fecha veintidós de mayo de dos mil dieciocho, dictado por la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, dentro del juicio ordinario civil 254/2018, que sobre nulidad de escritura pública número 1626 y otras prestaciones, promovió la ahora quejosa frente a Luis Zavala Calderón; el Notario Público Número 117 en el Estado de Michoacán, con residencia en Pátzcuaro; el Administrador de Rentas en Pátzcuaro, Michoacán; Luis Zavala Arias; y, Director del Registro Público de la Propiedad Raíz del Estado de Michoacán, con sede en Morelia. Proveído en el que se le dijo que, en términos del artículo 261 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, no ha lugar a conceder la medida provisional respecto del bien inmueble ubicado en la calle Tercera de Ahumada número 48, de la colonia Centro en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, que dice tiene en posesión, en razón de que no ha salido del patrimonio de su cónyuge Luis Zavala Calderón. El auto de catorce de mayo de dos mil dieciocho, dictado por la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, dentro del juicio ordinario civil 554/2015, que sobre terminación de contrato verbal de comodato y otras prestaciones promovió Luis Zavala Arias frente a la aquí quejosa y codemandados. Proveído en el que se requirió a la quejosa la entrega del predio ubicado en la calle Tercera de Ahumada número 48, de la colonia Centro en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, ello con motivo de la ejecución del juicio de origen. De la anterior precisión se advierte que la quejosa reclama dos actos que derivan de dos expedientes diversos; sin embargo, dichas actos se encuentran vinculados entre sí, en razón de que ambos se encuentran relacionados pues se trata del mismo bien inmueble, del que dice la quejosa será desposeída con motivo del juicio 554/2015 y respecto del cual solicitó la medida provisional en el diverso expediente 254/2018. De ahí que en la presente demanda de amparo no aplica la regla que establece la jurisprudencia P. /J. 76/97, sustentada por el Pleno. Precisado lo anterior, se procede al análisis de procedencia de los actos reclamados. SE DESECHA DEMANDA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO MARCADO CON EL INCISO A). Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Teresa Cruz Mejía, en contra de la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, a quien reclama: El auto de fecha veintidós de mayo de dos mil dieciocho, dictado por la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, dentro del juicio ordinario civil 254/2018, que sobre nulidad de escritura pública número 1626 y otras prestaciones, promovió la ahora quejosa frente a Luis Zavala Calderón; el Notario Público Número 117 en el Estado de Michoacán, con residencia en Pátzcuaro; el Administrador de Rentas en Pátzcuaro, Michoacán; Luis Zavala Arias; y, Director del Registro Público de la Propiedad Raíz del Estado de Michoacán, con sede en Morelia. Proveído en el que se le dijo que, en términos del artículo 261 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, no ha lugar a conceder la medida provisional respecto del bien inmueble ubicado en la calle Tercera de Ahumada número 48, de la colonia Centro en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, que dice tiene en posesión, en razón de que no ha salido del patrimonio de su cónyuge Luis Zavala Calderón. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el particular, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia a que se refiere el arábigo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; esto es, que la agraviada no cumplió con el principio de definitividad al no agotar el recurso de queja que procedía para impugnar la negativa de conceder la medida provisional. El numeral en comento dispone que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]. El reproducido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo como es el de definitividad, consistente en que, por tratarse de un medio extraordinario de defensa, al amparo sólo puede acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria, siempre y cuando sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse." La lectura de la fracción mencionada permite advertir que, para su actualización, deben concurrir los siguientes requisitos, que: El acto reclamado sea una resolución o actuación proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Ese recurso o medio de defensa sea factible dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, No se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y/o en cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el disconforme para contradecir el proceder del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la notificación impugnada. Sostiene lo expuesto la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, visible en la página 902, de rubro y texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En el caso, la quejosa controvierte la negativa de conceder la medida provisional que solicitó dentro del juicio ordinario civil 254/2018 a efecto de que no sea desposeída del bien inmueble ubicado en la calle Tercera de Ahumada número 48, de la colonia Centro en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán. El artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán de Ocampo señala lo siguiente: "Artículo 278.- Contra la resolución en que se decrete una providencia precautoria no procede recurso alguno. Las resoluciones en que se niegue admitirán el recurso de queja." En ese orden de ideas, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán de Ocampo, admite el recurso de queja en contra de la negativa de que se decrete una providencia precautoria. Ahora, en términos del numeral de previa mención, la negativa de conceder la medida provisional solicitada por la ahora quejosa en el juicio de origen, a efecto de que no sea desposeída del bien que tiene en posesión, es impugnable a través del recurso de queja. Medio de defensa que no fue interpuesto por la parte peticionaria, al menos porque no aparece probado. Bajo ese contexto, si contra el acto reclamado resulta procedente el recurso mencionado, en atención al principio de definitividad emerge como una cuestión incontrovertible que, para lograr que fuera nulificada, la peticionaria debió interponer el medio de defensa de que se trata en los términos que prevé el cuerpo de leyes en cita; de tal suerte que al no hacerlo así, no ha respetado dicho principio que rige la procedencia del juicio de amparo. Máxime que la parte quejosa integra la relación jurídica procesal en el contradictorio de origen, pues quedó acreditado con la manifestación en la que, bajo protesta de decir verdad, señala que es la parte promovente en el juicio de origen, lo que además se corrobora con las documentales que anexó a su escrito de demanda. Además, debe establecerse que en el caso concreto, no se está en la hipótesis de excepción a que se refieren los incisos a) y b), del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, porque la negativa controvertida no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni se trata de un acto privativo de libertad. Tampoco se surte la excepción al inciso c) -tercero extraño- en atención a que la peticionaria tiene el carácter de parte actora en el expediente natural, de ahí que, si fue omisa en interponer el medio de impugnación correspondiente, antes de acudir en demanda de amparo indirecto, se actualiza la causal de improcedencia de que se trata. Finalmente, la procedencia de ese recurso no se encuentra supeditada a la interpretación de otra norma, pues como se destacó, es el propio código de la materia la que prevé el recurso de queja como medio de defensa en esos supuestos. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, acorde con lo establecido por el artículo 113, de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo respecto de ese acto reclamado. SE DESECHA DEMANDA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO MARCADO CON EL INCISO B). Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Teresa Cruz Mejía, en contra de la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, a quien reclama: El auto de catorce de mayo de dos mil dieciocho, dictado por la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Pátzcuaro, Michoacán, dentro del juicio ordinario civil 554/2015, que sobre terminación de contrato verbal de comodato y otras prestaciones promovió Luis Zavala Arias frente a la aquí quejosa y codemandados. Proveído en el que se requirió a la quejosa la entrega del predio ubicado en la calle Tercera de Ahumada número 48, de la colonia Centro en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, ello con motivo de la ejecución del juicio de origen. Ahora, cabe destacar que la quejosa es parte demandada en el juicio civil de origen, y que únicamente el juez de primer grado lleva a cabo actos tendentes a lograr el cumplimiento de lo ahí discutido; lo que se traduce que la etapa en la que se encuentra el juicio de origen, es la de ejecución, y que no le asiste el carácter de tercero extraña que pretende se le reconozca para que el presente juicio sea procedente. Consecuentemente, esta autoridad federal estima que la demanda de amparo es notoriamente improcedente, por lo previsto en la fracción XXIII del numeral 61 en relación con el diverso 107 fracción IV ambos de la Ley de Amparo, conforme al siguiente razonamiento. De los numerales de referencia se desprende que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, por regla general, el juicio de amparo procede cuando se trate de la última resolución dictada en dicha etapa. Lo cual implica que las decisiones intermedias pronunciadas en la etapa de ejecución, no pueden ser impugnadas en la vía constitucional, puesto que las violaciones que pudieran cometerse durante el trámite de esa fase que causen una afectación en la esfera jurídica del gobernado pueden ser reclamadas en la misma demanda de amparo que, en todo caso, se llegue a promover contra la aludida última determinación que se dicte en ella. Conforme a lo que establece el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución es la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; en el entendido de que en caso de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnar los actos por las partes exclusivamente cuando se den los siguientes supuestos: El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Lo anterior, con la condición de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Ahora bien, la regla genérica establece que la procedencia del amparo será hasta el momento en que se dicte la última resolución del procedimiento respectivo, esto es, aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; momento en el cual, el gobernado podrá reclamar las violaciones que se hubieren cometido durante el procedimiento de ejecución y que ello lo haya dejado sin defensa. Mientras que, la excepción a la regla de procedencia del amparo contra actos dictados en el periodo de ejecución, será que no obstante que están relacionados con la ejecución, su fin primordial no sea la ejecución, supuesto en el que si será procedente el amparo indirecto sin esperar al dictado de la última resolución del procedimiento de ejecución. La jurisprudencia por contradicción P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, del Tomo XXXIII, Enero de 2011, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 163152, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, sin embargo, cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En la especie, el acto reclamado no constituye la última resolución dentro del procedimiento de ejecución, ni se trata de una actuación autónoma que haga procedente el juicio de amparo. Por tanto, se concluye que con respecto al auto reclamado no se satisfacen los supuestos condicionantes definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hacen procedente el juicio constitucional biinstancial respecto de actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia. Esto es así, tomando en cuenta que si un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra la última resolución emitida en esa etapa; entonces, resulta improcedente este juicio de amparo, ya que la resolución atacada es un acto intermedio dentro de esa etapa y no la última. En tales condiciones se advierte que la orden de entrega del inmueble citado, decidida por la responsable no es la última resolución en el procedimiento de ejecución, y por ende, no es susceptible de ser reclamado por medio del juicio constitucional, en razón de que no se trata de la última resolución en la ejecución forzosa de la sentencia definitiva, máxime que la parte quejosa fue plenamente oída y vencida en dicho juicio, y este juzgador estima que con dicho acto no se afecta derechos del inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio de origen. Es aplicable la Jurisprudencia P. /J. 32/2001 de la Novena Época emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, visible en la página 31 que cita: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Lo anterior, se considera así en razón de que será hasta que la sentencia se declare cumplida o determine la imposibilidad material o jurídica para dar cabal cumplimiento a esta, cuando se esté en condiciones de hacer valer las violaciones que estime pertinentes en la fase de ejecución de sentencia. Ello, pretende evitar la interposición de juicios de amparo que inhiban el cumplimiento de las sentencias, por lo que ha de ser hasta que se emita la última resolución cuando ha de impugnar lo que sus intereses convenga. Así la regla de procedencia prevista en el actual artículo 107, fracción V, contrario sensu de la Ley de Amparo, en el caso no se actualiza, pues, no se ve infringido derecho sustantivo distinto al que de manera lógica y natural debe afectarse por la propia ejecución de la sentencia, que es lo que haría procedente en este momento el juicio de amparo biinstancial sin necesidad de esperar hasta la última resolución, por lo que resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, ambas contrario sensu. Así mismo, por las razones que la sustentan es aplicable la tesis que sostiene el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 1721 del Tomo XVII enero de 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última". Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, acorde con lo establecido por el artículo 113, de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo respecto de ese acto reclamado. PRUEBAS. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba de su parte las documentales que anexa a su escrito de demanda, mismas que por su propia naturaleza se tienen por rendidas y desahogadas. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Alejandro Rojas Chávez, ya que acredita tener la facultad para ejercer la profesión de abogado al contar con el registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
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FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
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