Teresa Camacho Villalobos
Expediente 154/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 154/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Teresa Camacho Villalobos
- Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero. Ciudad.
Actuaciones
- Principal
Ténganse por recibido el oficio remitido por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante el cual, envía copia debidamente certificada de la sentencia dictada en el conflicto competencial número 09/2021. Ahora bien, y apareciendo que la superioridad por unanimidad de votos, resolvió bajo los siguientes puntos: "PRIMERO. Si existe conflicto competencial entre el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo de los Bravo. SEGUNDO. Es legalmente competente el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, para conocer del juicio de amparo promovido por Teresa Camacho Villalobos, por las razones señaladas en el último considerando de esta ejecutoria." En virtud de lo anterior, hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos, y dado que se trata de un cuaderno de antecedentes, el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, por lo que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Sin que sea necesario enviar el acuse de recibo correspondiente, por así solicitarlo la autoridad en cuestión. Con fundamento en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General, háganse la indicación en la caratula de este expediente de que será destruible.
- Principal
Glósese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero, mediante el cual informa que se admitió a trámite el Conflicto Competencial suscitado entre este Órgano Jurisdiccional y el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede la Acapulco, Guerrero, al que correspondió el número 9/2021, de su índice; de lo anterior, queda enterado este Juzgado Federal y agréguese a los autos del presente cuaderno de antecedentes, para que obre como corresponda y estese a la espera de que dicho conflicto sea resuelto por la superioridad.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, treinta de junio de dos mil veintiuno. Glósese a los autos el oficio remitido por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco de Juárez, toda vez que en acuerdo de once de junio del año en curso, se tuvo rendido su similar enviado vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E" y se proveyó lo conducente.
- Principal
Visto el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en Acapulco, Guerrero, mediante el cual remite por incompetencia el juicio de amparo 598/2021, promovida por Teresa Camacho Villalobos, por derecho propio, contra actos del Gobernador del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Guerrero y otras autoridades; a razón de que el acto reclamado tiene ejecución material en la circunscripción territorial que ejerce este órgano jurisdiccional. Regístrese en el libro de gobierno con el número 154/2021-II, fórmese expediente. En ese orden, se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "a) Del Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, le reclamo: La aplicación del artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. La propuesta para el cargo de Magistrados publicados en el periódico oficial del Gobierno del Estado, edición extraordinaria I de fecha 6 de mayo del 2021, quienes no cumplen los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción 111d,e la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b) Al Congreso del Estado de Guerrero, le reclamo: La inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. La aplicación del artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero. La ratificación de los nuevos nombramientos de Magistrados hechos por el Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero publicados en el periódico oficial del Gobierno del Estado, edición extraordinaria I de fecha 6 de mayo del 2021, quienes no cumplen los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. c) A La Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación del Congreso del Estado de Guerrero, le reclamo: La aplicación del artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. El dictamen en virtud del cual se aprueba la elegibilidad para la ratificación de los nuevos nombramientos de Magistrados hechos por el Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, publicados en el periódico oficial del Gobierno del Estado, edición extraordinaria I de fecha 6 de mayo del 2021, quienes no cumplen los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se señala como autoridad responsable de la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero al Congreso del Estado de Guerrero, en virtud de lo dispuesto por el artículo 3 transitorio de seis de octubre de 1917 de la propia Constitución local, el cual dispone que el congreso, después de terminadas sus funciones de Constituyente, continuará en su carácter de Constitucional. De esta forma, una vez que se cumple con funciones de Constituyente (incluyendo el procedimiento que establece el artículo 199 de la Constitución del Estado) es el mismo congreso del Estado quien continúa en sucesión del Constituyente, de ahí que se señale como autoridad responsable en cuanto a la emisión del artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero al Congreso del Estado, y su publicación al Gobernador Constitucional." Por su parte, en los antecedentes, señaló: "I.- Desde el año de mil novecientos ochenta y seis, soy servidora pública del Poder Judicial del Estado de Guerrero, con distintos cargos y en diferentes distritos en la Entidad. A partir de mil novecientos noventa y ocho he sido Juez de Primera Instancia. Actualmente me desempeño como JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, lo que acredito con mi último nombramiento y recibo de percepciones económicas. II.- Para la elección de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, de conformidad con los artículos 96 y 97 de la Constitución local, se deben cumplir dos situaciones: la primera de carácter subjetivo V, la segunda, de aspecto procedimental. Por cuanto hace el carácter subjetivo, este refiere a las características que deben reunir las personas que sean propuestas para ocupar el cargo de Magistrado, siendo estas de dos tipos: Una de carácter personal y otra de carácter profesional. En cuanto a las de carácter personal, se dispone que, la persona, deberá: Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Tener cuando menos 35 años cumplidos al día de la designación. Gozar de buena reputación. No haber sido condenado por delito doloso. No estar inhabilitado para el desempeño de cargos públicos. Que no se hubieran emitido en su contra recomendaciones de los organismos no jurisdiccionales de protección de los derechos humanos. Haber residido en el Estado durante los dos años anteriores al día de la designación. No ser ministro de algún culto religioso; y No haber sido Gobernador, Secretario de despacho del Ejecutivo, Procurador o Fiscal General, Senador, Diputado federal o local, o Presidente municipal, dos años previo al día de su nombramiento. Por lo que se refiere al carácter profesional, la Constitución local exige: Poseer al día de la designación título y cédula profesionales de licenciado en Derecho, con antigüedad mínima de diez años, expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello. Que el nombramiento sea hecho preferentemente entre aquellas personas Que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en el esquema de la carrera judicial, o que Lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. Así, como es fácil de advertir, en este aspecto de carácter profesional, además de poseer el título de licenciado en Derecho, se debe tener preferentemente carrera judicial y para el caso de no tenerla, poseer una honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. Estos requisitos están establecidos desde la Constitución Federal en el artículo 116, fracción III. Ahora, en cuanto el aspecto procedimental, la Constitución local, establece: Los Magistrados serán nombrados por el Gobernador del Estado. El Congreso del Estado ratificará los nombramientos de los Magistrados por el voto de las dos terceras partes del total de sus integrantes, previa comparecencia de las personas propuestas. En los recesos del Congreso, la Comisión Permanente deberá convocar a sesión extraordinaria del Pleno, para efectos de la designación que corresponda. En aquellos casos en que la propuesta sea rechazada o no alcance la votación requerida, se notificará al Gobernador del Estado para que envíe una nueva propuesta dentro de los diez días siguientes. La resolución del congreso que ratifique o rechace un nombramiento deberá fundarse, motivarse y emitirse en un término improrrogable de cuarenta y cinco días contados a partir de la recepción de la propuesta; y, Se garantizará que en el nombramiento de Magistrados se respete el principio de equidad de género. De esta forma, sobre este procedimiento, tal y como se verá en los conceptos de violación, se estima que el mismo es incompatible con lo dispuesto por el artículo 116, fracción 111, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. III.- El Gobernador Constitucional del Estado presentó, en uso de la facultad que le confiere el artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, el nombramiento como Magistrados del Tribunal Superior de Justicia. De esta forma, el Congreso del Estado recibió los nombramientos de nuevos magistrados hechos por el Gobernador para fines de ratificarlos, quienes, considero que no reúnen los requisitos para ocupar el cargo. Sin embargo, la Comisión, pese a la notoria inelegibilidad, elaboró el dictamen respectivo y lo presentó ante el Pleno del congreso para su aprobación. Así, la Asamblea aprobó el dictamen respectivo, ratificando por consecuencia a nuevos Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero." Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo segundo de la Ley de Amparo, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, no acepta la competencia legal declinada, pues parte de una premisa equivocada y por ende, se carece de idoneidad jurídica para conocer del asunto, de acuerdo a lo que enseguida se asienta. El órgano de control constitucional oficiante basa su incompetencia en la consideración siguiente: "De lo anterior, se aprecia que la parte quejosa se duele, entre otros actos reclamados, de la propuesta, dictamen y ratificación de los nombramientos de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, realizados por las autoridades responsables Gobernador, Congreso y Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, de dicho órgano legislativo, todos con sede en Chilpancingo. Lo que evidencia que los actos reclamados se ejecutaron en dicha ciudad capital, habida cuenta que es en ese lugar en el que incluso se tomó protesta a los nuevos Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero; de ahí que se establezca que es a un Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, a quien debe declinarse la competencia para conocer del presente asunto. Por tanto, con apoyo en el artículo 37 de la Ley de Amparo, al quedar evidenciado que los actos reclamados se ejecutaron fuera del límite territorial en el que este órgano federal ejerce jurisdicción, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo, y declina la competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo, en Turno, por lo que se ordena remitirle el expediente respectivo para que informe si acepta o no la competencia declinada a su favor." De lo anterior, se entiende, que el motivo por el que el juzgado de distrito de cuenta, declara su incompetencia es en virtud de que los actos reclamados consistentes en la propuesta, dictamen y ratificación de los nombramientos de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, realizados por las autoridades responsables Gobernador, Congreso y Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, tuvieron ejecución material en esta ciudad de Chilpancingo, Guerrero; por lo que consideró que se aplicaba la primera regla establecida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Luego, de la confrontación de las consideraciones citadas con los actos que se combaten, este juzgador federal no comparte la competencia que se plantea, por las razones siguientes. En principio, debe indicarse que el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, establece las reglas de competencia que deben imperar dentro del juicio de amparo, al indicar: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Dicho numeral revela que la competencia de los Jueces de Distrito se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en el juicio constitucional; si bien en cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro; será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Ahora, como se señaló con anterioridad, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los jueces de distrito, así, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del juzgador, es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En relación a la segunda hipótesis de competencia, la que nos interesa para el presente caso, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos jueces de distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, de quien conoció primero. Por último, cuando el acto reclamado consista en una resolución o determinación que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde se presente la demanda de amparo, esta regla se aplica a actos negativos o declarativos, que no originen ningún acto ejecutivo, pues en este último supuesto, rigen las dos reglas precedentes. A este respecto, debe precisarse que el propósito del legislador al establecer las referidas reglas de competencia, fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que él pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Acorde a lo anterior, como punto de partida, debe destacarse que contrariamente a lo que consideró la autoridad oficiante, debe tenerse en cuenta que los actos que se reclaman: como actos "principales" la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, así como su aplicación; y como actos "secundarios" o los primeros actos de aplicación de la citada norma: la propuesta, dictamen y ratificación de los nombramientos de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, realizados por las autoridades responsables Gobernador, Congreso y Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, de dicho órgano legislativo, todos con sede en esta ciudad, y es de precisar que la parte quejosa en su demanda no reclamó la protesta tomada a los nuevos Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, como erróneamente lo refiere el juzgado federal declarado incompetente, siendo esto, clave para determinar si es incompetente o no, como se explica a continuación. A consideración del suscrito, estos últimos actos ("secundarios") resultan ser de carácter declarativo, en el entendido sí tienen ejecución material, pero, para llegar a la ejecución de dichos actos, se requiere que el procedimiento administrativo concluya con la aceptación o no de los nombramientos, y se tome la protesta respectiva a las personas propuestas para fungir como Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, pues de no ser así, podría ser que en cualquier momento el Gobernador o inclusive el Congreso, no consideren o declinen a alguna de las personas propuestas y se requieran otras, en su caso. De ahí que se considere que los actos reclamados consistentes en la propuesta, dictamen y ratificación de los nombramientos de Magistrados, sean de carácter declarativo y que en ese momento procedimiental administrativo no requieren de ejecución, aunado a que de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa, no reclamó la protesta que refirió el juzgado oficiante. Precisado lo anterior, y considerando que los actos "principales" consisten en la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, así como su aplicación, reclamadas a las autoridades responsables, dado que esa norma es aplicable para todo el Estado de Guerrero, y que la quejosa manifestó tener el cargo de Juez de Primera Instancia, con adscripción en Acapulco, Guerrero, debe entenderse que está radica en aquella ciudad y puerto, con lo que se hace evidente que la normatividad reclamada deberá acatarla en aquel lugar, motivo por el que se considera que se está en el supuesto señalado en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, ya transcrito, esto es, que si los actos reclamados tienen ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, debe conocer de la demanda el juez de distrito que conoció primero de la misma. De ahí que, se determine que este Juzgado federal es legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo. Es aplicable por tratarse de un caso análogo, la tesis siguiente: "Registro digital: 820159 Instancia: Segunda Sala Octava Época Materias(s): Común, Constitucional Tesis: 2a. 11. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 19-21, Julio-Septiembre de 1989, página 75 Tipo: Jurisprudencia LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPAROS CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS. El hecho de que una ley autoaplicativa tenga como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se les identifique con las resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó, pues es evidente que una ley federal autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. La circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, quedan automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos." Por ende, resulta evidente que los actos reclamados al ejecutarse en dos distritos, entonces el juez competente es el que previno, es decir, quien conoció primero del asunto que nos ocupa, por lo que corresponde al juzgado oficiante. En consecuencia, este Órgano Jurisdiccional, no acepta la competencia declinada por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, por tanto, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de la Materia, devuélvanse los autos del juicio de amparo número 598/2021, del índice de dicho Juzgado de Distrito, así como todos sus anexos, para que en su oportunidad resuelva lo que estime pertinente. Solicitando atentamente el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este juzgado federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio.
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