Teofilo Yacaman Chavira

Expediente 1443/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1443/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
15/12/2017

Partes del expediente

  • Teofilo Yacaman Chavira
  • Titular de la Secretaria de Movilidad Y Transporte del Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Se declara que la sentencia ha causado ejecutoria. Archívese como asunto concluido.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con trece minutos del seis de noviembre de dos mil diecisiete, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, estando en audiencia pública Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Arnulfo Torres García, con quien legalmente actúa, procede a dar inicio a la audiencia constitucional del juicio de amparo 1443/2017, promovido por Teofilo Yacaman Chavira, sin la asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario procede a hacer relación de las constancias que obran en autos, entre las que se destacan por su importancia escrito inicial de demanda, auto admisorio, así como el informe justificado rendido por la autoridad responsable, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto, el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se declara abierto el periodo probatorio. En el que se hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas, por lo que se cierra dicho periodo. Acto seguido, se procede abrir el periodo de alegatos, sin que ninguna de las partes los formulara; se declara cerrado dicho periodo. Al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se concluye la presente audiencia, procediendo a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1443/2017; y, R E S U L T A N D O S PRIMERO. Demanda. Por escrito de demanda presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, y remitido el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito, Teofilo Yacaman Chavira, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y actos que a continuación se señalan: Autoridad responsable Secretario de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Morelos, con residencia en Jiutepec. Acto reclamado "El operativo que implementó la Secretaría de Movilidad y Transporte señalada como autoridad responsable, para prestar servicio de transporte de pasajeros sin contar con algún tipo de permiso o concesión, más concretamente, a través de la aplicación conocida como UBER, con la cual pretendo iniciar mis labores en fecha próxima y en ejercicio de mi derecho al trabajo previsto en el artículo Quinto de la Carta Magna. . pues es el caso que el suscrito y quejoso estoy por iniciar labores dentro de la aplicación denominada o conocida como UBER y en razón de este operativo he suspendido los planes de trabajo que tengo por hacer, lo que viola mi garantía Constitucional prevista en el artículo Quinto de la Ley Suprema.". (sic) SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se consideran violados. Actos que estima violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 5, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda. Por auto de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, se admitió la demanda; se registró en el libro de gobierno con el número 1443/2017; se pidió informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que corresponde al representante Social de la Federación adscrito; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el tenor del acta que antecede; y. C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48, 49 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por los numerales 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y los Acuerdos Generales número 3/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, además de tratarse de un juicio de amparo contra una autoridad que tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse que los actos reclamados en esta vía consisten en: El operativo en vía pública implementado por la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Morelos, a fin de controlar y regular la prestación de los servicios de transporte de la empresa denominada UBER TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Secretario de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Morelos, con residencia en Jiutepec, en su informe justificado manifestó que no es cierto el acto reclamado; sin embargo, las manifestaciones que vierte en el mismo en el sentido de que: "constituye un hecho notorio en general, que la empresa denominada "UBER" respecto a la cual pretende integrarse el hoy quejoso "para iniciar labores", se decida al transporte público de pasajeros equiparado a los que prestan los denominados Taxis, esto es, sin itinerario fijo. bajo esa perspectiva es facultad de esta dependencia practicar inspecciones a fin de vigilar el cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley de la Materia."; desvirtúan esa negativa; de ahí que deban tenerse por ciertos los actos reclamados. Es aplicable, en lo conducente, la tesis en Materia Común, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 391, Tomo XIV, Julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto que dicen: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". CUARTO. Causa de improcedencia fundada. En principio, se deben analizar las causas de improcedencia que propongan las partes o, en el caso, las que se adviertan de oficio, por ser de estudio preferente al fondo del asunto, de acuerdo con lo establecido en el último párrafo del artículo 62, de la Ley de Amparo. En el caso, este juzgador advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; por lo que, a fin de determinar lo fundado o infundado de tal causa de improcedencia, es preciso citar el precepto que la contiene: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [...]". En términos de la fracción en comento, el juicio de amparo es improcedente en contra de aquellos actos que no causan un agravio real, actual, directo o indirecto en la esfera de derechos del particular y en contra de normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de la vigencia. Debe precisarse que, en el juicio de amparo, son aceptables dos tipos de interés: a) el jurídico; y, b) el legítimo. El interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de los derechos fundamentales de que es titular; es decir, la afectación de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad en forma directa. De manera que, para acreditarlo en el juicio, la parte promovente debe, indefectiblemente, probar los siguientes extremos: La existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado por una norma jurídica. El resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a la esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Por ello, se ha determinado que para acreditarse en juicio, se debe probar lo siguiente: Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, El promovente pertenezca a esa colectividad. Sustenta lo anterior, la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, página 1854, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Asimismo la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, página 60, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." En suma, para que el juicio de amparo sea procedente, basta que los actos que se reclamen revistan las siguientes características, en relación con el interés del quejoso: Que cause algún perjuicio o afectación al gobernado, ya sea a alguno de los derechos subjetivos de los que es titular o de alguno de los derechos difusos protegidos por las normas. Que ese agravio repercuta en la esfera de derechos del quejoso de forma directa o indirecta, ya sea por ser el destinatario del acto o por su especial situación frente al orden jurídico. En efecto, ambas figuras (interés jurídico e interés legítimo) están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, ya que en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, pues reconocer la tutela de dichos intereses a nivel constitucional, sólo tiene por efecto posibilitar, en el interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. A partir de las anteriores premisas este Juzgado Federal tiene la obligación, en función del caso concreto, de determinar si se está en presencia de un supuesto donde se deba analizar el interés jurídico o el legítimo; para ello, se debe atender a la condición legal de la parte quejosa frente al acto calificado de transgresor de derechos, para precisar cuál es la pretensión, lo que se logra mediante la revisión de la demanda de manera integral, las pruebas, la naturaleza jurídica del acto reclamado e, incluso, de la autoridad responsable, dado que estos factores, conjuntamente, influyen para determinar cuál interés busca protegerse. Sirve de sustento la tesis III.4o.(III Región) 17 K (10a.), emitida por Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, enero de 2014, Tomo IV, página 3074, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CONCRETO QUE DEBE UTILIZAR EL JUEZ PARA SU DETERMINACIÓN. Del texto del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011, se advierte que la intención del Constituyente es continuar en el juicio de amparo con la tutela del interés jurídico y agregar al ámbito de protección el interés legítimo, los cuales tienen diversos alcances, pues el primero requiere, para su acreditación, el perjuicio de un derecho subjetivo del cual es titular el agraviado; en cambio, el segundo comprende únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, y proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto a la norma que establezca el interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo cual supone que el quejoso pertenece a ella; en ese contexto, dichas figuras están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, pues reconocer la tutela de dichos intereses a nivel constitucional, sólo tiene por efecto posibilitar, en el interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. A partir de las anteriores premisas el Juez, en función del caso concreto, determinará si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizar el interés jurídico o el legítimo, es decir, el método concreto consiste en atender a la condición legal del sujeto frente al acto calificado de transgresor de sus derechos para precisar cuál es su pretensión, lo que se logra mediante la revisión de la demanda en su integridad, las pruebas, la naturaleza jurídica del acto reclamado e, incluso, de la autoridad responsable, dado que estos factores, conjuntamente, influyen para determinar cuál interés busca protegerse; por ejemplo, si se reclama de una autoridad la orden, ejecución, desposeimiento y embargo de un vehículo de motor en el procedimiento administrativo en materia aduanera, cuya propiedad el quejoso adujo probar con documentos específicos, como la factura con su traducción por ser de procedencia extranjera, este planteamiento permite advertir que se reclama la afectación a un interés jurídico, dada la protección pretendida al derecho de propiedad sobre el automotor. Por tanto, a partir de la diferencia de los intereses descritos, no se está en posibilidad de examinar la afectación de los dos en torno a un acto reclamado, en tanto uno excluye al otro, dado sus particulares orientación y finalidad, sin ser dable perfilar el estudio en sede constitucional por la vía del interés legítimo sólo porque así lo refiere el quejoso, pues ello equivaldría a desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional en su calidad de rector del juicio." Así, del análisis de la demanda interpretada como un todo, se evidencia que en el presente asunto la parte quejosa reclama, el operativo en vía pública implementado por la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Morelos, a fin de controlar y regular la prestación de los servicios de transporte de la empresa denominada UBER. En este contexto, es fundada la causa de improcedencia advertida; en virtud de que, la parte quejosa fue omisa en acreditar en forma fehaciente el agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa que el acto reclamado le genera en los derechos de los que dice es titular. Efectivamente, en el caso no existe prueba alguna en autos que acredite que la quejosa se encuentre en algunos de los supuestos a los que va dirigido en operativo en vía pública implementado por la autoridad señalada como responsable, o sea titular de algún derecho susceptible de lesionar, con dicho operativo. Por tanto, correspondía a la quejosa probar en forma fehaciente, que forma parte de la empresa UBER, y que, por tanto, el operativo que refiere puede afectar su esfera jurídica, a fin de acreditar el interés en este juicio de amparo; pues el interés jurídico en el amparo no puede inferirse a partir de presunciones. Es aplicable, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 38/2005, correspondiente a la Novena Época, con número de registro 178883, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, marzo de 2005, página 310, que señala: Es aplicable al caso, la jurisprudencia XX. J/14, emitida por Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, enero de 1996, página 148, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ACREDITARSE EN FORMA FEHACIENTE EL. En el juicio de amparo, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no tratar de demostrarlo a base de presunciones." Por lo anterior y ante la falta de elementos objetivos que permitan establecer de manera fehaciente que el promovente sufrió algún menoscabo en la esfera jurídica, es improcedente el presente juicio de amparo. En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la misma ley. En las relatadas condiciones, al decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia en el juicio de amparo son de naturaleza preferente y de orden público, y su actualización impide el análisis de la cuestión de fondo. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 509, visible en la página 335, Tomo VI, Parte SCJN, Séptima Época, Segunda Sala, del Apéndice de 1995, materia común, bajo el texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". QUINTO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido Teofilo Yacaman Chavira, contra el acto y autoridad señalados en el resultando primero, y por las razones y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución, se ordena el envío y captura de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Arnulfo Torres García, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentran señaladas las doce horas con tres minutos del veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional, sin embargo, quedó como Secretario encargado del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación Mario Andrés Lesher González, el que únicamente está facultado para practicar diligencias y dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente. En esas condiciones, con el objeto de no violentar las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, establecidas en el artículo 124 de la Legislación de la Materia, se difiere la audiencia constitucional señalada para esa fecha, y se fijan nuevamente las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para su desahogo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis identificada con el número de registro 175438, que sostiene Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2112, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la novena época, la cual es del tenor siguiente: "SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO EN AUSENCIA DEL JUZGADOR DE AMPARO. REQUIERE AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA CELEBRAR AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y DICTAR SENTENCIA EN CASOS NO URGENTES. De conformidad con lo previsto en el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuando un Juez de Distrito se ausente menos de quince días, el secretario respectivo practicará diligencias y dictará providencias de trámite, así como resoluciones de carácter urgente, y si la ausencia es mayor, sólo podrá resolver en definitiva si está autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal; consecuentemente, en ausencia de un juzgador de amparo, ya sea por lapso inferior o mayor a quince días, para celebrar audiencia constitucional y resolver en definitiva requerirá la aludida autorización, a menos que en el primer supuesto se trate de caso urgente. Lo anterior, porque las jurisprudencias P./J. 26/2003 del Pleno y 1a./J. 88/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros "SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DURANTE EL PERIODO VACACIONAL DEL JUEZ DE DISTRITO. NO REQUIERE AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA RESOLVER LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS CASOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 161 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, PUES LA PROPIA LEY LO FACULTA EXPRESAMENTE PARA HACERLO." y "SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO CON MOTIVO DE LAS VACACIONES DEL TITULAR. NO PUEDE DICTAR SENTENCIA SI LA AUDIENCIA NO FUE PRESIDIDA POR ÉL, SINO POR EL JUEZ A QUIEN SUSTITUYE.", se refieren a la ausencia del titular con motivo de sus vacaciones y no a los casos que prevé el párrafo primero del numeral 43 de la invocada ley orgánica. Notifíquese. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Marcela Merari Silva Múgica, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos del que se advierte que por auto de dos de octubre de dos mil diecisiete, se agregó el informe justificado rendido por el Secretario de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Morelos, con residencia en Jiutepec, Morelos; por tanto se encuentra transcurriendo el término de ley para que las partes realicen manifestaciones al respecto. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose de nueva cuenta las DOCE HORAS CON TRES MINUTOS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, Secretaria que autoriza y da fe.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,306 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano