Teresa Celia Bautista Hernández
Expediente 564/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 564/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/06/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Teresa Celia Bautista Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
*PRAL. 564/2015 MESA AMP. 2-B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a once de junio de dos mil quince. Como se advierte de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese interpuesto recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el veintidós de mayo de dos mil quince (fojas 30-33); mediante la cual se sobreseyó en el juicio; en tales condiciones, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que esa determinación, ha causado ejecutoria para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la sentencia de amparo estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información; y, para el caso de que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, pruebas o constancias que obren en el expediente, la unidad administrativa que lo tenga bajo resguardo, determinará si es información reservada o no. Pese a ello, de conformidad con el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares y personas morales jurídicas , considerada como confidencial que, de acuerdo con los primeros preceptos, debe ser entendido como aquélla cuya difusión, conservación o distribución requiere, necesariamente, consentimiento expreso de los titulares de la misma. En ese contexto, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa con supresión de datos personales identificables, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal . Finalmente, como se advierte de la certificación que antecede, que en este expediente y en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción II, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo vigésimo primero, fracción II, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
mesa 6 a pral. 564/2015-(sentencia)Por lo expuesto y fundado legalmente y con apoyo además, en los artículos 1o, fracción I, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO.- Se sobresee en el juicio de amparo promovido por TERESA CELIA BAUTISTA HERNÁNDEZ, contra la autoridad y por el acto precisado en el resultando primero y en términos del considerando tercero, de esta sentencia. SEGUNDO.- En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE.
- Principal
*PRAL. 564/2015 MESA AMP. 2-B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a trece de mayo de dos mil quince. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales consiguientes, el escrito de Miguel Ángel Ramírez Salazar, autorizado legal de la parte quejosa; visto su contenido, se le tiene manifestando que en atención a que del informe justificado rendido por el director General de la Oficina de Pensiones, del Gobierno del Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, se advierte que negó el acto reclamado (foja 13); por lo que, solicita que dicha autoridad haga saber a este órgano jurisdiccional el fundamento legal de los descuentos efectuados en el pago de su pensión de jubilación, desde marzo de dos mil doce, hasta diciembre de dos mil trece y, en su caso, la devolución de los descuentos efectuados. En atención a lo anterior, y a fin de que este órgano judicial esté en aptitud de emitir una sentencia apegada a derecho; con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo vigente, solicítese al aludido director General de la Oficina de Pensiones, del Gobierno del Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, tenga a bien informar, dentro del término de tres días, a este Juzgado, copia certificada de las constancias que tengan relación con el acto reclamado, como pueden ser 1) la contestación al escrito de cuatro de diciembre de dos mil catorce (fojas 6-7), así como 2) la notificación correspondiente; en el entendido que de no cumplir con lo anterior, o de no expresar el impedimento legal o material que tuviere para ello, se impondrá en su perjuicio una multa por cincuenta días de salario, calculado éste sobre el mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 238, de la Ley de Amparo. Fundamenta lo anterior, la jurisprudencia P./J.17/97, que se invoca en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO". NOTIFÍQUESE.
- Principal
*PRLA. 1273/2014 MESA AMP. 2-B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a siete de mayo de dos mil catorce. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales consiguientes, el oficio número PJEO/CJO/FAJ/ASJ/1306/2015, suscrito por la directora del Fondo para la Administración de Justicia, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a través del cual, en contestación al requerimiento que se le formuló en proveído de veintitrés de abril último (foja 180), manifiesta que la aquí quejosa TERESA MARTÍNEZ MENDOZA compareció ante su autoridad a fin de que se le efectuara la cancelación del recibo oficial con número de folio 4322/2014, de fecha veintiséis de agosto de dos mil catorce, y le fuera reintegrada la cantidad que ampara el mismo; sin embargo, no fue posible cancelar el mismo en atención a que únicamente exhibió copia de dicho recibo. Ante ello, y toda vez que en autos obra copia certificada del referido recibo con folio 4322/2014; por lo que expídase a la quejosa copia de dicho recibo; además, a fojas cincuenta y seis, aparece una certificación del secretario de acuerdos adscrito a la Dirección del Fondo para la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado, en la que, entre otros aspectos, se señala que en el Sistema de Gestiones Administrativa de la Dirección del Fondo para la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, obran los archivos digitales relativos al recibo oficial 4322/2014 de veintiséis de agosto de dos mil catorce; por ende, requiérase a la directora del Fondo para la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, para que dentro del término de tres días siguientes a la recepción del oficio que se le envíe, informe si con estos elementos está en posibilidad de realizar la cancelación cuestionada; o, bien, informe el impedimento que tenga para ello; de actualizarse la segunda hipótesis (impedimento) deberá fundar y motivar su determinación; con apercibimiento a dicha autoridad que, de no cumplir con lo anterior sin causa justificada, se le impondrá, en su perjuicio, una multa por la cantidad de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos del artículo 258 del mismo ordenamiento. Apoya lo anterior, la tesis aislada del rubro y texto siguientes: "APERCIBIMIENTO DE MULTA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO. EL DECRETADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE POR EL JUEZ DE DISTRITO PARA QUE CUMPLA LA SENTENCIA DE AMPARO, DEBE PRECISARSE DESDE ESE MOMENTO Y NO SER GENERAL, VAGO O IMPRECISO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en la notificación que se haga a la autoridad responsable para que cumpla con una ejecutoria de amparo dentro del plazo de tres días, se le apercibirá de que, en caso de no cumplir sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que "se determinará desde luego". Ahora bien, cuando en el acuerdo dictado por el Juez de Distrito, donde se requiere a la autoridad responsable para que informe sobre el cumplimiento dado a la sentencia que concedió el amparo, únicamente se indica el hecho que, de no cumplir en los términos establecidos, se procederá conforme al artículo 193 de la citada ley, debe decirse que un apercibimiento realizado de esa forma es ilegal, porque no debe ser general, vago o impreciso, sino preciso y determinado, para así dar seguridad de que esa multa que "se determinará desde luego", no sólo debe concebirse como propósito, intención, fin o designio, sino también como cosa, elemento, entidad, tema o materia plenamente particularizado (certidumbre de lo que se impone)". Por lo que, deberá remitir copias certificadas de las determinaciones y medidas que haya adoptado al efecto. NOTIFÍQUESE.
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