Teresa Castro Hernández y Otros.

Expediente 1007/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1007/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
22/08/2023

Partes del expediente

  • Teresa Castro Hernández
  • Teresa Castro Hernández y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se aprecia que ha fenecido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de dos de agosto de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la presente demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 20, fracción IV, el expediente principal transcurrido el plazo de tres años contado a partir de la presente determinación, será DESTRUIBLE en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. Aunado a que este juicio no encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos por el Acuerdo de mérito y no contiene documentos que se hayan determinado como información reservada con motivo de una solicitud de acceso a la información. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Bianca Sayuri Mora Peralta, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho por periodo vacacional de la Titular de este órgano jurisdiccional, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", autorizada en sesión celebrada el tres de julio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/4018/2023, ante el Secretario Alfonso Ruiz Quintana, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto el escrito firmado por José Luis Solís Pacheco, en su carácter de apoderado de Teresa Castro Hernández; atento a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado por auto de dos de agosto de dos mil veintitrés. Notifíquese.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dos de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el escrito firmado por José Luis Solís Pacheco, y anexos que acompaña, en su carácter de apoderado, por medio del cual da cumplimiento al auto de veinticinco de julio del año en curso; y al efecto, precisa que el acto impugnado consiste en: La notificación realizada por medio de lista fijada en los estrados de fecha tres de julio de dos mil veintitrés dentro del Toca Civil 201/2023. DESECHAMIENTO De conformidad con el artículo 112, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo, este juzgado procede a examinar la demanda de amparo a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. En el caso, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la obligación de la parte quejosa de agotar el principio de definitividad previo a ocurrir en vía de amparo a impugnar el acto que considera le causa perjuicio, es decir, previamente debió agotar el medio ordinario de defensa, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Al respecto, el artículo 167 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, prevé que el incidente de nulidad de notificaciones procede: "Artículo 167.- Nulidad de las notificaciones. Las notificaciones serán nulas cuando no se hagan en la forma prevista en los artículos precedentes. Para resolver sobre las peticiones de nulidad, el tribunal observará las reglas siguientes: I. La nulidad sólo podrá ser invocada por la parte a quien perjudique o la que deje de recibir la notificación; II. La notificación surtirá sus efectos como si hubiere sido legalmente hecha, a partir de la fecha en que la parte se hubiere manifestado en cualquier forma sabedora de la resolución notificada, incluyéndose en esta regla el emplazamiento; III. La nulidad de notificación deberá reclamarse por la parte perjudicada en el primer escrito o en la actuación subsiguiente en que intervenga a contar de cuando hubiere manifestado ser sabedora de la resolución o se infiriera que la ha conocido, pues de lo contrario, queda revalidada aquélla, de pleno derecho; y IV. Los juzgadores pueden en cualquier tiempo, aunque no lo pidan las partes, mandar repetir las notificaciones irregulares o defectuosas, sin lesionar derechos legalmente adquiridos por las partes. La nulidad se tramitará en la vía incidental. En el incidente sólo podrá concederse término probatorio, cuando la irregularidad no se derive de datos que aparezcan en el expediente. El incidente sólo tendrá efectos suspensivos cuando se trate del emplazamiento. La sentencia que se dicte mandará reponer la notificación declarada nula y determinará el alcance de la nulidad respecto de las actuaciones del juicio conforme a las reglas anteriores. El juzgador puede sancionar con multa hasta de veinte salarios mínimos generales y el doble en caso de reincidencia, a los funcionarios o a las partes que aparezcan como culpables de la irregularidad. La resolución que decida el incidente de nulidad de notificación y el auto que la decrete de oficio, no serán recurribles. Sin embargo, si alguna de las partes considera que cualquiera de estas resoluciones le causa agravio, podrá hacerlo valer al interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva." De acuerdo dicho precepto legal, previamente a promover el presente juicio de amparo, la parte quejosa se encontraba constreñida a agotar el medio ordinario que establece el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero; esto es, el incidente de nulidad de notificaciones contra la notificación realizada por medio de lista fijada en los estrados de fecha tres de julio de dos mil veintitrés dentro del Toca Civil 201/2023, juicio en el que la quejosa es parte en el procedimiento (parte actora), medio de defensa que permite anular, modificar o revocar el acto que se reclama; y al no hacerlo así, la parte quejosa faltó al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. En ese sentido, resulta que no es optativo para la parte afectada, cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, de ahí que, al no haberse hecho valer previamente el referido incidente de nulidad de notificaciones, el juicio de amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 26/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital: 178685: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La nulidad de actuaciones, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones, contra las pronunciadas después de dictada sentencia, pues de no hacerlo se surtirá la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo." De igual manera, sustenta lo anterior la tesis aislada XXI.2o.19 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, con número de registro digital: 195936 "NULIDAD DE NOTIFICACIONES. INCIDENTE DE (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO). De la interpretación literal y armónica de lo dispuesto en el artículo 167, fracción IV, último párrafo del Código Procesal Civil del Estado, se llega a la conclusión de que la interlocutoria que decida el incidente de nulidad de notificaciones y el auto que la decreta de oficio, no es susceptible de recurrirla con algún medio de impugnación que el código de la materia establece, pero si alguna de las partes considera que cualquiera de estas resoluciones le causa agravio, puede hacerlo valer al interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva; sin que obste a lo anterior, la circunstancia de que el último párrafo de la fracción VI, del artículo 126, del mismo ordenamiento legal establezca que serán recurribles la resolución que decida el incidente de nulidad de actuaciones y a que la decrete de oficio, ya que esta disposición propiamente alude a la forma de los actos procesales que en ese capítulo se especifican, a los cuales los titulares de los órganos jurisdiccionales se deben sujetar durante la tramitación de los asuntos de su competencia; mientras que aquella disposición citada en primer término, se refiere en sí a las notificaciones de las resoluciones que debe realizar el funcionario judicial autorizado por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado". En esas condiciones, al no observarse el principio de definitividad, se actualiza la citada causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. A

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda firmado José Luis Solis Pacheco, quien se ostenta como apoderado de Teresa Castro Hernández, contra actos de la Primera Sala Civil con residencia en esta ciudad. REGISTRO DEMANDA, TRAMITACIÓN E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y FÍSICO. Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE de registro de juicios de amparo con el número 1007/2023-D que le corresponde. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral SEXTO transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese el expediente electrónico, y en lo conducente el expediente físico. Con apoyo en los preceptos legales 24, 251, 252, 253 y 263 del referido acuerdo general, se ordena a la persona oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones, documentos que presenten las partes, comparecencias, certificaciones devolución de documentos, títulos de crédito, entre otros, audiencias, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; a las personas actuarias, se ordena la digitalización y vinculación al expediente electrónico diariamente de todas las constancias de notificaciones personales y de oficios, actas, citatorios y razones de notificación o de imposibilidad que elaboren, sellos de lista, así como de todo lo correspondiente al área de actuaría; y a las personas secretarias se ordena cerciorarse de la debida integración del expediente correspondiente. PREVENCIÓN. El dispositivo 114 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Por su parte, el diverso numeral 108, dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." De la interpretación armónica de los preceptos reproducidos, se advierte la facultad del órgano jurisdiccional de analizar la demanda de amparo y en caso de advertir alguna irregularidad, requerir al promovente a fin de que la aclare cuando, entre otros supuestos, hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; pero de no subsanarse las deficiencias, irregularidades u omisiones del libelo constitucional dentro del plazo de cinco días, ésta se tendrá por no presentada. En mérito de lo anterior, a fin de estar en aptitud de acordar lo conducente, requiérase al promovente para que dentro del improrrogable plazo de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, y con las copias necesarias de su escrito de aclaración de demanda para correr traslado a las partes, conforme al artículo 110 de la Ley de Amparo, desahogue los siguientes puntos. [1] Exhiba las constancias con que acredite fehacientemente la personalidad que dice ostentar como apoderado legal de la quejosa, ello en virtud que el documento que anexa al escrito de demanda para tal efecto, sólo se trata de copias simples, por lo cual resultan carentes de valor probatorio suficiente para acreditar la personalidad con que se ostenta. [2] Precise el acto reclamado, ya que el señalado carece de la información necesaria para advertir de qué se duele el promovente. No se inadvierte que refiera que desconoce el acuerdo que indicó "se hace efectivo el apercibimiento" al señalar que no le prestaron el expediente porque la autoridad responsable comenzaría a gozar su periodo vacacional; sin embargo, a fin de proveer sobre la presentación de la demanda resulta necesario e indispensable saber de qué versará el pronunciamiento respectivo. [3] De insistir en el desconocimiento del acto reclamado, y ante lo manifestado en sus conceptos de violación, deberá señalar entonces si su reclamo únicamente radica en la forma en que le fue notificada una determinación, pues de los argumentos que vierte en el capítulo de conceptos de violación se advierte que plantea una indebida notificación. APERCIBIMIENTO. Bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo requerido en el lapso indicado, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda. Asimismo, se tiene a la parte quejosa proponiendo los correos electrónicos y números telefónicos que indica en su demanda, como formas especiales y expeditas de contacto, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZADOS. Se tiene como su autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************toda vez que de acuerdo a la certificación secretarial de cuenta se aprecia que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y solo para imponerse de los autos y recibir notificaciones a ********************por no estar registrado en el aludido sistema; así como a las demás personas que refiere, por así haberlo solicitado expresamente. TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES. El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil catorce. Igualmente, que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. En ese sentido, con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley y su publicación, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil veinte. Asimismo, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. JUICIO EN LÍNEA. Conforme lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, además, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejado constancia en autos. Sin que haya lugar a emitir pronunciamiento alguno respecto al usuario que menciona, en razón de que no manifiesta de manera expresa los efectos para los cuales lo proporciona (consulta de expediente electrónico y/o autorización para realizar notificaciones electrónicas). Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Alfonso Ruiz Quintana, que autoriza y da fe.

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