Teresa Carmona Castillo
Expediente 650/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 650/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Teresa Carmona Castillo
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de julio de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de veintitrés de junio de dos mil veintidós, dictada en el conflicto competencial 17/2022 a través del cual concluyó con los puntos resolutivos que son del tenor literal siguiente: "PRIMERO.- Sí existe conflicto competencial por territorio. SEGUNDO.- Es legalmente competente, hasta este momento procesal, el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer del presente amparo." Como lo solicita el Tribunal Colegiado se ordena acusar de recibo correspondiente, en mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Toda vez que este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer de este asunto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción j), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio proveniente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual informa que se avocó al conocimiento del conflicto competencial planteado por el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, el cual quedó registrado bajo el número 16/2022, asimismo, da vista a este Órgano Jurisdiccional para que dentro del terminó de tres días exponga lo que estime pertinente, además, solicita se autorice al acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo 650/2022-III. En atención a lo anterior, dígase al Tribunal Colegiado que como se estableció en el acuerdo de fecha veintiséis de mayo de dos mil veintidós, este Juzgado no aceptó la competencia declinada a razón de que la Jueza Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en el auto por el cual se declaró incompetente para conocer del citado juicio, refirió que la parte quejosa se dolía del siguiente acto reclamado: "De lo que se colige que además de los actos señalados en el capítulo correspondiente en la demanda de amparo, la quejosa se duele de la falta atención médica y medicamentos; por tanto, debe tenerse como acto reclamado aquel pues de no hacerlo de habría pronunciamiento sobre la suspensión del mismo." Refirio además que se encontraba privada de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, "CPS Femenil Morelos" en Coatlán del Rio, en el Estado de Morelos, por lo tanto, concedió la suspensión de plano respecto de dicho acto, por cuanto a las autoridades Director, así como al responsable de la Unidad Médica del Centro Federal de Readaptación Social número 16, "CPS Femenil Morelos" en Coatlán del Rio, en el Estado de Morelos, al ser las relacionadas con el lugar de reclusión de la quejosa. En consecuencia consideró actualizada la tesis 1a./J. 86/2019 (10a.), de rubro: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA.", y declinó competencia por territorio. Por lo que la suscrita Juzgadora no compartió el criterio sostenido por la homologa declinante, y que en el caso, no se actualizaba lo previsto en el tesis que cita. Pues de la lectura integra de la demanda se advertía lo siguiente: La directa quejosa Teresa Carmona Castillo, en su escrito inicial de demanda señaló como autoridades responsables las siguientes: Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas: Director de la Asesoría Jurídica Federal: Fiscal Especializado en Investigación del Delito de Tortura. Todas ellas con residencia en la Ciudad de México, de quienes además reclamaba: Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas: a) La omisión de adoptar medidas efectivas, adecuadas, oportunas, eficientes y expeditas para garantizar asesoría jurídica y orientación sobre las medidas de ayuda, asistencia, protección, atención, acceso a la justicia, acceso a la verdad y reparación integral a que tengo como sobreviviente de tortura y malos tratos. b) La omisión de adoptar medidas especiales para garantizar mi derecho a una vida libre de violencia y discriminación como mujer sobreviviente de tortura. Director de la Asesoría Jurídica Federal: a) La omisión de ofrecerme y proporcionarme asesoría jurídica como sobreviviente de tortura y malos tratos. b) La omisión de brindarme orientación sobre las medidas de ayuda, asistencia, protección, atención, acceso a la justicia, acceso a la verdad y reparación integral a que tengo derecho como sobreviviente de tortura y malos tratos. c) La omisión de adoptar medidas especiales para garantizar mi derecho a una vida libre de violencia y discriminación como mujer sobreviviente de tortura. Con fundamento en los artículos 35, 87, 88, y 93 de la LGPIST y los artículos 2,4, 18, 19, 20 y 41 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en relación con los numerales 4, 5, 40 fracción X de la Ley de la Fiscalía General de la República (en adelante "Ley FGR"); 17, 57 penúltimo párrafo, 109, 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales (en adelante "CNPP"); CUARTO, fracciones I, Il y XVI del Acuerdo A/006/18; 1,7, 11 y 12 de la Ley General de Víctimas, se reclaman las siguientes omisiones: Fiscal Especializado en Investigación del Delito de Tortura. a) La omisión de requerir y coordinar a sus agentes ministeriales, a las unidades administrativas y los órganos desconcentrados correspondientes de la Fiscalía General de la Republica a efecto de garantizar que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas me brinde atención médica, psicológica y jurídica. b) La omisión de informar en un lenguaje claro, completo y sencillo mi derecho a contar con asesoría jurídica adecuada y atención multidisciplinaria. c) La omisión de asegurar que cuente con asistencia jurídica adecuada en la investigación de los actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que sufrí. d) La omisión de adoptar medidas especiales para garantizar mi derecho a una vida libre de violencia y discriminación como mujer sobreviviente de tortura. Asimismo, en los antecedentes narrados en su escrito inicial de demanda, narraba que ninguna persona adscrita al CEAV se había puesto en contacto con ella para ofrecerle sus servicios ni informarle los derechos que tiene como víctima, de inscribirla en el Registro Nacional de Víctima, de proporcionarle ayuda inmediata y reparación, proveerle servicios de asesoría jurídica, entre otros, por lo tanto, a efecto de exigir la garantía de sus derechos como sobreviviente a la tortura por parte del FEIDT (Fiscal Especial en Delitos de Tortura) y CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas) es que promueve el juicio de amparo. Por lo anterior, este Juzgado consideró que los actos reclamados por la quejosa, son carentes de ejecución material. Para ello, se consideró distinguir la naturaleza positiva y negativa de los actos de conformidad con las consideraciones expuestas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 176/2009, que dio origen a la jurisprudencia 152/2009 y que son: ". En este sentido, un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, es decir, en una acción de hacer. A su vez, estos actos se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea; b) actos de ejecución continuada o inacabada; y, c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Por su parte, el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone. Estos actos negativos se subclasifican en: a) abstenciones; b) negativas simples; y, c) actos prohibitivos. Es importante poner de relieve que aunque los actos administrativos puedan expresarse en forma negativa, su naturaleza es positiva cuando entrañan la privación del ejercicio de un derecho o cuando en virtud de esa negativa la autoridad pueda actuar en forma positiva afectando la esfera jurídica del quejoso. Los actos negativos omisivos son abstenciones por parte de la autoridad no expresada materialmente pero apreciables por la conducta apática o negligente de aquélla. Los actos negativos simples son los que se expresan mediante el rechazo de la autoridad acerca de lo pedido. Finalmente, los actos prohibitivos son aquellos que implican una orden o conducta positiva de la autoridad tendiente a impedir una conducta del particular afectado. Entonces, cualquiera que sea la forma de expresión que emplee la autoridad, sea concediendo o negando lo que se le pidió, sea ordenando o prohibiendo, para definir la naturaleza negativa del acto habrá que analizar en cada caso si el mismo redunda en una abstención de otorgar o reconocer al quejoso el derecho que le corresponde; o para definir su carácter positivo, habrá que advertir si impone al quejoso una carga a la que no se está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico.". En el caso concreto, como se anticipó, a través de la demanda de amparo la quejosa controvierte diversas omisiones, entre ellas las de informarle los derechos que tiene como víctima, de inscribirla en el Registro Nacional de Víctima, de proporcionarle ayuda inmediata y reparación, proveerle servicios de asesoría jurídica entre otros. De lo que se sigue que, las omisiones reclamadas, constituyen un acto negativo carente de ejecución material, pues es claro que no modifica ni altera el estado de las cosas existentes, es decir, no introduce ningún cambio a la realidad, sino que las cosas permanecen en el mismo estado, debido a la conducta apática o negligente de la responsable. Sin que se esté ante la presencia de un acto negativo con efectos positivos o algún principio de ejecución, en virtud de que el fin perseguido al reclamar en sede constitucional las omisiones que nos ocupa, es lograr que las responsables cesen el silencio respecto de las omisiones atribuidas, sin que pueda realizarse una interpretación sobre el alcance de los efectos de esas omisiones, tampoco de su posible respuesta positiva. En este orden de ideas, al ser el acto reclamado de carácter omisivo, sin ejecución material, de conformidad con el último párrafo del dispositivo 37 de la Ley de Amparo, se consideró que debia de conocer de la demanda de amparo el juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó; puesto que del texto del artículo mencionado debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar el sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Es verdad, el artículo 37 de la Ley de Amparo, que contiene las reglas para fijar la competencia en tratándose de jueces de Distrito: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Por lo tanto, si el acto reclamado carece de ejecución material, es competente el juez de distrito que conoció la demanda de amparo, en el caso, el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, por lo que el Juzgado declinante es quien debe de conocer de ésta. Así lo consideró la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, en la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Sin soslayar que la Jueza declinante basó su determinación, en el hecho que la directa quejosa se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS Femenil Morelos, además de interpretar que reclamó la falta atención médica y medicamentos, a las autoridades del centro de reclusión, y de oficio vinculó al juicio de amparo al Director, así como al responsable de la Unidad Médica del Centro Federal de Readaptación Social número 16, "CPS Femenil Morelos" en Coatlán del Rio, en el Estado de Morelos, por lo que consideró actualizada la Jurisprudencia 1a./J. 86/2019 (10a.) que establece la obligación de las autoridades penitenciarias de proporcionar atención médica a las personas privadas de la libertad. Sin embargo, la anterior interpretación no es compartida por este órgano jurisdiccional, pues ni del capítulo de actos reclamado, ni de los conceptos de violación plasmados en el escrito inicial de demanda, se advierte la intención de la quejosa de reclamar la falta de atención médica a las autoridades del centro de reclusión en el que se encuentra interna. Por el contrario su pretensión de recibir tratamiento médico especializado para tratar las secuelas que a su decir derivan de la tortura que sufrió al momento de su detención, la hace depender que las autoridades que ahora señala como responsables cumplan con el "Programa de Reparación Integral", que propone se le aplique, como se advierte de la lectura integra de la demanda de amparo, que en lo que interesa expresó: Refiere en su capítulo de antecedentes que, desde el año dos mil catorce se encuentra privada de la libertad por los delitos de delincuencia organizada y secuestro, que durante su detención fue víctima de tortura, física, psicológica y sexual. Que a consecuencia de su privación de la libertad ha sufrido deterioro en su salud y a raíz de las secuelas de la tortura que le infligieron al momento de su detención, también expresa que por el momento no recibe atención médica especializada. A razón de lo anterior, estableció como esencial el acompañamiento jurídico y acceso a la información para el ejercicio de sus derechos, al ser una mujer sobreviviente a la tortura privada de la libertad, con secuelas derivadas de la tortura que refiere sufrió. Narra que ninguna persona adscrita al CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas) se ha puesto en contacto con ella para ofrecerle sus servicios ni informarle los derechos que tiene como víctima, de inscribirla en el Registro Nacional de Víctima, de proporcionarle ayuda inmediata y reparación, proveerle servicios de asesoría jurídica, entre otros, por lo tanto, a efecto de exigir la garantía de sus derechos como sobreviviente a la tortura por parte del FEIDT (Fiscal Especial en Delitos de Tortura) y CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas) es que promueve el juicio de amparo. Refiere en su tercer concepto de violación que de acuerdo al artículo 124 del Estatuto Orgánico de la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas), su director tiene las atribuciones de asesoría jurídica, orientación y acompañamiento a las víctimas en la presentación ante la representación social correspondiente; dar seguimiento a procesos penales en que se intervenga para verificar si las víctimas han tenido acceso a la información, asesoría jurídica y medidas de atención médica. Del capítulo XI del escrito inicial de demanda, se advierte que solicita el amparo entre otros, para los efectos siguientes: ". para el efecto de que las responsables cumplan con el "Programa de Reparación Integral", (en adelante "PRI") que se propone a continuación: [.] d. Instruir a la persona asesora jurídica federal que me asignen para que realice las siguientes gestiones, como mínimo: [.] La adopción de medidas de atención, asistencia y protección inmediata para la suscrita conforme al artículo 9 del Reglamento de la Ley General de Víctimas, considerando las solicitudes y/o necesidades particulares externadas en la visita de primer contacto. Por ejemplo, apoyos financieros, y materiales para ver físicamente a mi hija o hablar constantemente con mis hijos podrían ser vitales para fortificar mi núcleo y vencer el contexto de vulnerabilidad agravada que enfrentamos. Adicionalmente, no he recibido un tratamiento médico especializado continuo para tratar las secuelas de la tortura que experimenté o los padecimientos que he presentado con el tiempo. Estas situaciones develan una necesidad urgente de actuar para salvaguardar mi salud e integridad personal. [.]" Y en ese sentido, toda vez que del escrito inicial de demanda no se advierte que se haya señalado como acto destacado el referido por el Juez declinante, ni tampoco el señalamiento como autoridad responsable de alguna autoridad del centro de reclusión en el que se encuentra interna, tampoco que la demanda de amparo se haya promovido en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, es que no se considera que se actualiza la hipótesis prevista en la jurisprudencia citada por la juez declinante. Además, la suplencia de la queja deficiente, consiste únicamente en suplir razonamientos por los cuales el quejoso estima que se violaron sus garantías constitucionales y los preceptos que consideró violados con el acto reclamado. Sin embargo, tal suplencia de la queja no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que el quejoso señaló, como lo es la indicación del acto reclamado y de la autoridad responsable. Pues en caso de obscuridad en la demanda de amparo e imprecisión del acto reclamado se debe de actuar en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. En congruencia con lo anterior, se concluye que si en amparo indirecto se reclama diversas omisiones carentes de ejecución material, las autoridades responsables residen fuera del la circunscripción territorial de este juzgado federal y conoció en primer lugar el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, se actualiza la hipótesis prevista en el último párrafo del artículo 37 citado y, por ende, la competencia para conocer del juicio de garantías se surte a su favor, por ser el que previno. Así las cosas, ya que el juez que previno en el conocimiento de la demanda, esto es, conoció en primer lugar de ella, es el juez declinante, esta Juzgadora estima que en él recae la competencia para conocer del juicio de amparo, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Por otra parte respecto a la solicitud del acceso del expediente electrónico, tomando en consideración los motivos expuestos en el Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativas a la serie de medidas preventivas frente al coronavirus covid-19; con fundamento en el artículo 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado Federal, autorícese al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, la consulta del expediente electrónico de este asunto para que obtenga el acceso a la información que requiere. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de junio de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio signado por el Agente del Ministerio Publico de la Federación, mediante el cual en cumplimiento al auto de veintitrés de marzo del año en curso remite diversas constancias; el que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos conducentes, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y que manifiesten lo que a sus intereses convenga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Toda vez que el quejoso se encuentra recluido, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, gírese atento despacho con firmas electrónicas al Juzgado Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado, con Sede en Cuautla, Morelos, que se encuentre en turno, a efecto de que en auxilio de las labores de este órgano judicial, instruya al Actuario de su adscripción para que notifique la presente determinación y le corra traslado con el presente auto al quejoso ********************, quien está recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Ayala, Morelos, y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, remita las constancias que acrediten tal circunstancia. Se hace del conocimiento al Juez Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado, con Sede en Cuautla, Morelos, en turno, que al momento de que el actuario de su adscripción notifique el presente auto, deberá asentar en la razón de notificación correspondiente las constancias con las que corre traslado al promovente, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. Hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso de referencia el presente proveído y, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impetrante únicamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si la persona que es notificada desea hacer peticiones adicionales, deberá hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.
- Principal
AVISO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte QUEJOSA, el auto y/o resolución del veinte de mayo de dos mil veintidós, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, veinte de mayo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio y anexo de cuenta, mediante el cual la autoridad responsable informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo la constancia correspondiente para acreditar lo anterior. Ahora bien, con el contenido del oficio de referencia, dese vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realice las manifestaciones que estime oportunas; y una vez fenecido el plazo, emítase la determinación correspondiente en términos del referido numeral. Se habilita actuarios en horas y días inhábiles Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.
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