Teófilo Villafuentes Altamirano
Expediente 930/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 930/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/04/2018
Partes del expediente
- Teófilo Villafuentes Altamirano
Actuaciones
- Principal
RAZÓN POR AVISO PRAL: En Zapopan, Jalisco, siendo las nueve horas del veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, atento a lo manifestado en la razón que antecede y toda vez que la parte tercero interesado Ernesto Manuel Flores Silva, dentro de los dos días hábiles siguientes, no acudió a notificarse a las instalaciones del órgano jurisdiccional de mi adscripción, como lo previene el artículo 27, fracción I, inciso c) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de Abril de dos mil trece, se publica por medio de lista del fallo de dieciocho de abril del año en curso, para conocimiento de la parte interesada, misma que dice: Visto lo de cuenta se provee: se tiene por recibido el oficio que suscribe el Presidente de la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por medio del cual remite copia certificada de la actuación de dieciséis de abril de dos mil dieciocho dictada en el juicio laboral 68/2014, de la que se advierte que dejó insubsistente el emplazamiento practicado al aquí quejoso y ordenó reponer el procedimiento a partir de la actuación de diecinueve de mayo de dos mil catorce; comunicado y anexo que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda. En consecuencia, con el comunicado y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa y al tercero interesado, para que dentro del término de tres días de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo (vigente a partir del tres de abril de dos mil trece), manifieste lo que en derecho corresponda, respecto del cumplimiento que comunica la autoridad responsable en mención, en el entendido de que con o sin el desahogo de la vista otorgada, este órgano jurisdiccional emitirá pronunciamiento en el que declare si la sentencia esta cumplida o no lo está, si incurrieron en exceso o defecto, o si hay una imposibilidad para cumplirla. En el entendido de que, de declararse no cumplida en su totalidad la ejecutoria de amparo, se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito competente, como establece en lo conducente, el artículo 193 de la ley de la materia. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa y al tercero interesado, debiendo correrle traslado con copias simples de este acuerdo y de los anexos allegados por la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante la secretaria Dolores Araceli Navarro Huerta quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/DANH/agla*
- Principal
RAZÓN POR AVISO PRAL: En Zapopan Jalisco, a diez de abril de dos mil dieciocho, atento a lo manifestado en la razón que antecede y toda vez que la parte tercero interesado Alberto Antonio Cabello Valdespino, dentro de los dos días hábiles siguientes, no acudió a notificarse a las instalaciones del órgano jurisdiccional de mi adscripción, como lo previene el artículo 27, fracción I, inciso c) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de Abril de dos mil trece, se publica por medio de lista del fallo de veintisiete de marzo del año en curso, para conocimiento de la parte interesada, mismo que dice: VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto citado al rubro; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, ... por sí y en representación de su menor hijo ..., solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las entidades y por los actos que serán precisados en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Derechos Fundamentales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señaló que el acto reclamado es violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 4°, 5°, 8° y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 1°, 8°, 14, 25 y 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por cuestión de turno conoció de la demanda este juzgado; en acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete (fojas 56 a 59), previo requerimiento, se admitió a trámite; se pidió a las autoridades responsables sus informes justificados; por acuerdo de ocho de febrero de dos mil dieciocho se ordenó llamar a juicio al tercero interesado Alberto Antonio Cabello Valdespino, quien fue debidamente emplazado; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló alegato ministerial; se fijó día y hora para la audiencia constitucional, misma que inició el cinco de marzo del año en curso y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se controvierten actos de autoridades en materia administrativa con ejecución en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito, en las materias de su competencia semi especializada. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Al haber sido analizada en su integridad la demanda de amparo, se precisa conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que los actos reclamados son: Del Presidente Municipal, Director de Padrón y Licencias, Oficial Mayor del Departamento con funciones de Jefe de Licencias, Director de Inspección y Vigilancia y Director de Ordenamiento del Territorio, todos del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco: ? La expedición del permiso eventual para realizar actividades de fabricación ..., el predictamen de uso de suelo compatible y el trámite para la expedición de la licencia definitiva correspondiente al inmueble ubicado en la ..., colonia ciudad Granja, Zapopan, Jalisco. ? La omisión de verificar e inspeccionar el inmueble ubicado en la ..., colonia ciudad Granja, Zapopan, Jalisco, correspondiente al giro de fabricación ...; el que goza de un permiso de uso de suelo incompatible al designado en el Plan Parcial de Desarrollo de la misma. TERCERO. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. No es cierto el acto reclamado al Presidente Municipal, Director de Inspección y Vigilancia y Director de Ordenamiento del Territorio, todos del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, pues así lo manifestó el Síndico de dicho ayuntamiento al rendir informe justificado en su representación (fojas 120 a 127). Al respecto, la parte quejosa no aportó medio de convicción para desvirtuar la negativa del acto reclamado manifestada por las citadas responsables. En esa medida, toda vez que la parte quejosa no acreditó que exista en específico el acto reclamado en contra de las referidas responsables, a través de la exhibición de algún medio de prueba para desvirtuar la negativa externada y comprobada por éste juzgador; en consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. Ante la negativa categórica de todas las autoridades responsables, de la existencia del acto reclamado, los quejosos deben rendir elemento de convicción o prueba en contrario para demostrar que los actos reclamados son ciertos, pues de no hacerlo, el sobreseimiento es imperativo." Sin embargo, es cierto el acto reclamado al Director de Padrón y Licencias, así como al Oficial Mayor del Departamento con funciones de Jefe de Licencias, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, ya que así lo manifestó el Síndico del ayuntamiento, en su representación, en vía de informe justificado (fojas 120 a 127). Al haberse acreditado la existencia de los actos reclamados, este Juzgado de Distrito procede al estudio de las causas de improcedencia en relación con ellos y, en su caso, al análisis de su constitucionalidad o no, de conformidad con la técnica rectora en el juicio de amparo. CUARTO. Causas de improcedencia. Procede su estudio de manera preferente al referirse a un aspecto de orden público, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta innecesario estudiar los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, en razón de que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61, en relación con los artículos 1o, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no acreditó su interés en el asunto. Porciones normativas que prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley [.]." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo o individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa [.].". El artículo 107, fracción I, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El artículo 107, fracción I, párrafo segundo, de la propia Constitución Política señala que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En ese orden de ideas, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: 1. Ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o 2. En caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. En tanto que el artículo 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución precisa que para combatir actos de tribunales se debe acreditar siempre un interés jurídico. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos de la fracción I del artículo 5 de la ley. A. Interés jurídico. El interés jurídico constituye un presupuesto de la acción constitucional de amparo, que de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, debe entenderse como la mera afectación a la esfera jurídica del gobernado. En ese caso, para que proceda el amparo y la protección de la justicia federal, debe existir un agravio personal, directo y objetivo, es decir, el daño o perjuicio que infiere una autoridad a cualquier gobernado violando en su perjuicio derechos humanos, bien mediante un hecho positivo o una abstención. Entendiendo por: Daño o perjuicio: La existencia de una violación a derechos humanos de una persona al verse mermados, disminuidos o restringidos por una ley o acto de autoridad. Agravio personal: El sujeto que intente la acción de amparo debe ser precisamente el titular de los derechos subjetivos públicos. Agravio directo: Implica el quebranto de esos derechos directamente a su titular. Agravio objetivo: Por medio del análisis que realice la autoridad de amparo, se encuentre que efectivamente se han violado los derechos humanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, registro 170500, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, enero de 2008, página: 225, de contenido siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente susbienes jurídicamente amparados. B. Interés legítimo. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo, tienen un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparada. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. Las características que permiten identificarlo, son: a. Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante. b. Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. c. Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular. d. El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho. e. Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante. f. La anulación del acto de autoridad produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. Consecuentemente, la procedencia de la acción de amparo continúa siendo limitada, pues de acuerdo con las premisas que se han señalado, la inclusión del interés legítimo, como presupuesto de procedencia, no implica que cualquier persona, sin más, pueda accionar este medio de control constitucional, pues no basta el simple interés económico, ni aún el interés general de legalidad de los actos de la administración pública estatal, sino que es necesario que se satisfagan los supuestos que demuestren la existencia de interés jurídico, o bien, legítimo y, fundamentalmente, que dichos intereses se vean afectados por el acto de autoridad, o en su caso la omisión, sin que baste la sola existencia del acto autoritario para que prospere el juicio de amparo. En síntesis, el interés legítimo se traduce en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, lo que implica que se haya ampliado el abanico de posibilidades para acudir al juicio de amparo, pues han quedado proscritas exigencias tales como la acreditación, a cargo del quejoso, de la existencia de un derecho subjetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico o la necesidad de probar un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo. Por su parte, el interés simple o jurídicamente irrelevante, es aquel que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado. Por la misma razón, el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. En ese sentido, de conformidad con los parámetros antes mencionados, el interés legítimo se constituye en un presupuesto procesal que, aun cuando resulta menos exigente para permitir ejercer la acción de amparo, requiere del cumplimiento de ciertas condiciones, tales como ser cualificado, actual, real, jurídicamente relevante y tener por objeto la obtención de un beneficio jurídico en favor del quejoso. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 50/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 60, libro 12, tomo I, noviembre de 2014, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". Esto es, el interés legítimo presupone que el quejoso demuestre que se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida de una relación específica con el objeto de la pretensión que plantea, sea por una circunstancia especial o por una regulación sectorial o grupal, en el entendido de que el interés legítimo puede emanar del hecho de la pertenencia a un grupo formalmente identificable, o bien puede tenerlo una persona que no pertenezca al grupo, pero que en razón de sus circunstancias específicas sufra una afectación en su esfera jurídica en sentido amplio. Siendo así, el quejoso debe demostrar, por regla general, que es parte de un grupo formalmente identificable; y en caso de que no pertenezca a él, debe acreditar las circunstancias especiales que generan afectación en su esfera jurídica entendida en un sentido amplio, lo que no sucede en la especie. En este orden de ideas, la quejosa señala que los actos reclamados afectan a su interés, por ubicarse su domicilio en , Ciudad Granja, Zapopan, Jalisco, es decir, cerca del inmueble materia del acto reclamado, ubicado en la Calzada , colonia ciudad Granja, Zapopan, Jalisco. Sin embargo, los peticionarios no allegaron al sumario medio de convicción idóneo del que se advierta que el acto reclamado en esta instancia afecte su esfera de derechos, toda vez que las probanzas consistentes en la constancia del recibo electrónico del impuesto predial y la copia fotostática simple de la licencia de manejo como automovilista, no son eficaces ni conducentes para acreditar que efectivamente tienen su domicilio en el lugar que se consigna en dichos documentos y que por tanto, lograran evidenciar el perjuicio que, señalan, les genera la expedición del permiso eventual para realizar actividades de fabricación e industrias de muebles de madera, el predictamen de uso de suelo compatible y el trámite para la expedición de la licencia definitiva correspondiente al inmueble ubicado en la , colonia ciudad Granja, Zapopan, Jalisco. En efecto, acorde con lo dispuesto por el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, este juzgador determina que la licencia de manejo, por consistir en copia fotostática simple carece de valor probatorio para acreditar el interés jurídico de los quejosos. Dicha apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas simples son reproducciones sin certificar de documentos, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y de los avances de la ciencia, que no correspondan a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado. Por tanto, no acreditan la veracidad de que los hoy quejosos tengan su domicilio en los que señalan y que éstos se encuentren en el perímetro en que se localiza el predio materia del acto reclamado; de ahí que con el referido documento no se acredita que sean vecinos de la citada área urbana y que por tanto hayan sufrido el menoscabo que manifiestan resentir con la ejecución de la actividad que pretende llevar a cabo el tercero perjudicado. Tiene apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI.1o.C. J/26, del contenido siguiente: "DOMICILIO. NO PUEDE DEMOSTRARSE SÓLO MEDIANTE UNA CREDENCIAL DE ELECTOR.- Como es un hecho notorio que para efectos de obtener una credencial de elector, la entidad respectiva no exige que ante ella se acredite fehacientemente el domicilio pues basta la simple manifestación del interesado, resulta evidente que ese medio de suyo es ineficaz para comprobar esa circunstancia, toda vez que si bien es cierto que se trata de un documento público, también lo es que debe contemplarse y valorarse a la luz de lo dispuesto por el artículo 202, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria." Por otra parte, por lo que hace al recibo electrónico del impuesto predial, si bien es cierto que el domicilio en él contenido concuerda con el señalado por la parte quejosa como su domicilio, dicha circunstancia no es suficiente para acreditar que la parte quejosa efectivamente vive en dicho domicilio, ya que con el mismo presumiblemente se acredita la propiedad del bien mas no la posesión del mismo, por lo que no existe certeza que efectivamente la parte quejosa resienta la afectación que dice tener por la cercanía con la finca dedicada a la fabricación de muebles de madera. Por las razones que la informan y por analogía, es ilustrativa la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 25, Volumen 80, Tercera Parte, séptima época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 238364, del rubro y texto siguientes: "AGRARIO. POSESION. PRUEBA PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 252 DE LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA (66 DEL CODIGO AGRARIO). RECIBOS DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL NO LA ACREDITAN. Los recibos de pago del impuesto predial no acreditan los requisitos que debe tener la posesión en los términos del artículo 252 de la Ley Federal de Reforma Agraria, 66 del Código Agrario, y lo único que demuestran es precisamente dicho pago, o, cuando más, constituyen un indicio, pero no prueba plena de la posesión". También es ilustrativa a lo anterior la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 347, tomo X, diciembre de 1992, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 217786, del rubro y texto siguientes: "POSESION. NO SE JUSTIFICA CON LAS BOLETAS DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL. Las boletas de pago del impuesto predial, sólo acreditan un pago que se hizo por la cantidad que en los documentos se indica, pero dichos documentos no podrán tomarse como prueba que justifique la posesión del inmueble". Sin que pase desapercibido el hecho de que entre el número de la vivienda que dice habitar la parte quejosa y el número de la finca materia del acto reclamado existen casi mil números intermedios, lo que genera incertidumbre sobre la afectación que dice tener la parte quejosa por la fabricación de muebles de madera que se lleva a cabo en el predio cuestionado. Encuentra apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "CALLES, EL CIERRE DE LAS, NO DA LUGAR AL AMPARO .- Si bien es cierto que toda situación favorable para la satisfacción de una necesidad, resulta un interés, ese interés, no siempre puede calificarse de jurídico, pues para que así sea, es menester que el derecho objetivo lo tutele a través de alguna o algunas de sus normas; y ese interés jurídico, y no el puro interés material, es el que toma en cuenta la Ley de Amparo para protegerlo, cuando resulta afectado, por medio de la institución del juicio de garantías. Atento a lo anterior, es evidente que no basta que el habitante de una ciudad acredite tener interés material en transitar por una determinada calle, para que proceda el amparo contra la orden dictada por la autoridad municipal, para clausurar esa misma calle, porque su interés carece de una protección jurídica directa. Por tanto, el amparo pedido contra los socios consistentes en que se cierre una vía pública, es improcedente." En la especie, tal como se indicó, en el sumario no se encuentra probado el hecho de que los quejosos tengan su domicilio en la zona urbana que refieren -es decir- en la Calzada de los Laureles 168 interior 25, Ciudad Granja, Zapopan, Jalisco, por ello, no acreditan el interés legítimo con el que pretenden obtener la protección constitucional, toda vez que, en su caso, se trata de un interés simple que se traduce en la observancia por parte de las autoridades a los ordenamientos correspondientes y en el particular a las consideraciones expresadas en el sentido de que previo a la emisión del permiso eventual para realizar actividades de fabricación e industrias de muebles de madera, el predictamen de uso de suelo compatible y el trámite para la expedición de la licencia definitiva correspondiente al inmueble ubicado en la , colonia ciudad Granja, Zapopan, Jalisco, no se realizaron los estudios correspondientes de impacto ambiental para establecer las posibles afectaciones al equilibrio ecológico, así como la correspondiente consulta a los pobladores sobre el alcance de la referida autorización, situación que no basta para la procedencia del juicio de amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J 38/2016 (10ª), sustentada por la Primera Sala de Justicia de la Nación , del contenido siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE.-La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En esa virtud, ante la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, se impone sobreseer en el juicio, con fundamento en el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Dada la determinación adoptada, resulta innecesario abordar el estudio de la diversa causa de improcedencia invocadas por el Síndico del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, pues en nada variaría el sentido de la presente resolución. Tiene aplicación a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." En atención a que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no se entrará al análisis de los conceptos de violación hechos valer por la peticionaria del amparo, ya que al haberse actualizado una causal de improcedencia del presente juicio, impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado" . Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ... por sí y en representación de su menor hijo ... Notifíquese personalmente. Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco; hoy veintisiete de marzo dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado permitieron la elaboración del engrose, quien actúa y firma con la licenciado Roberto Martínez Gutiérrez, Secretario que autoriza y además certifica que las promociones que, en su caso, generaron la presente resolución, y la resolución misma, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe. LAPT/RMG
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: se tiene por recibida la pieza postal que devuelve el Servicio Postal Mexicano, misma que contiene el oficio número 3324, dirigido al Secretario de Marina, de cuyo sobre se aprecia que se señala como causa de devolución "REUSADO, NO PERTENECE AL CAMPO MILITAR 1.J."; en consecuencia, reexpídase dicho comunicado al domicilio correcto, siendo este el ubicado en Eje 2 Oriente, avenida Heroica Escuela Naval Militar, número 861, Los Cipreses Coyoacán, Ciudad de México, código postal 04830. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante el secretario Miguel Ángel Herrera Valdez quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/MAHV/jacobo
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