Teresa Blanco Molina
Expediente 1131/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1131/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Teresa Blanco Molina
- Juez Primero de Primera Instacia en Materia Penal en Zitácuaro, Michoacán
Actuaciones
- Principal
En la misma fecha, el Secretario da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste.MORELIA, MICHOACÁN, VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que, de la certificación secretarial que antecede, se desprende que transcurrió el término de tres días de que disponía la parte quejosa para recoger las copias de su demanda de garantías, sin que lo hiciera; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintiuno de enero de dos mil diecinueve y, por tanto, SE ORDENA LA DESTRUCCIÓN DE LAS MISMAS. CÚMPLASE.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, NUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que ha concluido el término de cinco días de que disponía TERESA BLANCO MOLINA, para desahogar la prevención formulada en proveído de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, sin que lo hiciera dentro de ese lapso, el cual transcurrió del veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho al ocho de enero del año en curso, toda vez que únicamente obra el escrito presentado el veintisiete de diciembre último, a través del cual pretendió dar cumplimiento a dicha prevención, al que recayó el proveído de veintiocho de diciembre siguiente, en el que se le dijo que no había lugar a tenerla cumpliendo con la citada prevención, en atención a que no lo hizo en los términos solicitados; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el primero de esos autos y con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 114 de la Ley de Amparo en vigor, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo que dio origen a este expediente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el escrito signado por la quejosa TERESA BLANCO MOLINA, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en proveído de veintiuno de diciembre del año en curso, sin que en el caso haya lugar a tener a dicha promovente cumpliendo con la misma, en atención a que si bien manifiesta qué actos reclama en esta instancia constitucional a cada una de las autoridades responsables, lo cierto es que fue omisa en narra los antecedentes relativos a los actos reclamados al Agente del Ministerio Público señalado como responsable, de ahí que no ha lugar a tenerlo cumpliendo con la citada prevención. Por tanto, a efecto de que dé cabal cumplimiento al citado requerimiento, se interrumpe el término concedido en dicho auto, el cual reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, surtiendo efectos el apercibimiento decretado en el mismo. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón, la tesis publicada a fojas cincuenta y seis, del tomo I, de la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACLARACION DE DEMANDA, OBLIGACION DEL QUEJOSO DE CONTESTAR TODOS LOS PUNTOS DE LA.- El quejoso está obligado a contestar todas las aclaraciones que se le ordenen en el auto respectivo, o a expresar su inconformidad con las que no esté de acuerdo, pues de lo contrario incurre en las sanciones previstas por el artículo 146 de la Ley de Amparo". Así como la diversa, tesis número 1a./J.39/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 400, Libro VIII, del mes de mayo de 2012, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo.". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por TERESA BLANCO MOLINA, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán y otra autoridad. Ahora bien, a fin de estar en condiciones de proveer sobre la admisión o desechamiento de la aludida demanda, en términos de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de Amparo, que prevé las sanciones penales y pecuniarias a que se harán acreedores los quejosos que al formular su demanda de amparo afirmen hechos falsos u omitan las que les consten; con apoyo en los numerales 108, fracciones IV y V y 114, fracciones I, IV y V, de la referida Ley de Amparo, requiérase a la citada promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, por escrito cumpla con lo siguiente: Señale qué actos en particular reclama de cada una de las autoridades que señala como responsables, que conforme a sus facultades corresponda su emisión, toda vez que al respecto lo hace en forma genérica y además es impreciso. Es así, toda vez que si bien en el apartado correspondiente al acto reclamado señala como tal el acuerdo de tres de diciembre de dos mil dieciocho, lo cierto es que en dicho capítulo hace cuatro veces referencia a un auto de esa misma dada, es decir, no se advierte de manera clara si se trata de un sólo auto de tres de diciembre actual, o bien, de cuatro autos dictados en dicha fecha; de ahí que deberá precisar los actos que en particular reclama en esta instancia constitucional, a cada autoridad responsable. En atención a que los artículos 108, fracción IV y 114, fracción IV de la Ley de Amparo, disponen que la parte quejosa deberá precisar la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame, a fin de que estén en aptitud de rendir su informe de ley. Complete los antecedentes relativos a los actos reclamados, esto es, indique de manera clara y concisa qué se acordó en el auto o autos de tres de diciembre de dos mil dieciocho, que reclama en esta instancia constitucional. En la inteligencia que la narración de los antecedentes a que se refiere el párrafo que antecede, deberá hacerla bajo protesta de decir verdad, pues la finalidad de ésta es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones al quejoso que manifieste hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley de la materia, que señala que cuando algún quejoso o su abogado autorizado o ambos, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda admiten hechos falsos u omita los que le consten, en relación con el acto reclamado, se harán acreedores a una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trecientos días de salario, adquiriendo con ello la responsabilidad que conlleva su manifestación dadas las consecuencias legales que de dicha protesta pudieran derivarse; por lo que si lo aseverado por el quejoso bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón la tesis P./J. 127/99, consultable en la página 32, del Tomo X, correspondiente al mes de noviembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas". Así como la tesis I.7o.A.100 K, visible en la página 990, tomo XXIII, Abril de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley". Bajo apercibimiento que en caso de no cumplir con los requerimientos antes formulados en el plazo concedido, se procederá en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En la inteligencia de que deberá anexar las copias simples necesarias del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, es decir, una para cada una de las dos autoridades señaladas como responsables, una para el Agente del Ministerio Público de la adscripción, una para el tercero interesado y dos más para los cuadernos en original y duplicado del incidente de suspensión, las cuales dan un total de seis copias. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 106/2005, visible en la página 170, Tomo XXII, correspondiente al mes de Octubre de 2005, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional". No ha lugar a tener al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, en los estrados de este tribunal, por no encontrarse prevista esa circunstancia en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2°; en consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la ley reglamentaria en cita, las notificaciones que deban hacerse al promovente, aún las de carácter personal, se le practicarán por lista. Asimismo, se le tiene al quejoso autorizando para tal efecto JUAN CARLOS ALBARRÁN CRUZ y ROBERTO TOMAS ROMERO SALAZAR, quienes gozarán de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se localizó registro de las cédulas profesionales números 5328650 y 7623530, que acreditan a los referidos autorizados como licenciados en derecho, no así PATRICIA DEL ROCÍO GÓMEZ HURTADO y CÉSAR CASTAÑEDA CARBAJAL, toda vez que si bien es cierto que en el citado Sistema obra registro de las cédulas profesionales 6314616 y 4428283, registradas con los mismos nombres de dichos autorizados, lo cierto es que el quejoso proporción como cédulas profesionales de éstos 6143248 y 4481463, las cuales no coinciden con las aludidos registros, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a SONIA MARÍA GABRIELA MOLINA OLVERA y FABIOLA MOLINA OLVERA, toda vez que en esos términos fueron designados. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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