Teresa Castillo Gómez
Expediente 73/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 73/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Teresa Castillo Gómez
Actuaciones
- Principal
Estado de autos Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se desprende que el auto que desechó la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Archivo Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese en el presente juicio como asunto totalmente concluido.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Por recibida la demanda promovida por ****, en su carácter de albacea provisional de la sucesión de Margarito Guzmán Díaz, contra los actos que reclama del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 43, con residencia en la Ciudad de Tampico, Tamaulipas y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 73/2022 y fórmense los expedientes tanto físico como electrónico que refiere el artículo 3 de la Ley de Amparo. Fundamento del desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que la Juzgadora de Distrito debe examinar la demanda de garantías, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Acto reclamado Si bien es cierto en el apartado correspondiente, la parte quejosa señala como acto reclamado: "De la autoridad ordenadora reclamo la sentencia pronunciada con fecha 21 de mayo de 2021 con todas sus consecuencias jurídicas. De la autoridad ejecutora, le reclamo la ejecución de la sentencia definitiva", del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la peticionaria en realidad señala como acto reclamado: La falta o indebida notificación de la sentencia de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictada en los autos del juicio 304/2015-43. Actualización de la causal de improcedencia. Esta Juzgadora observa que se actualiza respecto al acto reclamado consistente en la falta o indebida notificación de la sentencia dictada el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, en los autos del juicio agrario 304/2015-43, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 43, con residencia en Tampico, Tamaulipas la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". El precepto transcrito prevé uno de los supuestos del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual como juicio excepcional que es, sólo es procedente contra aquellas resoluciones de carácter definitivo. El mencionado supuesto alude a la circunstancia de que contra el acto reclamado, la ley conceda algún recurso o medio ordinario de defensa que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar dicho acto. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. En ese tenor, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales tiene la posibilidad de acudir al juicio biinstancial, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de dicha autoridad. Hecha esta precisión, debe indicarse que en la especie se considera actualizada la citada causa de improcedencia, porque el acto consistente en la falta o indebida notificación de la sentencia dictada el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, en los autos del juicio agrario 304/2015-43, es susceptible de impugnarse a través del incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, en términos de su artículo 167, que dispone: "Artículo 319. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este Capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto." El citado incidente de nulidad de lo actuado, tiene por objeto analizar la legalidad de la notificación indebida efectuada de forma indebida o la necesidad de practicar una omitida con efectos de la anulación; asimismo, ese incidente está previsto en la citada ley procesal federal supletoria a la Ley Agraria aplicable y goza de un determinado procedimiento para su resolución. Por tanto, constituye una actuación necesaria al alcance de las partes que intervienen en el juicio, a fin de que la responsable se pronuncie, específicamente, sobre las actuaciones posteriores a la nulidad de la notificación omitida o que se practicó en forma distinta a lo prevenido en la ley. En efecto, la parte quejosa, como parte en el juicio de origen, tiene a su alcance el medio ordinario de impugnación apto para lograr la práctica personal de una notificación que no se haya ordenado o nulificar la notificación que estima ilegal, y en todo caso, impugnar la indebida o falta de notificación de la sentencia de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, ya que resulta evidente que forma parte del juicio de origen. Por tanto, contra la falta o indebida notificación de la sentencia dictada el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, previa la interposición del juicio de amparo, procede el incidente de nulidad de actuaciones y al no agotarse dicha incidencia no se acata el principio de definitividad. No es inadvertido para esta juzgadora la notificación reclamada es la de la determinación que resuelve el juicio agrario 304/2015-43, es decir, de la resolución que puso fin al juicio, por lo que es innegable que tenía que interponer el aludido incidente para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional. En el caso, no se actualiza excepción al principio de definitividad de las que señala el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En esas condiciones, al haberse actualizado en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, procede desechar de plano la presente demanda, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, presentada por Teresa Castillo Gómez, en su carácter de albacea provisional de la sucesión a bienes de Margarito Guzmán Díaz. Domicilio Se tiene como domicilio de la promovente el ubicado en calle Codorniz número 114, del fraccionamiento Las Huastecas, de esta ciudad. Autorizados. Asimismo, únicamente se tiene como autorizado a Francisco Velázquez Duque, en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 del citado ordenamiento legal, es decir, a efecto de oír y recibir notificaciones, toda vez que no proporcionó el número de su cédula profesional, o en su defecto el número de registro del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales; y en tales condiciones, no es posible realizar la consulta correspondiente en el Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, a efecto de verificar si dicha persona cuenta con el requisito en mención. Reproducción electrónica. Por otro lado, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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