Teodulo Guzman Roblero
Expediente 2452/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2452/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Teodulo Guzman Roblero
Actuaciones
- Incidental
MESA 5.-A.- Vista la certificación que antecede, se advierte que se encuentra pendiente que sean emplazados a juicio los terceros interesados Dalila López Martínez, Yesenia Bartolón Bravo y Silvia Bravo Mejía por sí y en representación de sus hijos menores de edad D.B.B y K.B.B. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. Lo anterior, a fin de dar oportunidad al emplazamiento de los citados terceros interesados, y en su caso, que puedan comparecer al juicio en defensa de sus derechos procesales. Por otro lado, y toda vez que en proveído de once de diciembre del año en curso, se giró nuevamente despacho al Juez de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Huixtla, Chiapas, para que en auxilio de la justicia federal, emplace a juicio a Yesenia Bartolón Bravo y Silvia Bravo Mejía por sí y en representación de sus hijos menores de edad D.B.B y K.B.B. En consecuencia, requiérase al Jefe de la Administración Postal, con residencia en esta ciudad, para que en el término de tres días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, se sirva remitir a este órgano de control constitucional, los acuses de recibo del despacho 264/2019, orden 767/2019 con número de registro RM120702513MX; apercibido que de no dar cumplimiento a lo solicitado dentro del plazo concedido, se le impondrá como medida de apremio, multa de cincuenta unidades de medidas y actualización que arroja la cantidad de $4,224.05 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 05/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Notifíquese.
- Incidental
MESA 3-A.- Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo la fedataria judicial para entregar el oficio 72958, dirigido al Departamento de Cortes de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, Chiapas, toda vez que al apersonarse la citada fedataria en las instalaciones que ocupa la Dirección de Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, en esta ciudad, la persona que lo atiende le comento que no le podía recibir el comunicado referido toda vez que la autoridad a la que va dirigido no existe en el organigrama de esa dependencia. En consecuencia, resérvese proveer lo conducente hasta en tanto la parte quejosa desahogue la vista dada en proveído de esta misma data en el cuaderno principal, del cual deriva la incidencia en que se actúa.
- Principal
MESA 3-A.- Con fundamento en los artículos 107, 108, 112 y 128 de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por Teodulo Guzmán Roblero, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Presidente Constitucional del Municipio de Tapachula, Chiapas. 2. Director de Comité del Agua Potable y Alcantarillado de esta ciudad. 3. Dirección del Área Comercial a cargo de Yazmin Jannet Cabrera López. 4. Departamento de Cortes de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, Chiapas, a cargo de Adán Domínguez. Los actos que hizo consistir en:..Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 2452/2019 INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión relativo. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITA Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se da la intervención legal a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con veinte minutos del veintiuno de enero de dos mil veinte...Requiérase a las responsables rindan su informe justificado dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio por el que se le solicita. Con el apercibimiento de que en caso de que no rindan oportunamente dicho informe, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que arroja la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional) conforme a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Con apoyo en lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 117, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado remitan copias fotostáticas certificadas de las constancias que integran el expediente del cual se hacen derivar los actos reclamados. Asimismo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de actualizarse la cesación de efectos del acto reclamado, o bien que ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberán informarlo de inmediato, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, que arroja la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos 70/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. EMPLAZAMIENTO TERCERO INTERESADO Respecto de que la parte quejosa no señala algún tercero interesado, resérvese de pronunciarse hasta en tanto obre los informes justificados solicitados. PRUEBAS Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la documental que anexa la quejosa a su escrito de demanda. La anterior prueba se tiene por admitida y se desahoga dada su especial y propia naturaleza, sin perjuicio que se haga relación de ella en la audiencia constitucional. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en esta ciudad. Se tiene como autorizada de la parte quejosa, en términos restringidos del artículo 12 párrafo segundo de la Ley de Amparo a Luis Alberto Soto Vázquez, puesto que su cedula no se encuentra en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas.
- Incidental
MESA 3-A.- Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2452/2019, promovido Teodulo Guzmán Roblero, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Presidente Constitucional del Municipio de Tapachula, Chiapas. 2. Director de Comité del Agua Potable y Alcantarillado de esta ciudad. 3. Dirección del Área Comercial a cargo de Yazmin Jannet Cabrera López. 4. Departamento de Cortes de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, Chiapas, a cargo de Adán Domínguez. De quienes reclama:..Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 125, 128, 129, 138, 139 y 140 de la Ley de Amparo vigente, requiérase mediante oficio su informe previo a las autoridades responsables, el que deberán rendir de la misma forma solicitada, dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, contado a partir de su recibo. Se les apercibe de que en caso de que no rindan oportunamente el informe previo requerido, se harán acreedora a una multa equivalente a cien días de Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. AUDIENCIA INCIDENTAL Con fundamento en el artículo 138, fracción II de la Ley de Amparo, se fija como fecha para la celebración de la audiencia incidental, las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del seis de enero de dos mil veinte. La fijación de esta fecha y hora, es decir, fuera del término a que se refiere el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, obedece a la necesidad de utilizar con eficiencia la agenda de este juzgado federal...Ahora bien, cabe precisar que la suspensión en el juicio de amparo es una medida cautelar que tiene como objeto mantener un estado de cosas mientras se resuelve el juicio en lo principal y, cuando la naturaleza del acto lo permita, material y jurídicamente, restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho cuya tutela pretende, con la finalidad de que su posible violación no se consume durante la tramitación del proceso, afectando de manera irreversible la esfera jurídica del particular. Conforme a lo establecido en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, 129 y 131 de la Ley de Amparo, la procedencia de la suspensión del acto reclamado y/o sus consecuencias está supeditada a que la solicite la parte quejosa, la naturaleza del acto permita su otorgamiento y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El orden público tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, es decir, se consigna en aquellas disposiciones cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarles algún trastorno o desventaja o para procurarles la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio. Por su parte, el interés social se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarles a aquellas algún mal, desventaja o trastorno, es decir debe considerarse como tal, el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja de provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En el entendido que la suspensión no podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido la parte quejosa antes de la presentación de la demanda y al analizarse la posible afectación al orden público o al interés social con su otorgamiento, debe también ponderarse la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, como presupuestos de la medida cautelar, a fin de resolver si tal afectación es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pudiere sufrir la quejosa. En diverso tenor, los artículos 138 y 139 de la Ley de Amparo establecen el deber de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, lo cual se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el amparo, de modo tal que, según el cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Así, del ejercicio de ponderación que exigen las normas antedichas, es posible concluir que le asiste a la parte quejosa la apariencia del buen derecho, pues de corroborarse el concepto de violación planteado en el juicio de amparo principal, en cuanto aduce que la autoridad responsable pretende restringir los derechos, sin que se respetaran sus prerrogativas constitucionales, denota la existencia de un posible acto arbitrario en relación con el cual, sería posible vislumbrar el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Expuesto lo anterior, igualmente se respeta la exigencia inmersa en fracción II de artículo en comento, toda vez que en la especie no se advierte que con el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, se siga perjuicio al interés social o que se contravengan disposiciones de orden público, debido a que, al tener como efecto la medida de trato que las autoridades responsables no priven a la parte quejosa del suministro del servicio de agua, la concesión de la misma únicamente repercutiría en su esfera jurídica, por lo que, con ello, no se priva a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes, o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría, de ahí que no existe razón para negar el otorgamiento de la suspensión de mérito por contravención a tales cuestiones. Máxime, si se considera que tanto el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud, la Asamblea General de las Naciones Unidas , al analizar el contenido de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales , reconocen el derecho humano al agua en la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado [en particular porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia humana], esto es, disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico de las personas . De la misma manera, los estados participantes suscribientes a dicho acuerdo internacional, quedaron vinculados a garantizar a los habitantes de sus respectivas jurisdicciones, el acceso al agua potable, de modo que esté a disposición de todos, sin discriminación, con la calidad necesaria para brindar y preservar una vida adecuada, además que sea física y económicamente accesible. Por su parte, el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , contiene el mismo postulado en el sentido de que el derecho humano al agua potable es fundamental e indispensable para la realización, goce y disfrute de los demás derechos humanos, cuya preservación en cantidad, calidad y sustentabilidad es tarea fundamental tanto del Estado como de la sociedad, por cuanto a que tal derecho está basado en las premisas de un acceso al bienestar de toda la población, sustentado por los mismos principios de igualdad y no discriminación, independientemente de las circunstancias sociales, de género, políticas, económicas o culturales propias de la comunidad en la que se opera. En relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de la Materia, lo procedente es conceder a la parte promovente la medida cautelar que solicita, para el único efecto de que las autoridades responsables no la priven del suministro de agua potable que tiene contratado en el domicilio que señala en su demanda de amparo, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva en el presente asunto. Se hace la precisión, que la presente medida cautelar no implica que los usuario del servicio de agua potable dejen de cubrir el monto por el consumo que realice respecto del acuerdo de voluntades que tiene celebrado con el ente del sector público que le suministra el líquido vital, en la medida de que, la providencia suspensional concedida no es constitutiva de derechos, por lo que el otorgamiento de la misma no podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido la quejosa antes de la presentación de la demanda. En consecuencia, si la quejosa deja de cubrir las cantidades que de acuerdo con el referido convenio debe pagar por concepto de consumo de agua potable, ésta suspensión tendrá como único efecto el no privarlo del servicio de mérito, sin perjuicio de que se le reduzca el suministro respectivo al mínimo necesario del líquido vital para su subsistencia, esto es, a cincuenta litros de agua diarios por persona . Lo anterior obedece a la necesidad de no soslayar el postulado consagrado en el ordinal 115 de la Constitución General de la República a favor de los Municipios, con relación a su facultad de administrar libremente su hacienda, respecto a los ingresos que obtenga derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo, entre los que se encuentra el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. Sin que se advierta la necesidad de fijar garantía alguna para garantizar los efectos de la presente medida suspensiva, toda vez que no se desprende la existencia de algún tercero interesado que sufra algún daño o perjuicio con la misma. La medida cautelar que se concede deberá de ser acatada por las autoridades responsables, con el apercibimiento de que en caso de desobediencia se actualizaría la hipótesis contenida en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la documental que anexa la quejosa a su escrito de demanda. La anterior prueba se tiene por admitida y se desahoga dada su especial y propia naturaleza, sin perjuicio que se haga relación de ella en la audiencia incidental. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en esta ciudad. Se tiene como autorizado de la parte quejosa, en términos restringidos del artículo 12 párrafo segundo de la Ley de Amparo a Luis Alberto Soto Vázquez, puesto que su cedula no se encuentra inscrita en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados.
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