Teresa Belem Arroyo Guerrero
Expediente 1442/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1442/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/11/2019
Partes del expediente
- Teresa Belem Arroyo Guerrero
Actuaciones
- Principal
MESA IV. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de treinta y uno de octubre de la presente anualidad (fojas 05 a 10), mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente 1. Este asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, fracción I, primero y segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto referido). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese por lista.
- Principal
Toluca, Estado de México; siete de noviembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos la razón mediante la cual el Actuario Judicial adscrito asentó la imposibilidad de notificar personalmente a la quejosa Teresa Belem Arroyo Guerrero, el proveído de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve (fojas 05 a 10), por los motivos que en la misma se contienen. En esas condiciones, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el auto de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve y las subsecuentes notificaciones, aun las que deban ser personales, por medio de la lista que se fija en este órgano jurisdiccional. Tiene aplicación la tesis II.T.28 K, publicada en la página 1058, Tomo XXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2006, Novena Época, con número de registro 175287, que establece: "NOTIFICACIÓN PERSONAL. CUANDO DE LA RAZÓN ACTUARIAL SE DESPRENDA QUE NO EXISTE EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, PROCEDE ORDENAR QUE SE HAGA POR LISTA. La fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo dispone que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de la casa o despacho, la notificación personal se hará por lista, lo cual obedece a la imposibilidad de realizarla ante la inexistencia de un domicilio; consecuentemente, atendiendo al principio de derecho ubi eadem ratio, idem ius, que establece que donde existe la misma razón, debe existir el mismo derecho, se concluye que dicho dispositivo también resulta aplicable en los casos en que de la razón actuarial se advierta que fue imposible realizar la notificación personal ordenada por no existir el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones; y, en tal virtud, lo procedente es ordenar que dicha notificación se efectúe por lista." Notifíquese por lista a la parte quejosa el presente auto y el diverso de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Toluca, Estado de México; treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por xxxx por propio derecho; contra actos del Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1442/2019-IV. ACTOS RECLAMADOS. Ahora bien, conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados correctamente para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que la autoridad sepa desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir la quejosa. Establecido lo anterior, se advierten como actos reclamados los siguientes: 1.- El acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, en el que se señaló fecha para el desahogo de una prueba pericial. 2.- Las dilaciones en el trámite del juicio 1154/2017. DESECHAMIENTO. En ese sentido, se destaca que respecto del citado acto reclamado que se traduce como el acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, en el que señaló fecha para el desahogo de una prueba pericial, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. Los citados artículos disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente. . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 107.- El amparo se pedirá ante el juez de distrito: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De acuerdo con el precepto legal transcrito citado en último término, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso, el acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, en el que señaló fecha para el desahogo de una prueba pericial; no constituye un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una resolución que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues sólo trasciende en el interior o trámite del juicio natural; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos; máxime que además, dicha determinación no implica una paralización total del juicio de origen. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el precepto legal 107, fracción V, de la invocada ley, esté último aplicado a contrario sensu, en el cual se establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es aplicable por analogía la jurisprudencia 37/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, del Tomo I, del Libro 7, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de junio de dos mil catorce, Décima Época, con número de registro 2006589, a rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En las relatadas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia advertida, en razón de que el acto que por esta vía se reclama no es considerado como de imposible reparación, que hiciera procedente el juicio de amparo. Por otra parte, respecto al acto reclamado consistente en las dilaciones en el trámite del juicio 1154/2017, no constituye una afectación de imposible reparación, por lo que no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional establecido en la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así en virtud de que el artículo 838, de la Ley Federal del Trabajo, establece: "Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley.". Del artículo transcrito se aprecia que la autoridad responsable desde el momento que se presenta la promoción respectiva, cuenta con cuarenta ocho, para realizar el acuerdo pertinente, por lo que la Junta responsable tenia del dieciséis de octubre de dos mil diecinueve al tres de diciembre del año en curso para dictar el auto respectivo; por ende, si la demanda se presentó en la oficialía de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el veintinueve de abril del año en curso, turnado en la propia fecha a este órgano jurisdiccional, es evidente que no constituye una dilación prolongada, tal y como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 294/2018 en sesión de nueve de enero de dos mil diecinueve, en donde en esencia determinó lo siguiente: "Que el plazo genérico para que las partes en un juicio en materia laboral, puedan promover un amparo en la vía indirecta en contra de las dilaciones procesales que se pudieran traducir en una paralización total del procedimiento, las cuales pueden ser la omisión de la autoridad laboral de acordar promociones, proseguir en tiempo con el juicio, falta de pronunciación del laudo, entre otras. En ese sentido, para proporcionar seguridad jurídica a las partes, y para efecto de la procedencia del juicio de amparo contra las presuntas dilaciones excesivas en el dictado de proveídos y laudos; la demanda de garantías debe promoverse cuando hayan transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos.". Es decir, el juicio de amparo indirecto será procedente contra las dilaciones de las juntas o tribunales, únicamente cuando hayan transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o diligenciarse los actos procesales respectivos; criterio que se considera aplicable al presente asunto. En el caso, de acuerdo a los antecedentes narrados por el impetrante del amparo, no se advierte que el acuerdo emitido el dieciséis de octubre de la presente anualidad por parte de la Junta Especial Número Veintinueve de la federal de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, en el que señalo fecha para desahogo de una prueba pericial, constituya una abierta dilación, pues no han transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales contados a partir de que concluya el plazo en que debe pronunciarse, la autoridad responsable lo que se evidencia del siguiente calendario: OCTUBRE 2019 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SE DICTA ACUERDO 17 SE NOTIFICA 18 SURTE EFECTOS 19 20 21 DÍA 1 22 DIA 2 23 DIA 3 24 DIA 4 25 DIA 5 26 27 28 DIA 6 29 DIA 7 30 DIA 8 PRESENTA LA DEMANDA DE AMPARO 31 DIA 9 NOVIEMBRE 2019 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 DIA INHABIL 2 3 4 DIA 10 5 DIA 11 6 DIA 12 7 DIA 13 8 DIA 14 9 10 11 DIA 15 12 DIA 16 13 DIA 17 14 DIA 8 15 DIA 19 16 17 18 DIA 20 19 DIA 21 20 DIA 22 21 DIA 23 22 DIA 24 23 24 25 DIA 25 26 DIA 26 27 DIA 27 28 DIA 28 29 DIA 29 30 DICIEMBRE 2019 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 01 2 DIA 30 3 DIA 31 4 DIA 32 5 DIA 33 6 DIA 34 7 DIA 35 8 9 DIA 36 10 DIA 37 11 DIA 38 12 DIA 39 13 DIA 40 14 15 16 DIA 41 17 DIA 42 18 DIA 43 19 DIA 44 20 DIA 45 VENCE PLAZO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 En ese contexto, se considera que el acto reclamado en este momento, no se afecta materialmente, de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo del quejoso, por lo que se considera que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción que estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que no se advierte que exista una abierta dilación en el dictado del acuerdo respectivo, de ahí que se actualice la causa de improcedencia que se analiza. Rige a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción 294/2018, el nueve de enero de dos mil diecinueve de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador.". Asimismo, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, visible en la página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materia Constitucional, Común, Decima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente.". Así, la dilación reclamada por su alcance y contenido natural, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no tener una ejecución de imposible reparación; ello en atención al concepto de irreparabilidad antes mencionado. De lo anterior, se estima que los actos reclamados no constituyen actos que su ejecución sea de imposible reparación para los efectos del juicio de amparo. Se procede a desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, en términos de lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Conforme a lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. AUTORIZADOS. En diverso aspecto, se tienen por autorizadas a las personas que refiere en los términos que indica expresamente en su demanda de amparo, al tratarse de un juicio en materia laboral promovido por la parte trabajadora. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese personalmente.
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MESA IV UN ACUERDO CON NOTIFICACION PERSONAL
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