Teófilo Santiz Gómez

Expediente 392/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 13 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
392/2016
Año
2016
Actuaciones
13
Última actuación
14/10/2016

Partes del expediente

  • Teófilo Santiz Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; catorce de octubre de dos mil dieciséis. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el XXXXXXXXXXXXXXX, residente en esta ciudad; mediante el cual acusa recibo del diverso XXXX, de XXXXXXXXXXX (foja XXX), con el que se devolvió copia certificada del expediente XXXXXXX (en un tomo), de su registro, que remitió en apoyo a su informe con justificación. Devuélvase al archivo este expediente.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siete de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio en el que se sobreseyó y concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 5. Devuélvase al Juzgado Tercero en Materia Penal para la Atención de Delitos Graves, residente en Cintalapa de Figueroa, las constancias siguientes: copia certificada de la causa penal 261/2015 (un tomo), que remitió en apoyo en su informe justificado, solicitando acuse de recibo respectivo. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio registrado con el folio 14454 (foja 136), la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo, Chiapas, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable -en lo que interesa- al Juzgado Tercero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, de quien reclamó lo siguiente: "[.] IV.- ACTO RECLAMADO: DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS, LA ILEGAL ORDEN DE APRHENSION QUE HAN LIBRADO EN NUESTRA CONTRA COMO PROBABLES RESPONSABLES EN LA COMISIÓN DE UN DELITO QUE NO HEMOS COMETIDO DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO QUE PRETENDEN REALIZAR DE TAL ORDEN DE CAPTURA EN NUESTRA CONTRA, CON LA FINALIDAD DE PRIVARLOS DE NUESTRA LIBERTAD. [.]" Ahora bien, mediante resolución de doce de abril de dos mil dieciséis, pronunciada por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, la cual fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En proveído de cinco de agosto del año en curso, se requirió como autoridad sustituta el cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio al Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Ocosingo, Chiapas, en virtud de la competencia declinada por el Juez Tercero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: "[.] Ahora bien, del análisis de las probanzas que fueron tomadas en cuenta por la autoridad responsable, así como de las referidas consideraciones, se advierte que no existen indicios suficientes para tener por acreditado el cuerpo del delito de SECUESTRO AGRAVADO, ni la probable responsabilidad del quejoso en su participación; lo anterior es así, toda vez que si bien es cierto que, de la declaración del ofendido Fernando Gómez Santiz, así como de las declaraciones testimoniales de Ezequiel Saddam Gómez Gómez, Joel de Jesús Gómez Gómez, y Zoila Gómez Santiz; el dictamen de reconocimiento médico de integridad; la fe ministerial de lugar de los hechos; se advierte que el día treinta de septiembre de dos mil quince, a las trece horas aproximadamente, en la carretera de Oxchuc a San Cristóbal y a Ocosingo, a la altura del Barrio Vista Hermosa, fue interceptado por un grupo de personas, entre ellos, el quejoso, y lo retuvieron hasta las veinticuatro horas; sin embargo, de la dinámica de los citados hechos se advierte que éstos se realizaron con motivo de los resultados en las elecciones de presidente municipal pasadas, y por haber apoyado el ofendido a la candidata ganadora del partido verde ecologista; empero, no se acredita que los inculpados hayan tenido la intención de obtener un fin lucrativo u otro beneficio con la detención del ofendido, pues si bien se le retuvo indebidamente y se le maltrató; es evidente la intención de escarnio que llevaron a cabo al vejarlo, amarrándolo y maltratándolo. Sin embargo, tales conductas no configuran el cuerpo del delito imputado, ni la probable responsabilidad del quejoso. En consecuencia, al ser fundado el concepto de violación, debe concederse el amparo al quejoso, para el efecto de que el juez responsable deje insubsistente la orden de aprehensión reclamada, y vuelva a pronunciarse, atento a que no se acredita el cuerpo del delito de SECUESTRO AGRAVADO; hecho lo cual, resuelva con libertad de jurisdicción. [.]" ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficio registrado con el folio 14454 (foja 136), la autoridad responsable sustituta Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo, Chiapas, informó que procedió en términos de la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con la copia certificada del nuevo auto de incoación de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis (fojas 137 a 141), emitido dentro de la causa penal 42/2016, de su índice; documental que tiene pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo, Chiapas, mediante nuevo auto de incoación de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis (fojas 137 a 141), emitido dentro de la causa penal 42/2016, de su índice, con libertad de jurisdicción determinó negar la orden de aprehensión en contra del quejoso, solicitada por el Ministerio Público Investigador, al considerar que no se acreditaban los elementos del delito, ni la probable responsabilidad de Jaime Santiz Gómez, en la comisión del ilícito de secuestro agravado. De ahí que al haber cumplido la autoridad responsable sustituta Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo, Chiapas, la materia del acto reclamado, y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo con libertad de jurisdicción dictó una nueva resolución en la que determinó negar la orden de aprehensión solicitada en contra del quejoso; por lo que se afirma que la violación cometida en perjuicio del accionante de amparo quedó subsanada. Por lo que, en las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE CINCO DE LOS CORRIENTES, QUE DICE: "Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio registrado con el folio 14454 (foja 136), la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo, Chiapas, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable -en lo que interesa- al Juzgado Tercero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, de quien reclamó lo siguiente: "[.] IV.- ACTO RECLAMADO: DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS, LA ILEGAL ORDEN DE APRHENSION QUE HAN LIBRADO EN NUESTRA CONTRA COMO PROBABLES RESPONSABLES EN LA COMISIÓN DE UN DELITO QUE NO HEMOS COMETIDO DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO QUE PRETENDEN REALIZAR DE TAL ORDEN DE CAPTURA EN NUESTRA CONTRA, CON LA FINALIDAD DE PRIVARLOS DE NUESTRA LIBERTAD. [.]" Ahora bien, mediante resolución de doce de abril de dos mil dieciséis, pronunciada por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, la cual fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En proveído de cinco de agosto del año en curso, se requirió como autoridad sustituta el cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio al Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Ocosingo, Chiapas, en virtud de la competencia declinada por el Juez Tercero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: "[.] Ahora bien, del análisis de las probanzas que fueron tomadas en cuenta por la autoridad responsable, así como de las referidas consideraciones, se advierte que no existen indicios suficientes para tener por acreditado el cuerpo del delito de SECUESTRO AGRAVADO, ni la probable responsabilidad del quejoso en su participación; lo anterior es así, toda vez que si bien es cierto que, de la declaración del ofendido Fernando Gómez Santiz, así como de las declaraciones testimoniales de Ezequiel Saddam Gómez Gómez, Joel de Jesús Gómez Gómez, y Zoila Gómez Santiz; el dictamen de reconocimiento médico de integridad; la fe ministerial de lugar de los hechos; se advierte que el día treinta de septiembre de dos mil quince, a las trece horas aproximadamente, en la carretera de Oxchuc a San Cristóbal y a Ocosingo, a la altura del Barrio Vista Hermosa, fue interceptado por un grupo de personas, entre ellos, el quejoso, y lo retuvieron hasta las veinticuatro horas; sin embargo, de la dinámica de los citados hechos se advierte que éstos se realizaron con motivo de los resultados en las elecciones de presidente municipal pasadas, y por haber apoyado el ofendido a la candidata ganadora del partido verde ecologista; empero, no se acredita que los inculpados hayan tenido la intención de obtener un fin lucrativo u otro beneficio con la detención del ofendido, pues si bien se le retuvo indebidamente y se le maltrató; es evidente la intención de escarnio que llevaron a cabo al vejarlo, amarrándolo y maltratándolo. Sin embargo, tales conductas no configuran el cuerpo del delito imputado, ni la probable responsabilidad del quejoso. En consecuencia, al ser fundado el concepto de violación, debe concederse el amparo al quejoso, para el efecto de que el juez responsable deje insubsistente la orden de aprehensión reclamada, y vuelva a pronunciarse, atento a que no se acredita el cuerpo del delito de SECUESTRO AGRAVADO; hecho lo cual, resuelva con libertad de jurisdicción. [.]" ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficio registrado con el folio 14454 (foja 136), la autoridad responsable sustituta Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo, Chiapas, informó que procedió en términos de la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con la copia certificada del nuevo auto de incoación de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis (fojas 137 a 141), emitido dentro de la causa penal 42/2016, de su índice; documental que tiene pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo, Chiapas, mediante nuevo auto de incoación de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis (fojas 137 a 141), emitido dentro de la causa penal 42/2016, de su índice, con libertad de jurisdicción determinó negar la orden de aprehensión en contra del quejoso, solicitada por el Ministerio Público Investigador, al considerar que no se acreditaban los elementos del delito, ni la probable responsabilidad de Jaime Santiz Gómez, en la comisión del ilícito de secuestro agravado. De ahí que al haber cumplido la autoridad responsable sustituta Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo, Chiapas, la materia del acto reclamado, y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo con libertad de jurisdicción dictó una nueva resolución en la que determinó negar la orden de aprehensión solicitada en contra del quejoso; por lo que se afirma que la violación cometida en perjuicio del accionante de amparo quedó subsanada. Por lo que, en las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo".

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