Teresa Almazan Cortes
Expediente 357/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 357/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 21/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Teresa Almazan Cortes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintiuno de julio de dos mil veintidós. Como de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término previsto por el artículo 86, de la Ley de la Materia, para que las partes legitimadas recurrieran el auto de dos de junio de mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Ahora bien, como de la misma constancia secretarial que antecede, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa, así como el original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de DESTRUCCIÓN, dado que se sobreseyó fuera de audiencia, y se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva de los actos reclamados; lo anterior, de conformidad con los artículos 12, 14 y 21 fracción I, inciso a) c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, que disponen lo siguiente: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los Órganos Jurisdiccionales: I. En los Juzgados de Distrito: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución, que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo, siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese. Así lo acordó y firman, el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado Julio Zúñiga Morales, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintidós de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la autoridad en cita, dado que según constancia secretarial en auto de dos de junio del año en curso, se dejó sin efectos la multa impuesta al Agente en cita, y se le informó a la autoridad de cuenta mediante oficio 5519 recibido el ocho de junio del año en curso. No obstante lo anterior, como según constancia secretarial que antecede se aprecia que en auto de dos de los actuales, se dijo sin efectos la multa impuesta al Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación del Homicidio Doloso y Femenicidio, con sede en esta ciudad: por ello, se solicita al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1" del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, para que con motivo de lo indicado, realice la cancelación de la multa impuesta la autoridad en cita. Notifíquese. Así lo acordó y firman, el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado Julio Zúñiga Morales, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Con esta fecha se notifica mediante lista a la quejosa el proveído emitido el dos de junio de dos mil veintidós que señala: "... Agréguese a los autos los oficios de cuenta signado por la autoridad en cita, mediante los cuales, en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de veinticuatro de mayo pasado, remite la copia certificada de las constancias de las que se advierta la respuesta otorgada a la parte quejosa respecto de la solicitud de devolución del vehículo, la notificación de la misma, así como el oficio girado por el Ministerio Público responsable al Director de Registro y Control de Bienes Asegurados de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo, para que sea devuelto a la quejosa el vehículo marca - versión polo, modelo -, con número de serie -, color negro, con placas - del Estado de Michoacán, solicitando se de por concluida la cadena de custodia documentales que gozan de valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Ahora, como en el juicio en que se actúa, el acto reclamado se hizo consistir en la omisión por parte de la responsable dar respuesta a la solicitud de devolución del vehículo propiedad de la quejosa formulada mediante escrito de fecha veinticuatro de enero de dos mil veintidós, así como que tal devolución se debería realizar sin necesidad de realizar algún pago por el aseguramiento del citado vehículo. Luego, como de las constancias que la citada responsable remitió en el oficio de cuenta, se advierte que por acuerdo de veinticinco de mayo del año en curso, la autoridad responsable en cita, dio contestación al escrito en mención en el que autoriza la entrega del vehículo de marca - versión- modelo - con número de serie - color negro, con placas - del Estado de Michoacán, propiedad de la quejosa, así como la notificación realizada a ésta el veintiséis de mayo siguiente y el oficio - girado por la responsable al Director de Registro y Control de Bienes Asegurados de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo, a fin de que le sea devuelto el vehículo en cita; además, pide se de por concluida la cadena de custodia. Entonces, resulta evidente que ha cesado los efectos de los actos reclamados. Luego, el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone: ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [..] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado En efecto, la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías por tanto, a nada práctico conduce analizar un acto que ya no incide en la vida jurídica de la parte peticionaria. De ahí que, si en el particular han cesado los efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, hasta el nueve de junio del año en curso, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento por lo tanto se deja sin efectos la fecha de la referida audiencia. Ahora, en relación a la multa impuesta al Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación del Homicidio Doloso y Femenicidio con sede en esta ciudad, en proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, respecto de la cual manifiesta en su oficio de cuenta bajo protesta de decir verdad, que el oficio 4562, mediante el cual se le notificó el proveído de veintisiete de abril del año en curso, en el que se le requirió para que remitiera copia certificada de las constancias de las que se advirtiera la respuesta otorgada a la parte quejosa entorno a la solicitud de devolución del vehículo, así como la notificación de la misma, no fue recibido en la Agencia a la cual está adscrito, debido a un error administrativo, por ello solicita se le cancele la multa que le fue impuesta en el proveído en cita; atento a ésto y toda vez que la autoridad en mención bajo protesta de decir verdad manifiesta que no recibió la comunicación de la que deriva la multa impuesta, se deja sin efectos la misma y se ordena hacer del conocimiento al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1", con sede en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar ... Notifiquese personalmente ..." Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 Fracción I, inciso B de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, a dos de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos los oficios de cuenta signado por la autoridad en cita, mediante los cuales, en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de veinticuatro de mayo pasado, remite la copia certificada de las constancias de las que se advierta la respuesta otorgada a la parte quejosa respecto de la solicitud de devolución del vehículo, la notificación de la misma, así como el oficio girado por el Ministerio Público responsable al Director de Registro y Control de Bienes Asegurados de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo, para que sea devuelto a la quejosa el vehículo marca -, versión polo, modelo -, con número de serie -, color negro, con placas - del Estado de Michoacán, solicitando se de por concluida la cadena de custodia; documentales que gozan de valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Ahora, como en el juicio en que se actúa, el acto reclamado se hizo consistir en la omisión por parte de la responsable dar respuesta a la solicitud de devolución del vehículo propiedad de la quejosa formulada mediante escrito de fecha veinticuatro de enero de dos mil veintidós, así como que tal devolución se debería realizar sin necesidad de realizar algún pago por el aseguramiento del citado vehículo. Luego, como de las constancias que la citada responsable remitió en el oficio de cuenta, se advierte que por acuerdo de veinticinco de mayo del año en curso, la autoridad responsable en cita, dio contestación al escrito en mención en el que autoriza la entrega del vehículo de marca -, versión-, modelo -, con número de serie -, color negro, con placas - del Estado de Michoacán, propiedad de la quejosa, así como la notificación realizada a ésta el veintiséis de mayo siguiente; y, el oficio - girado por la responsable al Director de Registro y Control de Bienes Asegurados de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo, a fin de que le sea devuelto el vehículo en cita; además, pide se de por concluida la cadena de custodia. Entonces, resulta evidente que ha cesado los efectos de los actos reclamados. Luego, el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone: ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [..] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; En efecto, la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías; por tanto, a nada práctico conduce analizar un acto que ya no incide en la vida jurídica de la parte peticionaria. De ahí que, si en el particular han cesado los efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, hasta el nueve de junio del año en curso, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento; por lo tanto se deja sin efectos la fecha de la referida audiencia. Ahora, en relación a la multa impuesta al Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación del Homicidio Doloso y Femenicidio, con sede en esta ciudad, en proveído de veinticuatro de mayo del año en curso, respecto de la cual manifiesta en su oficio de cuenta bajo protesta de decir verdad, que el oficio 4562, mediante el cual se le notificó el proveído de veintisiete de abril del año en curso, en el que se le requirió para que remitiera copia certificada de las constancias de las que se advirtiera la respuesta otorgada a la parte quejosa entorno a la solicitud de devolución del vehículo, así como la notificación de la misma, no fue recibido en la Agencia a la cual está adscrito, debido a un error administrativo, por ello solicita se le cancele la multa que le fue impuesta en el proveído en cita; atento a ésto, y toda vez que la autoridad en mención bajo protesta de decir verdad manifiesta que no recibió la comunicación de la que deriva la multa impuesta, se deja sin efectos la misma y se ordena hacer del conocimiento al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Michoacán "1", con sede en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar.
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