Teófilo Trujillo Morales y Otros.
Expediente 1225/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1225/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/11/2018
Partes del expediente
- Teófilo Trujillo Morales y Otros.
- Teófilo Trujillo Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. De los autos del presente expediente no se advierte que existan documentos originales en los términos que señala el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no tiene especial trascendencia jurídica, política, histórica, ni documental, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el segundo párrafo de la fracción V del artículo vigésimo primero del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimos y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ***, por el que da cumplimiento en tiempo y forma a los requerimientos formulados en autos de ocho y diez de octubre del año en curso (fojas 9 a 13, 16 y 17), de los que se obtiene que el quejoso manifestó que es parte en el juicio ordinario civil ***, y los actos reclamados son: 1. La falta de notificación de la sentencia de veinte de agosto del año en curso, dictada por el Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, en el juicio ordinario civil ***; y, 2. El auto de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ordinario civil ***, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en términos de lo dispuesto por el artículo 486 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, en acatamiento a la sentencia de veinte de agosto de dos mil dieciocho, le requieren para que en el plazo de cinco días haga la entrega voluntaria del inmueble ubicado en la ***. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existen motivos manifiestos e indudables de improcedencia, respecto de los actos reclamados por el quejoso. Lo anterior ya que, por lo que hace al acto reclamado, señalado con el número uno, consistente en la falta de notificación de la sentencia de veinte de agosto del año en curso, dictada por el Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, en el juicio ordinario civil ***, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo, 61, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. De la cita que antecede se aprecia que el principio de definitividad refiere a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar el acto impugnado. Ello, ya que al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, no pueden analizarse cuestiones respecto de las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer. Asimismo, la hipótesis -acto reclamado- sujeta a estudio en el presente juicio, no cumple con la definitividad exigida, en razón que el acto impugnado puede ser modificado, revocado o anulado, a través del medio de defensa ordinario establecido en la norma secundaria, en el caso concreto, el incidente de nulidad de notificaciones previsto en los numerales 419, 420 y 421, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas; en relación con los similares 76 a 78 de la citada codificación. En efecto, como se dijo anteriormente de lo que se duele la parte quejosa en esta instancia constitucional es de la falta de notificación de la sentencia de veinte de agosto del año en curso, dictada por el Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, en el juicio ordinario civil ***, por lo que, para quien esto determina, es dable su impugnación a través del incidente de nulidad de notificaciones previsto en los numerales 419, 420 y 421, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, pues la parte quejosa, figura como parte demandada en el juicio de origen, ya que manifestó haber sido notificado del juicio (***) y formulado contestación a la demanda instaurada en su contra. De ahí que debe ajustarse a los preceptos legales que regulan el procedimiento de que se trate, esto es, debe hacer uso de los medios ordinarios de impugnación, antes de acudir al juicio de amparo; además, tampoco se desprende que el acto reclamado se ubique en alguno de los supuestos de excepción previstos en los incisos a), b) o c), de la citada fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al advertirse que el impetrante no agotó el incidente nulidad de notificaciones previamente a la promoción del juicio de amparo, a pesar de que se encontraba obligado, en función del principio de definitividad que rige en el mismo, y que consiste precisamente en que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se agoten todos los recursos o medios de defensa que la ley otorgue a las partes de un juicio o procedimiento, es que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Al caso, resulta aplicable por analogía la tesis IV.1o.C.52 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. EL INCIDENTE RELATIVO CONSTITUYE UN MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO QUE DEBE AGOTARSE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AUNQUE LA PARTE AFECTADA AFIRME HABERSE ENTERADO DE LA ILEGAL NOTIFICACIÓN DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA." En las relatadas consideraciones, si la parte promovente no agotó el medio de defensa ordinario establecido en la ley para combatir los actos que reclama en esta instancia constitucional, esto es, cumplir con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, se colige que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, respecto del acto precisado con el número uno. En el mismo orden de ideas, a juicio de esta juzgadora, respecto del acto reclamado señalado en el punto número dos, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo; preceptos que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De los citados numerales se desprenden dos reglas, una general y una específica, de procedencia del juicio de amparo indirecto. La primer regla general de procedencia del juicio de amparo, se desprende del primer párrafo de la fracción IV, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia. La segunda regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto se advierte de los párrafos segundo y tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el juicio en la vía indirecta es procedente sólo en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Cabe señalar que en relación a las hipótesis previstas en la fracción IV del precepto en comento (fracción III de la abrogada Ley de Amparo), el Alto Tribunal ha sostenido que la razón de ser de esa norma radica en evitar que se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas. Es decir, al prohibir la promoción de amparos en contra de las resoluciones intermedias durante el procedimiento de ejecución, se tiene que tomar en cuenta que la razón de ser de la norma es evitar la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que se pronuncie, en virtud de que el perjuicio en contra del ejecutado solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final del procedimiento relativo, e inclusive, si quien promueve la demanda es el vencedor en el juicio natural, es decir, el ejecutante, aplica la misma regla, esto es, debe esperar que culmine el procedimiento de ejecución. Sirve de apoyo a lo esgrimido, la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL." No obstante lo anterior, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que es procedente el juicio de amparo indirecto en etapa de ejecución de sentencia, en contra de los actos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. A manera de ejemplo, el Alto Tribunal estableció la procedencia del juicio de amparo contra la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdedora, ya que la misma no tiene por objeto la ejecución de la propia sentencia, por lo que no constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia; asimismo, cuando se impugna la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. De igual manera, ha sustentado que el juicio de amparo es procedente en contra de actos que afectan derechos sustantivos de manera inmediata, cuya regla estimó que no es exclusiva de los actos emitidos dentro de juicio, sino que le resulta extensiva a aquellos acaecidos en el periodo de ejecución de sentencia, siempre que los derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Ello, pues no debe impedirse el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, habida cuenta que en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." Luego, si en el presente asunto el acto reclamado se hace consistir en el auto de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ordinario civil ***, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en términos de lo dispuesto por el artículo 486 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, en acatamiento a la sentencia de veinte de agosto de dos mil dieciocho, le requieren para que en el plazo de cinco días haga la entrega voluntaria del inmueble ubicado en la ***; deviene inconcuso que se actualiza la causal examinada. Lo anterior, pues si bien dicha determinación tiene por objeto la entrega del bien inmueble en mención, lo cierto es que la misma fue dictada en cumplimiento a un fallo definitivo que así lo ordenó, por lo que su emisión se encuentra directamente vinculada a la ejecución de una sentencia proveniente de autoridad jurisdiccional. Por consiguiente, el peticionario deberá esperar a la culminación del procedimiento relativo, es decir, a la emisión de la resolución en que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, para impugnar las violaciones cometidas en el mismo, incluida la relativa al requerimiento de entrega del inmueble, que se entiende una actuación intermedia tendente a lograr el cumplimiento de la sentencia. Un criterio en contrario implicaría obstaculizar el cumplimiento de la cosa juzgada en detrimento del derecho del ejecutante a reclamar lo obtenido en un juicio en el que se presume se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, en el que la parte ejecutada tuvo la oportunidad de ser oída y vencida previamente al acto privativo, aun cuando haya decidido, de haber sido el caso, no comparecer al mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 19/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO." En los mismos términos, la jurisprudencia VI.2o.C. J/253, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN." En las relatadas consideraciones, si la parte quejosa promovió el juicio de amparo en contra de una resolución intermedia dictada en ejecución de sentencia, se colige que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto del acto señalado con el arábigo dos. Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por el quejoso, por resultar notoriamente improcedente.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ***, por el que da cumplimiento en tiempo y forma a los requerimientos formulados en autos de ocho y diez de octubre del año en curso (fojas 9 a 13, 16 y 17), de los que se obtiene que el quejoso manifestó que es parte en el juicio ordinario civil ***, y los actos reclamados son: 1. La falta de notificación de la sentencia de veinte de agosto del año en curso, dictada por el Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, en el juicio ordinario civil ***; y, 2. El auto de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ordinario civil ***, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en términos de lo dispuesto por el artículo 486 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, en acatamiento a la sentencia de veinte de agosto de dos mil dieciocho, le requieren para que en el plazo de cinco días haga la entrega voluntaria del inmueble ubicado en la ***. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existen motivos manifiestos e indudables de improcedencia, respecto de los actos reclamados por el quejoso. Lo anterior ya que, por lo que hace al acto reclamado, señalado con el número uno, consistente en la falta de notificación de la sentencia de veinte de agosto del año en curso, dictada por el Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, en el juicio ordinario civil ***, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo, 61, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. De la cita que antecede se aprecia que el principio de definitividad refiere a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar el acto impugnado. Ello, ya que al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, no pueden analizarse cuestiones respecto de las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer. Asimismo, la hipótesis -acto reclamado- sujeta a estudio en el presente juicio, no cumple con la definitividad exigida, en razón que el acto impugnado puede ser modificado, revocado o anulado, a través del medio de defensa ordinario establecido en la norma secundaria, en el caso concreto, el incidente de nulidad de notificaciones previsto en los numerales 419, 420 y 421, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas; en relación con los similares 76 a 78 de la citada codificación. En efecto, como se dijo anteriormente de lo que se duele la parte quejosa en esta instancia constitucional es de la falta de notificación de la sentencia de veinte de agosto del año en curso, dictada por el Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, en el juicio ordinario civil ***, por lo que, para quien esto determina, es dable su impugnación a través del incidente de nulidad de notificaciones previsto en los numerales 419, 420 y 421, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, pues la parte quejosa, figura como parte demandada en el juicio de origen, ya que manifestó haber sido notificado del juicio (***) y formulado contestación a la demanda instaurada en su contra. De ahí que debe ajustarse a los preceptos legales que regulan el procedimiento de que se trate, esto es, debe hacer uso de los medios ordinarios de impugnación, antes de acudir al juicio de amparo; además, tampoco se desprende que el acto reclamado se ubique en alguno de los supuestos de excepción previstos en los incisos a), b) o c), de la citada fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al advertirse que el impetrante no agotó el incidente nulidad de notificaciones previamente a la promoción del juicio de amparo, a pesar de que se encontraba obligado, en función del principio de definitividad que rige en el mismo, y que consiste precisamente en que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se agoten todos los recursos o medios de defensa que la ley otorgue a las partes de un juicio o procedimiento, es que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Al caso, resulta aplicable por analogía la tesis IV.1o.C.52 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. EL INCIDENTE RELATIVO CONSTITUYE UN MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO QUE DEBE AGOTARSE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AUNQUE LA PARTE AFECTADA AFIRME HABERSE ENTERADO DE LA ILEGAL NOTIFICACIÓN DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA." En las relatadas consideraciones, si la parte promovente no agotó el medio de defensa ordinario establecido en la ley para combatir los actos que reclama en esta instancia constitucional, esto es, cumplir con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, se colige que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, respecto del acto precisado con el número uno. En el mismo orden de ideas, a juicio de esta juzgadora, respecto del acto reclamado señalado en el punto número dos, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo; preceptos que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De los citados numerales se desprenden dos reglas, una general y una específica, de procedencia del juicio de amparo indirecto. La primer regla general de procedencia del juicio de amparo, se desprende del primer párrafo de la fracción IV, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia. La segunda regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto se advierte de los párrafos segundo y tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el juicio en la vía indirecta es procedente sólo en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Cabe señalar que en relación a las hipótesis previstas en la fracción IV del precepto en comento (fracción III de la abrogada Ley de Amparo), el Alto Tribunal ha sostenido que la razón de ser de esa norma radica en evitar que se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas. Es decir, al prohibir la promoción de amparos en contra de las resoluciones intermedias durante el procedimiento de ejecución, se tiene que tomar en cuenta que la razón de ser de la norma es evitar la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que se pronuncie, en virtud de que el perjuicio en contra del ejecutado solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final del procedimiento relativo, e inclusive, si quien promueve la demanda es el vencedor en el juicio natural, es decir, el ejecutante, aplica la misma regla, esto es, debe esperar que culmine el procedimiento de ejecución. Sirve de apoyo a lo esgrimido, la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL." No obstante lo anterior, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que es procedente el juicio de amparo indirecto en etapa de ejecución de sentencia, en contra de los actos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. A manera de ejemplo, el Alto Tribunal estableció la procedencia del juicio de amparo contra la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdedora, ya que la misma no tiene por objeto la ejecución de la propia sentencia, por lo que no constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia; asimismo, cuando se impugna la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. De igual manera, ha sustentado que el juicio de amparo es procedente en contra de actos que afectan derechos sustantivos de manera inmediata, cuya regla estimó que no es exclusiva de los actos emitidos dentro de juicio, sino que le resulta extensiva a aquellos acaecidos en el periodo de ejecución de sentencia, siempre que los derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Ello, pues no debe impedirse el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, habida cuenta que en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." Luego, si en el presente asunto el acto reclamado se hace consistir en el auto de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ordinario civil ***, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en términos de lo dispuesto por el artículo 486 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, en acatamiento a la sentencia de veinte de agosto de dos mil dieciocho, le requieren para que en el plazo de cinco días haga la entrega voluntaria del inmueble ubicado en la ***; deviene inconcuso que se actualiza la causal examinada. Lo anterior, pues si bien dicha determinación tiene por objeto la entrega del bien inmueble en mención, lo cierto es que la misma fue dictada en cumplimiento a un fallo definitivo que así lo ordenó, por lo que su emisión se encuentra directamente vinculada a la ejecución de una sentencia proveniente de autoridad jurisdiccional. Por consiguiente, el peticionario deberá esperar a la culminación del procedimiento relativo, es decir, a la emisión de la resolución en que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, para impugnar las violaciones cometidas en el mismo, incluida la relativa al requerimiento de entrega del inmueble, que se entiende una actuación intermedia tendente a lograr el cumplimiento de la sentencia. Un criterio en contrario implicaría obstaculizar el cumplimiento de la cosa juzgada en detrimento del derecho del ejecutante a reclamar lo obtenido en un juicio en el que se presume se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, en el que la parte ejecutada tuvo la oportunidad de ser oída y vencida previamente al acto privativo, aun cuando haya decidido, de haber sido el caso, no comparecer al mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 19/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO." En los mismos términos, la jurisprudencia VI.2o.C. J/253, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN." En las relatadas consideraciones, si la parte quejosa promovió el juicio de amparo en contra de una resolución intermedia dictada en ejecución de sentencia, se colige que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto del acto señalado con el arábigo dos. Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por el quejoso, por resultar notoriamente improcedente.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de octubre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ***, con el que pretende dar cumplimiento a la prevención que le fue formulada en auto de ocho de octubre del año en curso (fojas 9 a 13), sin que lo haya logrado. Lo anterior, toda vez que en el referido proveído se le previno para que realizara lo siguiente: ". a) Exprese de manera clara y específica el acto o actos que le atribuye a las autoridades que señala como responsables, esto es, si reclama el auto de cinco de septiembre de dos mil dieciocho o el de veinticinco del mismo mes y año. (.) b) Manifieste si sólo reclama la falta de notificación de la sentencia de veinte de agosto del año en curso o la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil ***. (.) c) Asimismo, bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas en que incurren los solicitantes del amparo que al formular su demanda afirman hechos falsos u omiten los que le consten en relación con el juicio de garantías, amplíe los antecedentes del acto reclamado. Esto, en el caso de señalar como acto reclamado el auto de cinco de septiembre del presente año, dictado en el juicio ordinario civil ***, precise en que consiste éste, la fecha en que tuvo conocimiento de su dictado y exprese si fue parte en el citado expediente y si es así, si compareció en defensa de sus intereses." Ahora, en el ocurso a través del cual pretende dar cumplimiento a la prevención de mérito, el quejoso señaló que "reclama la falta de notificación de la sentencia dictada el veinte de agosto del año en curso", con lo que desahoga únicamente el requerimiento precisado en el inciso b); sin embargo, fue omiso en realizar manifestación alguna respecto a los diversos a) y b), antes precisados, por lo que, no es el caso tener por cumplido el requerimiento de ocho de octubre del año en curso. En consecuencia, se hace de su conocimiento que deberá exhibir copias del escrito de cuenta, así como de su escrito aclaratorio para cada una de las partes en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo; comenzando a transcurrir el plazo otorgado en ocho de octubre del año en curso (fojas 9 a 13), a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación que se le practique del presente auto. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo". Notifíquese.
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