Teofilo Basilio Ozuna

Expediente 134/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
134/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
20/02/2019

Partes del expediente

  • Teofilo Basilio Ozuna
  • Teofilo Basilio Ozuna y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veinte de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desechó la demanda, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Entonces, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir de la notificación del presente proveído, dado que no obran documentos originales, ni es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General citado y carece de valor institucional e histórico. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ocho de febrero de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta suscrita por el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante la cual manifiesta su imposibilidad para notificar a la parte quejosa el acuerdo de treinta y uno de enero del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágasele dicha notificación, así como las subsecuentes aún las de carácter personal por medio de lista. Notifíquese.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    ESTRADOS...SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA...EL AUTO QUE PRECEDE, MISMO QUE A LA LETRA DICE: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de garantías promovida por ***, por propio derecho, contra actos de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 134/2019; fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia del juicio de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional, el auto de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, dictado dentro del toca familiar ***, en el que la autoridad responsable suspende la ejecución de la resolución de veintisiete de noviembre del año próximo pasado. Al respecto, se advierte que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción IX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." Del precepto en cita se advierte que, por una parte, la acción constitucional es improcedente cuando se combaten resoluciones emitidas en los juicios de amparo y, por otra, cuando se reclamen aquellas determinaciones en ejecución de las mismas. En ese sentido, respecto a la primera hipótesis, la improcedencia tiene como finalidad evitar la promoción de juicios de amparo infinitos contra actos emitidos en otro procedimiento de la misma naturaleza, partiendo en esencia de que el actuar de la autoridad de control constitucional se encuentra sujeto a la interposición de los medios de impugnación que la propia ley de la materia contempla y no mediante un nuevo y autónomo juicio de garantías. Por cuanto al segundo supuesto, se colige que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman determinaciones dictadas en ejecución de las resoluciones pronunciadas en las controversias constitucionales, por lo que en lo conducente se puede mencionar que la ejecución de una resolución de amparo no sólo se refiere al caso de una sentencia protectora, sino también a aquellos supuestos en los que al negar el amparo o decretar el sobreseimiento, existe algún mandato por cumplir. Por tanto, si el acto reclamado fue objeto de una determinación definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior, o si constituye su consecuencia lógica y jurídica inmediata en virtud de que tal cuestión ya fue motivo de controversia y decisión, lo examinado y resuelto adquiere firmeza procesal y tiene como objeto la irrevocabilidad de los efectos de la sentencia, ya que contra ella ningún recurso procede que permita modificarla, dado que el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo es que no puedan ser impugnadas en otro diverso juicio de garantías. Así, la prohibición de ejercer la acción de amparo contra resoluciones dictadas en los procedimientos de la misma naturaleza, no sólo se limita a la resolución definitiva, sino también a cualquier determinación inmersa en él, por ende, tanto las resoluciones de trámite como las de fondo no son susceptibles de ser reclamadas mediante otro juicio de garantías, ya que ello provocaría juicios interminables. En ese contexto, se evidencia que la finalidad de la improcedencia del juicio de amparo por los motivos referidos, es que lo resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales sobre una misma cuestión, no sea objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, pues si así fuera se produciría una infinidad de juicios sobre la misma materia en demérito de la seguridad jurídica. Al respecto, conviene exponer que el fin perseguido con la norma no es el que se pudiera deducir de sus términos gramaticales, que llevarían a su actualización en todos los casos en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en una resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable, sino que este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de garantías fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que la intensión del legislador con el establecimiento de la improcedencia referida, fue evitar que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de producir una cadena interminable de juicios sobre la misma materia, en detrimento de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social, es decir, tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que prevalece el juicio de amparo. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia XXI.1o. J/15 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 867 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI (marzo de dos mil), Novena Época, del título y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. Si se toma en cuenta la finalidad que se persigue con la norma, su razón legal y la aplicación constante y uniforme hecha por los tribunales federales, el correcto sentido del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo que toca a la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones dictadas en ejecución de las determinaciones emitidas en los juicios de amparo, no es el que se pudiera deducir de una vista inicial de sus términos gramaticales, que llevarían a la actualización de esa hipótesis normativa en todos los casos en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en ese sentido en una resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable, sino que este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de garantías fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia referida, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social; es decir, que tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que se levanta el juicio de amparo." En ese sentido, como lo refiere el impetrante bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, que el auto de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, dictado por la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, en el toca familiar 675/2018, fue emitido en virtud que la aquí tercera interesada promovió juicio de garantías, y a solicitud de ésta suspendió la resolución emitida por la misma responsable el veintisiete de noviembre del año próximo pasado, por lo que queda en evidencia que el acto aquí reclamado fue emitido dentro de un juicio de amparo, dado que dicha Sala, funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento, y por ello se encuentra facultada para pronunciarse acerca de la suspensión del acto reclamado, como se advierte del numeral 190 de la ley de la materia, que establece: "Artículo 190. La autoridad responsable decidirá, en el plazo de veinticuatro horas a partir de la solicitud, sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad." Luego si el quejoso está inconforme con la determinación de la responsable, válidamente puede hacer valer el recurso que establece el diverso 97 de la ley en comento que en lo que interesa dice: "Artículo 97. El recurso de queja procede: (.) II. Amparo directo, tratándose de la autoridad responsable, en los siguientes casos: a) Cuando omita tramitar la demanda de amparo o lo haga indebidamente; b) Cuando no provea sobre la suspensión dentro del plazo legal, conceda o niegue ésta, rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas, admita las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes." Ante lo destacado, se pone de manifiesto la improcedencia del presente juicio de amparo. Además, en caso de aceptar la admisión de la demanda pretendida, sería tanto como permitir la inconveniencia de un medio de control constitucional sobre otro medio de control de igual índole que está en trámite o ha sido concluido; lo que prohíbe expresamente la Ley de Amparo en su artículo 61, fracción IX, al establecer que el juicio es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Sirve de apoyo en cuanto a la improcedencia de un amparo sobre otro, la jurisprudencia 2a./J. 107/2015 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 453, libro 22, septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, la cual es del tenor literal siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS POR LA RESPONSABLE CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. En la jurisprudencia 2a./J. 4/90 (*), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, determinó que el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional; tal criterio se confirmó en el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, conforme al cual, para efectos de esa ley, el juicio inicia con la presentación de la demanda. En ese sentido, de la interpretación integral de los preceptos legales que rigen el trámite del juicio de amparo directo en ambas legislaciones, deriva que los actos emitidos por la autoridad responsable en torno a la presentación de la demanda relativa forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, por lo cual la responsable funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento; sin que pueda estimarse que los actos dictados dentro del juicio de amparo directo violen derechos fundamentales. Por ello, contra esos actos resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor." Asimismo, es aplicable al caso la diversa jurisprudencia identificada con el número 1751 emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 2003 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, tomo II, Novena Época, de la sinopsis siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE OTRO JUICIO DE GARANTÍAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. De conformidad con lo establecido por el artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, es improcedente el juicio de garantías, contra una resolución dictada en estricto apego y en cumplimiento de la ejecutoria que resolvió el juicio constitucional, cuando sus considerandos se ajustan a los lineamientos de la resolución que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por la razón de que los argumentos planteados en el nuevo juicio, ya fueron objeto de controversia y decisión en un juicio de garantías anterior, por tanto, debe evitarse que una misma cuestión sea resuelta en dos o más sentencias de amparo, porque implicaría una cadena interminable de juicios constitucionales, que impediría la firmeza de la cosa juzgada." Pues bien, atento a lo relatado, en el caso se surte plena e indubitablemente la causal de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que amerita DESECHAR DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de garantías que nos ocupa en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. Finalmente, téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo reformado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a *** toda vez que cuentan con registro de cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas restantes, por no cumplir con el requisito anterior. Notifíquese personalmente.

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