Teresa Alvarez Avila
Expediente 730/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 730/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 04/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Teresa Alvarez Avila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de octubre de dos mil diecinueve. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia con engrose de doce de septiembre de dos mil diecinueve, en la que se SOBRESEYÓ el presente juicio de amparo en que se actúa, promovido por ******************** por conducto de su apoderado, en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.
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V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo II-730/2019, promovido por Ricardo Guzmán Mercado, apoderado jurídico de Teresa Álvarez Ávila, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán y otra. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional por razón de turno en esa misma fecha, Ricardo Guzmán Mercado, apoderado jurídico de Teresa Álvarez Ávila, promovió demanda de amparo indirecto contra el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán y otra. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Previa su aclaración y ratificación, por auto de nueve de julio de dos mil diecinueve , se admitió a trámite la demanda de amparo respecto de los actos reclamados y por la autoridades señaladas como responsables, registrándose la misma con el número de expediente II-730/2019; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar previo su diferimiento en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, además de que el acto reclamado es de naturaleza omisiva cuyos efectos son de imposible reparación. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, ampliación de la misma y demás pruebas y constancias que se allegaron a la Litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000 , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y ampliación de ésta y constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados a las autoridades responsables, en la presente instancia constitucional, consisten en: a) La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad de proveer sobre la ejecución del laudo dictado dentro del juicio ordinario laboral número 548/2014; y, b) La falta de cumplimiento al laudo de mérito por parte de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Michoacán. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, aceptó parcialmente la existencia del acto reclamado, pues refirió que se han realizado diversas actuaciones en torno a dar cumplimiento a la ejecución del laudo. Por su aplicación, es de invocarse la jurisprudencia siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278.". A efecto de acreditar sus aseveraciones, la autoridad responsable remitió copia certificada de diversas constancias relativas al juicio ordinario laboral 548/2014. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. En cambió los Apoderados Jurídicos del Titular de la Secretaría de Educación en el Estado, aceptaron la existencia del acto que se le atribuye al referido titular. CUARTO.- ANÁLISIS DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.- Sin embargo, en relación con las autoridades ya señaladas pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública en el Estado, se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo. En efecto, a las autoridades citadas en último término la parte quejosa les reclama la falta de cumplimiento del laudo dictado dentro del juicio ordinario laboral número 548/2014; acto que se estima no es de autoridad para efectos del amparo y por tanto, se actualiza de manera indubitable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción II del artículo 5 de la aludida legislación. Al respecto debe precisarse que la primera de las aludidas disposiciones establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, la segunda establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, publicada en la página 1089 del Tomo XXXIV, septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", estableció que la autoridad para efectos del amparo tiene las características siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, cabe precisar que el constituyente en la reforma que dio lugar a la legislación vigente a partir del dos de abril de dos mil trece, amplió el espectro protector de la ley de la materia, incluso contra actos emitidos por particulares, quienes conforme con este original, tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos tutelados en la presente legislación y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En efecto, del análisis a esta disposición legal, es válido arribar a la convicción de que son tres los requisitos demandados por el legislador, para que se actualice esta hipótesis normativa, a saber: 1. Que el particular realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; 2. Que afecten derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general. Por cuanto al primer tópico relativo a que realicen actos equivalentes a los de autoridad, esto es, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, debemos de entender que se trata de actos que sean emitidos de manera unilateral e imperativa, es decir, que el particular al momento de la emisión del acto de molestia o de privación, ya sea mediante actos de acción u omisión, se encuentre en un plano de supra a subordinación en relación con quien reciente en su esfera jurídica tal acto, por haberse creado modificado o extinguido su situación jurídica. De modo que no debe de confundirse esta acepción legislativa, con aquellos casos en que el actuar del particular derive de un plano de igualdad, por ejemplo, con motivo de una relación laboral, o bien, con motivo de una relación contractual entre particulares, pues en este caso no se actualiza la hipótesis normativa establecida por el legislador, que requiere precisamente que el acto reclamado este dotado de imperio y unilateralidad, por ende, en casos donde no acontezca este elemento, no existirá sustento alguno, ni constitucional, ni legal, para impugnar esta clase de actos mediante el juicio de amparo, ya que ello reñiría con la naturaleza de esta instancia constitucional e iría en contra del espíritu legislativo. Por otra parte, además del requisito antes analizado, el legislador estableció que para poder otorgar este carácter a un particular -autoridad responsable- es necesario que las funciones desempeñadas por el particular encuentren su fundamento, es decir, se encuentren determinadas y resulten obligatorias conforme a algún precepto legal establecido en la ley. Lo anterior, tomando en cuenta que la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y cualquier hecho suscitado no genera que se transforme en una de supra a subordinación. Luego, es evidente que el acto reclamado a las autoridades en cita, no reviste el carácter de actos de autoridad, pues la falta de cumplimiento del laudo aludido, dentro del juicio laboral que la parte quejosa promovió en su momento en contra de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, atribuido a dicha Secretaria por la falta de cumplimiento de laudo, no se ubica en una posición de supra a subordinación con la parte quejosa, sino en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de las sentencias. Dicho de otro modo, por regla general, si el acto reclamado consiste en que el órgano gubernamental que contendió en el procedimiento como parte formal ha omitido cumplir, en ejecución, con la condena que le fue impuesta éste no tiene la calidad de autoridad en el juicio de amparo, pues tal actitud omisiva, deriva de su participación en el procedimiento en un plano de igualdad, en el que no está dotado de aptitud impositiva y unilateral que afecta bienes, derechos y posesiones de la parte agraviada. En cambio, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. La nota distintiva de estas relaciones, consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes, esto es, en esos casos el juzgador cuenta con plenitud de jurisdicción para hacer cumplir las sentencias o laudos, atendiendo al procedimiento instaurado para ese efecto en la legislación respectiva. Por tanto, si los actos reclamados provienen de un nexo de relación de coordinación, entonces carecen de las particularidades para ser calificados como actos de autoridad, ello al margen de que los bienes de la citada Secretaría sean o no embargables, ya que tal medio no es el único para garantizar la plena ejecución de la sentencia. Para concluir en los términos anotados, no pasa inadvertido que el quejoso sustente en su demanda de amparo en la jurisprudencia 2ª./J.85/2011, del rubro: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)"; sin embargo, se estima que con la determinación adoptada no se contraviene su contenido, porque en la contradicción de tesis de la que deriva diversa jurisprudencia 2ª. /J.34/2018 (10ª), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó entre otras, la jurisprudencia citada en primer lugar y sostuvo que el incumplimiento a un laudo pronunciado en un juicio laboral en el que figuren como parte demandada los Ayuntamientos, como institución gubernamental, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando exista en la legislación respectiva un procedimiento para ejecutarlo, o a través de los medios de apremio, además de que también podría agotarse lo relativo al delito de desobediencia. En consecuencia, antes de acudir al juicio de amparo se deberá de agotar al procedimiento que la legislación laboral aplicable prevea para lograr la ejecución del laudo o sentencia. Abundó que no obstante que no se prevea el embargo como medida de apremio en la ley respectiva, los diversos medios de apremio contemplados en la legislación correspondiente, son suficientes para hacer cumplir los laudos o sentencias definitivas. Además, en la ejecutoria que sustenta dicha jurisprudencia, se estableció que el criterio se emitía bajo una redacción temática, a modo de ser aplicable no sólo a los Ayuntamientos y en materia laboral, sino a todo el sistema jurídico nacional, puesto que el tema ahí interpretado era previsible se encontrara en otras disposiciones estatales o federales y también para el cumplimiento de sentencias definitivas y no sólo a laudos. En consecuencia, no procede en contra de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, pues es evidente que aún no se agota el procedimiento de ejecución forzosa, haciendo valer todos los medios de apremio aplicables. Así, resulta que por el momento, el juicio de amparo no es el medio idóneo para combatir el acto que aquí se reclama a la Secretaría de Educación en el Estado, con sede en esta ciudad de Morelia, en virtud que la inconforme tiene a su alcance la vía procesal ordinaria, tramitable ante las autoridades competentes, para hacer valer sus derechos, de acuerdo al vínculo existente entre ésta y la autoridad que señala como responsable, revistiendo en tales circunstancias el carácter de actos meramente entre particulares. Consecuentemente, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción II del artículo 5 de dicha Ley, lo cual conduce a sobreseer el presente juicio de amparo conforme al numeral 63 del ordenamiento legal en cita. Es aplicable por identidad jurídica, la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2016588 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 53, Abril de 2018, Tomo I Materia(s): Común, Laboral, Laboral Tesis: 2a./J. 34/2018 (10a.) Página: 478 AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO.De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales. Contradicción de tesis 363/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Administrativa y Primero en Materia de Trabajo, ambos del Tercer Circuito. 31 de enero de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Disidente: Javier Laynez Potisek. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Teresa Sánchez Medellín. Criterios contendientes: El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver la queja 15/2016, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la queja 196/2017. Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.) citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 448, con el rubro: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).", en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 9 de mayo de 2014 a las 10:34 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 966, con el título y subtítulo: "ÓRGANOS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).", y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de agosto de 2014 a las 8:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Tomo II, agosto de 2014, página 699, con el título y subtítulo: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", respectivamente. Tesis de jurisprudencia 34/2018 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del catorce de marzo de dos mil dieciocho. Esta tesis se publicó el viernes 13 de abril de 2018 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 16 de abril de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013." QUINTO. ANÁLISIS DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RESPECTO DE LA RESTANTE AUTORIDAD. No obstante la certeza del acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente. "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Así, de dicho precepto legal se infiere que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de garantías, en virtud de que el acto de autoridad ya no puede producir efecto alguno, ya sea porque ha sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo, es decir, para que esta causal de improcedencia se materialice, es necesaria una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto el acto reclamado. La causal de improcedencia prevista en el precepto legal transcrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. 1. En el presente asunto, la parte quejosa reclama del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, la omisión de proveer respecto de la ejecución del laudo de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente laboral 584/2014. Por otro lado, de las constancias que la autoridad responsable acompañó a su informe justificado se desprende que, si bien, ha realizado diversas actuaciones tendientes a observar lo ordenado en el laudo de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, también se observa que antes de la presentación de la demanda(veintiuno de junio de dos mil diecinueve), el Tribunal responsable; no había realizado acto alguno tendiente al cumplimiento de ese laudo, desde el veinte de febrero de dos mil diecinueve (foja 85). Sin embargo, también se advierte que el siete de agosto del año en curso, esto es, después de la presentación de la demanda, el Tribunal laboral responsable, a petición de los apoderados jurídicos de la parte actora, ordenó ". girar atento OFICIO RECORDATORIO a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, a efecto de que de manera inmediata realicé los actos administrativos necesarios para otorgar a la rebajadora actora C. TERESA ÁLVARES ÁVILA, la clave presupuestal número 1613A0180300.0300237, que resultó condenada en el Laudo..".. De lo anterior, se colige que a la presentación de la demanda, era cierto el acto impugnado, sin embargo, al pronunciarse la responsable respecto de la petición realizada y realizar actos tendientes a dar cumplimiento al laudo dictado dentro del expediente de origen, se determina que cesaron los efectos del acto reclamado, ya que la autoridad responsable al haber dado contestación y pronunciado en los términos ya mencionados, destruyó los efectos de la omisión, así como sus consecuencias. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente juicio, de conformidad con lo que instituye el numeral 63, fracción V, del cuerpo normativo en cita. Por otro lado, dado el sentido de la presente resolución, no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los conceptos de violación que planea el peticionario de amparo, de acuerdo con la jurisprudencia número 509, visible en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES. En otro orden, de autos se advierte que las partes no hicieron manifestación alguna respecto al derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, conforme el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que se hizo de su conocimiento en el proveído admisorio de este juicio constitucional. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de ellas, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en la misma se contengan. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se resuelve: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por Ricardo Guzmán Mercado, apoderado jurídico de Teresa Álvarez Ávila, contra los actos y por las autoridades señaladas en el considerando tercero y por lo motivos expuestos en el cuarto y quinto de los mismos. SEGUNDO. Se ordena la publicación de la presente sentencia con la supresión de los datos personales que en la misma se contengan en los términos precisados en el considerando sexto. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma GERARDO ORTÍZ PÉREZ DE LOS REYES, Juez Tercero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, ESPERANZA FUENTES REYES, hasta el día de hoy doce de septiembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este juzgado.- Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de agosto de dos mil diecinueve. DESIGNA AUTORIZADO. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por el apoderado de la parte quejosa; atento a su contenido, se le tiene designando como autorizado con la plenitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a********************, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que existe registro de la cédula profesional que lo acredita como Licenciado en Derecho; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/2924/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy fe. Froylán
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Morelia, Michoacán, diecinueve de agosto de dos mil diecinueve. AUTORIDAD INFORMA. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, a través del cual informa que remitió oficio recordatorio a la Secretaría de Educación en el Estado, a efecto de dar cumplimiento al laudo en cumplimiento dentro del expediente laboral 548/2014; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable anexó a su escrito de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional.
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