Teresa Beatriz Ramon Niño

Expediente 180/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
180/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
08/06/2018

Partes del expediente

  • Teresa Beatriz Ramon Niño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    MESA I. Agréguense a estos autos el al ocurso de Javier Joel Espejo Serralta, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual solicita la devolución de los ocursos que adjuntó a su escrito inicial de demanda, consistente en dos solicitudes dirigidas al gobernador constitucional del Estado de Yucatán, en consecuencia, toda vez que no hay impedimento legal alguno, devuélvase a la parte quejosa la documentación que solicita, por el conducto que indica, previa certificación que obre en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por licencia académica del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, otorgada por sesión de trece de marzo de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número CCJ/ST/1275/2018, suscrito por el Secretario Técnico de la Propia Comisión asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    MESA I. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigor, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el trece de abril del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo en vigor, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES DESTRUIBLE; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    MESA I. Vista la cuenta Secretarial que antecede, y de la revisión de autos se aprecia que el término de quince otorgado a la parte quejosa por proveído de siete de marzo del presente, a fin de que manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo respecto al nuevo acto que se presentó, ha fenecido, sin que dicha parte haya realizado manifestación alguna; por tanto, llevando a puro efecto el apercibimiento que se le realizó en el citado acuerdo, continúese el presente juicio de amparo únicamente contra el acto señalado en el escrito inicial de demanda. Ahora bien, de la propia revisión integral de los presentes autos, se advierte que el quejoso en su escrito de demanda reclama, la omisión de dar contestación a la solicitud presentada ante la Oficialía de Partes de la Secretaría de Administración y Finanzas el veintidós de septiembre del año dos mil diecisiete, con el cual, solicitó al Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, un permiso y una concesión para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en su modalidad de taxi de alquiler. Por otra parte, al rendir su informe con justificación el Director General de Transporte del Estado de Yucatán y el Consejero Jurídico, en representación del Gobernador del Estado de Yucatán, manifestaron que es cierto el acto reclamado. Sin embargo, de la lectura de las constancias que adjuntaron a dichos informes las responsables, se advierte que por oficio número 8888/2017, del índice de la Dirección General de Transporte del Estado de Yucatán, expedido el cuatro de octubre de dos mil diecisiete y notificado el veinte de febrero del presente año, dirigido a TERESA BEATRIZ RAMÓN NIÑO, atendió de manera fundada y motivada la solicitud de la quejosa en relación con lo solicitado, es decir, se le señalaron los preceptos legales que resultaron aplicables al caso en análisis, así como también se expresaron los razonamientos que llevaron a dicha autoridad estatal en materia de transporte a remitir la contestación en el sentido que lo realizó. Dichas constancias, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Sobre el tema en particular, existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que, si en un juicio de derechos fundamentales, en que se reclama violación al derecho de petición, consagrado en el artículo 8° de la constitución, al rendir informe justificado la autoridad responsable exhibe la contestación a tal solicitud, opera la cesación de efectos en términos del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia con el rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." En el caso, como ya se dijo en párrafos anteriores, el Director General de Transporte del Estado de Yucatán, aceptó que a la fecha en que se notificó la admisión de demanda no había notificado la respuesta a la solicitud efectuad por la parte quejosa; sin embargo, informó que dio contestación a dicha petición por medio de oficio de fecha cuatro de octubre del año dos mil diecisiete, el cual exhibió en copia certificada junto con su informe de ley; misma que se le notificó a la aquí quejosa el veinte de febrero del presente año. En tales condiciones, es indudable que, como acertadamente refiere la citada autoridad responsable, en el caso se actualizó la cesación de efectos en cuanto al acto reclamado consistente en la omisión de resolver la petición de la aquí quejosa, toda vez que durante la tramitación del presente juicio de amparo, se atendió la solicitud correspondiente. Lo anterior es así, máxime si se toma en cuenta que en atención a la jurisprudencia citada, en proveído de siete de marzo de dos mil dieciocho, se le dio vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido por el Instituto responsable, el cual se le hizo de su conocimiento por constancia de notificación realizada por la Actuaria de este Juzgado, el doce de marzo último. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el presente asunto, se ha cumplido con las dos condiciones referidas, pues la omisión de la autoridad responsable de dar contestación a la solicitud de la parte quejosa quedó insubsistente cuando ésta dictó el oficio 8888/2017, de fecha cuatro de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual le informó a la hoy quejosa, que para prestar el servicio público de transporte de pasajeros, es necesario contar con una concesión que lo autorice, por lo que es necesario que espere a la publicación de la convocatoria que para tal efecto expide el Ejecutivo del Estado. Haciéndole del conocimiento a la nombrada quejosa del acuerdo recaído a la petición planteada en su escrito de mérito, mediante notificación realizada por la autoridad responsable el veinte de febrero del año curso. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a las autoridades responsables, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Lo anterior no deja en estado de indefensión a la solicitante de la protección constitucional, pues quedan expeditos sus derechos para promover otro juicio de amparo contra los oficios mediante los que le dio respuesta la autoridad en caso de considerarlos inconstitucionales, o bien, puede hacer valer el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de nuevos actos. Ello, en virtud de que en el presente juicio de amparo se le dio vista con la respuesta a su petición a fin de que manifestara si ampliaba su petición de amparo contra éste, sin haber realizado manifestación alguna, tal y como se expuso al inicio del presente acuerdo. En lo que respecta, a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Yucatán, si bien en su informe justificado manifestó que no es cierto el acto reclamado, toda vez que la parte quejosa no le ha formulado petición alguna, como lo expresa en su demanda de amparo, eso no afecta a realizar el presente sobreseimiento fuera de audiencia, en virtud de que ha quedado demostrado que las que debían dar contestación a la citada petición era el Director General de Transporte del Estado de Yucatán y el Gobernador del Estado de Yucatán. En consecuencia, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    MESA I. Vista la cuenta Secretarial que antecede, y de la revisión de autos se aprecia que el término de quince otorgado a la parte quejosa por proveído de siete de marzo del presente, a fin de que manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo respecto al nuevo acto que se presentó, ha fenecido, sin que dicha parte haya realizado manifestación alguna; por tanto, llevando a puro efecto el apercibimiento que se le realizó en el citado acuerdo, continúese el presente juicio de amparo únicamente contra el acto señalado en el escrito inicial de demanda. Ahora bien, de la propia revisión integral de los presentes autos, se advierte que el quejoso en su escrito de demanda reclama, la omisión de dar contestación a la solicitud presentada ante la Oficialía de Partes de la Secretaría de Administración y Finanzas el veintidós de septiembre del año dos mil diecisiete, con el cual, solicitó al Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, un permiso y una concesión para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en su modalidad de taxi de alquiler. Por otra parte, al rendir su informe con justificación el Director General de Transporte del Estado de Yucatán y el Consejero Jurídico, en representación del Gobernador del Estado de Yucatán, manifestaron que es cierto el acto reclamado. Sin embargo, de la lectura de las constancias que adjuntaron a dichos informes las responsables, se advierte que por oficio número 8888/2017, del índice de la Dirección General de Transporte del Estado de Yucatán, expedido el cuatro de octubre de dos mil diecisiete y notificado el veinte de febrero del presente año, dirigido a TERESA BEATRIZ RAMÓN NIÑO, atendió de manera fundada y motivada la solicitud de la quejosa en relación con lo solicitado, es decir, se le señalaron los preceptos legales que resultaron aplicables al caso en análisis, así como también se expresaron los razonamientos que llevaron a dicha autoridad estatal en materia de transporte a remitir la contestación en el sentido que lo realizó. Dichas constancias, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Sobre el tema en particular, existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que, si en un juicio de derechos fundamentales, en que se reclama violación al derecho de petición, consagrado en el artículo 8° de la constitución, al rendir informe justificado la autoridad responsable exhibe la contestación a tal solicitud, opera la cesación de efectos en términos del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia con el rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." En el caso, como ya se dijo en párrafos anteriores, el Director General de Transporte del Estado de Yucatán, aceptó que a la fecha en que se notificó la admisión de demanda no había notificado la respuesta a la solicitud efectuad por la parte quejosa; sin embargo, informó que dio contestación a dicha petición por medio de oficio de fecha cuatro de octubre del año dos mil diecisiete, el cual exhibió en copia certificada junto con su informe de ley; misma que se le notificó a la aquí quejosa el veinte de febrero del presente año. En tales condiciones, es indudable que, como acertadamente refiere la citada autoridad responsable, en el caso se actualizó la cesación de efectos en cuanto al acto reclamado consistente en la omisión de resolver la petición de la aquí quejosa, toda vez que durante la tramitación del presente juicio de amparo, se atendió la solicitud correspondiente. Lo anterior es así, máxime si se toma en cuenta que en atención a la jurisprudencia citada, en proveído de siete de marzo de dos mil dieciocho, se le dio vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido por el Instituto responsable, el cual se le hizo de su conocimiento por constancia de notificación realizada por la Actuaria de este Juzgado, el doce de marzo último. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el presente asunto, se ha cumplido con las dos condiciones referidas, pues la omisión de la autoridad responsable de dar contestación a la solicitud de la parte quejosa quedó insubsistente cuando ésta dictó el oficio 8888/2017, de fecha cuatro de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual le informó a la hoy quejosa, que para prestar el servicio público de transporte de pasajeros, es necesario contar con una concesión que lo autorice, por lo que es necesario que espere a la publicación de la convocatoria que para tal efecto expide el Ejecutivo del Estado. Haciéndole del conocimiento a la nombrada quejosa del acuerdo recaído a la petición planteada en su escrito de mérito, mediante notificación realizada por la autoridad responsable el veinte de febrero del año curso. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a las autoridades responsables, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Lo anterior no deja en estado de indefensión a la solicitante de la protección constitucional, pues quedan expeditos sus derechos para promover otro juicio de amparo contra los oficios mediante los que le dio respuesta la autoridad en caso de considerarlos inconstitucionales, o bien, puede hacer valer el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de nuevos actos. Ello, en virtud de que en el presente juicio de amparo se le dio vista con la respuesta a su petición a fin de que manifestara si ampliaba su petición de amparo contra éste, sin haber realizado manifestación alguna, tal y como se expuso al inicio del presente acuerdo. En lo que respecta, a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Yucatán, si bien en su informe justificado manifestó que no es cierto el acto reclamado, toda vez que la parte quejosa no le ha formulado petición alguna, como lo expresa en su demanda de amparo, eso no afecta a realizar el presente sobreseimiento fuera de audiencia, en virtud de que ha quedado demostrado que las que debían dar contestación a la citada petición era el Director General de Transporte del Estado de Yucatán y el Gobernador del Estado de Yucatán. En consecuencia, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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