Teresa Aglae Pérez García

Expediente 646/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 14 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
646/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Teresa Aglae Pérez García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Incidental

    Visto el auto dictado en esta misma fecha dentro del juicio de amparo del que deriva el presente incidente, se advierte que se ordenó el archivo como asunto concluido. En consecuencia, conforme a lo ordenado en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se concluye el original del presente cuaderno es susceptible de destrucción, por lo que será transferido al archivo de concentración una vez que se cumplan tres años de haberse concluido definitivamente, ya que se negó la suspensión definitiva; además, no obran documentos originales.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, apareciendo que dentro del término legal otorgado por el precepto 86 de la ley de la materia, ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra el auto de treinta de octubre del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia el presente sumario, con fundamento en los normativos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Por otra parte y en atención a que no existe trámite pendiente alguno, con fundamento en el numeral 214, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente, como asunto totalmente concluido. Conforme a lo ordenado en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se concluye que este juicio es susceptible de destrucción, transcurridos tres años de su terminación, lo anterior, en virtud de que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, sin obrar documentos originales. Por otra parte, dese vista con el presente proveído dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa. Dado lo antes acordado, resulta innecesario conservar los anexos allegados por la autoridad responsable: Juzgado de Control y Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, consistentes en dos discos versátiles digitales; consecuentemente, devuélvanse vía oficio a la citada potestad.

  3. Principal

    Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no se celebró ni difirió la audiencia constitucional en la fecha que estaba señalada, ello, acorde a las circulares 28/2023 y 29/2023 de diecinueve y veinticinco de los actuales, suscritas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que declaró inhábiles del día jueves diecinueve al domingo veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. Así como, de manera retroactiva el dieciséis, diecisiete y dieciocho de octubre, en el entendido que aquellas actuaciones y diligencias que se hubieren celebrado subsistirá su validez Bajo ese panorama, no es el caso señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, por las razones que a continuación se expondrán. En ese sentido, se tiene por recibido el sendo firmado por el Juez de Control y de Juicio Oral Penal en el Estado, a través del cual, informa que dentro de la carpeta judicial ******************** (de la que deriva el acto reclamado), instruida en contra de la aquí quejosa ********************, el trece de los actuales se llevó a cabo la audiencia de suspensión condicional del proceso, en la cual se concedió dicho beneficio a la mencionada ********************, sujetándola a las obligaciones contempladas en las fracciones I, III, V, VIII, IX y XIV del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que, se ordenó su inmediata libertad, ya que se encontraba cumpliendo con la medida cautelar de prisión preventiva. Consecuentemente, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, ello, acorde al artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Tocante al disco versátil digital que acompaña, téngase a la potestad por ofreciéndolo; ello, según lo establecido en el arábigo 119 de la legislación de la materia. Por otro lado, respecto a la unidad de almacenamiento en formato DVD remitida, la cual contiene la audiencia celebrada en la citada carpeta, indíquese a las partes que si es su deseo imponerse del contenido de ella, queda a su disposición en el local de este órgano de control constitucional, a efecto de reproducirla en alguno de los equipos de cómputo con que cuenta este tribunal. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.43/2013 (10a.), número de registro 200436, visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, intitulada: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Ahora bien, visto el estado de autos, se advierte que mediante escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil veintitrés, en el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, ******************** demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado y otras autoridades, de quienes, del análisis integral de las constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado consiste en lo siguiente: La dilación en el trámite a la solicitud de suspensión condicional del proceso, presentada el dieciocho de mayo de año en curso, a virtud de diversos diferimientos a la audiencia correspondiente en la carpeta judicial ********************, del índice del Juzgado de Control y de Juicio Oral Penal en el Estado. La demanda de amparo, se admitió el siete siguiente; se requirieron los informes justificados a las autoridades responsables, fijó fecha para la audiencia constitucional y se le dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Bajo ese contexto, las potestades 1. Juez de Control y Juicio Oral Penal del Estado, 2. Titular del Centro de Reinserción Social Femenil y 3. Agente del Ministerio Público Investigador del Centro de Líneas de Investigación Preliminares de Narcomenudeo y Casos de Alto Impacto, en apoyo del Titular, al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado. Sin embargo, del comunicado de la autoridad judicial, se desprende que indicó que, tramita la carpeta judicial ********************, que se instruye a ********************, por los hechos con características del delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión de cannabis, metanfetamina y cocaína con fines de comercio en su hipótesis de venta, en la cual en audiencia celebrada el veintisiete de abril del año en curso, se dictó auto de vinculación a proceso en su contra, por el mencionado ilícito y, se fijó como medida cautelar la prisión preventiva justificada. Asimismo, que mediante escrito presentado el dieciocho de mayo consecutivo, la defensa solicitó que se otorgara a su representada la suspensión condicional del proceso, por lo que, accediendo a su petición, se señalaron las diez horas con treinta minutos del tres de julio del año en curso, a fin de llevar a cabo el verificativo de la audiencia respectiva. Luego, en esa fecha se hizo constar la incomparecencia de la fiscalía, fijando como nueva data, las dieciséis horas del seis posterior, para llevar a cabo la audiencia de suspensión condicional del proceso. Después, de nueva cuenta, se hizo constar la inasistencia de la Representación Social, quien se encontraba debidamente notificada, por lo que señaló las dieciséis horas del veintiséis de ese mes, para su verificativo. Finalmente, en esta última fecha, hizo constar que no fue posible lograr el enlace por videoconferencia con ******************** desde el centro penitenciario donde se encontraba, por lo cual, a solicitud de la defensa, se establecieron las dieciséis horas del nueve de agosto del año en curso, para el desahogo de la actuación de mérito. Por ende, se desvirtúan las negativas realizadas por las potestades, pues se desprende, que hasta esa fecha, no había tenido verificativo la diligencia peticionada por la defensa de la quejosa, en la que tendrían intervención las referidas potestades, por lo que, debe tenerse por cierto el reproche que se les atribuyó. Sirve de sustento la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, vista en la página 391, del tomo XIV, del mes de julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, titulada y de texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Luego, en el oficio de cuenta, el Juzgador comunicó que el trece de los actuales se llevó a cabo la audiencia de suspensión condicional del proceso, en la cual se concedió dicho beneficio a la mencionada ********************, sujetándola a las obligaciones contempladas en las fracciones I, III, V, VIII, IX y XIV del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que, se ordenó su inmediata libertad, ya que se encontraba cumpliendo con la medida cautelar de prisión preventiva. Al efecto, para justificar las anteriores aseveraciones, la potestad adjuntó a su comunicado, reproducción certificada del disco compacto que contienen la audiencia en comento, la cual adquiere valor probatorio pleno, conforme a los arábigos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser instrumentos autorizados por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. Cobra aplicación el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 2153, del Semanario Judicial de la Federación, Parte XCIX, de contenido: "COPIAS EXPEDIDAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, VALOR DE LAS. Las constancias ofrecidas por el quejoso y expedidas por la autoridad responsable, hacen prueba plena, de acuerdo con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por referirse a hechos legalmente afirmados por la autoridad de quien proceden". Entonces, es menester tener en cuenta que es procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del asunto, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". Dicha hipótesis se refiere a la cesación de efectos del acto reclamado; sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, de donde derivó la tesis de jurisprudencia 59/99, estudió el contenido de la fracción XVI, del numeral 73 de la Ley de Amparo abrogada, de igual confección a la actual XXI, del mencionado ordinal 61. En ese fallo se dijo, el análisis gramatical de tal disposición permite precisar según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer y el término "efecto", lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el cual se hace algo; la Segunda Sala añadió, las consecuencias jurídicas del acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a la existente antes del nacimiento de la actuación combatida. Indicó, ello también ocurre cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la motivante del asunto y repone al agraviado en el goce del derecho fundamental transgredido; agregó el Alto Tribunal, bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa la autoridad emitente deja de invadir la esfera jurídica del quejoso, al culminar su actuación, implica, además de la detención definitiva de los actos de autoridad, la desaparición total de sus consecuencias. Expuso, la situación puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma de lo combatido, pues es patente la justificación de la improcedencia, es lo ocioso de examinar la constitucionalidad de una actuación que cesó de surtir efectos, tampoco los surtirá, ni dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Añadió, la improcedencia destacada se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el objeto justificante de la existencia e importancia del juicio de amparo, o sea, el de obtener la reparación constitucional prevista en el arábigo 80 de la Ley de la Materia -abrogada-, el cual indicó, es la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, restableciendo las cosas al estado previo a su transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y si es negativo, el de obligar a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetarlo y a cumplir lo exigido en derecho. La Segunda Sala sostuvo, en términos de la fracción XVI, del artículo 73, de la Ley de la Materia abrogada, es improcedente la promoción y resolución del juicio, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Arribó el Máximo Tribunal, a la plena convicción la causa de improcedencia del juicio, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia de lo impugnado, todos sus efectos desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección federal, es decir, si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, tampoco dejó huella. Las consideraciones vertidas dieron origen a la invocada jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Bajo ese contexto, como ya se dijo la directamente quejosa ********************, reclamó en el presente medio extraordinario de defensa, la dilación en el trámite a la solicitud de suspensión condicional del proceso, presentada el dieciocho de mayo de año en curso, a virtud de diversos diferimientos a la audiencia correspondiente en la carpeta judicial ********************. El Juez de Control negó la existencia del acto reclamado, empero, se desglosó que no había tenido verificativo la diligencia peticionada por la defensa de la quejosa, en la que tendrían intervención las potestades señaladas como responsables. Luego, dicha autoridad manifestó que el trece de los actuales se llevó a cabo la audiencia de suspensión condicional del proceso, en la cual se concedió dicho beneficio a ********************, sujetándola a las obligaciones contempladas en las fracciones I, III, V, VIII, IX y XIV del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que, se ordenó su inmediata libertad, al encontrarse cumpliendo con la medida cautelar de prisión preventiva. Ahora, según se precisó en líneas previas, la referida porción normativa dispone el juicio de amparo es improcedente contra aquellos actos cuyos efectos hayan cesado y, en el caso, tal como indicó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria citada, al tener verificativo la audiencia de suspensión condicional del proceso, se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la motivante del amparo y repuso a la quejosa en el goce del derecho fundamental transgredido. Por ende, han cesado los efectos del acto impugnado en este apartado, porque el motivo del sumario era determinar sí el reclamo era constitucional o no, y de las constancias remitidas por el Juez de origen, se advierte, tal situación fue subsanada al llevar a cabo la diligencia del mencionado beneficio. Aunado, las consecuencias del acto reclamado cesaron porque la responsable llevó a cabo la omisión reclamada, dando lugar a una situación idéntica a la existente antes del nacimiento de lo combatido; lo que dejó sin efectos el reproche y constituyó una situación jurídica definitivamente destruyó la motivante de la acción constitucional. Esa actuación da pie a un estatus jurídico diverso, a partir de lo cual los efectos cesaron en definitiva, por eso se surte la improcedencia aludida, pues existe imposibilidad de cristalizar el fin que justificaba la importancia del juicio, o sea, el de obtener la reparación constitucional prevista en el arábigo 77 de la Ley de la Materia, de modo, ya no existe materia para una eventual reparación constitucional en los derechos de la parte quejosa. Tiene aplicación, la Jurisprudencia 2a.J.8/98, visible en la página 210, tomo VII, febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Igualmente la diversa jurisprudencia por reiteración, visible en la página 38, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de literalidad: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá , y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De ahí, al estar probada de modo fehaciente la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la legislación aplicable a la materia, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo, acorde lo dispuesto en el arábigo 63, fracción V, de la invocada legislación. Cabe señalar, no representa obstáculo la falta de celebración de la audiencia de ley, en virtud de autos se advirtió la aludida causal de improcedencia, es notoria, manifiesta e indudable y con ningún medio de prueba se puede desvirtuar. Valida tal argumento, la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 366, tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por ende, como se dijo, no es el caso señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, ante la evidente causa notoria e indudable de improcedencia que se ha actualizado.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el sendo remitido por el Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, a través del cual, informa que dentro de la carpeta judicial 7994/2023 (de la que deriva el acto reclamado), instruida en contra de la aquí quejosa Teresa Aglae Pérez García, se señalaron las catorce horas del diez de noviembre del año que transcurren, para el desahogo de la audiencia de suspensión condicional del proceso. Tal documento adquiere validez jurídica, en términos del numeral 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid -19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en la áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, dado que cuenta con firma electrónica, e.firma, por tanto se da certeza y validez jurídica a la integridad del expediente electrónico.

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