Teófilo Trejo Salazar
Expediente 971/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 17 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 971/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 23/12/2019
Partes del expediente
- Teófilo Trejo Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado federal (fojas 109 y 110), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve (foja 111), se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, lapso en el cual la parte quejosa realizó manifestaciones al respecto. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la ley de amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "****". Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el treinta de agosto de dos mil diecinueve (fojas 68 a 83), se determinó por una parte sobreseer en el juicio y por otra conceder al quejoso Teófilo Trejo Salazar, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ".1. Los ordinales 11, 12, 13 y 22, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, que prevén el costo por inscripción de documentos y préstamo hipotecario, así como el cálculo de cómo se pagaran esos derechos, asimismo, los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de inscripción de documento público o privado y de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de la inscripción de préstamo hipotecario, con sustento en el artículo 22, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, devuelva a los quejosos lo que pagaron por impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida, derivados del pago de inscripción de documento público y préstamo hipotecario. 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Sentencia que causó ejecutoria el ocho de octubre de dos mil diecinueve (fojas 97 y 98), por lo que se requirió al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de que la acatara. De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consiste en desincorporar en la esfera jurídica del quejoso los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar actualizada. Luego, por oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 109 y 110), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector; es decir, el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, entregó al aquí quejoso, la cantidad de $19,894.96 (diecinueve mil ochocientos noventa y cuatro pesos con noventa y seis 96/100 moneda nacional), lo cual acreditó con la copia de la transferencia bancaria que obra a foja ciento diez. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el ocho de abril del año en curso y que el veinticinco de noviembre del año en curos se tuvo a la autoridad responsable realizando la devolución por el monto de dicho recibo, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de marzo de dos mil diecinueve al mes de septiembre del presente año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre del año en curso entre el índice para el mes de marzo del año en curso (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre de dos mil diecinueve fue de 103.942 y para el mes de marzo de dos mil diecinueve fue de 103.476, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.004503. Ahora, dado que al monto de $20,375.77 (veinte mil trescientos setenta y cinco pesos 77/100, moneda nacional), al cual se le resta las cuotas mínimas a pagar de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de inscripción de documento público o privado y de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de la inscripción de préstamo hipotecario; por tanto, nos da como resultado la cantidad de $19,805.77 (diecinueve mil ochocientos cinco pesos 77/100, moneda nacional), al multiplicar el aludido factor anterior por la cantidad anterior, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $19,894.96 (diecinueve mil ochocientos noventa y cuatro pesos con noventa y seis 96/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $89.19 (ochenta y nueve pesos con diecinueve centavos 19/100, moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver al quejoso la cantidad de $19,894.96 (diecinueve mil ochocientos noventa y cuatro pesos con noventa y seis 96/100 moneda nacional); por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados al quejoso, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Lo que se corrobora con las manifestaciones efectuadas por la parte quejosa (foja 115). Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa el amparo; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado federal (fojas 109 y 110), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve (foja 111), se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, lapso en el cual la parte quejosa realizó manifestaciones al respecto. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la ley de amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "****". Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el treinta de agosto de dos mil diecinueve (fojas 68 a 83), se determinó por una parte sobreseer en el juicio y por otra conceder al quejoso Teófilo Trejo Salazar, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ".1. Los ordinales 11, 12, 13 y 22, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, que prevén el costo por inscripción de documentos y préstamo hipotecario, así como el cálculo de cómo se pagaran esos derechos, asimismo, los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de inscripción de documento público o privado y de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de la inscripción de préstamo hipotecario, con sustento en el artículo 22, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, devuelva a los quejosos lo que pagaron por impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida, derivados del pago de inscripción de documento público y préstamo hipotecario. 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Sentencia que causó ejecutoria el ocho de octubre de dos mil diecinueve (fojas 97 y 98), por lo que se requirió al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de que la acatara. De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consiste en desincorporar en la esfera jurídica del quejoso los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar actualizada. Luego, por oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 109 y 110), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector; es decir, el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, entregó al aquí quejoso, la cantidad de $19,894.96 (diecinueve mil ochocientos noventa y cuatro pesos con noventa y seis 96/100 moneda nacional), lo cual acreditó con la copia de la transferencia bancaria que obra a foja ciento diez. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el ocho de abril del año en curso y que el veinticinco de noviembre del año en curos se tuvo a la autoridad responsable realizando la devolución por el monto de dicho recibo, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de marzo de dos mil diecinueve al mes de septiembre del presente año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre del año en curso entre el índice para el mes de marzo del año en curso (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre de dos mil diecinueve fue de 103.942 y para el mes de marzo de dos mil diecinueve fue de 103.476, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.004503. Ahora, dado que al monto de $20,375.77 (veinte mil trescientos setenta y cinco pesos 77/100, moneda nacional), al cual se le resta las cuotas mínimas a pagar de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de inscripción de documento público o privado y de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de la inscripción de préstamo hipotecario; por tanto, nos da como resultado la cantidad de $19,805.77 (diecinueve mil ochocientos cinco pesos 77/100, moneda nacional), al multiplicar el aludido factor anterior por la cantidad anterior, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $19,894.96 (diecinueve mil ochocientos noventa y cuatro pesos con noventa y seis 96/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $89.19 (ochenta y nueve pesos con diecinueve centavos 19/100, moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver al quejoso la cantidad de $19,894.96 (diecinueve mil ochocientos noventa y cuatro pesos con noventa y seis 96/100 moneda nacional); por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados al quejoso, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Lo que se corrobora con las manifestaciones efectuadas por la parte quejosa (foja 115). Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa el amparo; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el libelo de cuenta suscrito por el quejoso ****, a través del cual hace manifestaciones respecto al cumplimiento dado al fallo protector; por lo tanto, con fundamento en el ordinal 196 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que aduce, en la inteligencia de que las mismas serán tomadas en consideración al momento de resolver sobre el cumplimiento aludido. Notifíquese.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia de amparo, remite copia de la transferencia efectuada a la parte aquí quejosa, misma que ampara la cantidad condenada en autos; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el libelo y anexo de cuenta; para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
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