Teodulo Librado Manzanarez
Expediente 1553/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1553/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Teodulo Librado Manzanarez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.
- Principal
CITATORIO: PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, que en lo conducente dice:...Cuernavaca, Morelos, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Se agrega a los autos el escrito del quejoso TEODULO LIBRADO MANZANAREZ, mediante el cual desahoga la prevención efectuada por auto de trece de noviembre de dos mil diecinueve; en atención a lo anterior, se ordena proveer lo conducente. DESECHAMIENTO. De acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Esta lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: ACTO RECLAMADO. El quejoso reclama la resolución de catorce de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio laboral 01/236/18, por la cual la autoridad señalada como responsable declaró procedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la parte demandada en contra de las notificaciones de trece y diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, relativas a los autos de dos y quince de ese mismo mes y año. A mayor abundamiento y de lo narrado por el impetrante se advierte lo siguiente: 1.- El seis de febrero de dos mil quince, se dictó laudo en el juicio de origen. 2.- El dos mayo de dos mil diecinueve, la autoridad responsable dictó auto en el cual requirió con término perentorio a la parte demandada a efecto de que por su conducto comparezca el perito designado de su parte a aceptar y protestar el cargo que le fue conferido, bajo el apercibimiento de no hacerlo se le tendría por no designado. 3.- Por diverso auto de quince de ese mismo mes y año, la autoridad responsable autorizó el cambio de domicilio del depósito de lo embargado, solicitado por el actor, hoy quejoso, dejando subsistente los términos y condiciones inherentes al mandato de depositario judicial. 4.- El uno de julio de dos mil diecinueve, la parte demandada Autos Pullman de Morelos Servicio de Lujo, Sociedad Anónima de Capital Variable y Transportes Cuernavaca Cuautla Axochiapan Jojutla y Anexas Estrella Roja, Sociedad Anónima de Capital Variable interpuso incidente de nulidad de actuaciones en contra de los autos de dos y quince de mayo, ambos del año en curso. 5.- Por resolución de catorce de octubre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable declaró procedente el incidente de nulidad, ordenó regularizar el procedimiento, declaró nulas las notificaciones realizadas a la parte demandada el trece y diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, relativas a los autos de dos y quince de ese mismo mes y año y ordenó nuevamente su notificación; determinación que hoy se combate. En el caso este Juzgado Federal advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, en relación con el diverso 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, de la propia Ley, que en su parte conducente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley...." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; " En relatadas circunstancias y, acorde a la regla de procedencia contenida en el citado artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución, los cuales gozan de autonomía propia; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Igualmente, en los términos literales del artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el amparo en el procedimiento de ejecución de sentencia, procede contra la última resolución en dicho procedimiento. Se precisa que por última resolución se entiende, aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la resolución definitiva, o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 32/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." También, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Amparo en revisión 1211/97, sostuvo el criterio de que las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, sólo procederá el juicio de amparo hasta que se dicte una resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución. No obstante a lo anterior, atendiendo a la evolución de la procedencia del juicio de amparo indirecto, tratándose de actos emitidos en la fase procesal de ejecución de sentencia, se ha sostenido que éste no sólo procede contra la última resolución dictada en dicha fase procesal, sino también cuando el acto reclamado afecte de manera directa derechos sustantivos del promovente, ajenas a lo que es materia de la cosa juzgada. Lo anterior, lo estimó así el Pleno del Máximo Tribunal del País, de modo que, cuando se reclamaran en vía de amparo indirecto, actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, y éstos pudieran afectar de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, podía aplicarse excepcionalmente, por analogía, la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para admitir la procedencia del juicio biinstancial. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia de la Novena Época, de número de registro 163152, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página: 6, del siguiente rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." Sin embargo, es necesario distinguir que la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto, después de concluido el juicio, en dos etapas procesales distintas: una, respecto de actos dictados en la fase procesal de remate, y la otra, de actos dictados en la fase procesal de ejecución de sentencia. Ahora bien, en el caso en particular, se destaca que si bien es cierto que en el expediente 01/236/18, del que emana el acto reclamado se encuentra en etapa de ejecución, no menos cierto es que no se trata de la última resolución que ha de dictarse en dicho juicio, pues de lo aludido por el promovente a la presente data la autoridad responsable se encuentra realizando diversos actos inherentes a la ejecución del laudo; por tanto, en este momento, el acto que reclama no afecta de manera directa derechos sustantivos del impetrante diversos a los que son materia de la cosa juzgada, de ahí que en el caso en particular no se está ante la excepción que estableció el Pleno del Máximo Tribunal del País, concerniente al artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, constituida en el artículo 107 fracción V de la Ley de la materia vigente, para estimar procedente el juicio de amparo intentado al no constituir un acto que afecte de manera real y actual derechos sustantivos del impetrante, ni ante la última resolución emitida en la etapa de ejecución de sentencia, y tampoco hay alguna determinación que declare cumplido el laudo; precisamente al combatirse un acto emitido con motivo de actuaciones de la Junta en ejecución propiamente del laudo, ya que los actos sobre los que promovió nulidad buscan el cumplimiento por parte de la demandada. En efecto, los actos que se reclaman a través de la demanda que nos ocupa, deben considerarse que se encuentran comprendidos como actos emitidos dentro de la etapa de ejecución de sentencia, pues, tanto la designación de perito de las partes y lo relativo a la depositaría de los bienes embargados, son actos propios de la ejecución. Por ende, si el juicio de amparo indirecto procede contra la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, bajo esa óptica, se concluye que dichos actos podrán ser reclamados una vez que se concluya con la etapa respectiva. Por tanto, ya que de la interpretación de la citada fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, acerca de que el juicio de amparo contra actos dictados en el procedimiento de ejecución de una sentencia, sólo procede contra la última resolución en ese procedimiento, ya que, la intención del legislador ha sido de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas que deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que tratándose del mencionado procedimiento de ejecución, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie. Ello trae como consecuencia que el acto aquí reclamado no pueda ser analizado en la vía de amparo indirecto, ya que se afectaría la etapa ejecutiva del laudo al no constituir la última resolución que en ella se dicte. Es aplicable al caso por analogía, la tesis 2a. VIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 230, del rubro: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS" Asimismo, apoya a lo anterior la jurisprudencia P./J.108/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee en el Tomo XXIII, Enero 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 6, con número de registro 163152 de rubro "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." Sin que obste lo anterior, que el promovente del amparo es la parte vencedora en el juicio laboral de donde emana el acto reclamado, puesto que al ser de orden público éste, no debe entorpecerse el procedimiento una vez iniciado el trámite del juicio en su fase ejecutiva, al subyacer la idea de que una sentencia ejecutoria debe cumplirse en un lapso perentorio, limitando la posibilidad de que los contendientes puedan acudir a su instauración, sino hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento respectivo, lo que de suyo revela que la idea sustancial no es tanto el vedar la posibilidad de promover el juicio de amparo a una u otra parte, sino que en realidad el procedimiento ejecutorio no se vea dilatado; lo anterior, a fin de evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento como ya se indicó es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento laboral 01/236/2008 se haya hecho por la parte vencedora, hoy quejoso, en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada (artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo). Encuentra sustento lo anterior, en la Jurisprudencia1a./J. 36/2004, de la Primera Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, Tomo XX, Julio de 2004, página 75, del rubro "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.". Por lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107 fracción IV a contrario sensu de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, promovida por TEODULO LIBRADO MANZANAREZ, por su propio derecho contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO...
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