Teresa Camacho Villalobos

Expediente 598/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
598/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
01/09/2022

Partes del expediente

  • Teresa Camacho Villalobos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; uno de septiembre de dos mil veintidós. Visto; téngase por recibido el oficio firmado electrónicamente por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintiocho de julio del presente año, en el recurso de queja administrativa 214/2021; en consecuencia, hágase saber a las partes que dicho tribunal de alzada en la ejecutoria de que se trata, dictó el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja." Acúsese recibo y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, es preciso mencionar que conforme al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, dentro del término de treinta días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del expediente, anotaciones correspondientes en los libros respectivos, copia digital de todas las constancias que integran el sumario depurado y registro electrónico asociado, procédase a la destrucción de los autos, y en su momento remítase una copia del acta mencionada a la Dirección General de Archivo y Documentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiocho de enero de dos mil veintidós. Visto; se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual comunica que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo; circunstancia de la cual toma conocimiento este juzgado federal para los efectos legales conducentes. Sin que sea óbice a lo anterior, que no obstante que el oficio que se provee está dirigido a otro juicio de amparo, de su contenido se advierte que corresponde a este sumario; de ahí que se acuerde en el expediente en que se actúa. Sirve de apoyo a la anterior determinación la jurisprudencia número 1a./J. 3/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "PROMOCIONES DE LAS PARTES. PARA SUBSANAR EL ERROR EN LA CITA DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE AL QUE SE DIRIGEN O DE CUALQUIER OTRA REFERENCIA DE IDENTIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBE ATENDER A LOS DEMÁS DATOS QUE CONTIENEN". (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Marzo de 2004, Tomo XIX, página 264) Notifíquese.

  3. Principal

    AAcapulco de Juárez, Guerrero; catorce de octubre de dos mil veintiuno. Visto; se tiene por recibido el escrito firmado por Carlos César Berrut Bustos, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la parte quejosa Teresa Camacho Villalobos, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del acuerdo de veintiocho de septiembre del presente año, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación, ríndase informe sobre la materia de la queja, en el sentido de que es cierto que en proveído de veintiocho de septiembre del año en curso, este órgano jurisdiccional desechó de plano la demanda de amparo promovida por Teresa Camacho Villalobos, adjuntándole copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, y remítase de inmediato al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, el original del escrito de expresión de agravios y copia del mismo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Visto; se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio certificado de la ejecutoria de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el conflicto competencial administrativo número 09/2021, suscitado entre los Juzgados Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo de los Bravo. Acúsese recibo. Hágase del conocimiento a las partes que el tribunal de alzada resolvió de la siguiente manera: "[.] PRIMERO. Si existe conflicto competencial entre el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo de los Bravo. SEGUNDO. Es legalmente competente el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, para conocer del juicio de amparo promovido por Teresa Camacho Villalobos, por las razones señaladas en el último considerando de esta ejecutoria. Notifíquese;." Ahora bien, en cumplimiento a lo resuelto por el tribunal de alzada, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, y de otras autoridades. En ese tenor, se tiene que la impetrante de amparo en esta instancia constitucional reclama de las autoridades señaladas como responsables: "IV.- Actos reclamados: a) Del Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, le reclamo:  La aplicación del artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.  La propuesta para el cargo de Magistrados publicados en el periódico oficial del Gobierno del Estado, edición extraordinaria I de fecha 6 de mayo del 2021, quienes no cumplen los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b) Al Congreso del Estado de Guerrero, le reclamo:  La inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.  La aplicación del artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero.  La ratificación de los nuevos nombramientos de Magistrados hechos por el Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero publicados en el periódico oficial del Gobierno del Estado, edición extraordinaria I de fecha 6 de mayo del 2021, quienes no cumplen los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. c) A la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación del Congreso del Estado de Guerrero, le reclamo:  La aplicación del artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.  El dictamen en virtud del cual se aprueba la elegibilidad para la ratificación de los nuevos nombramientos de Magistrados hechos por el Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, publicados en el periódico oficial del Gobierno del Estado, edición extraordinaria I de fecha 6 de mayo del 2021, quienes no cumplen los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos. Se señala como autoridad responsable de la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero al Congreso del Estado de Guerrero, en virtud de lo dispuesto por el artículo 3 transitorio de seis de octubre de 1917 de la propia Constitución local, el cual dispone que el congreso, después de terminadas sus funciones de Constituyente, continuará en su carácter de Constitucional. De esta forma, una vez que se cumple con funciones de Constituyente (incluyendo el procedimiento que establece el artículo 199 de la Constitución del Estado) es el mismo Congreso del Estado quien continúa en sucesión del Constituyente, de ahí que se señale como autoridad responsable en cuanto a la emisión del artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero al Congreso del Estado, y su publicación al Gobernador Constitucional." Ahora bien, previo a acordar respecto de la solicitud de la promovente para que se admita la demanda, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar el escrito constitucional para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página ochocientos noventa, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Bajo esos parámetros, este juzgador federal estima que respecto al acto que se atribuye al Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, el cual se hace consistir en la propuesta para el cargo de Magistrados publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado, edición extraordinaria I de fecha 6 de mayo del 2021, los que estima, no cumplen los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5, fracción I y 6, párrafo primero de la citada ley de la materia, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia (.) (.) Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que ?????????????? determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)". Como es de observarse, el juicio de amparo indirecto o biinstancial procede contra normas generales, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio a la parte quejosa; asimismo, se establece que es parte en el juicio de amparo el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, el interés legítimo implica un vínculo entre una persona y una pretensión; de forma tal que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto, es decir, se trata de un interés actual y real, no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple; en consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, no exclusivamente en una cuestión patrimonial, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual, no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que, en su caso, llegue a dictarse. De ese modo, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad, como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Es aplicable al caso, la tesis de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA PERSONA NO DESTINATARIA DE UNA NORMA LEGAL PUEDE IMPUGNARLA EN SU CALIDAD DE TERCERO, SIEMPRE Y CUANDO LA AFECTACIÓN COLATERAL ALEGADA NO SEA HIPOTÉTICA, CONJETURAL O ABSTRACTA. Al momento de analizar si la parte quejosa acredita contar con interés legítimo para impugnar una norma, el juez de amparo debe precisar en primer lugar la ubicación jurídica desde la que se le combate: como destinatario o como tercero. Ello se logra mediante el análisis del ámbito personal de validez de la norma y de la posición del quejoso frente a ésta. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que mediante la introducción constitucional del concepto de interés legítimo, las personas pueden acudir a cuestionar la validez de normas desde la ubicación de terceros al contenido o relación jurídica por ella contemplada, en cuyo caso la respuesta a responder para tener por acreditado ese requisito es: ¿La puesta en operación de la norma impugnada genera al quejoso una afectación jurídicamente relevante? Las distintas hipótesis de actualización de esa afectación se describen en la tesis aislada 1a. CCLXXXII/2014 (10a.),¹ de esta Primera Sala de la ??????????????? Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS, NORMAS QUE ACTUALIZAN ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL INTERÉS LEGÍTIMO.". Para describirlas, se han utilizado fórmulas como "irradiación colateral de la norma a los quejosos como terceros", o simplemente, "afectación colateral". Ahora bien, conviene precisar que la premisa básica de este estándar es el requisito de que la afectación colateral alegada debe presentar una relación causal con la norma impugnada que no puede ser hipotética, conjetural o abstracta. En otras palabras, debe tratarse de una afectación palpable y discernible objetivamente del análisis de la ley, al grado de ser calificable como una verdadera creación de la obra del legislador. El principio de división de poderes que inspira el requisito de parte agraviada, obliga a los jueces a reconocer interés legítimo únicamente a la persona que acredite una afectación real en sentido cualitativo, pero también temporal, actual o inminente, nunca hipotético o conjetural". (Época: Décima Época, Registro: 2009198, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I Materia(s): Común, Tesis: 1a. CLXXXII/2015 (10a.) Página: 445)" En el caso particular, como se vio, la quejosa medularmente se duele de la propuesta de Magistrados realizada por la autoridad responsable dentro del procedimiento de selección y nombramiento de magistrado del Poder Judicial del Estado de Guerrero, misma que fue publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado, edición extraordinaria I de fecha 6 de mayo del 2021, sin que éstos cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, no se justifica, ni en forma provisional, el interés legítimo que la parte quejosa dice asistirle para acceder a esta instancia extraordinaria, toda vez que aduce cumplir con los requisitos para ser nombrada magistrada, por lo tanto, manifiesta tener interés legítimo para impugnar la norma jurídica que establece el procedimiento de selección y nombramiento de magistrados, entre ellos, la mencionada propuesta realizada por el Ejecutivo del Estado de Guerrero. Sin embargo, su pretensión se basa en una expectativa o situación hipotética que no genera una situación distinta a la pretensión genérica del resto de los gobernados, en efecto, en el supuesto de cumplir con los requisitos para ocupar tal nombramiento, es condición necesaria que el Gobernador lo tome en cuenta para ocupar dicho cargo, es menester destacar que el artículo reclamado por la impetrante, no afecta su esfera jurídica en modo alguno, esto es, ni en forma directa ni indirecta. Lo anterior, en razón que el citado precepto (artículo 97, fracción I de la Constitución Política del Estado de Guerrero) únicamente establece la forma en la cual serán designados los magistrados del Estado de Guerrero, los cuales serán nombrados por el Congreso, a propuesta del Gobernador del Estado. De ahí que el quejoso no acreditó en qué forma los actos y omisiones reclamados repercuten concreta, real y actualmente en su esfera jurídica ni cómo le beneficiarían, en esos mismos términos, la concesión de amparo, ello, ya que el hecho de ser licenciado en derecho y cumplir con los requisitos que se prevén para ser magistrado, no conlleva a una situación concreta en la que la supuesta ilegalidad de los nombramientos reclamados se traduzca en una afectación a su esfera jurídica, su postura consiste en una simple posibilidad que no genera una situación identificable que sea distinta a la pretensión genérica, del resto de los gobernados, de que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico. Es aplicable al caso por las razones que la integran, la tesis de rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE, YA QUE EL QUEJOSO CARECE DE INTERÉS LEGÍTIMO PARA CONTROVERTIRLO, AUNADO A QUE CONSTITUYE UN ACTO SOBERANO DEL CONGRESO DEL ESTADO. Los nombramientos de magistrado del Poder Judicial del Estado de Colima serán hechos por el Gobernador del Estado y sometidos a la aprobación del Congreso Local, de conformidad con los preceptos 34,fracción XXII, 58, fracción XI, 70 y 75 de la Constitución y el numeral 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambos de dicha entidad federativa, siempre y cuando tales nombramientos cumplan con los requisitos previstos por el artículo 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima. Ahora bien, si el quejoso promueve juicio de amparo contra tal nombramiento con base en que, a su decir, cumple con los requisitos establecidos por la Constitución local para ocupar dicho cargo, entonces, se advierte que el promovente carece de un interés legítimo para controvertirlo y, ??????????????? por ende, el juicio de amparo es improcedente contra tales actos, ya que su pretensión se basa en una expectativa o situación hipotética que no genera una situación distinta a la pretensión genérica del resto de los gobernados. En efecto, en el supuesto de cumplir con los requisitos para ocupar tal nombramiento, es condición necesaria que el Gobernador lo tome en cuenta para ocupar dicho cargo, sin que con el otorgamiento del amparo se garantice que sea nombrado como magistrado o que el Gobernador lo tome en cuenta para tal efecto. De ahí que se actualiza la causa de improcedencia contra tales actos prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, el juicio es improcedente contra el acto reclamado del Congreso del Estado relativo a la elección de magistrado del Tribunal Superior de Justicia, pues el mismo deriva del ejercicio de su facultad soberana, sin que tal decisión del órgano legislativo deba ser avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso. Lo anterior es así, pues aun cuando el titular del Poder Ejecutivo Local intervenga en el citado procedimiento, lo cierto es que el Congreso del Estado es quien lleva a cabo la aprobación del nombramiento otorgado por aquél, sin injerencia de algún otro ente o poder público. De ahí que también se actualice la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción VII, de la legislación de la materia. Con base en los razonamientos expuestos, se considera que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra el procedimiento de selección y nombramiento de magistrado del Poder Judicial de la entidad federativa mencionada". (Época: Décima Época, Registro: 2021903, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 07 de agosto de 2020 10:15 Materia(s): (Común), Tesis: 2a./J. 24/2020 (10a.) En ese mismo contexto, por lo que respecta a los diversos actos que se atribuyen a las autoridades responsables Congreso del Estado de Guerrero y Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación del Congreso del Estado de Guerrero, se determina que el juicio que nos ocupa, también deviene improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, como se explica. Primeramente, es menester asentar que el precepto legal invocado establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] VI. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente; [.]." Del referido precepto se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones por parte del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en la declaración de procedencia, en juicio político; y, en la elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las constituciones correspondientes les confieren la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. La hipótesis normativa que se estima aplicable al caso surge cuando el juicio de amparo se promueve contra resoluciones o declaraciones dictadas por las Legislaturas de los Estados, en elección, suspensión o remoción de funcionarios; sin embargo, condiciona la actualización de dicho supuesto a la circunstancia de que la Constitución Local correspondiente le confiera al órgano legislativo la posibilidad de resolver soberanamente o de manera discrecional. En el caso particular, se determina la improcedencia del amparo, dado que el acto reclamado por la quejosa, es una facultad soberana y discrecional de una legislatura estatal. En efecto, el artículo 97, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, establece: "ARTÍCULO 97. Los nombramientos de Magistrados y Jueces integrantes del Poder Judicial, serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en el esquema de la carrera judicial o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. 1. Los Magistrados serán nombrados por el Gobernador del Estado; 2. El Congreso del Estado ratificará los nombramientos de los Magistrados por el voto de las dos terceras partes del ??????????????? total de sus integrantes, previa comparecencia de las personas propuestas; 3. En los recesos del Congreso, la Comisión Permanente deberá convocar a sesión extraordinaria del Pleno, para efectos de la designación que corresponda; 4. En aquellos casos en que la propuesta sea rechazada o no alcance la votación requerida, se notificará al Gobernador del Estado para que envíe una nueva propuesta dentro de los diez días siguientes; 5. La resolución del Congreso que ratifique o rechace un nombramiento deberá fundarse, motivarse y emitirse en un término improrrogable de cuarenta y cinco días contados a partir de la recepción de la propuesta; y, 6. La ley garantizará que en el nombramiento de Magistrados y Jueces se respete el principio de equidad de género." Del análisis del numeral transcrito se advierte que: I. Que el Gobernador del Estado de Guerrero tiene la facultad de expedir los nombramientos de Magistrados y Jueces integrantes del Poder Judicial. II. El Congreso del Estado tiene la facultad de ratificar los nombramientos de los Magistrados del Poder Judicial por el voto de las dos terceras partes del total de sus integrantes, previa comparecencia de las personas propuestas. III. En los recesos del Congreso, la Comisión Permanente deberá convocar a sesión extraordinaria del Pleno, para efectos de la designación que corresponda. IV. Si el Congreso niega la aprobación el Gobernador deberá realizar una segunda propuesta dentro de los diez días siguientes. V. En caso de que el Congreso rechace un nombramiento, deberá fundarse, motivarse y emitirse en un término improrrogable de cuarenta y cinco días contados a partir de la recepción de la propuesta. Ahora bien, del análisis del procedimiento de selección y nombramiento de los Magistrados, se advierte que el Gobernador del Estado, es quien propondrá a la persona que considera idónea para el nombramiento, sin embargo, quien ratificará el nombramiento, es el Congreso del Estado. De ahí, que el Congreso Local es quien tiene la facultad de ratificar los nombramientos de los magistrados y, éstas aprobaciones no exigen que la decisión del órgano legislativo deba de ser avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso. Expuestas así las cosas, es evidente que aun cuando el Gobernador del estado tiene la facultad de proponer a las personas que crean idóneas para el cargo, es el Congreso del Estado quien está facultado conforme la constitución local para aprobar o no los nombramientos sometidos a su consideración; además que en su decisión no habrá injerencia de algún otro ente o poder público; por lo tanto, se traduce que lo realiza en el ejercicio de sus facultades soberanas y discrecionales. Por lo tanto, contra esa determinación resulta improcedente el amparo, por haber realizado en uso de sus facultades soberanas y discrecionales como legislatura estatal. Consecuentemente, resulta inconcuso que los actos reclamados en este juicio encuadran en el supuesto descrito en el artículo 61 fracción VII, de la Ley de Amparo y, por ende, es improcedente el juicio de amparo, al actualizarse la causal de mérito. Tiene aplicación, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, Materia Común, visible en la página 493, de la Décima Época, de texto y rubro siguientes: "MAGISTRADOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. SU ELECCIÓN ES UN ACTO SOBERANO EMITIDO EN USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA. Hechos. Los Tribunales Colegiados contendientes analizaron si resulta aplicable o no la jurisprudencia 2a./J. 102/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para sobreseer ??????????????? en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 61, fracción VII, de la ley de la materia, en aquellos casos en los que el acto reclamado consiste en el procedimiento y la designación de Magistrados de las entidades federativas, aun cuando dicha tesis se haya emitido al examinar la legislación del Estado de Jalisco. Criterio jurídico. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 102/2018 (10a.), determinó que el juicio de amparo es improcedente en contra de la elección de Magistrados por parte del Congreso del Estado de Jalisco, porque es un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales; criterio que resulta aplicable al resto de las entidades federativas, que tengan previsto un sistema igual para el nombramiento de magistrados, con independencia de las similitudes o diferencias que existan entre las legislaciones respectivas. Justificación: Lo anterior, en virtud de que el eje fundamental que orienta a esa tesis deriva de lo que se entiende como acto soberano, a saber, aquel que se lleva a cabo cuando quien ejerce la facultad, goza de independencia y no requiere de injerencia externa para adoptar sus decisiones, es decir, siempre y cuando las Constituciones o leyes locales los faculten para realizar la elección sin que tal decisión deba ser sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso; incluso cuando ni la Constitución Local ni alguna otra disposición mencionen de manera textual o expresa que el Congreso Local tiene una facultad soberana y discrecional para aprobar ese tipo de nombramientos." También ilustra al tema, la diversa tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia Común, Constitucional, visible en la página 601, de la Décima Época, de texto y rubro siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ CONTRA RESOLUCIONES DE LAS LEGISLATURAS LOCALES DICTADAS SOBERANA O DISCRECIONALMENTE PARA LA ELECCIÓN DE FUNCIONARIOS, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. El precepto legal referido, al disponer que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente, no transgrede el artículo 25 de la BConvención Americana sobre Derechos Humanos, conforme al cual, el Estado mexicano tiene la obligación de instituir en su legislación interna un recurso judicial efectivo, toda vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que la existencia y aplicación de causas de admisibilidad de un recurso o de un medio de impugnación, son compatibles con el texto de dicha convención, en la inteligencia de que la efectividad del recurso intentado se materializa cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus cualidades y, entonces, analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada. Por tanto, la circunstancia de que el juicio de amparo sea improcedente cuando se reclamen resoluciones de las Legislaturas Locales dictadas soberana o discrecionalmente en la elección de funcionarios, no implica una infracción al mandato convencional citado, en tanto la Ley de Amparo privilegió la voluntad de cada legislador, para emitir su voto, así como la apreciación individual que corresponde a los representantes populares al evaluar los méritos de los aspirantes a ejercer el cargo respectivo, toda vez que esa valoración constituye un aspecto inherente al criterio propio que despliegan al sufragar por el candidato correspondiente, apreciación que reside en su fuero interno y que no puede ser suplantada por ninguna persona." De ahí que en la especie se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5, fracción I y 6, párrafo primero de la citada ley de la materia, así como en la fracción 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, por lo que, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Teresa Camacho Villalobos, por su propio derecho, contra actos del Gobernador del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo de los Bravo, y otras autoridades. Ahora, no se inadvierte que la quejosa también reclamó la inconstitucionalidad del artículo 97 fracción I, de la Constitución Política del Estado de Guerrero, sin embargo, no procede el análisis de la cuestión de fondo, dado que, dicha norma se combate como ley de carácter heteroaplicativo, esto es, con motivo de su acto de aplicación en su perjuicio, y por cuanto a ése, se desechó la demanda de amparo. ??????????????? Sobre tal aspecto, doctrinaria y jurisprudencialmente se ha sostenido que cuando se reclaman en amparo indirecto leyes o reglamentos con motivo de su acto de aplicación, en primer lugar debe estudiarse la norma legal impugnada y si se declara inconstitucional será innecesario abordar el acto de aplicación, ya que tal declaración también comprende a éste; en caso contrario, es decir, si se estima que la norma reclamada no es contraria a la Constitución Federal, entonces deberá estudiarse la legalidad del acto concreto de aplicación, cuando se combata por vicios propios. Por tanto, la inconstitucionalidad de la ley o reglamento debe hacerse extensiva al acto de aplicación, pero la inconstitucionalidad de tal acto no constituye impedimento alguno para que se entre al estudio de la constitucionalidad de las normas legales reclamadas. Sin embargo, existe como excepción que cuando el amparo sea improcedente contra el acto de aplicación también lo será contra la norma combatida, porque su estudio no puede desvincularse ya que la ley (cuando sea heteroaplicativa), considerada en abstracto, no causa perjuicio, sino que lo causa a través del acto en que se aplicó. En apoyo a lo anterior se invoca la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra establece: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación.1 Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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