Teodulfo Cruz López

Expediente 1443/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1443/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
06/12/2017

Partes del expediente

  • Teodulfo Cruz López

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; seis de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por quien se ostenta como ***, contra actos de la autoridad señalada como: 1. Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas. 2. Actuario adscrito a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1443/2017-1-C. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: . De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. . En el caso particular se advierte de manera oficiosa, la actualización de la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5º, todos de la Ley de Amparo, que establecen: . Lo anterior es así, porque la demanda de amparo carece de la firma de quien la promueve, esto es, carece del signo gráfico que refleja la voluntad de la quejosa, o en este caso, de quien promueve en representación del directo agraviado. En efecto, de la papeleta de turno, específicamente en el sello de la oficialía de partes de este juzgado, se advierte la leyenda siguiente: "No cuenta con firma autógrafa, Ni con evidencia criptográfica". Ahora, si bien es cierto el promovente en caso de no usar la firma autógrafa, puede optar por la firma electrónica, para lo cual la ley de amparo en su artículo 3°, en lo que interesa, establece lo siguiente: . Sin embargo, de la anterior transcripción se obtiene que para hacer uso de la firma electrónica, el promovente debe cubrir los requisitos contenidos en el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2013, DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) Y AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, esto es, que las demandas y promociones en general que envíen las partes en el juicio de amparo o en un diverso juicio de la competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación deben ser firmados mediante el uso de la FIREL, como lo establece el artículo 5 del citado acuerdo: "Artículo 5. Todas las demandas, promociones, recursos y cualquier escrito u oficio que envíen las partes en un juicio de amparo o en un diverso juicio de la competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación deberán ir firmados mediante el uso de la FIREL." Así pues, como FIREL debemos entender que es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, como así lo define el artículo 2, fracción V del aludido acuerdo: "Artículo 2. Para los efectos de este Acuerdo General Conjunto se entenderá por: ... V. FIREL: La Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación;" Con lo anterior, se obtiene que la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es el medio por el cual se ingresa al Sistema Electrónico, para presentar demandas, enviar promociones y documentos, así como consultar acuerdos y resoluciones, como así lo dispone el artículo 3 del acuerdo en cita: . Por su parte, el diverso ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2015, DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS RELATIVOS A LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL JUICIO DE AMPARO, LAS COMUNICACIONES OFICIALES Y LOS PROCESOS DE ORALIDAD PENAL EN LOS CENTROS DE JUSTICIA PENAL FEDERAL, en su artículo 72, establece la forma en la que se ingresaran las demandas electrónicas: . De lo expuesto se observa que únicamente no es necesario hacer uso de la firma electrónica para validar la demanda promovida en los casos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados importen el peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; circunstancia que no aplica en el presente asunto, pues la demanda de amparo planteada no se ubica en los supuestos descritos, para que en un momento dado se requiriera la ratificación correspondiente, en caso de actuar en nombre de otro; por lo que el promovente debió cumplir con el requisito de la firma electrónica (FIREL). Lo cual no aconteció, toda vez que de la papeleta de turno, específicamente en el sello de oficialía de partes de este juzgado, se observa la leyenda "No cuenta con firma autógrafa, Ni con evidencia criptográfica", lo cual revela que el escrito de demanda no fue firmado electrónicamente. Ahora, la omisión de dicha formalidad de la demanda por parte del promovente no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 114, de la Ley de Amparo vigente, que dé lugar a su aclaración pues de así considerarlo, ello provocaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con firma o sin ella, presentaran escritos para después en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad de promover cuando este debió ser oportuno. En efecto, debe decirse que en este caso no puede considerarse ejercida la acción constitucional, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Lo anterior es así, pues el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y, en relación con ella, el artículo 6 de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, esto es, seguirse siempre a instancia de parte agraviada. En efecto, si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, las mismas deben ser suscritas por la interesada, por ser la demanda la base de todo el procedimiento legal y así considerar a quien lo suscribió como parte quejosa. Así, la falta de la firma tiene como consecuencia que el escrito no constituya demanda y que no pueda considerarse como agraviada a la que no firmó, pues, al carecer de firma la demanda, es claro que el promovente no manifiesta su pretensión de acudir a la instancia constitucional. Ahora bien, si como en el caso, la parte que se considera agraviada promueve juicio de amparo y el escrito que contiene la demanda respectiva carece de firma, formalidad indispensable para dar curso a cualquier escrito que contenga una promoción judicial, ya que la firma al pie del documento sirve para dar autenticidad al mismo, debe entenderse que, conforme a lo dispuesto por los artículos citados, propiamente no existe parte agraviada. Por ello, al no constar la voluntad de la agraviada o en este caso quien se ostenta como apoderado de esta, de solicitar la protección de la Justicia Federal, tiene que concluirse que si la demanda fue presentada sin firma, no se presupone el interés del agraviado de motivar al órgano jurisdiccional. En ese sentido, con fundamento en los artículos 113, con relación al 61, fracción XXIII, y 5, de la Ley de Amparo Vigente, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, al no advertirse la firma original o electrónica del promovente en el libelo constitucional. . Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizada en términos amplios a *** y en términos restringidos a las demás personas que designa, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. . PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

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